La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer conformar una comisión de cinco miembros para analizar la reestructura del Consejo Nacional de la Judicatura.
El alto tribunal de justicia se instaló a las 10:00 y aprobó la conformación de una comisión conformada por Ana Abril Olivo, Alfonso Zambrano Pasquel, Rubén Bravo, César Montaño y Marco Antonio Guzmán para que presenten, en un plazo de ocho días, un informe sobre la forma en que la Corte podría aplicar la ley que dispuso la reestructuración del Consejo.
Durante el debate, el juez José Robayo reiteró su postura de que la reestructuración no significa cambiar a sus ex colegas.
No obstante, el presidente de la Corte, Jaime Velasco, insistió en que el Consejo debe ser renovado en su totalidad.
La moción para que se conforme la comisión fue presentada por el juez Teodoro Coello.
En otro tema, la Corte emitió una resolución según la cual se aprobó el aumento de una sala Penal en lugar de la Laboral que existía, y se dispuso a la Oficialía Mayor el resorteo de 3.000 causas penales. Velasco anunció que se reunirá con el oficial mayor, César Velasco, para definir la forma del sorteo y negó que se vaya a usar una tómbola.
Pero César Velasco confirmó que hay una con tres bolillas en la Oficialía, con la cual se puede hacer el sorteo.
La tómbola serviría para sortear tres grupos de juicios, que serían armados en forma aleatoria por la Oficialía.
Las declaraciones de bienes
Guzmán legalizó bienes en notaría
Marco Antonio Guzmán
Bienes inmuebles:
- Dos lotes de terrenos de ocho hectáreas en Pujilí.
- Un lote en el sector El Tingo, herencia de su hermano Augusto José Guzmán.
- Una oficina de 180 metros en la Av. Amazonas y Carrión.
- Una oficina de 60 metros de la ex compañía Guzmán & Guzmán.
- Un departamento en el conjunto Colinas del Pichincha.
Vehículos: Un Volvo (1992) y un Jeep Toyota Rav (1998).
Ramírez declaró en noviembre
Carlos Ramírez romero
Cuentas bancarias:
- Banco de Loja, cuenta de ahorros, USD 199.
- Inversionista en Coop. ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy, en la Coop. Padre Julián Lorente, por USD 15.000.
Bienes inmuebles:
- Una casa en la calle Segundo Cueva Celi, USD 30.000.
- Un lote de terreno en Loja, USD 10.000; una oficina en Loja, USD 10.000.
Vehículos: Un Niva (1980) y un Mitsubishi Montero (1986).
Uno a uno, los 31 magistrados
Un juez multifacético en tercera sala Penal
Para el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Julián Franco Loor se postuló por la docencia universitaria, el libre ejercicio y la carrera judicial.
Al final, fue el undécimo mejor puntuado de los 31 juristas que llegaron a la Suprema. Alcanzó 62 puntos en las etapas de oposición y merecimiento.
Desde 1984, es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. En esa facultad, fue subdecano entre 1999 y 2000.
Ha estado en el libre ejercicio profesional desde 1981. Además, ha sido asesor del Parlamento Andino, subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, delegado ante el Cuerpo de Bomberos y el FISE.
Como consultor del Ministerio de Agricultura, asesoró al equipo negociador. Por sus antecedentes profesionales, reconoce que es un jurista multifacético. Actualmente, es juez de la tercera sala de lo Penal.
Velasco, titular de la CSJ e hincha de la Liga
A día seguido, Jaime Gonzalo Velasco Dávila tuvo dos satisfacciones profesionales.
El 30 de noviembre último, regresó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras ser cesado por una mayoría legislativa el 8 de diciembre de 2004.
El 1 de diciembre, en cambio, fue designado presidente del máximo Tribunal de justicia del país con el apoyo de 18 de sus compañeros.
Este guarandeño, de 62 años, es también profesor de Derecho Laboral en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Américas.
Tiene una carrera judicial de 39 años. Se inició como ayudante del tribunal segundo de Trabajo. Hasta febrero de este año, fue consultor del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social.
Entre sus aficiones está el fútbol. Es hincha a muerte de la Liga Universitaria de Quito.
Con buen humor, admite que le gusta fumar y que es un hombre de izquierda.
