Quito. 22 feb 96. Ha caído el telón. Tras un largo debate
jurídico y meses de rumores, la lista de los beneficiarios de
los cheques de gastos reservados de la Vicepresidencia es
pública. Pero está muy lejos de armarse el rompecabezas y en
el torbellino de la publicación de los nombres han naufragado
"justos y pecadores"
PIEZAS QUE ENCAJAN
Tres son los misterios resueltos con la lista. En primer lugar
se pone punto final al monto de los gastos. En segundo, se
comprueba que un porcentaje importante pertenece a
compensaciones salariales. Tercero, la cuenta fue manejada con
gran discrecionalidad, tan alegremente, que por lo menos se
puede hablar de despilfarro, lo que resulta totalmente
incongruente con las exigencias de austeridad hechas a los
ecuatorianos, a través de impuestos, tarifas, precio de los
combustibles.
No obstante la lista, queda por explicar el destino de por lo
menos 13 mil millones de sucres: 10 mil que se manejaron en
efectivo; 1.324 millones en cheques a nombre de o endosados
por el más modesto de los empleados de la Vicepresidencia: el
conserje Luis Andrade y 1.400 millones girados a varios bancos
para comprar divisas.
El MONTO
Los diputados socialcristianos, acusadores del ex
vicepresidente Alberto Dahik, sostuvieron que los gastos
alcanzaban los noventa mil millones de sucres. Asesores de
Dahik, en cambio, hablaron de 45 mil millones. No fue ni lo
uno ni lo otro. Los depósitos del Ministerio de Finanzas en la
cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia totalizaron
21 mil 527 millones. Si Dahik, como lo manifestó en cadena
nacional de televisión, manejó "un tercio del total de gastos
reservados del Gobierno, pues el secretario de la
Administración y la Presidencia de la República", tenían
cuentas iguales, el total ascendería a aproximadamente 66 mil
millones. Una cifra escalofriante, que equivale a casi dos
años del presupuesto total del ministerio de Relaciones
Exteriores: 35 mil millones en 1995. También lo es si se la
compara con lo que gastaron otros gobiernos de esta etapa
democrática en gastos reservados. La administración Durán
Ballén-Dahik habría gastado 21 millones de dólares frente a 9
millones del quinquenio Roldós-Hurtado; 5.7 de León Febres
Cordero y 12 de Rodrigo Borja.
SUELDOS
El primer rubro importante en esta chequera fue el pago
compensaciones salariales. Asciende a 800 millones de sucres.
Originalmente se había mencionado que el monto de pagos por
salarios alcanzaba un 20% del total de los gastos. La realidad
es que ni siquiera es el 5%.
El problema de las compensaciones salariales es más profundo
que si salieron o no de gastos reservados. Refleja la
hipocresía de nuestro sistema político que paga salarios que
no están de acuerdo con lo que gana un profesional calificado
en el sector privado. En consecuencia quienes van al gobierno
o son profesionales que tienen una gran fortuna personal y
están dispuestos "a una conscripción cívica". Las intenciones
de algunos serán cívicas, empero, la mayoría tiene otros
propósitos y ambiciones. Otro grupo de asesores son a
préstamo: las empresas a las que pertenecen los entregan en
comisión de servicios, pagando sus haberes. ¿A quien responde
ese empleado? Al gobierno, o a la empresa que paga su salario
y que sacrifica a su hombre a cambio de tráfico de
influencias. "Este sistema abre las puertas a que los grupos
públicos se llenen de quienes buscan traficar con influencia y
la oportunidad de recibir coimas. Los sueldos desalientan a
los honestos y envalentonan a los deshonestos, que con sus
decisiones favorecen a abastecedores, contratistas o cambian
reglas de juego causándoles beneficios a unas empresas y
perjudican a otras", escribió al respecto el analista Walter
Spurrier.
Indistintamente de los errores de Dahik, uno de sus aciertos
fue que tuvo un buen equipo de asesores, que obviamente no
podían ganar los miserables sueldos del sector público. "Debió
pagárseles de gastos reservados? Quizá el primer año, pero al
segundo debió encontrarse la fórmula para incluir en el
presupuesto sus salarios. Si el gobierno estaba dispuesto a
romper con muchas prácticas incorrectas, debió comenzar por
ésta.
