En los dos últimos años se han registrado más de 20 mil accidentes de tránsito en el país, el 80% fue causado por los conductores. Hay un nuevo modo de obtener ilegalmente el documento de manejo, con supuesta complicidad policial

SINDICATOS DE CHOFERES: "FÁBRICAS" DE LICENCIAS

Entre 2001 Y 2003, en Pichincha, se pretendieron entregar 1 689 licencias. En tres promociones anteriores se dieron 6 000 permisos.

Entre 1999 y 2001,las escuelas de capacitación de choferes del país emitieron 60 128 licencias profesionales de manejo, con autorización del Consejo Nacional de Tránsito (CNT).

La mayoría de esos "choferes" la obtuvo sin seguir el curso de capacitación, pues recurrió a un mecanismo corrupto: compró el certificado de aprobación del curso y con eso la licencia en las jefaturas provinciales de Tránsito y en la Comisión de Tránsito del Guayas.

Para el período 2001-2003, estaba prevista la emisión de 30 mil licencias, pero el entonces subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, paró la entrega cuando se comprobó que las escuelas de manejo no habían registrado a los aspirantes en el CNT.

De acuerdo a la tarifa oficial de entonces, cada postulante aportó $80. Esto representó un ingreso ilícito de $2,4 millones a la Federación Nacional de Choferes Profesionales. El organismo agrupa a sindicatos provinciales, cantonales y parroquiales.

Entre 2001 y 2003, solo en Pichincha se pretendieron entregar 1 689 licencias, cuenta el actual secretario de Actas del Sindicato de Choferes de esta provincia, Wilson Orozco.

Refiere que en las tres promociones anteriores a 2003, ese sindicato graduó a 6 000 choferes. Para el año siguiente, en Quito se matricularon 246 alumnos que pagaron $370 cada uno, pese a que estaba suspendido el funcionamiento de las escuelas de choferes.

Sin embargo, cuando se cambió la dirigencia solo había $200 en caja.

Por todo esto, el actual secretario general del Sindicato, Jorge Ramírez, inició un juicio de cuentas que se sustancia en el Juzgado 24.º de lo Civil de Pichincha.
Hasta el 27 de enero de 2005, la anterior dirigencia, cuyos principales eran José Llerena y Ubaldino Torres, había manejado el Sindicato por 14 años. Los estatutos establecen que el período es de cuatro años.

Entre las irregularidades que se cometieron en esa administración se detectó que "se pretendía otorgar licencias a personas analfabetas, y se concedieron licencias sportman a quienes no sabían conducir. Esto era una fábrica de hacer billetes...", manifiesta Orozco.
También está la venta de un amplio edificio ubicado en el sector de La Marín, en $4 000, al ex dirigente Jorge Yánez, a pesar de que el Sindicato recibió una propuesta por $90 mil. Existe un juicio colusorio.

Los choferes también entraron en el negocio de las urbanizaciones. En Carapungo se vendieron 25 lotes, de un total de 32, a personas allegadas a los ex dirigentes.
Hay otros dos juicios penales por presunta falsificación de documento privado y por asociación ilícita. (AA/MAR)

Padres de una víctima denuncian a conductores

El 30 de septiembre de 2002, regresaban desde Guayaquil los integrantes de la selección de kárate do de Pichincha en un bus de la cooperativa San Cristóbal. En el kilómetro 16 de la vía Alóag-Santo Domingo, el vehículo chocó con un bus de la empresa Panamericana, que, en su intento de rebasar a dos carros, invadió el carril en el que venía el bus de la San Cristóbal. Este fue embestido en la parte frontal. Hubo ocho muertos, seis pertenecían a la Concentración Deportiva de Pichincha.

El conductor de la Panamericana resultó herido, fue detenido y procesado; cumplió tres años de prisión y ahora está libre. El otro se dio a la fuga.

Entre los fallecidos estuvo Alan David Medina Carrillo, de 16 años de edad, que estudiaba en el Colegio San Gabriel. A los 11 años fue campeón panamericano infantil y por cinco ocasiones fue campeón nacional de kárate infantil y juvenil.

