Servicios higiénicos en mal estado, insalubridad en cocinas de hospitales, falta de medicinas en centros de salud, desatención en agencias, demandas y juicios por daño moral y un sinnúmero de problemas son los que afronta desde hace varios años el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Mientras los jubilados (que reciben una pensión de entre $4 y $10) reclaman al Gobierno un justo aumento de las pensiones, trabajo y condiciones dignas para sobrevivir, las autoridades gubernamentales se mantienen en un compás de espera: del pago que haga el Estado, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, depende el mejoramiento de las pensiones de más de 230 mil jubilados y otros 200 mil por jubilarse. La Ley establece 90 días para que el Estado y el IESS acuerden el monto de la deuda. Para que esto se cumpla, según las leyes, deberán transcurrir 180 días para se haga el primer desembolso (el plazo finalizó en marzo anterior).
Y es que para un jubilado el trato "inhumano" que recibe no se justifica con el elevado pago mensual de los aportes. Por tal motivo, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Zevallos, demandó el pasado 11 de junio al Estado ecuatoriano y al Institut o Ecuatoriano de Seguridad Social, por la prestación deficiente de servicios públicos y de atención médica.
La demanda (por un valor de $2 000 millones) está calculada con los aportes patronales de 2001 de los ciudadanos que residen en Guayas. Estos suman alrededor de $99 millones.
Según el artículo 133 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el procurador general del Estado (en calidad de representante), tiene que contestar la demanda en un plazo de 90 días.
Por otro lado, Carlos Mora Peñafiel, sobreviviente del contagio de sida en una clínica, en 1996, demandó a la institución por daño moral: exige una indemnización de $1 millón.
Asímismo,7 000 perjudicados por el robo al Monte de Piedad en Guayaquil, tramitan 800 demandas en la Corte Superior de Justicia.
Para conocer la situación, BLANCO Y NEGRO intentó obtener una versión oficial de la directora regional del IESS, Marlene Argudo, pero su "ocupada agenda" se lo impidió.
¿Quién responde entonces por un daño que se reproduce a escala nacional? Para muestra, un informe. (CHM)
Dos millones de dólares por prestación deficiente
El Delegado Distrital de la Procuraduría General del Estado, Sócrates Vera, recibió hace 31 días de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Zevallos, la demanda contra el Estado ecuatoriano y IESS, por la prestación deficiente de servicios públicos y de atención médica a los afiliados del organismo.
La demanda -por un valor de $2 millones está calculada con los aportes patronales de 2001 de los ciudadanos que residen en Guayas, que suman alrededor de $99 millones.
Zevallos Macchiavello califica de "rápida, veloz y despitada" la actuación del juez noveno de lo Civil del Guayas, Pedro Veloz, por haber negado el recurso de amparo que presentó el organismo hace más de un mes.
"No reclamo un cambio de servicio, sino por un servicio inhumano que hace daño y se reproduce a escala nacional", sostiene.
Afirma, además, que acudirá a la Junta Cívica y a otras organizaciones nacionales para que se sumen al proceso.
Por su parte, Jorge Zavala Egas, representante legal de la Cámara, subraya que, de acuerdo con el artículo 133 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el procurador general del Estado (en calidad de representante), tiene que contestar la demanda en un plazo de 90 días; caso contrario, se habrá cumplido con el presupuesto legal para ejercer la presente acción ante el Poder Judicial: en la vía de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de la pertinente demanda ulterior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CHM)
El Hospital del IESS realiza más de 650 cirugías
El director ejecutivo del hospital del IESS, Francisco Cevallos, explica a BLANCO Y NEGRO que cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Cevallos Macchiavello, visitó el centro de salud, lo hizo con la finalidad de mostrar las "deficiencias", para combatir lo que el Tribunal Constitucional estaba objetando, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.
"Estuve de acuerdo con sus intenciones, pero la realidad es otra. No niego las deficiencias. Trabajamos por brindar un óptimo servicio a los afiliados del Litoral y a los de la Sierra", enfatiza.