MANEJO ALEGRE
Todos los gobiernos y en todos los países del mundo manejan
gastos reservados. Su carácter de secreto se ha debido a que
por preservar la seguridad e integridad de los estados. los
gobiernos a veces recurren a "trabajos sucios". Mas resulta,
que por una disposición del ministerio de Finanzas, publicada
en el registro oficial de julio de 1993, en Ecuador podrían
ser considerados como gastos reservados todos los gastos
imprevistos de "actividades y proyectos no susceptibles de
programación durante la formulación del presupuesto", lo que
en buen romance significó una chequera secreta gigantesca,
administrada según la discrecionalidad del girador, en este
caso el exvicepresidente Dahik. Ahí precisamente está el
origen del mal, la simiente para el abuso, el despilfarro y
hasta el dolo: "En arca abierta el justo peca"
Durante el gobierno del ingeniero León Febres-Cordero, se
gastó 84 millones de dólares a través de las donaciones de la
Junta Monetaria. Por pedido del presidente Rodrigo Borja, el
Congreso las suspendió definitivamente en 1988. La lista de
donaciones iba desde entrega de caramelos hasta publicaciones
de libros de primeros auxilios.
Muchos de los actuales gastos de la cuenta de la
Vicepresidencia son similares a aquellos de las donaciones y
responden simplemente a una práctica de clientelismo político,
terriblemente perjudicial. Así se ha ayudado desde a los
choferes del Carchi para un congreso, hasta un Club de
Jardinería de Portoviejo para una exposición de flores.
Dos sectores han sido especialmente favorecidos: la iglesia y
los deportes. Las donaciones a ciertas comunidades religiosas
suman: 430 millones. No es la primera vez que un gobierno
colabora con la Iglesia. Sin embargo, anteriormente so lo ha
hecho a través de convenios públicos. Por ejemplo aquellos
hechos con la conferencia Episcopal para el desayuno escolar o
la compra de papeles de deuda externa para posteriormente
adquirir tierras para las comunidades indígenas. También están
los convenios para la restauración de templos afectados por el
terremoto de 1987. Sin embargo en este caso, la colaboración
ha sido para parroquias específicas, algunas de las cuales no
son modestas: la Iglesia Claretiana en Urdesa y la de la
Kennedy Norte en Guayaquil; el Girón en Quito y el Cisne en
Loja. El aporte a las madres salesianas para construir un
albergue para niñas de la calle es más justo, porque ese
problema social le corresponde solucionar al gobierno. Pero
¿por qué no se lo presupuestó en los egresos regulares?
En cuanto a los deportes, hay cheques a varias federaciones y
también a deportistas como Segundo Mercado. Probablemente,
también se cubrió la venida del ex campeón mundial Muhamad
Alli y el cuestionado promotor Don King, quien tuvo
tratamiento de rey. ¿Convenía todo este despliegue? No. No
obstante, detrás de esta movilización estaba el diputado
conservador Leonardo Escobar
Otro de los gastos más voluminosos corresponde a sondeos,
asesoría política y campañas publicitarias: 1275 millones.
Ningún gobierno funciona sin encuestas y sin la promoción de
sus tesis, pero debería hacerlo a través de un presupuesto
público y no de gastos reservados. lo que da origen a
distorsiones y hasta abusos. El caso de la fallida compra de
Radio Democracia es uno. Además debería conocerse con claridad
de dónde provienen las promociones de ciertas tesis. No como
ocurrió en la Consulta de 1994 sobre los independientes, en
que la campaña en pro de ella se atribuyó a una fundación
privada, y resultó que se habría pagado de gastos reservados.
INDELICADEZA
Hay ejemplos de gastos menores, que denotan por lo menos
indelicadeza. El pago de 10 millones a Mario Rocha piloto del
ex vicepresidente; el transformador y el arreglo de la cancha
de tenis de la quinta Chillo Jijón. donde el ex vicepresidente
descansaba el fin de semana y que no era pagada por el
gobierno, sino por el economista Dahik. Finalmente en la larga
lista de beneficiarios, hay varias empresas que pese al
esfuerzo de nuestro equipo de investigación no pudieron ser
localizadas en Quito, Guayaquil o Cuenca. Son el caso de
Agencia Días (53 millones) Alpha (38 millones) Edhe (ll
millones), Prodefensa (6 millones)
LOS MISTERIOS
Pero el mayor misterio está en los diez mil millones pagados
en efectivo, cuyos justificativos sólo conoció el contralor y
en los cheques al portador, algunos de cuyos endosos son
ilegibles y probablemente nunca se conocerán. Ahí
probablemente está lo que el país esperaba al publicarse la
famosa lista: los diputados, jueces, etc. que recibieron un
pago por aprobar proyectos que beneficiaban al gobierno o por
salvar ministros. Y este torbellino, arrastró a personas que
honestamente vendieron sus servicios o recibieron una justa
ayuda. Debió investigarse antes de hacerse públicos los
nombres, en lugar de publicarlos para luego investigar.