Su sueño era participar en las Olimpiadas.
Sus padres, Édison y Sandra, dicen que la temporada navideña es muy dura para ellos y su otro hijo, Álex Francisco (17 años). "¡Hay tantos recuerdos!". En julio de este año se habría graduado del colegio.

"Nunca pensé que en un accidente iban a morir mi hijo y sus compañeros, eso no lo imagina nadie", dice Édison, quien, al enterarse del suceso, viajó a Santo Domingo con su esposa. Allá le informaron que Alan David había fallecido. El joven tuvo una lesión cerebral; murió de contado.

Édison y Sandra consideran que Alan David les dejó un legado, que consiste en luchar para evitar más accidentes por impericia de los conductores.

Por eso se integraron al movimiento Justicia Vial, que impulsó una acción judicial en contra de la dirigencia nacional y provincial de los choferes, con base en la presunta falsificación de 60 mil licencias y la pretensión de otorgar otras 30 mil bajo el mismo mecanismo.
Dos ministros de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito los separaron del juicio, por no considerarlos "afectados". (AA/MAR)

Excluyen de los juicios a los acusadores

Ex dirigentes de los choferes son procesados

El movimiento Justicia Vial denunció a los anteriores miembros del Sindicato de Choferes de Pichincha y de la Federación Nacional de Choferes del Ecuador.

Se impulsaron dos procesos penales: uno por falsificación de documento privado (licencias) y otro por asociación para delinquir.

En el primer caso, el presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, y la Primera Sala de lo Penal confirmaron la presunción de autoría del delito en contra de cinco imputados. Entre ellos hay miembros del CNT de la época, del Ministerio de Educación (tiene un delegado a las graduaciones) y de los propios choferes.

También se ratificó la detención en firme de los choferes acusados: Eduardo Llerena y Ubaldino Torres (están prófugos). No se confirmó la fianza de $30 millones para cada imputado, dispuesta por Moscoso y se pidió rebajarla a $100 mil.

Pero fueron separados del proceso los acusadores particulares: Guillermo Abad, René Flores, Ernesto Morales, Alexandra Mendoza, Diva Salazar y Édison Medina.
En la segunda causa, el fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, acusó a los imputados en el juicio anterior e incluyó a los ex dirigentes de la Federación Nacional de Transporte, Carlos Villamarín y Jorge Mendoza.
El titular de la Corte debe convocar a audiencia preliminar y a juicio. (AA/MAR)

JUNTEMOS $50 MIL PARA ANULAR LOS PROCESOS LEGALES

El 8 y el 16 de diciembre de 2004, la cúpula anterior barajó soluciones a los juicios instaurados.

Preocupados por el giro que tendrían los juicios, los miembros de la entonces cúpula de la transportación de Pichincha se reunieron el 8 y el 16 de diciembre de 2004.
Asistieron los ex miembros del comité ejecutivo que encabezaban Eduardo Llerena (secretario general), Ubaldino Torres (secretario de actas), Antonio Vivar, Hugo Peñafiel y Manuel Cabezas. También estuvieron Galo Salcedo y Manuel Guachamín.

De las transcripciones de las actas se desprende que había que buscar plata para conseguir la anulación de los juicios.

"Se nos pide $25 mil para terminar con los problemas legales, pero con resultados; en total hay que pagar $50 mil", dice Vivar.

Cabezas: "El doctor Calderón nos dijo que necesita plata, porque le hablé del saldo de los $25 mil; me dijo que debemos de los juicios".

Vivar: "Los abogados informan que es indispensable abonar unos $50 mil: $25 mil la Federación y $25 mil el Sindicato, para pedir y conseguir la anulación de los juicios".

Cabezas: "Nos dicen que tenemos que ver cómo hacer para cubrir nuestra parte, porque Colombo Arteaga y Villamarín van a poner su parte".

Vivar: "El problema es muy difícil, demos un camino definitivo, si no arreglamos seguramente tendremos mayores dificultades".

Galo Salcedo: "Todo es incierto, ya se vendió el edificio, se dio toda la plata a los abogados y nada".
Manuel Guachamín: "¿Quién hizo el contacto para dar los $50 mil, para confiarnos de los archivos de los juicios? Cualquiera de ustedes tiene que acompañar para verificar la entrega". (AA/MAR)

Fallo: ¿coincidencia o consecuencia?