En consulta externa se atienden 18 mil consultas al mes; cuenta con 450 camas y se efectúan más de 650 cirugías por mes. Allí laboran 230 médicos especialistas y 165 profesionales residentes. (CHM)
"Investigamos las falsas identidades de afiliados"
El hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil (IESS), ubicado al sur, presta servicios a miles de afiliados desde hace más de 50 años, en diversas áreas de patología.
Su déficit, principalmente en medicamentos, es, al menos, comprensible, pues se cubren dos enfermedades catastróficas: sida e insuficiencia renal. Tiene un presupuesto anual (de $14 millones) que se distribuye en sueldos, fármacos, remodelaciones, insumos, material de rayos X, entre otros conceptos. "Con el planteo presupuestario, esperamos que la situación cambie. Tenemos pensado dar cobertura en otras áreas", dice Francisco Cevallos, director ejecutivo, quien señala que se han descubierto falsas afiliaciones y que se investigan actos de corrupción".
En los próximos meses se implementará un sofisticado sistema de cómputo, que permitirá un enlace con la unidad de consulta externa y el servicio de farmacias. "Ya no se evaluarán carpetas". (CHM)
¿Despedida por injurias?
Gladis Zambrano García, ex trabajadora del Centro de Salud Valdivia, al sur de Guayaquil, fue destituida del departamento de Rehabilitación Médica del IESS.
Hace un mes presentó una demanda de amparo constitucional en respuesta a su despido, y acusó al director general de la institución, Patricio Llerena, y a otros directivos, por hostigamiento laboral.
Dice ser víctima de una represalia, originada tras presentar la denuncia. La causa, según sus superiores, fue por "injuriar y menoscabar el prestigio de la institución", razones, no contempladas legalmente como causales de despido. Asegura que los actos de corrupción tenían el consentimiento de los demandados. (CHM)
Marlene Argudo no pudo atender a BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO quiso obtener una versión sobre la actual situación que atraviesa el IESS en Guayaquil, de la directora regional del IESS, Marlene Argudo, quien se mantiene en el cargo desde el 25 de mayo de 2000, pero no obtuvimos respuesta. Su secretario particular se limitó a informar que Argudo tiene una ocupada agenda. "En los próximos días viajará a Babahoyo, Los Ríos, para revisar informes de autoría interna en varias agencias del cantón".
La directora regional estuvo al frente de los renombrados casos "Robo al Monte de Piedad" e "Infectados por el virus del VIH en un clínica particular de Guayaquil". Además, se desempeñó como directora financiera en la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca baja del río Guayas (Cedegé). (CHM)
Los jubilados reciben en Chile una atención especial
Para garantizar una atención médica óptima y obtener pensiones que ayuden a los jubilados a "sobrevivir" con dignidad, en Chile, el Gobierno creó hace algunos años el Instituto de Normalización Previsional (INP).
De acuerdo con la tabla de los montos de beneficios provisionales y laborales, a partir del 1º de junio, un jubilado puede ganar mensualmente desde $104 a $468. Asímismo, un trabajador de régimen general recibe mensualmente $150,71; menores de 18 años y mayores de 65 años reciben $116,66; el subsidio familiar para personas de escasos recursos es de $4,93.
Para agilizar el pago de pensiones, el INP elaboró una tarjeta de identificación del pensionado y el sistema "devolviendo la mano", que proporciona descuentos en más de 200 empresas y proporciona atenciones especiales y prefenciales. (CHM)
El "robo del siglo" se cometió en 1999
La solución, al parecer, la tiene el Gobierno Nacional, que debe resolver un agudo problema, sin recurrir a la violencia ni al quebrantamiento de la ley
Antisociales -buscados por el Plan Más Seguridad- sometieron a guardias de seguridad del Monte de Piedad del IESS en Guayaquil, y se llevaron un impresionante lote de joyas (287 mil gramos de oro), el 23 de diciembre de 1999.
Años más tarde, los pillos fueron abatidos por la Policía y se lograron recuperar 7 800 gramos. El material pasó a un depositario del IESS.
De aquel millonario atraco (denominado "robo del siglo"), 7 000 personas resultaron perjudicadas. En la actualidad se ventilan 800 demandas contra la institución social, tanto penales como civiles.
Los juicios, a criterio de Rafael Esteves Moncayo, abogado de los perjudicados, han sido despachados (calificados) de inmediato.