Palacio apela al pueblo soberano
El presidente de la República, Alfredo Palacio, invocó anoche al pueblo para que realice los cambios que, en su criterio, requiere la estructura política del país.
Palacio se dirigió a la nación a las 20:30 de ayer, en una cadena de radio y televisión, y en su intervención, de 12 minutos, criticó a lo que llamó viejas elites partidócratas que en su opinión, no han entendido los pedidos populares.
El Presidente hizo un llamado al pueblo para que resuelva su propio futuro e inicie el cambio de la Patria una vez que él ha agotado todas las vías democráticas en el intento.
El pueblo, en su criterio, debe defender sus derechos y responder en las urnas a quienes han quedado evidenciados con desnudez casi pornográfica como obstructores de los cambios del país.
La oposición, en criterio del Presidente, no está sintonizada con los intereses populares.
Sentado en el sillón presidencial y con la Bandera de fondo, el Presidente destacó que asumió el poder luego de un serio quiebre institucional, producido entre otras cosas por la forma patrimonialista en la que se ejerce el poder en el país.
Destacó que desde que asumió, el 20 de abril, ha habido tranquilidad en el país, lo que ha producido una reinstitucionalización de la nación, que se verifica en hechos como la posesión de la Corte Suprema de Justicia.
Para Palacio, su agenda política ha estado marcada por su interés en lograr consensos básicos, promover una reestructuración política, y facilitar un acuerdo y concertación nacional.
Pero Palacio denunció que los partidos políticos no quieren dar paso a una nueva representatividad política, sin entender que el cambio es para el Ecuador una cuestión de supervivencia como nación.
El Presidente acusó a los partidos políticos de querer cerrarle el paso a la voluntad ciudadana, olvidando que es el pueblo el depositario de la soberanía nacional.
Defendió el derecho que le concede el artículo 104 numeral 2 de la Constitución para consultar al pueblo asuntos de trascendental importancia. Para Palacio, la reforma política que tiene previsto someter a un referendo es un asunto de trascendental importancia, por lo que no se requería la conformidad del Congreso.
Pero como se ha negado a participar en la pactocracia, refirió el Presidente, no se ha podido viabilizar la consulta. Rechazó las acusaciones de que su iniciativa de la Asamblea haya tenido la intención de prolongar su mandato, pues había puesto su cargo a disposición de la hipotética institución.
El Presidente denunció como un nuevo golpe a la institucionalidad ecuatoriana la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE),a la que comparó con el cambio de la Corte Suprema que se hizo el 8 de diciembre de 2004.
La reestructuración del TSE, dijo, es una intromisión del Congreso en la Función Electoral, que ahora controla temas como la convocatoria a elecciones y a colegios electorales para cambiar al Consejo de la Judicatura. Dejó entrever que esto podría significar también una intromisión en la Corte Suprema.
Palacio rechazó el posible juicio político en su contra pues su interés es consultar al pueblo soberano, por lo que descartó que haya causales para someterlo a ese procedimiento.
Finalmente, cuestionó a la oposición, a la que responsabilizó de los últimos golpes de Estado en el país y declaró que obedece al mandato popular.
La oposición, dijo el Presidente, no quiere ceder un ápice al interés nacional.
Caso firmas preocupa al Presidente
Tras su revés político, el Gobierno intenta romper la cuerda por el lado más frágil y analiza renovar de inmediato los ministerios de Salud, Turismo, Bienestar Social y de Vivienda, por su menor costo político.
La preocupación radica en las carteras de Gobierno, de Defensa, de Comercio Exterior y de Agricultura. De sus reemplazos dependerá el acercamiento con los sectores políticos y sociales, para insistir en la reforma política.
El Congreso, por su parte, busca las causales para un juicio político contra el presidente Palacio por la supuesta falsificación de firmas.
El panorama que se registró ayer en Carondelet fue el previsto. Palacio, reunido con su gabinete desde las 10:30, recibió por escrito las renuncias de todos sus ministros de Estado y analizó los mecanismos para insistir en la consulta popular sustentada en el consenso social y
productivo.
El régimen estudiaba la conveniencia de nombrar al hasta entonces asesor presidencial, José Modesto Apolo, como secretario de la Administración Pública en reemplazo de Luis Herrería.