La Comisión de Defensa del Consumidor pidió explicaciones sobre el fundamento de la providencia.

El representante de Justicia Vial, Guillermo Abad, se pregunta si la exclusión de los acusadores particulares de los juicios contra los ex dirigentes de los choferes es una "coincidencia o consecuencia" de las reuniones de diciembre del año pasado.

A su vez, los padres de Alan David Medina Carrillo dudan de la imparcialidad de los jueces. "Yo soy afectado, mi esposa también; todos quienes hemos perdido seres queridos en accidentes de tránsito somos afectados", dice indignado Édison Medina.

La Comisión de Defensa del Consumidor también observó la actuación de los jueces. Todos sus miembros enviaron una carta al presidente de la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, Pablo Jaramillo.

Entre otras cosas, le piden información sobre el fundamento legal en el que se basó la providencia que separó del juicio a los acusadores particulares, que en su mayoría son familiares de víctimas.

En tanto, el Consejo de la Judicatura (CNJ) todavía no se pronuncia sobre el pedido de que se revisara la actuación de los ministros jueces de la sala. (AA/MAR)

Jueces aducen que no hay "ofendidos"

También fueron separados de la causa los actuales dirigentes de la transportación de Pichincha
Pablo Jaramillo, presidente de la Primera Sala de lo Penal, y el conjuez Jaime Chimbo, separaron a los acusadores del proceso por falsificación de documento privado.

En el fallo, consideran que no se halla justificada la personería legítima de quienes fungen de acusadores particulares, "respecto de su calidad de ofendidos".
Sostienen que los delitos denunciados por ellos son ajenos a la materia de ese juicio. Los jueces también excluyeron a la actual dirigencia del Sindicato de Choferes de Pichincha, que se había sumado a la acusación particular.

El tercer ministro de la sala, Alfredo Albuja, no concordó con sus colegas y emitió un voto salvado. Allí señala que no se puede dejar de contar con los acusadores particulares, porque su acusación había sido aceptada a trámite.

BLANCO Y NEGRO acudió a la Corte Superior de Quito para hablar con todos los jueces y, pese a esperarlos durante varias horas en diferentes días, solo logró hablar con Albuja. Los otros no estaban en sus nuevas oficinas.
El ministro consultado manifestó que no puede hacer comentarios sobre los criterios que orientaron el juicio, pero señaló que la decisión tomada por sus compañeros obedecía a que hubo "fallas formales" de los acusadores.
Negó que haya corrido dinero por esa sala. (AA/MAR)

MÁS DE 2.000 PERSONAS FALLECEN EN DOS AÑOS

Pese a la suspensión legal, en Santo Domingo de los Colorados hubo una incorporación de nuevos choferes el último 9 de diciembre.

En los dos últimos años se ha registrado un total de 21 326 accidentes de tránsito a escala nacional.

Como consecuencia se han segado las vidas de más de 2 000 personas, sin contar con millares de lesionados.

Las estadísticas son proporcionadas por el Consejo Nacional de Tránsito (CNT), en cuyo Directorio, integrado por 15 delegados de diferentes instituciones, los choferes profesionales tienen tres representantes.

El mismo organismo refiere que el 80% de los accidentes es ocasionado por los conductores; el 8%, por los peatones, y el 12% obedece a malas condiciones climáticas, malas condiciones de las vías y daños en los mecanismos de los vehículos, entre otros factores.

El subsecretario de Transporte, que al mismo tiempo preside el CNT, Alejandro Lasso, no encuentra conflicto de intereses en el hecho de que choferes sean parte del organismo que diseña las políticas del sector. El Consejo también autoriza el funcionamiento de las escuelas de conducción.

"Los representantes de un sector tienen el derecho de formar parte de un cuerpo colegiado", manifiesta.
Confirma que desde hace dos años están suspendidas las incorporaciones de choferes, tras el escándalo de la falsificación de 30 mil licencias. Antes, entre 1999 y 2001, se entregaron 60 mil.

Dice que el CNT lleva adelante un proceso de evaluación de las escuelas y que al final de este solo quedarán vigentes las que cumplan con la normativa legal. Actualmente existen alrededor de 200 en todo el país.