Lo curioso es que se abatió a los hampones, pero las joyas nunca aparecieron, y posteriormente se detuvo a sujetos que tenían complicidad con el delito. ¿Dónde está el resto del botín robado? (CHM)
Un egreso de 640 millones de sucres
Entre los implicados, según los informes policiales, constaban personas que laboran en el IESS, quienes posteriormente fueron luego sobreseídos por la Ley. Además, se estableció que en el Monte de Piedad existían dos bóvedas donde se guardaban las joyas: par e impar. En el "autorrobo" (en la bóveda impar), según los peritos, habría un egreso de 640 millones de sucres en empeño. Cuando ingresaba una joya para empeño, daba la vuelta varias veces y se relizaban hasta diez préstamos. (CHM)
Un delito que aún deja serias dudas
En el robo de joyas al Monte de Piedad del IESS, en Guayaquil, se presume que hay peculado, según los 7 000 perjudicados, porque para el cometimiento del ilícito habrían colaborado: digitadores, tasadores, guardalmacenes y hasta los jefes de turno.
Debido a la falta de control, estos perjudicaron a la institución mediante concesiones a terceras personas, quienes nunca cobraron cheques, pues no prendaron (empeñaron) joyas.
En un documento, con fecha 11 de enero de 2000, al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, Eduardo Correa Reyes, auditor interno de la regional Nº 2, informa al ex director regional del IESS, Carlos Hidalgo Samaniego, que "la concesión de los préstamos cuyas prendas detectamos (que no se encuentran en custodia) se realizaron durante el período de abril a diciembre de 1999, determinando que la conviviente del pagador, Rafael Ugarte, mantuvo 32 préstamos; Leticia Alvarado, 47 préstamos; Cristóbal Morán, siete préstamos (este último prestaba servicios a personas en forma meritoria, sin ser empleado); Carlos Justavino, 28 préstamos; circunstancia que nos hace presumir la concesión fraudulenta de los préstamos prendarios, que han sido comprobados durante la práctica de constatación física respectiva, en presencia del guardalmacén, Freddy Medina Suárez". (CHM)
Los perjudicados iban a recibir sus joyas un día antes
Para Rafael Esteves Moncayo, abogado patrocinador de los 7 000 perjudicados por el robo al Monte de Piedad, los robos que se han cometido a los locales del IESS (en Quito, Loja, Bahía de Caráquez y Guayaquil) han tenido "curiosamente" el mismo modus operandi.
"La justicia llegará, si no, recurriremos hasta los organismos de DDHH, como ya ocurrió en el caso de los hermanos Restrepo y de Consuelo Benavides", dice Esteves.
Un día antes del atraco, algunos de los perjudicados tenían que recibir joyas que ya habían sido canceladas, conforme al valor del empeño.
Sin embargo, de acuerdo con los informes de auditoría, se presume que fue un "autorrobo", debido a que el IESS tenía que preparar una auditoría en la bóvedas (par e impar), a finales de 1999. Entonces, para "tapar" un millonario egreso de dinero en joyas, se cometió el peculado. (CHM)
Sida, otro drama en los tribunales
Carlitos Mora Peñafiel, uno de los dos sobrevivientes de los 21 infectados con el virus del sida en la clínica del doctor Galo Garcés Barriga, en junio de 1996, en Guayaquil, no desmaya.
Y aunque está consciente de su enfermedad, sus actividades cotidianas son impresionantes: lee libros, revisa su correo electrónico y hasta juega nintendo con sus dos hermanas. El, representado por su madre, Liduvina Peñafiel, quien ha luchado durante más de seis años para conseguir una drástica sanción a los responsables, demandó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por daño moral, el 1º de agosto de 2000.
No obstante, la demanda, que recayó por sorteo en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Guayas, se ha dilatado por inoperancia de los jueces. Si la justicia prevalece, recibirá una cuantía (indemnización) de $1 millón.
Pero pese a que los contagiados intentaron conseguir la extradicción de Garcés, esta fue negada por Galo Pico Mantilla, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, el año pasado.
Paralelamente, Haroldo Saltos (fallecido) y Asciclo Benítez presentaron una demanda de similares características, el 9 de agosto de 2000.