En la sesión de gabinete, el ministro de Gobierno encargado, Galo Chiriboga, recibió aplausos y felicitaciones por su incisiva pero fallida intención de realizar la consulta popular en busca de una Asamblea Constituyente. Pero su permanencia en el cargo no está garantizada debido a la debilidad demostrada por el Ejecutivo en su batalla con el Legislativo.
Una fuente gubernamental indicó a este Diario que existen presiones para que la cartera de Gobierno sea ocupada por alguien cercano a partidos influyentes. Con eso se busca bajar las tensiones con el Legislativo en el tema de la consulta y evitar un juicio político contra el jefe de Estado.
Pese a las versiones de que el primer mandatario llamó por teléfono al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para ratificarlo en su cargo, trascendió que el vicealmirante Fernando Donoso, ex comandante de la Marina, fue propuesto como nuevo titular luego del sorpresivo remezónen la cúpula militar por el caso del notario José Cabrera, lo cual habría molestado a Jarrín al no ser consultado.
En Comercio Exterior y Agricultura, ocupados por Jorge Illingworth y Pablo Rizzo, respectivamente, se interponen los intereses bananeros para lograr mantener el sistema de licencias y vender el producto a la Unión Europea, tema analizado el fin de semana pasado entre Palacio y Álvaro Noboa, en una cita en la base aérea militar en Guayaquil, se informó.
Según Felipe Vega de la Cuadra, secretario privado del Presidente, los ministerios que no entrarán en un posible acuerdo político son los de Economía, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Obras Públicas, del Ambiente y de Energía.
PSC e ID no logran 67 votos
Los diputados no encontraron ayer un acuerdo para levantar el candado constitucional. La presidenta encargada, Cynthia Viteri, logró asegurar 59 votos para la reforma. La ley exige 67.
La propuesta de ruptura se reactivó en respuesta a la demanda de una reforma política, después de que el lunes el Congreso cerró el paso a la consulta popular, reestructurando el Tribunal SupremoElectoral (TSE).
Durante la sesión de ayer, Viteri (PSC), dialogó con los sectores que no se habían comprometido con la reforma constitucional, entre ellos los independientes, socialistas, MPD y Pachakutik (PK).
En la tarde las conversaciones continuaron pero el Prian se negó a participar del proyecto.
Previamente los diputados del PRE y MPD anunciaron su rechazo, mientras que los de PK no dieron un pronunciamiento.
Los intentos continuarán en espera de convencer a este sector, que es la única posibilidad que tiene el Congreso para iniciar las reformas constitucionales.
En la mañana, el pleno del TSE se reunió para decidir sobre la reconsideración presentada a la decisión tomada el lunes, con la cual se negó la convocatoria a una consulta popular extendida por el presidente, Alfredo Palacio.
El argumento del trámite planteado fue que el Tribunal negó la convocatoria a consulta sin el informe previo de la Comisión Jurídica del organismo, tal como lo exige el artículo tres del Reglamento Para Consulta Popular.
Durante la votación se mantuvo la correlación de fuerzas con la que se tomó la decisión original.
Los vocales Angelita Albán (Prian), Narcisa Subía (PRE), Xavier Cazar (PSC),Jorge Valdospinos (ID) y Marco Benavides (DP), negaron el Trámite.Votaron a favor de la impugnación Sandra Cabrera (PK) y Patricio Torres (MPD).
Acusaciones del Congreso pierden piso
El fiscal de Delitos Misceláneos de Pichincha, Miguel Palacios, en representación de la fiscal general (e), Cecilia Armas, explicó al Congreso las acciones en el caso de la falsificación de la firma del presidente Alfredo Palacio.
El fiscal explicó la existencia de cuatro informes periciales realizados a cinco documentos con la firma del primer mandatario.
De los cuatro, tres coinciden en que las firmas y sumillas no son originales y que fueron reproducciones mecánicas en base al sistema de Scanner.
Solo uno de los informes, elaborado por Javier Chaguado, afirma que las firmas en los documentos utilizados para gestionar el nombramiento de Miguel Robalino como nuevo coordinador del proyecto Modersa, le corresponde al Dr. Alfredo Palacio.
