La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), con sede en Quito, denunció hoy una supuesta "política de acoso y hostigamiento" por parte de militares ecuatorianos y colombianos contra la población civil de la frontera común.
El chileno Juan de Dios Parra, secretario general de la Aldhu, dijo en rueda de prensa que en los últimos meses han recibido una serie de denuncias por parte de pobladores que habitan en la frontera con Colombia y que aseguran ser amenazados.
Según Parra, los pobladores constantemente reciben amenazas de muerte, de incendios o destrucción de viviendas, así como decomiso de bienes y restricción de alimentos tanto por militares de Ecuador como de Colombia.
En el último mes y medio la Aldhu ha recibido unas 70 denuncias de pobladores, dijo al relatar que la más reciente es la del colombiano Segundo Quiñónez, quien habita desde hace nueve años en Ecuador y que presuntamente fue amenazado de muerte por militares colombianos.
Quiñónez, junto a Parra, dijo que los militares colombianos le pidieron que entregara a otro soldado de ese ejército que supuestamente él tenía en su poder, y le amenazaron con que si no lo entregaba en nueve días lo "matarían".
Mientras, militares ecuatorianos que patrullan la frontera supuestamente han amenazado a pobladores con destruir e incendiar sus viviendas si las encuentran desocupadas, pues, según Parra, los militares aseguran que en esos sitios se "albergan a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
Asimismo, añadió que militares ecuatorianos presuntamente "han decomisado sin ninguna orden" electrodomésticos a los pobladores y les "han prohibido vender alimentos y combustibles en grandes cantidades".
El secretario de la Aldhu acotó, además, que militares ecuatorianos y colombianos supuestamente realizan operativos conjuntos en la zona común y requisan a los pobladores e incluso a niños.
Para Parra esa presunta "política de acoso y hostigamientos por parte de militares de ambos lados de la frontera, en contra de la población civil, es con el claro propósito de forzarles a abandonar la línea de frontera".
Con el desplazamiento de los civiles, agregó Parra, se cumple un "objetivo formulado dentro de las finalidades del Plan Patriota por parte del Gobierno colombiano".
Parra aseguró que esa supuesta política de "acoso y hostigamiento" por parte de militares colombianos y ecuatorianos "ha generado en la zona una grave situación de indefensión y abandono de la población civil ecuatoriana".
Criticó lo que considera ausencia del Ejecutivo en la frontera y dijo que la población civil ecuatoriana "percibe a sus fuerzas militares como hostiles, abusivas y agresivas".
Parra pidió al Gobierno "esclarecer su política hacia la población de la línea frontera", así como un "urgente diseño y puesta en práctica de una política de apoyo, solidaridad, protección y mutua confianza cívico militar para aplicar en el cinturón fronterizo".
Según Parra, desde el bombardeo del pasado 1 de marzo por parte de militares colombianos a la zona ecuatoriana de Angostura para terminar con un campamento de las FARC se han agudizado los problemas en la frontera contra civiles.
Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia dos días después de ese bombardeo, pues el Gobierno ecuatoriano consideró el hecho como una violación territorial. (EFE)
El chileno Juan de Dios Parra, secretario general de la Aldhu, dijo en rueda de prensa que en los últimos meses han recibido una serie de denuncias por parte de pobladores que habitan en la frontera con Colombia y que aseguran ser amenazados.
Según Parra, los pobladores constantemente reciben amenazas de muerte, de incendios o destrucción de viviendas, así como decomiso de bienes y restricción de alimentos tanto por militares de Ecuador como de Colombia.
En el último mes y medio la Aldhu ha recibido unas 70 denuncias de pobladores, dijo al relatar que la más reciente es la del colombiano Segundo Quiñónez, quien habita desde hace nueve años en Ecuador y que presuntamente fue amenazado de muerte por militares colombianos.
Quiñónez, junto a Parra, dijo que los militares colombianos le pidieron que entregara a otro soldado de ese ejército que supuestamente él tenía en su poder, y le amenazaron con que si no lo entregaba en nueve días lo "matarían".
Mientras, militares ecuatorianos que patrullan la frontera supuestamente han amenazado a pobladores con destruir e incendiar sus viviendas si las encuentran desocupadas, pues, según Parra, los militares aseguran que en esos sitios se "albergan a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
Asimismo, añadió que militares ecuatorianos presuntamente "han decomisado sin ninguna orden" electrodomésticos a los pobladores y les "han prohibido vender alimentos y combustibles en grandes cantidades".
El secretario de la Aldhu acotó, además, que militares ecuatorianos y colombianos supuestamente realizan operativos conjuntos en la zona común y requisan a los pobladores e incluso a niños.
Para Parra esa presunta "política de acoso y hostigamientos por parte de militares de ambos lados de la frontera, en contra de la población civil, es con el claro propósito de forzarles a abandonar la línea de frontera".
Con el desplazamiento de los civiles, agregó Parra, se cumple un "objetivo formulado dentro de las finalidades del Plan Patriota por parte del Gobierno colombiano".
Parra aseguró que esa supuesta política de "acoso y hostigamiento" por parte de militares colombianos y ecuatorianos "ha generado en la zona una grave situación de indefensión y abandono de la población civil ecuatoriana".
Criticó lo que considera ausencia del Ejecutivo en la frontera y dijo que la población civil ecuatoriana "percibe a sus fuerzas militares como hostiles, abusivas y agresivas".
Parra pidió al Gobierno "esclarecer su política hacia la población de la línea frontera", así como un "urgente diseño y puesta en práctica de una política de apoyo, solidaridad, protección y mutua confianza cívico militar para aplicar en el cinturón fronterizo".
Según Parra, desde el bombardeo del pasado 1 de marzo por parte de militares colombianos a la zona ecuatoriana de Angostura para terminar con un campamento de las FARC se han agudizado los problemas en la frontera contra civiles.
Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia dos días después de ese bombardeo, pues el Gobierno ecuatoriano consideró el hecho como una violación territorial. (EFE)
Más en el