Entre tanto, Mora, de 15 años de edad, y Benítez, oriundo de Manabí, reciben tratamiento de hemodiálisis, de dos horas por semana, en el centro médico Nefrón, cuyo servicio médico (mediante convenio con el IESS) finalizaría en los próximos meses.
La última instancia que les queda a los familiares de las víctimas es presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. (CHM)
INFECTADOS
l Galo Garcés Barriga efectúa cirugías de riñón junto con su hijo, en el hospital Jackson Memorial de Miami.
l Asciclo Benítez, el segundo sobreviviente de los infectados, no ha perdido la fe. "La justicia llegará", señala.
l En 1998, el Gobierno interino de Fabián Alarcón ofreció indemnizar a los contagiados, pero nada se cumplió.
Un alivio para los miles de asegurados
Una opción idónea para los más de 230 mil jubilados de la provincia de Guayas es la Asociación de Jubilados y Pensionistas, ubicada en el centro de Guayaquil, que nació con el objetivo de luchar y buscar alternativas para solucionar las necesidades de los jubilados.
Para su presidente, Víctor Castillo, los jubilados son una clase social maltratada que merece respeto y salarios mensuales (pensiones) dignos.
"Conseguimos en el Congreso que se apruebe una ley en la que se facultaba a los ciudadanos de la tercera edad a pagar solo el 50% de los servicios básicos. Sin embargo, el Gobierno de Noboa vetó la ley".
Castillo, quien afirma que pese a que se han aumentado progresivamente las pensiones, dice que de 2000 a 2001, son, al menos, $80 millones que debería cancelar el Gobierno al Seguro Social para que el problema no se agudice.
"Si comparamos las pensiones con las de países desarrollados, nos daremos cuenta de que un jubilado vive de milagro. ¿Quiénes son entonces los responsables de esta penuria?", se pregunta. El problema que atraviesa el jubilado se centra en la escasa atención médica que recibe del Seguro Social, dice.
Y es que si el Congreso no busca otra fuente de financiamiento para mejorar sustancialmente los montos, la situación en los próximos años será calamitosa. Los requisitos para ingresar a la sede son credencial del Seguro Social, cédula de identidad y no tener más de 70 años. "Cuando ingresé había 5 200 socios. Hoy, son más de 6 000". (CHM)
ANALISIS
Nadie se acuerda de los jubilados
Cansados, aturdidos por los ofrecimientos de políticos dadivosos, los jubilados del país empezaron una larga lucha para reclamar al IESS pensiones que les permitan sobrevivir, luego de haber aportado con sus años de trabajo al progreso del país.
Se apuestan en las afueras del Congreso, en la Plaza de la Independencia, en los bajos del IESS en Guayaquil, gastando los pocos centavos que reciben en ese largo peregrinar. Gritan, pero nadie los escucha. ¿Quién?
Con miserables pensiones, los jubilados (quienes fueron el puntal de cualquier progreso económico del que pudiera gozar el país) deben pagar sus medicinas (porque en el IESS les dicen que no hay), su comida, los arriendos y aceptar desde la marginalidad la indiferencia de las autoridades que nada han hecho para promover un marco jurídico que pueda aliviar en algo el sufrimiento de quienes son lo que la generación joven de ahora será en el futuro: rostros cansados de tanta indiferencia.
Rostros, solo rostros de ancianos que evidencian el fracaso de un régimen de seguridad social que benefició a pocos: ahí están los hospitales con déficit de medicinas, ahí está la historia de la millonaria indemnización a un dirigente sindical, ahí está una ley convertida en un galimatías, ahí están las pensiones de los jubilados que llegan a la ignominiosa suma de $4, y aquí está la narración de un serie de demandas que se han instaurado en contra de un Instituto al que nada parece importarle.
Es célebre esa escena de la obra del famoso dramaturgo alemán Bertold Brecht, en la que un hombre reflexiona sobre la inferencia con la que vio la injusticia, porque sus manos no le alcanzaban, hasta que ya fue demasiado tarde porque la víctima era él. ¿A quién piden justicia los jubilados? A nadie, porque parece que nos estamos acostumbrando, peligrosamente, al egoísmo.