No obstante, el mismo perito pidió que se le permita hacer una ampliación para hacer un estudio del papel y determinar si la firma es de puño y letra o escaneada.
Este informe fue el argumento que empleó la Comisión de Fiscalización del Congreso para sugerir que el Ministerio Público abra una instrucción fiscal contra Palacio.
No obstante, los argumentos de la Comisión liderada por Guillermo Haro (ID), fueron quedando sin sustento con las explicaciones del delegado, quien al final dijo que será la fiscal titular quien en los próximos días presentará un informe relacionado a la mentada instrucción fiscal.
Previo a la comparecencia, César Morales, director de Asesoría de la Fiscalía, recordó que sobre la suplantación de firmas el caso está en indagación fiscal, mientras que el uso doloso de documentos está en instrucción fiscal. En ese proceso, Miguel Robalino, José Velásquez y Yuri Baque están imputados.
Tanto la familia de Robalino como el perito Chaguado denunciaron que hubo presiones políticas para reactivar el caso en contra de Palacio. Incluso, Chaguaro denunció que varios diputados lo llamaron para que defienda la tesis de que el presidente firmó con su puño y letra la recomendación de Robalino para Modersa.
Añadió que su pericia confirma que la rúbrica corresponde a Palacio pero es una firma escaneada.
Nuevas acusaciones
El diputado Carlos González (ID), anunció ayer que presentará nuevas denuncias contra el presidente, Alfredo Palacio.
Durante la comparecencia del fiscal Miguel Palacios, el legislador acusó al primer mandatario de cohecho agravado.
Este se habría producido por el interés del cuñado del mandatario, José Paret, en impulsar el nombramiento de Miguel Robalino en el proyecto Modersa, para conseguir el pago de un contrato con Vatadur con un sobreprecio de 500.000 dólares.
También acusó al mandatario de peculado. Exhibió una serie de facturas del Hotel Colón de Guayaquil, pagadas por Yuri Baque por servicios al primer mandatario, quien en ese establecimiento habría hecho gastos no contemplados en los viáticos de la Presidencia.
Anunció que las denuncias las presentará en los próximos días.
El alto tribunal de justicia se instaló a las 10:00 y aprobó la conformación de una comisión conformada por Ana Abril Olivo, Alfonso Zambrano Pasquel, Rubén Bravo, César Montaño y Marco Antonio Guzmán para que presenten, en un plazo de ocho días, un informe sobre la forma en que la Corte podría aplicar la ley que dispuso la reestructuración del Consejo.
Durante el debate, el juez José Robayo reiteró su postura de que la reestructuración no significa cambiar a sus ex colegas.
No obstante, el presidente de la Corte, Jaime Velasco, insistió en que el Consejo debe ser renovado en su totalidad.
La moción para que se conforme la comisión fue presentada por el juez Teodoro Coello.
En otro tema, la Corte emitió una resolución según la cual se aprobó el aumento de una sala Penal en lugar de la Laboral que existía, y se dispuso a la Oficialía Mayor el resorteo de 3.000 causas penales. Velasco anunció que se reunirá con el oficial mayor, César Velasco, para definir la forma del sorteo y negó que se vaya a usar una tómbola.
Pero César Velasco confirmó que hay una con tres bolillas en la Oficialía, con la cual se puede hacer el sorteo.
La tómbola serviría para sortear tres grupos de juicios, que serían armados en forma aleatoria por la Oficialía.
Las declaraciones de bienes
Guzmán legalizó bienes en notaría
Marco Antonio Guzmán
Bienes inmuebles:
- Dos lotes de terrenos de ocho hectáreas en Pujilí.
- Un lote en el sector El Tingo, herencia de su hermano Augusto José Guzmán.
- Una oficina de 180 metros en la Av. Amazonas y Carrión.
- Una oficina de 60 metros de la ex compañía Guzmán & Guzmán.
- Un departamento en el conjunto Colinas del Pichincha.
Vehículos: Un Volvo (1992) y un Jeep Toyota Rav (1998).
Ramírez declaró en noviembre
Carlos Ramírez romero
Cuentas bancarias:
- Banco de Loja, cuenta de ahorros, USD 199.