Pagaron justos por pecadores.
Por Carlos Jijón.
La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Solórzano, declaró nulidad absoluta, mediante
providencia, del decreto del presidente Sixto Durán Ballén,
mediante el cual se clasificaba como reservados los
microfilmes y documentos que contienen el detalle de las
cuentas bancarias de los secretarios del vicepresidente
Alberto Dahik. Acto seguido, incorporó al proceso los informes
de los peritos sobre e examen de dichas cuentas bancarias,
alegando que no encontraba que los mismos "afecten en modo
alguno a la seguridad interna y externa del Estado, ni al
mantenimiento del orden público, y por el contrario,
contribuyen al mejor esclarecimiento de los hechos del
proceso, sin que haya necesidad de que se consideren
reservados o secretos"
"Mediante esa cuestionable providencia", según la describe el
jurista Milton Alava, Solórzano cortó de un solo tajo las
dificultades y no sólo hizo pública información reservada,
sino que involucró en el proceso a más de 200 personas, por lo
que la etapa sumarial se prolongará indefinidamente.
LOS HECHOS
Las dificultades de Solórzano empezaron en octubre del año
pasado, cuando el presidente Durán Ballén expidió el Decreto
Reservado N+ 64, mediante el cual clasificaba como reservada
la documentación referente al manejo de las cuentas bancarias
de los secretarios del vicepresidente Dahik.
El decreto fue impugnado por los diputados Italo Ordoñez y
Diego Delgado, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales,
que sin embargo no podía llegar a conocerlo siquiera, porque
dicho decreto también había sido clasificado como reservado.
Levantada dicho decreto también había sido clasificado como
reservado. Levanta dicha reserva por el mismo presidente de la
República, el Tribunal de Garantías no pudo, sin embargo,
llegar a una resolución por no lograr reunir los votos
suficientes para ello.
¿ESTA SOLORZANO ACTUANDO LEGALMENTE?
No obstante que nunca se levantó la reserva de los
microfilmes, ni el Tribunal de Garantías lo declarara
inconstitucional, el propio presidente de la República
permitió que a mediados de diciembre, un equipo de peritos
designados por Solórzano, estudiara los mismos y emitiera un
informe. Emitido éste, Solórzano emitió la providencia que
"desestima las disposiciones del Decreto Ejecutivo en mención,
en cuanto éstas pretenden sustraer inconstitucional e
ilegalmente y de modo incidental, prueba documental que debe
incorporarse al proceso"
LOS ARGUMENTOS
¿Con qué base actuó Solórzano? Sus principales argumentos son
los siguientes:
1.- El juez consideró la expedición del decreto reservado como
un incidente procesal, porque impidió el reconocimiento de la
prueba documental depositada en las bóvedas de seguridad del
Banco Central. Lo que, según Solórzano, "traduce objetivamente
la intención de incidentar el proceso, estorbando y
entorpeciendo el normal desarrollo del sumario, puesto que al
calificarlo de secreta prohibe su divulgación a través de su
incorporación a un proceso penal que es público"
2.- Según el juez, el decreto reservado no tiene fuerza
obligatoria, debido a la nulidad absoluta y manifiesta que lo
invalida de pleno derecho. Basa esa nulidad en el art. 94 del
estatuto del régimen Administrativo de la Función Ejecutiva,
que prescribe que no son susceptibles de convalidación alguna
los actos administrativos que adolezcan de vicios insanables.
Solórzano sostiene que dicho derecho ha vulnerado la
Constitución de la República y varias leyes secundarias.
