¿Habrá tiempo para que el régimen reacomode su ánimo y su discurso y emprenda en el 2006 un intento postrero por la Asamblea Constituyente?
¿Debe seguir siendo ese el principal caballo de su batalla contra la estructura caduca del Estado que se ha empeñado en denunciar, pero poco en combatir?
Al día siguiente de su más contundente derrota, el Ejecutivo no sabe cómo lidiar con una oferta que, de tanto manoseo, se la estropeó casa adentro: la Asamblea parece hoy estar más muerta que nunca, aunque de su deceso, varios actores políticos y sociales se lo advirtieron hace
ya algún tiempo.
Hoy, los analistas consultados piensan que, a ocho meses de iniciado el Gobierno, la propuesta de Asamblea, previa una consulta, no fue la mejor idea.
Adrián Bonilla (director de la Flacso) ve más importante garantizar unas elecciones limpias para el 2006.
Y para José Luis Ortiz, sociólogo y abogado, no solo debe garantizárselas, sino adelantar su fecha, pues las decisiones de una eventual Constituyente deben corresponder a un nuevo Gobierno, que llegaría maniatado por las decisiones de una Asamblea realizada durante este
régimen.
De cualquier modo, parece decidido el réquiem de la que el presidente Alfredo Palacio llamó la razón de ser mi Gobierno. Y, aún más claro, que una reforma no intentada a tiempo, equivale a una reforma no existente.
Adrián Bonilla, Academico
La prioridad son unas elecciones transparentes
El momento político parece indicarnos que no existe la posibilidad de un consenso. ¿Se puede construirlos? ¿Cómo?
Estos consensos son necesarios, pues necesitamos dos o tres reglas de juego básicas, que permitan que el Ecuador construya alrededor de ellas cierta idea de Estado de Derecho.
Esto consiste básicamente en que la sociedad regula sus conflictos mediante la aplicación de la ley, que esta ley es legítima y aceptada por todos. Supone entonces el principio fundamental y sencillo de democracia, de que los ciudadanos son iguales políticamente ante la ley; que no hay ciudadanos que puedan evadirla, y que quienes lo hacen pagan un costo por esta conducta.
¿Estamos entonces viviendo fuera del Estado de Derecho y sin democracia?
No estamos viviendo un Estado de Derecho. Pero esto no quiere decir que no podamos vivir en un Estado de Derecho.
La reconstrucción de la Corte Suprema es un paso interesante, pues puede dar paso a la constitución del Tribunal Constitucional, si es que logra nombrar sus delegados.
Y este Tribunal finalmente podría ir resolviendo los casos centrales que ahora están a la libre interpretación de cualquier actor político.
En medio de este proceso, ¿cuál es ahora la prioridad?
Tener unas elecciones lo más limpias y transparente posibles. Que originen un gobierno legítimo y fuerte y un Parlamento más legítimo que el actual, el cual lentamente pueda asumir varios de los puntos que a lo mejor se van a quedar pendientes en este año de transición.
¿Ve el peligro de que tengamos unas elecciones que terminen en lo mismo?
Si las cosas no se dan podríamos volver a tener un Gobierno extremadamente débil, con un Parlamento que se ilegitima muy rápidamente, lo que vuelve a generar los problemas que hemos tenido los últimos diez años para gobernar la sociedad; con pugnas entre los poderes; con
ciudadanos que desobedecen constantemente la ley; con Tribunales Electorales en donde se eligen Presidentes a los representantes de los partidos que más violaron la ley de elecciones y de gasto electoral.
En fin, ese tipo de cosas que van deteriorando las instituciones muy rápidamente, y que no garantizan estabilidad política.
Tras el nuevo fracaso de la consulta, ahora el Congreso la emprenderá contra el Ejecutivo, creando una nueva crisis
Los actores políticos juegan a suponer que tienen poder cuando no lo tienen. Es difícil que un Congreso como el que tenemos en estos momentos tenga la capacidad de botar un presidente, por débil que este sea, con la misma facilidad como se botó a otros presidentes.
El Congreso es un Congreso débil, como el Presidente es un Presidente débil. Una batalla entre instituciones débiles solamente acelera la erosión y el desgaste de esas mismas instituciones.
El Congreso ha sido incapaz de producir alternativas, no ha podido levantar el candado constitucional ni generar una reforma mínima. Ni los partidos, ni los congresistas están hablando de contenidos.
¿Cree que sea posible hacerlo en este momento prelectoral y en estas condiciones?
Creo que la agenda de la reforma política es extremadamente amplia. Y esta tiene que ver también con la descentralización equitativa y a la desvinculación de los organismos de control de los grupos de poder. Pero los ecuatorianos tenemos que tener prioridades y una urgencia es tener elecciones limpias.