- Inversionista en Coop. ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy, en la Coop. Padre Julián Lorente, por USD 15.000.
Bienes inmuebles:
- Una casa en la calle Segundo Cueva Celi, USD 30.000.
- Un lote de terreno en Loja, USD 10.000; una oficina en Loja, USD 10.000.
Vehículos: Un Niva (1980) y un Mitsubishi Montero (1986).
Uno a uno, los 31 magistrados
Un juez multifacético en tercera sala Penal
Para el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Julián Franco Loor se postuló por la docencia universitaria, el libre ejercicio y la carrera judicial.
Al final, fue el undécimo mejor puntuado de los 31 juristas que llegaron a la Suprema. Alcanzó 62 puntos en las etapas de oposición y merecimiento.
Desde 1984, es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. En esa facultad, fue subdecano entre 1999 y 2000.
Ha estado en el libre ejercicio profesional desde 1981. Además, ha sido asesor del Parlamento Andino, subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, delegado ante el Cuerpo de Bomberos y el FISE.
Como consultor del Ministerio de Agricultura, asesoró al equipo negociador. Por sus antecedentes profesionales, reconoce que es un jurista multifacético. Actualmente, es juez de la tercera sala de lo Penal.
Velasco, titular de la CSJ e hincha de la Liga
A día seguido, Jaime Gonzalo Velasco Dávila tuvo dos satisfacciones profesionales.
El 30 de noviembre último, regresó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras ser cesado por una mayoría legislativa el 8 de diciembre de 2004.
El 1 de diciembre, en cambio, fue designado presidente del máximo Tribunal de justicia del país con el apoyo de 18 de sus compañeros.
Este guarandeño, de 62 años, es también profesor de Derecho Laboral en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Américas.
Tiene una carrera judicial de 39 años. Se inició como ayudante del tribunal segundo de Trabajo. Hasta febrero de este año, fue consultor del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social.
Entre sus aficiones está el fútbol. Es hincha a muerte de la Liga Universitaria de Quito.
Con buen humor, admite que le gusta fumar y que es un hombre de izquierda.
Palacio apela al pueblo soberano
El presidente de la República, Alfredo Palacio, invocó anoche al pueblo para que realice los cambios que, en su criterio, requiere la estructura política del país.
Palacio se dirigió a la nación a las 20:30 de ayer, en una cadena de radio y televisión, y en su intervención, de 12 minutos, criticó a lo que llamó viejas elites partidócratas que en su opinión, no han entendido los pedidos populares.
El Presidente hizo un llamado al pueblo para que resuelva su propio futuro e inicie el cambio de la Patria una vez que él ha agotado todas las vías democráticas en el intento.
El pueblo, en su criterio, debe defender sus derechos y responder en las urnas a quienes han quedado evidenciados con desnudez casi pornográfica como obstructores de los cambios del país.
La oposición, en criterio del Presidente, no está sintonizada con los intereses populares.
Sentado en el sillón presidencial y con la Bandera de fondo, el Presidente destacó que asumió el poder luego de un serio quiebre institucional, producido entre otras cosas por la forma patrimonialista en la que se ejerce el poder en el país.
Destacó que desde que asumió, el 20 de abril, ha habido tranquilidad en el país, lo que ha producido una reinstitucionalización de la nación, que se verifica en hechos como la posesión de la Corte Suprema de Justicia.
Para Palacio, su agenda política ha estado marcada por su interés en lograr consensos básicos, promover una reestructuración política, y facilitar un acuerdo y concertación nacional.
Pero Palacio denunció que los partidos políticos no quieren dar paso a una nueva representatividad política, sin entender que el cambio es para el Ecuador una cuestión de supervivencia como nación.
El Presidente acusó a los partidos políticos de querer cerrarle el paso a la voluntad ciudadana, olvidando que es el pueblo el depositario de la soberanía nacional.
Defendió el derecho que le concede el artículo 104 numeral 2 de la Constitución para consultar al pueblo asuntos de trascendental importancia. Para Palacio, la reforma política que tiene previsto someter a un referendo es un asunto de trascendental importancia, por lo que no se requería la conformidad del Congreso.