En consecuencia, Solórzano concluye que "el Decreto Ejecutivo
llamado reservado no es más que una episódica y circunstancial
interferencia en el proceso penal, que deviene de una
inconstitucional intromisión del señor presidente de la
República, en los asuntos propios de la administración de
justicia. En consecuencia, por ser evidentemente
inconstitucional e ilegal el Decreto Ejecutivo en referencia,
atentatorio a lo dispuesto en el art. 97 de la Constitución,
no tiene valor ni efecto jurídico alguno"
¿CONTRADICCIONES?
La declaratoria de nulidad del decreto parece sin embargo
estar viciada en su base. Según la Constitución solo
corresponde al Tribunal Constitucional la capacidad para
declarar si un decreto es constitucional o no. "La
declaratoria de inconstitucionalidad o legalidad de un decreto
ejecutivo debe hacerse por los órganos competentes", aclara el
Dr. Hernán Pérez Loose, experto en derecho constitucional. "Y
el órgano competente es el Tribunal Constitucional o el
Tribunal de lo contencioso Administrativo. Si bien la
Constitución prevé que los jueces pueden suspender la vigencia
de una norma inconstitucional, la misma ley suprema aclara que
esa facultad le está permitida solo a los tribunales de ultima
instancia, y el presidente de la Corte Suprema no lo es"
No todos están de acuerdo: "Creo que el presidente de la
suprema tenía facultad para descartar un Decreto al margen d
la Constitución, pero solo para un caso específico", dice el
Dr. León Roldós Aguilera, rector de la universidad de
Guayaquil. "Pero la frase por la cual declara nulo el decreto
podría dar a entender que se lo desconoce totalmente, lo cual
estaría al margen de la Constitución. De todas maneras, creo
que está haciendo bien a la Justicia"
La respuesta de Durán Ballén, sin embargo, resulta incoherente
al no demanda la inconstitucionalidad de la providencia. Tan
contradictoria como la de Solórzano, que a pesar de que en su
providencia acusa al presidente de "inmiscuirse interrumpiendo
el desenvolvimiento sumarial y la acción de la justicia", no
lo sindica. "Esta providencia es un precedente funesto en la
estabilidad de las instituciones", concluye el Dr. César
Coronel, ex decano de Jurisprudencia de la Universidad
Católica de Guayaquil. (VISTAZO Feb. 8. 96)
jurídico y meses de rumores, la lista de los beneficiarios de
los cheques de gastos reservados de la Vicepresidencia es
pública. Pero está muy lejos de armarse el rompecabezas y en
el torbellino de la publicación de los nombres han naufragado
"justos y pecadores"
PIEZAS QUE ENCAJAN
Tres son los misterios resueltos con la lista. En primer lugar
se pone punto final al monto de los gastos. En segundo, se
comprueba que un porcentaje importante pertenece a
compensaciones salariales. Tercero, la cuenta fue manejada con
gran discrecionalidad, tan alegremente, que por lo menos se
puede hablar de despilfarro, lo que resulta totalmente
incongruente con las exigencias de austeridad hechas a los
ecuatorianos, a través de impuestos, tarifas, precio de los
combustibles.
No obstante la lista, queda por explicar el destino de por lo
menos 13 mil millones de sucres: 10 mil que se manejaron en
efectivo; 1.324 millones en cheques a nombre de o endosados
por el más modesto de los empleados de la Vicepresidencia: el
conserje Luis Andrade y 1.400 millones girados a varios bancos
para comprar divisas.
El MONTO
Los diputados socialcristianos, acusadores del ex
vicepresidente Alberto Dahik, sostuvieron que los gastos
alcanzaban los noventa mil millones de sucres. Asesores de
Dahik, en cambio, hablaron de 45 mil millones. No fue ni lo
uno ni lo otro. Los depósitos del Ministerio de Finanzas en la
cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia totalizaron
21 mil 527 millones. Si Dahik, como lo manifestó en cadena
nacional de televisión, manejó "un tercio del total de gastos
reservados del Gobierno, pues el secretario de la
Administración y la Presidencia de la República", tenían
cuentas iguales, el total ascendería a aproximadamente 66 mil
millones. Una cifra escalofriante, que equivale a casi dos
años del presupuesto total del ministerio de Relaciones
Exteriores: 35 mil millones en 1995. También lo es si se la
compara con lo que gastaron otros gobiernos de esta etapa
democrática en gastos reservados. La administración Durán
Ballén-Dahik habría gastado 21 millones de dólares frente a 9
millones del quinquenio Roldós-Hurtado; 5.7 de León Febres
Cordero y 12 de Rodrigo Borja.