(BLANCO Y NEGRO 13 DE JULIO DE 2002)
Mientras los jubilados (que reciben una pensión de entre $4 y $10) reclaman al Gobierno un justo aumento de las pensiones, trabajo y condiciones dignas para sobrevivir, las autoridades gubernamentales se mantienen en un compás de espera: del pago que haga el Estado, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, depende el mejoramiento de las pensiones de más de 230 mil jubilados y otros 200 mil por jubilarse. La Ley establece 90 días para que el Estado y el IESS acuerden el monto de la deuda. Para que esto se cumpla, según las leyes, deberán transcurrir 180 días para se haga el primer desembolso (el plazo finalizó en marzo anterior).
Y es que para un jubilado el trato "inhumano" que recibe no se justifica con el elevado pago mensual de los aportes. Por tal motivo, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Zevallos, demandó el pasado 11 de junio al Estado ecuatoriano y al Institut o Ecuatoriano de Seguridad Social, por la prestación deficiente de servicios públicos y de atención médica.
La demanda (por un valor de $2 000 millones) está calculada con los aportes patronales de 2001 de los ciudadanos que residen en Guayas. Estos suman alrededor de $99 millones.
Según el artículo 133 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el procurador general del Estado (en calidad de representante), tiene que contestar la demanda en un plazo de 90 días.
Por otro lado, Carlos Mora Peñafiel, sobreviviente del contagio de sida en una clínica, en 1996, demandó a la institución por daño moral: exige una indemnización de $1 millón.
Asímismo,7 000 perjudicados por el robo al Monte de Piedad en Guayaquil, tramitan 800 demandas en la Corte Superior de Justicia.
Para conocer la situación, BLANCO Y NEGRO intentó obtener una versión oficial de la directora regional del IESS, Marlene Argudo, pero su "ocupada agenda" se lo impidió.
¿Quién responde entonces por un daño que se reproduce a escala nacional? Para muestra, un informe. (CHM)
Dos millones de dólares por prestación deficiente
El Delegado Distrital de la Procuraduría General del Estado, Sócrates Vera, recibió hace 31 días de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Zevallos, la demanda contra el Estado ecuatoriano y IESS, por la prestación deficiente de servicios públicos y de atención médica a los afiliados del organismo.
La demanda -por un valor de $2 millones está calculada con los aportes patronales de 2001 de los ciudadanos que residen en Guayas, que suman alrededor de $99 millones.
Zevallos Macchiavello califica de "rápida, veloz y despitada" la actuación del juez noveno de lo Civil del Guayas, Pedro Veloz, por haber negado el recurso de amparo que presentó el organismo hace más de un mes.
"No reclamo un cambio de servicio, sino por un servicio inhumano que hace daño y se reproduce a escala nacional", sostiene.
Afirma, además, que acudirá a la Junta Cívica y a otras organizaciones nacionales para que se sumen al proceso.
Por su parte, Jorge Zavala Egas, representante legal de la Cámara, subraya que, de acuerdo con el artículo 133 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el procurador general del Estado (en calidad de representante), tiene que contestar la demanda en un plazo de 90 días; caso contrario, se habrá cumplido con el presupuesto legal para ejercer la presente acción ante el Poder Judicial: en la vía de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de la pertinente demanda ulterior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CHM)
El Hospital del IESS realiza más de 650 cirugías
El director ejecutivo del hospital del IESS, Francisco Cevallos, explica a BLANCO Y NEGRO que cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Cevallos Macchiavello, visitó el centro de salud, lo hizo con la finalidad de mostrar las "deficiencias", para combatir lo que el Tribunal Constitucional estaba objetando, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.
"Estuve de acuerdo con sus intenciones, pero la realidad es otra. No niego las deficiencias. Trabajamos por brindar un óptimo servicio a los afiliados del Litoral y a los de la Sierra", enfatiza.
En consulta externa se atienden 18 mil consultas al mes; cuenta con 450 camas y se efectúan más de 650 cirugías por mes. Allí laboran 230 médicos especialistas y 165 profesionales residentes. (CHM)
"Investigamos las falsas identidades de afiliados"
El hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil (IESS), ubicado al sur, presta servicios a miles de afiliados desde hace más de 50 años, en diversas áreas de patología.