Pero como se ha negado a participar en la pactocracia, refirió el Presidente, no se ha podido viabilizar la consulta. Rechazó las acusaciones de que su iniciativa de la Asamblea haya tenido la intención de prolongar su mandato, pues había puesto su cargo a disposición de la hipotética institución.
El Presidente denunció como un nuevo golpe a la institucionalidad ecuatoriana la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE),a la que comparó con el cambio de la Corte Suprema que se hizo el 8 de diciembre de 2004.
La reestructuración del TSE, dijo, es una intromisión del Congreso en la Función Electoral, que ahora controla temas como la convocatoria a elecciones y a colegios electorales para cambiar al Consejo de la Judicatura. Dejó entrever que esto podría significar también una intromisión en la Corte Suprema.
Palacio rechazó el posible juicio político en su contra pues su interés es consultar al pueblo soberano, por lo que descartó que haya causales para someterlo a ese procedimiento.
Finalmente, cuestionó a la oposición, a la que responsabilizó de los últimos golpes de Estado en el país y declaró que obedece al mandato popular.
La oposición, dijo el Presidente, no quiere ceder un ápice al interés nacional.
Caso firmas preocupa al Presidente
Tras su revés político, el Gobierno intenta romper la cuerda por el lado más frágil y analiza renovar de inmediato los ministerios de Salud, Turismo, Bienestar Social y de Vivienda, por su menor costo político.
La preocupación radica en las carteras de Gobierno, de Defensa, de Comercio Exterior y de Agricultura. De sus reemplazos dependerá el acercamiento con los sectores políticos y sociales, para insistir en la reforma política.
El Congreso, por su parte, busca las causales para un juicio político contra el presidente Palacio por la supuesta falsificación de firmas.
El panorama que se registró ayer en Carondelet fue el previsto. Palacio, reunido con su gabinete desde las 10:30, recibió por escrito las renuncias de todos sus ministros de Estado y analizó los mecanismos para insistir en la consulta popular sustentada en el consenso social y
productivo.
El régimen estudiaba la conveniencia de nombrar al hasta entonces asesor presidencial, José Modesto Apolo, como secretario de la Administración Pública en reemplazo de Luis Herrería.
En la sesión de gabinete, el ministro de Gobierno encargado, Galo Chiriboga, recibió aplausos y felicitaciones por su incisiva pero fallida intención de realizar la consulta popular en busca de una Asamblea Constituyente. Pero su permanencia en el cargo no está garantizada debido a la debilidad demostrada por el Ejecutivo en su batalla con el Legislativo.
Una fuente gubernamental indicó a este Diario que existen presiones para que la cartera de Gobierno sea ocupada por alguien cercano a partidos influyentes. Con eso se busca bajar las tensiones con el Legislativo en el tema de la consulta y evitar un juicio político contra el jefe de Estado.
Pese a las versiones de que el primer mandatario llamó por teléfono al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para ratificarlo en su cargo, trascendió que el vicealmirante Fernando Donoso, ex comandante de la Marina, fue propuesto como nuevo titular luego del sorpresivo remezónen la cúpula militar por el caso del notario José Cabrera, lo cual habría molestado a Jarrín al no ser consultado.
En Comercio Exterior y Agricultura, ocupados por Jorge Illingworth y Pablo Rizzo, respectivamente, se interponen los intereses bananeros para lograr mantener el sistema de licencias y vender el producto a la Unión Europea, tema analizado el fin de semana pasado entre Palacio y Álvaro Noboa, en una cita en la base aérea militar en Guayaquil, se informó.
Según Felipe Vega de la Cuadra, secretario privado del Presidente, los ministerios que no entrarán en un posible acuerdo político son los de Economía, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Obras Públicas, del Ambiente y de Energía.
PSC e ID no logran 67 votos
Los diputados no encontraron ayer un acuerdo para levantar el candado constitucional. La presidenta encargada, Cynthia Viteri, logró asegurar 59 votos para la reforma. La ley exige 67.
La propuesta de ruptura se reactivó en respuesta a la demanda de una reforma política, después de que el lunes el Congreso cerró el paso a la consulta popular, reestructurando el Tribunal SupremoElectoral (TSE).