¿Cómo consolidar una s elecciones limpias?
Podemos concentrar la discusión y encontrar consensos. Por ejemplo, la idea de una Función Electoral que se divida en dos tipos de competencia, una para organizar las elecciones y otra para juzgar las infracciones; la idea de que la Función Electoral no sea una caja de resonancia de las entidades representadas en el Congreso es una idea compartida por todos.
Se puede lograr algún consenso que nos permita tener un margen urgente de reforma, para llegar a unas elecciones que legitimen a al próximo Gobierno. Lo más saludable para el Ecuador, ahora, es tener elecciones.
¿Deberíamos tener una agenda de reforma política?
Sí, pero no estoy seguro que puedan ser asumidos todos los temas, simultáneamente, en estos momentos.
Lo primero ,insisto, tiene que ver con el sistema electoral y el régimen de partidos políticos, en términos de generación de democracia, de división de funciones del Tribunal Electoral, de autonomía e independencia respecto del Congreso y de los partidos políticos.
¿Cuáles son los otros temas de la reforma?
Creo que un segundo tema tiene que ver con las relaciones entre ejecutivo y legislativo, que se han caracterizado los últimos 25 años por el chantaje mutuo o las estrategias de cooptación entre las dos funciones, que terminan en pugna de poderes. No hay incentivos para que el Congreso coopere.
Los Congresos en el Ecuador tienen incentivos para bloquear al Ejecutivo y viceversa. No hay responsabilidades por parte del Parlamento en la tarea gubernativa.
Entonces un Congreso que no tienen responsabilidades, no tiene incentivos para asociarse con el ejecutivo en la tarea gubernamental.
El Congreso no responde ante nadie. Entonces, el sistema de una u otra manera incentiva a la oposición antes que a la cooperación.
¿Como quitar esa visión. Porque, finalmente, eso a marcado los últimos veinticinco años?
Es parte de la arquitectura institucional sobre la que el Ecuador se levanta. Aquí de lo que se trata es de reconstruir el principio de representación, y eso es una de las cosas que tiene que enfrentar la reforma política.
¿Cuáles son los otros temas de la agenda?
Tienen que ver con replantear las relaciones entre civiles y militares y el papel de unas FF.AA. sometidas al poder civil; con la realización de una descentralización efectiva e igualitaria, y con la depuración de los órganos de control.
José Luis Ortiz, Consultor
El Presidente se ha ido quedando sin soportes
Una vez que el Gobierno admitió su derrota frente al Congreso y este bloqueó la posibilidad de una consulta popular, ¿qué pasará?
El Congreso aparece fortalecido y no hay ninguna posibilidad de que la sociedad civil se movilice para imponerse sobre los intereses del Congreso Nacional.
El Presidente de la República no tiene legitimidad para convocar a la colectividad a fin de que eso ocurra y hoy por hoy lo único que hay que esperar es que el Presidente, consciente de que no tiene a nadie junto a él, pida al Congreso el adelanto de elecciones.
¿Alfredo Palacio desaprovechó su momento político?
Yo creo que el Presidente no tiene apoyo ni legitimidad de ningún sector del país, ni siquiera puede apuntalar su imagen en las Fuerzas Armadas, porque están totalmente desprestigiadas.
Yo creo que habría que acudir, incluso para salvar la situación del país, a la Iglesia Católica, y a los alcaldes de las ciudades más importantes del país. O sea, encontrar instancias que no son constitucionales, pero que son institucionales y son bases para llegar a acuerdos ahora, y determinar lo que el país necesita e imponerle una agenda al Presidente.
Pero eso no se da,A medida que ha transcurrido el tiempo, el Presidente se ha ido quedando sin soportes. Los mismos movimientos sociales, y específicamente el movimiento indígena, han dejado de apoyar su idea de la Asamblea.
Pero podrían apoyarla siempre y cuando se consulten cosas que realmente no se pueden consultar como, por ejemplo, la terminación del convenio de la base de Manta y la no suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC).
¿Si el momento del Presidente ya pasó, de haberse viabilizado la consulta popular, el pueblo habría dicho que no?
La convocatoria a una consulta puede significar más bien una pregunta a la gente en el sentido de si está de acuerdo o no con la gestión del Presidente de la República.
Normalmente así se lo entiende y así se ha pronunciado el pueblo. Recordemos que en el gobierno de León Febres Cordero se le consultó al pueblo si querían la participación de los independientes en contra de los partidos políticos cosa que era sentida por el pueblo.