El propio CNT ha constatado que muchas de ellas solo son fachada. Hubo un caso, en un cantón de Guayas, que en la dirección registrada por la escuela funciona un centro de diversiones. Otras no cuentan con la infraestructura mínima, como aulas funcionales y vehículos para las prácticas.

Pese a ello, el 9 de diciembre pasado se incorporaron 200 nuevos choferes en Santo Domingo de los Colorados. Estos graduados corresponden al período 2001-2003, precisamente el que está suspendido por disposición de la Subsecretaría de Gobierno.

"El acto tomó por sorpresa a la mayoría de los alumnos", reseñó el diario La Hora de esa ciudad.

En el momento de la incorporación, muchos de los alumnos convocados habían sido excluidos de la nómina. Según La Hora, al día siguiente, el secretario del sindicato, Kléver Villacís, dijo que cometió el "error involuntario de no revisar el documento". (AA/MAR)

En Riobamba se falsifican licencias

El 6 de diciembre pasado, la Fiscalía de Riobamba abrió una indagación previa para investigar la falsificación de licencias en Chimborazo.

Según el Juzgado Primero de Tránsito, un promedio de 20 personas denunciaba mensualmente la pérdida de licencias y solicitaba su renovación. La cifra se incrementó a 165 entre octubre y noviembre, porque de pronto se registraron solicitudes de: Morona Santiago, Manabí, Imbabura y Carchi.

Franklin Ocaña, fiscal encargado del caso, declaró que hay indicios reales que llevan a presumir la falsificación de documentos: "Ya hay una orden de detención contra una persona civil que participó en el acto ilegal", manifiesta.

En tanto, la Policía investiga internamente a varios uniformados que estarían implicados en el caso. Ocaña espera abrir la instrucción fiscal en los primeros días de enero.

El agente indicó que en Santo Domingo de los Colorados también hay participación policial en este ilícito. Lo mismo ocurre en Pelileo (Tungurahua), en donde ya se ha dado de baja a tres uniformados por estar implicados en el caso.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador y secretario del Sindicato de Choferes del Chimborazo, dijo que es "lamentable y repudiable" la irresponsabilidad de varios miembros de la Policía, pero exculpó a los transportistas.

Indicó que ha presentado una denuncia sobre el caso de Chimborazo, ante el Ministerio de Gobierno, para que se investigue y sancione a los "malos elementos de las jefaturas y subjefaturas de Tránsito del país".

Asimismo, el subsecretario de Transporte, Alejandro Lasso, dijo que en el tema no tiene nada que ver, porque las investigaciones y las sanciones por estos hechos de corrupción corresponden a la instancia judicial. ( FP)

PUNTO DE VISTA

Sociedad en estado de indefensión

Como si la pérdida de un hijo, un padre, hermano, familiar o amigo en un accidente de tránsito no causara ya suficiente dolor y trauma, los hechos que se narran en esta edición de BLANCO y NEGRO, conmueven la conciencia, al descubrir que vivimos en una sociedad donde el dinero puede comprar todo, incluso la justicia.

No pocas veces se ha dicho que alrededor del tránsito se mueven grandes intereses, porque, por ejemplo, para sacar un cupo a fin de pertenecer a una empresa o cooperativa se requiere de dinero; además porque obtener una licencia profesional cuesta plata y ‘palancas’.

Esto también se revela en este informe, en el que se pone de manifiesto cómo la complicidad entre dirigentes de choferes y policías propicia que personas analfabetas obtengan licencia que los acredita para conducir vehículos de transporte para los cuales no están preparados.

Pero como si esto no fuese ya suficiente razón como para sentir que en el Ecuador las cosas andan mal, la revelación de que unos jueces excluyeron del proceso legal a familiares, como los padres de familia de las víctimas de un accidente, parece una muestra de la descomposición total de nuestra sociedad.

Lo más dramático es la constatación de que los jueces de la causa actúan de esa forma, luego de que los dirigentes de los choferes reunieran $50 mil, “para anular los procesos legales”.

Con semejante evidencia, el Consejo de la Judicatura debe actuar y sancionar a los jueces, para evitar que, como sociedad, nos sintamos en estado de indefensión. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
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en Ciudad Quito

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