Durante la sesión de ayer, Viteri (PSC), dialogó con los sectores que no se habían comprometido con la reforma constitucional, entre ellos los independientes, socialistas, MPD y Pachakutik (PK).
En la tarde las conversaciones continuaron pero el Prian se negó a participar del proyecto.
Previamente los diputados del PRE y MPD anunciaron su rechazo, mientras que los de PK no dieron un pronunciamiento.
Los intentos continuarán en espera de convencer a este sector, que es la única posibilidad que tiene el Congreso para iniciar las reformas constitucionales.
En la mañana, el pleno del TSE se reunió para decidir sobre la reconsideración presentada a la decisión tomada el lunes, con la cual se negó la convocatoria a una consulta popular extendida por el presidente, Alfredo Palacio.
El argumento del trámite planteado fue que el Tribunal negó la convocatoria a consulta sin el informe previo de la Comisión Jurídica del organismo, tal como lo exige el artículo tres del Reglamento Para Consulta Popular.
Durante la votación se mantuvo la correlación de fuerzas con la que se tomó la decisión original.
Los vocales Angelita Albán (Prian), Narcisa Subía (PRE), Xavier Cazar (PSC),Jorge Valdospinos (ID) y Marco Benavides (DP), negaron el Trámite.Votaron a favor de la impugnación Sandra Cabrera (PK) y Patricio Torres (MPD).
Acusaciones del Congreso pierden piso
El fiscal de Delitos Misceláneos de Pichincha, Miguel Palacios, en representación de la fiscal general (e), Cecilia Armas, explicó al Congreso las acciones en el caso de la falsificación de la firma del presidente Alfredo Palacio.
El fiscal explicó la existencia de cuatro informes periciales realizados a cinco documentos con la firma del primer mandatario.
De los cuatro, tres coinciden en que las firmas y sumillas no son originales y que fueron reproducciones mecánicas en base al sistema de Scanner.
Solo uno de los informes, elaborado por Javier Chaguado, afirma que las firmas en los documentos utilizados para gestionar el nombramiento de Miguel Robalino como nuevo coordinador del proyecto Modersa, le corresponde al Dr. Alfredo Palacio.
No obstante, el mismo perito pidió que se le permita hacer una ampliación para hacer un estudio del papel y determinar si la firma es de puño y letra o escaneada.
Este informe fue el argumento que empleó la Comisión de Fiscalización del Congreso para sugerir que el Ministerio Público abra una instrucción fiscal contra Palacio.
No obstante, los argumentos de la Comisión liderada por Guillermo Haro (ID), fueron quedando sin sustento con las explicaciones del delegado, quien al final dijo que será la fiscal titular quien en los próximos días presentará un informe relacionado a la mentada instrucción fiscal.
Previo a la comparecencia, César Morales, director de Asesoría de la Fiscalía, recordó que sobre la suplantación de firmas el caso está en indagación fiscal, mientras que el uso doloso de documentos está en instrucción fiscal. En ese proceso, Miguel Robalino, José Velásquez y Yuri Baque están imputados.
Tanto la familia de Robalino como el perito Chaguado denunciaron que hubo presiones políticas para reactivar el caso en contra de Palacio. Incluso, Chaguaro denunció que varios diputados lo llamaron para que defienda la tesis de que el presidente firmó con su puño y letra la recomendación de Robalino para Modersa.
Añadió que su pericia confirma que la rúbrica corresponde a Palacio pero es una firma escaneada.
Nuevas acusaciones
El diputado Carlos González (ID), anunció ayer que presentará nuevas denuncias contra el presidente, Alfredo Palacio.
Durante la comparecencia del fiscal Miguel Palacios, el legislador acusó al primer mandatario de cohecho agravado.
Este se habría producido por el interés del cuñado del mandatario, José Paret, en impulsar el nombramiento de Miguel Robalino en el proyecto Modersa, para conseguir el pago de un contrato con Vatadur con un sobreprecio de 500.000 dólares.
También acusó al mandatario de peculado. Exhibió una serie de facturas del Hotel Colón de Guayaquil, pagadas por Yuri Baque por servicios al primer mandatario, quien en ese establecimiento habría hecho gastos no contemplados en los viáticos de la Presidencia.
Anunció que las denuncias las presentará en los próximos días.
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