Su déficit, principalmente en medicamentos, es, al menos, comprensible, pues se cubren dos enfermedades catastróficas: sida e insuficiencia renal. Tiene un presupuesto anual (de $14 millones) que se distribuye en sueldos, fármacos, remodelaciones, insumos, material de rayos X, entre otros conceptos. "Con el planteo presupuestario, esperamos que la situación cambie. Tenemos pensado dar cobertura en otras áreas", dice Francisco Cevallos, director ejecutivo, quien señala que se han descubierto falsas afiliaciones y que se investigan actos de corrupción".
En los próximos meses se implementará un sofisticado sistema de cómputo, que permitirá un enlace con la unidad de consulta externa y el servicio de farmacias. "Ya no se evaluarán carpetas". (CHM)
¿Despedida por injurias?
Gladis Zambrano García, ex trabajadora del Centro de Salud Valdivia, al sur de Guayaquil, fue destituida del departamento de Rehabilitación Médica del IESS.
Hace un mes presentó una demanda de amparo constitucional en respuesta a su despido, y acusó al director general de la institución, Patricio Llerena, y a otros directivos, por hostigamiento laboral.
Dice ser víctima de una represalia, originada tras presentar la denuncia. La causa, según sus superiores, fue por "injuriar y menoscabar el prestigio de la institución", razones, no contempladas legalmente como causales de despido. Asegura que los actos de corrupción tenían el consentimiento de los demandados. (CHM)
Marlene Argudo no pudo atender a BLANCO Y NEGRO
BLANCO Y NEGRO quiso obtener una versión sobre la actual situación que atraviesa el IESS en Guayaquil, de la directora regional del IESS, Marlene Argudo, quien se mantiene en el cargo desde el 25 de mayo de 2000, pero no obtuvimos respuesta. Su secretario particular se limitó a informar que Argudo tiene una ocupada agenda. "En los próximos días viajará a Babahoyo, Los Ríos, para revisar informes de autoría interna en varias agencias del cantón".
La directora regional estuvo al frente de los renombrados casos "Robo al Monte de Piedad" e "Infectados por el virus del VIH en un clínica particular de Guayaquil". Además, se desempeñó como directora financiera en la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca baja del río Guayas (Cedegé). (CHM)
Los jubilados reciben en Chile una atención especial
Para garantizar una atención médica óptima y obtener pensiones que ayuden a los jubilados a "sobrevivir" con dignidad, en Chile, el Gobierno creó hace algunos años el Instituto de Normalización Previsional (INP).
De acuerdo con la tabla de los montos de beneficios provisionales y laborales, a partir del 1º de junio, un jubilado puede ganar mensualmente desde $104 a $468. Asímismo, un trabajador de régimen general recibe mensualmente $150,71; menores de 18 años y mayores de 65 años reciben $116,66; el subsidio familiar para personas de escasos recursos es de $4,93.
Para agilizar el pago de pensiones, el INP elaboró una tarjeta de identificación del pensionado y el sistema "devolviendo la mano", que proporciona descuentos en más de 200 empresas y proporciona atenciones especiales y prefenciales. (CHM)
El "robo del siglo" se cometió en 1999
La solución, al parecer, la tiene el Gobierno Nacional, que debe resolver un agudo problema, sin recurrir a la violencia ni al quebrantamiento de la ley
Antisociales -buscados por el Plan Más Seguridad- sometieron a guardias de seguridad del Monte de Piedad del IESS en Guayaquil, y se llevaron un impresionante lote de joyas (287 mil gramos de oro), el 23 de diciembre de 1999.
Años más tarde, los pillos fueron abatidos por la Policía y se lograron recuperar 7 800 gramos. El material pasó a un depositario del IESS.
De aquel millonario atraco (denominado "robo del siglo"), 7 000 personas resultaron perjudicadas. En la actualidad se ventilan 800 demandas contra la institución social, tanto penales como civiles.
Los juicios, a criterio de Rafael Esteves Moncayo, abogado de los perjudicados, han sido despachados (calificados) de inmediato.