SUELDOS
El primer rubro importante en esta chequera fue el pago
compensaciones salariales. Asciende a 800 millones de sucres.
Originalmente se había mencionado que el monto de pagos por
salarios alcanzaba un 20% del total de los gastos. La realidad
es que ni siquiera es el 5%.
El problema de las compensaciones salariales es más profundo
que si salieron o no de gastos reservados. Refleja la
hipocresía de nuestro sistema político que paga salarios que
no están de acuerdo con lo que gana un profesional calificado
en el sector privado. En consecuencia quienes van al gobierno
o son profesionales que tienen una gran fortuna personal y
están dispuestos "a una conscripción cívica". Las intenciones
de algunos serán cívicas, empero, la mayoría tiene otros
propósitos y ambiciones. Otro grupo de asesores son a
préstamo: las empresas a las que pertenecen los entregan en
comisión de servicios, pagando sus haberes. ¿A quien responde
ese empleado? Al gobierno, o a la empresa que paga su salario
y que sacrifica a su hombre a cambio de tráfico de
influencias. "Este sistema abre las puertas a que los grupos
públicos se llenen de quienes buscan traficar con influencia y
la oportunidad de recibir coimas. Los sueldos desalientan a
los honestos y envalentonan a los deshonestos, que con sus
decisiones favorecen a abastecedores, contratistas o cambian
reglas de juego causándoles beneficios a unas empresas y
perjudican a otras", escribió al respecto el analista Walter
Spurrier.
Indistintamente de los errores de Dahik, uno de sus aciertos
fue que tuvo un buen equipo de asesores, que obviamente no
podían ganar los miserables sueldos del sector público. "Debió
pagárseles de gastos reservados? Quizá el primer año, pero al
segundo debió encontrarse la fórmula para incluir en el
presupuesto sus salarios. Si el gobierno estaba dispuesto a
romper con muchas prácticas incorrectas, debió comenzar por
ésta.
MANEJO ALEGRE
Todos los gobiernos y en todos los países del mundo manejan
gastos reservados. Su carácter de secreto se ha debido a que
por preservar la seguridad e integridad de los estados. los
gobiernos a veces recurren a "trabajos sucios". Mas resulta,
que por una disposición del ministerio de Finanzas, publicada
en el registro oficial de julio de 1993, en Ecuador podrían
ser considerados como gastos reservados todos los gastos
imprevistos de "actividades y proyectos no susceptibles de
programación durante la formulación del presupuesto", lo que
en buen romance significó una chequera secreta gigantesca,
administrada según la discrecionalidad del girador, en este
caso el exvicepresidente Dahik. Ahí precisamente está el
origen del mal, la simiente para el abuso, el despilfarro y
hasta el dolo: "En arca abierta el justo peca"
Durante el gobierno del ingeniero León Febres-Cordero, se
gastó 84 millones de dólares a través de las donaciones de la
Junta Monetaria. Por pedido del presidente Rodrigo Borja, el
Congreso las suspendió definitivamente en 1988. La lista de
donaciones iba desde entrega de caramelos hasta publicaciones
de libros de primeros auxilios.
Muchos de los actuales gastos de la cuenta de la
Vicepresidencia son similares a aquellos de las donaciones y
responden simplemente a una práctica de clientelismo político,
terriblemente perjudicial. Así se ha ayudado desde a los
choferes del Carchi para un congreso, hasta un Club de
Jardinería de Portoviejo para una exposición de flores.
Dos sectores han sido especialmente favorecidos: la iglesia y
los deportes. Las donaciones a ciertas comunidades religiosas
suman: 430 millones. No es la primera vez que un gobierno
colabora con la Iglesia. Sin embargo, anteriormente so lo ha
hecho a través de convenios públicos. Por ejemplo aquellos
hechos con la conferencia Episcopal para el desayuno escolar o
la compra de papeles de deuda externa para posteriormente
adquirir tierras para las comunidades indígenas. También están
los convenios para la restauración de templos afectados por el
terremoto de 1987. Sin embargo en este caso, la colaboración
ha sido para parroquias específicas, algunas de las cuales no
son modestas: la Iglesia Claretiana en Urdesa y la de la
Kennedy Norte en Guayaquil; el Girón en Quito y el Cisne en
Loja. El aporte a las madres salesianas para construir un
albergue para niñas de la calle es más justo, porque ese
problema social le corresponde solucionar al gobierno. Pero
¿por qué no se lo presupuestó en los egresos regulares?