Lo curioso es que se abatió a los hampones, pero las joyas nunca aparecieron, y posteriormente se detuvo a sujetos que tenían complicidad con el delito. ¿Dónde está el resto del botín robado? (CHM)
Un egreso de 640 millones de sucres
Entre los implicados, según los informes policiales, constaban personas que laboran en el IESS, quienes posteriormente fueron luego sobreseídos por la Ley. Además, se estableció que en el Monte de Piedad existían dos bóvedas donde se guardaban las joyas: par e impar. En el "autorrobo" (en la bóveda impar), según los peritos, habría un egreso de 640 millones de sucres en empeño. Cuando ingresaba una joya para empeño, daba la vuelta varias veces y se relizaban hasta diez préstamos. (CHM)
Un delito que aún deja serias dudas
En el robo de joyas al Monte de Piedad del IESS, en Guayaquil, se presume que hay peculado, según los 7 000 perjudicados, porque para el cometimiento del ilícito habrían colaborado: digitadores, tasadores, guardalmacenes y hasta los jefes de turno.
Debido a la falta de control, estos perjudicaron a la institución mediante concesiones a terceras personas, quienes nunca cobraron cheques, pues no prendaron (empeñaron) joyas.
En un documento, con fecha 11 de enero de 2000, al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, Eduardo Correa Reyes, auditor interno de la regional Nº 2, informa al ex director regional del IESS, Carlos Hidalgo Samaniego, que "la concesión de los préstamos cuyas prendas detectamos (que no se encuentran en custodia) se realizaron durante el período de abril a diciembre de 1999, determinando que la conviviente del pagador, Rafael Ugarte, mantuvo 32 préstamos; Leticia Alvarado, 47 préstamos; Cristóbal Morán, siete préstamos (este último prestaba servicios a personas en forma meritoria, sin ser empleado); Carlos Justavino, 28 préstamos; circunstancia que nos hace presumir la concesión fraudulenta de los préstamos prendarios, que han sido comprobados durante la práctica de constatación física respectiva, en presencia del guardalmacén, Freddy Medina Suárez". (CHM)
Los perjudicados iban a recibir sus joyas un día antes
Para Rafael Esteves Moncayo, abogado patrocinador de los 7 000 perjudicados por el robo al Monte de Piedad, los robos que se han cometido a los locales del IESS (en Quito, Loja, Bahía de Caráquez y Guayaquil) han tenido "curiosamente" el mismo modus operandi.
"La justicia llegará, si no, recurriremos hasta los organismos de DDHH, como ya ocurrió en el caso de los hermanos Restrepo y de Consuelo Benavides", dice Esteves.
Un día antes del atraco, algunos de los perjudicados tenían que recibir joyas que ya habían sido canceladas, conforme al valor del empeño.
Sin embargo, de acuerdo con los informes de auditoría, se presume que fue un "autorrobo", debido a que el IESS tenía que preparar una auditoría en la bóvedas (par e impar), a finales de 1999. Entonces, para "tapar" un millonario egreso de dinero en joyas, se cometió el peculado. (CHM)
Sida, otro drama en los tribunales
Carlitos Mora Peñafiel, uno de los dos sobrevivientes de los 21 infectados con el virus del sida en la clínica del doctor Galo Garcés Barriga, en junio de 1996, en Guayaquil, no desmaya.
Y aunque está consciente de su enfermedad, sus actividades cotidianas son impresionantes: lee libros, revisa su correo electrónico y hasta juega nintendo con sus dos hermanas. El, representado por su madre, Liduvina Peñafiel, quien ha luchado durante más de seis años para conseguir una drástica sanción a los responsables, demandó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por daño moral, el 1º de agosto de 2000.
No obstante, la demanda, que recayó por sorteo en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Guayas, se ha dilatado por inoperancia de los jueces. Si la justicia prevalece, recibirá una cuantía (indemnización) de $1 millón.
Pero pese a que los contagiados intentaron conseguir la extradicción de Garcés, esta fue negada por Galo Pico Mantilla, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, el año pasado.
Paralelamente, Haroldo Saltos (fallecido) y Asciclo Benítez presentaron una demanda de similares características, el 9 de agosto de 2000.
Entre tanto, Mora, de 15 años de edad, y Benítez, oriundo de Manabí, reciben tratamiento de hemodiálisis, de dos horas por semana, en el centro médico Nefrón, cuyo servicio médico (mediante convenio con el IESS) finalizaría en los próximos meses.
La última instancia que les queda a los familiares de las víctimas es presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. (CHM)
INFECTADOS
l Galo Garcés Barriga efectúa cirugías de riñón junto con su hijo, en el hospital Jackson Memorial de Miami.
l Asciclo Benítez, el segundo sobreviviente de los infectados, no ha perdido la fe. "La justicia llegará", señala.
l En 1998, el Gobierno interino de Fabián Alarcón ofreció indemnizar a los contagiados, pero nada se cumplió.
Un alivio para los miles de asegurados
Una opción idónea para los más de 230 mil jubilados de la provincia de Guayas es la Asociación de Jubilados y Pensionistas, ubicada en el centro de Guayaquil, que nació con el objetivo de luchar y buscar alternativas para solucionar las necesidades de los jubilados.
Para su presidente, Víctor Castillo, los jubilados son una clase social maltratada que merece respeto y salarios mensuales (pensiones) dignos.
"Conseguimos en el Congreso que se apruebe una ley en la que se facultaba a los ciudadanos de la tercera edad a pagar solo el 50% de los servicios básicos. Sin embargo, el Gobierno de Noboa vetó la ley".
Castillo, quien afirma que pese a que se han aumentado progresivamente las pensiones, dice que de 2000 a 2001, son, al menos, $80 millones que debería cancelar el Gobierno al Seguro Social para que el problema no se agudice.
"Si comparamos las pensiones con las de países desarrollados, nos daremos cuenta de que un jubilado vive de milagro. ¿Quiénes son entonces los responsables de esta penuria?", se pregunta. El problema que atraviesa el jubilado se centra en la escasa atención médica que recibe del Seguro Social, dice.
Y es que si el Congreso no busca otra fuente de financiamiento para mejorar sustancialmente los montos, la situación en los próximos años será calamitosa. Los requisitos para ingresar a la sede son credencial del Seguro Social, cédula de identidad y no tener más de 70 años. "Cuando ingresé había 5 200 socios. Hoy, son más de 6 000". (CHM)
ANALISIS
Nadie se acuerda de los jubilados
Cansados, aturdidos por los ofrecimientos de políticos dadivosos, los jubilados del país empezaron una larga lucha para reclamar al IESS pensiones que les permitan sobrevivir, luego de haber aportado con sus años de trabajo al progreso del país.
Se apuestan en las afueras del Congreso, en la Plaza de la Independencia, en los bajos del IESS en Guayaquil, gastando los pocos centavos que reciben en ese largo peregrinar. Gritan, pero nadie los escucha. ¿Quién?
Con miserables pensiones, los jubilados (quienes fueron el puntal de cualquier progreso económico del que pudiera gozar el país) deben pagar sus medicinas (porque en el IESS les dicen que no hay), su comida, los arriendos y aceptar desde la marginalidad la indiferencia de las autoridades que nada han hecho para promover un marco jurídico que pueda aliviar en algo el sufrimiento de quienes son lo que la generación joven de ahora será en el futuro: rostros cansados de tanta indiferencia.
Rostros, solo rostros de ancianos que evidencian el fracaso de un régimen de seguridad social que benefició a pocos: ahí están los hospitales con déficit de medicinas, ahí está la historia de la millonaria indemnización a un dirigente sindical, ahí está una ley convertida en un galimatías, ahí están las pensiones de los jubilados que llegan a la ignominiosa suma de $4, y aquí está la narración de un serie de demandas que se han instaurado en contra de un Instituto al que nada parece importarle.
Es célebre esa escena de la obra del famoso dramaturgo alemán Bertold Brecht, en la que un hombre reflexiona sobre la inferencia con la que vio la injusticia, porque sus manos no le alcanzaban, hasta que ya fue demasiado tarde porque la víctima era él. ¿A quién piden justicia los jubilados? A nadie, porque parece que nos estamos acostumbrando, peligrosamente, al egoísmo.
(BLANCO Y NEGRO 13 DE JULIO DE 2002)
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