En cuanto a los deportes, hay cheques a varias federaciones y
también a deportistas como Segundo Mercado. Probablemente,
también se cubrió la venida del ex campeón mundial Muhamad
Alli y el cuestionado promotor Don King, quien tuvo
tratamiento de rey. ¿Convenía todo este despliegue? No. No
obstante, detrás de esta movilización estaba el diputado
conservador Leonardo Escobar
Otro de los gastos más voluminosos corresponde a sondeos,
asesoría política y campañas publicitarias: 1275 millones.
Ningún gobierno funciona sin encuestas y sin la promoción de
sus tesis, pero debería hacerlo a través de un presupuesto
público y no de gastos reservados. lo que da origen a
distorsiones y hasta abusos. El caso de la fallida compra de
Radio Democracia es uno. Además debería conocerse con claridad
de dónde provienen las promociones de ciertas tesis. No como
ocurrió en la Consulta de 1994 sobre los independientes, en
que la campaña en pro de ella se atribuyó a una fundación
privada, y resultó que se habría pagado de gastos reservados.
INDELICADEZA
Hay ejemplos de gastos menores, que denotan por lo menos
indelicadeza. El pago de 10 millones a Mario Rocha piloto del
ex vicepresidente; el transformador y el arreglo de la cancha
de tenis de la quinta Chillo Jijón. donde el ex vicepresidente
descansaba el fin de semana y que no era pagada por el
gobierno, sino por el economista Dahik. Finalmente en la larga
lista de beneficiarios, hay varias empresas que pese al
esfuerzo de nuestro equipo de investigación no pudieron ser
localizadas en Quito, Guayaquil o Cuenca. Son el caso de
Agencia Días (53 millones) Alpha (38 millones) Edhe (ll
millones), Prodefensa (6 millones)
LOS MISTERIOS
Pero el mayor misterio está en los diez mil millones pagados
en efectivo, cuyos justificativos sólo conoció el contralor y
en los cheques al portador, algunos de cuyos endosos son
ilegibles y probablemente nunca se conocerán. Ahí
probablemente está lo que el país esperaba al publicarse la
famosa lista: los diputados, jueces, etc. que recibieron un
pago por aprobar proyectos que beneficiaban al gobierno o por
salvar ministros. Y este torbellino, arrastró a personas que
honestamente vendieron sus servicios o recibieron una justa
ayuda. Debió investigarse antes de hacerse públicos los
nombres, en lugar de publicarlos para luego investigar.
Pagaron justos por pecadores.
Por Carlos Jijón.
La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Solórzano, declaró nulidad absoluta, mediante
providencia, del decreto del presidente Sixto Durán Ballén,
mediante el cual se clasificaba como reservados los
microfilmes y documentos que contienen el detalle de las
cuentas bancarias de los secretarios del vicepresidente
Alberto Dahik. Acto seguido, incorporó al proceso los informes
de los peritos sobre e examen de dichas cuentas bancarias,
alegando que no encontraba que los mismos "afecten en modo
alguno a la seguridad interna y externa del Estado, ni al
mantenimiento del orden público, y por el contrario,
contribuyen al mejor esclarecimiento de los hechos del
proceso, sin que haya necesidad de que se consideren
reservados o secretos"
"Mediante esa cuestionable providencia", según la describe el
jurista Milton Alava, Solórzano cortó de un solo tajo las
dificultades y no sólo hizo pública información reservada,
sino que involucró en el proceso a más de 200 personas, por lo
que la etapa sumarial se prolongará indefinidamente.
LOS HECHOS
Las dificultades de Solórzano empezaron en octubre del año
pasado, cuando el presidente Durán Ballén expidió el Decreto
Reservado N+ 64, mediante el cual clasificaba como reservada
la documentación referente al manejo de las cuentas bancarias
de los secretarios del vicepresidente Dahik.
El decreto fue impugnado por los diputados Italo Ordoñez y
Diego Delgado, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales,
que sin embargo no podía llegar a conocerlo siquiera, porque
dicho decreto también había sido clasificado como reservado.
Levantada dicho decreto también había sido clasificado como
reservado. Levanta dicha reserva por el mismo presidente de la
República, el Tribunal de Garantías no pudo, sin embargo,
llegar a una resolución por no lograr reunir los votos
suficientes para ello.
¿ESTA SOLORZANO ACTUANDO LEGALMENTE?
No obstante que nunca se levantó la reserva de los
microfilmes, ni el Tribunal de Garantías lo declarara
inconstitucional, el propio presidente de la República
permitió que a mediados de diciembre, un equipo de peritos
designados por Solórzano, estudiara los mismos y emitiera un
informe. Emitido éste, Solórzano emitió la providencia que
"desestima las disposiciones del Decreto Ejecutivo en mención,
en cuanto éstas pretenden sustraer inconstitucional e
ilegalmente y de modo incidental, prueba documental que debe
incorporarse al proceso"
LOS ARGUMENTOS
¿Con qué base actuó Solórzano? Sus principales argumentos son
los siguientes:
1.- El juez consideró la expedición del decreto reservado como
un incidente procesal, porque impidió el reconocimiento de la
prueba documental depositada en las bóvedas de seguridad del
Banco Central. Lo que, según Solórzano, "traduce objetivamente
la intención de incidentar el proceso, estorbando y
entorpeciendo el normal desarrollo del sumario, puesto que al
calificarlo de secreta prohibe su divulgación a través de su
incorporación a un proceso penal que es público"
2.- Según el juez, el decreto reservado no tiene fuerza
obligatoria, debido a la nulidad absoluta y manifiesta que lo
invalida de pleno derecho. Basa esa nulidad en el art. 94 del
estatuto del régimen Administrativo de la Función Ejecutiva,
que prescribe que no son susceptibles de convalidación alguna
los actos administrativos que adolezcan de vicios insanables.
Solórzano sostiene que dicho derecho ha vulnerado la
Constitución de la República y varias leyes secundarias.
En consecuencia, Solórzano concluye que "el Decreto Ejecutivo
llamado reservado no es más que una episódica y circunstancial
interferencia en el proceso penal, que deviene de una
inconstitucional intromisión del señor presidente de la
República, en los asuntos propios de la administración de
justicia. En consecuencia, por ser evidentemente
inconstitucional e ilegal el Decreto Ejecutivo en referencia,
atentatorio a lo dispuesto en el art. 97 de la Constitución,
no tiene valor ni efecto jurídico alguno"
¿CONTRADICCIONES?
La declaratoria de nulidad del decreto parece sin embargo
estar viciada en su base. Según la Constitución solo
corresponde al Tribunal Constitucional la capacidad para
declarar si un decreto es constitucional o no. "La
declaratoria de inconstitucionalidad o legalidad de un decreto
ejecutivo debe hacerse por los órganos competentes", aclara el
Dr. Hernán Pérez Loose, experto en derecho constitucional. "Y
el órgano competente es el Tribunal Constitucional o el
Tribunal de lo contencioso Administrativo. Si bien la
Constitución prevé que los jueces pueden suspender la vigencia
de una norma inconstitucional, la misma ley suprema aclara que
esa facultad le está permitida solo a los tribunales de ultima
instancia, y el presidente de la Corte Suprema no lo es"
No todos están de acuerdo: "Creo que el presidente de la
suprema tenía facultad para descartar un Decreto al margen d
la Constitución, pero solo para un caso específico", dice el
Dr. León Roldós Aguilera, rector de la universidad de
Guayaquil. "Pero la frase por la cual declara nulo el decreto
podría dar a entender que se lo desconoce totalmente, lo cual
estaría al margen de la Constitución. De todas maneras, creo
que está haciendo bien a la Justicia"
La respuesta de Durán Ballén, sin embargo, resulta incoherente
al no demanda la inconstitucionalidad de la providencia. Tan
contradictoria como la de Solórzano, que a pesar de que en su
providencia acusa al presidente de "inmiscuirse interrumpiendo
el desenvolvimiento sumarial y la acción de la justicia", no
lo sindica. "Esta providencia es un precedente funesto en la
estabilidad de las instituciones", concluye el Dr. César
Coronel, ex decano de Jurisprudencia de la Universidad
Católica de Guayaquil. (VISTAZO Feb. 8. 96)
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