Sin embargo, el pueblo se manifestó diciendo que no. Entonces, es probable que si las preguntas son convenientes para la transformación política e institucional del país, el pueblo igual se puede pronunciar con que no está de acuerdo.
Pero para este caso se trataba de una sola pregunta, ¿habría corrido la misma suerte?
Hay que considerar que la Asamblea Constituyente tiene que especificar cuál es la agenda política que va a resolver para que haya un acuerdo nacional.
¿La maniobra del Congreso y la derrota admitida por Palacio, desarmó también a la ciudadanía?
La ciudadanía no es que ha estado desarticulada, sino que no tiene formas de organización a través de las cuales expresar su posición.
Los llamados movimientos sociales son una ínfima minoría en relación con la ciudadanía en su conjunto, mientras que los partidos políticos no son instrumentos que canalicen las aspiraciones de la ciudadanía, y frente a la fuerza del Congreso se han impuesto finalmente los partidos políticos sobre la ciudadanía, no se ve liderazgo para que la ciudadanía exija al Congreso los cambios fundamentales.
Por eso, lo único que tiene que hacer el Presidente, huérfano de todo apoyo, es pedir al Congreso Nacional que convoque a elecciones anticipadas.
¿O debería insistir en la Constituyente?
En estos momentos, tanto la autoridad moral del Presidente como la autoridad moral del Congreso no son suficientes soportes como para que se convoque a una Asamblea Constituyente.
La convocatoria solo puede hacerla un presidente que ingrese con todo el apoyo electoral; incluso, si (el nuevo mandatario) tiene una visión de responsabilidad con la patria, debería poner a disposición del pueblo su designación, esa sería la manera de fortalecer la presencia de un nuevo presidente de la República.
¿De haberse convocado a una consulta y si hubiera ganado la tesis de la Asamblea, el próximo presidente habría quedado maniatado?
Sí, porque la Asamblea Constituyente, teniendo plenos poderes, podría pronunciarse en el sentido de que no hayan elecciones o de que estas se adelanten.
Su propuesta de adelantar los comicios nos regresa al mismo círculo vicioso, pues la decisión la debe tomar el Legislativo y ya los diputados han dicho que esa figura no existe en la Constitución.
Pero el Congreso tiene las atribuciones de resolver el levantamiento del candado constitucional, reformar la Carta Magna y que se convoque a elecciones. Al país no le queda más alternativa, porque no hay un gobierno.
¿Pero a cuántos meses debería anticiparse los comicios, porque el año entrante de por sí es electoral?
Debe ser inmediato. El Congreso debería reunirse esta misma semana o la próxima y convocar a elecciones para dentro de dos meses, porque el Presidente no tiene ninguna legitimidad para que continúe en funciones.
¿Qué pasa si se mantiene?
Imagínese un año más de gobierno en esta situación. El país necesita con urgencia resolver el problema de las instituciones y el económico, porque este Presidente no hace absolutamente nada para eso.
¿Eso implica reconocer un desgobierno?.
Pero es que existe un desgobierno total.
¿Qué le corresponde resolver al próximo jefe de Estado?
Hay una serie de temas pendientes.
La gran pregunta es ¿qué pasa con los proyectos de reactivación económica que ofreció el Presidente de la República?.
No hay nada. La gente necesita trabajo. ¿Qué ha hecho este Gobierno por reactivar la economía y la producción? Lo que ha crecido es la circulación y la comercialización, pero la producción está quedada en el país.
¿Debe seguir siendo ese el principal caballo de su batalla contra la estructura caduca del Estado que se ha empeñado en denunciar, pero poco en combatir?
Al día siguiente de su más contundente derrota, el Ejecutivo no sabe cómo lidiar con una oferta que, de tanto manoseo, se la estropeó casa adentro: la Asamblea parece hoy estar más muerta que nunca, aunque de su deceso, varios actores políticos y sociales se lo advirtieron hace
ya algún tiempo.
Hoy, los analistas consultados piensan que, a ocho meses de iniciado el Gobierno, la propuesta de Asamblea, previa una consulta, no fue la mejor idea.
Adrián Bonilla (director de la Flacso) ve más importante garantizar unas elecciones limpias para el 2006.
Y para José Luis Ortiz, sociólogo y abogado, no solo debe garantizárselas, sino adelantar su fecha, pues las decisiones de una eventual Constituyente deben corresponder a un nuevo Gobierno, que llegaría maniatado por las decisiones de una Asamblea realizada durante este
régimen.
De cualquier modo, parece decidido el réquiem de la que el presidente Alfredo Palacio llamó la razón de ser mi Gobierno. Y, aún más claro, que una reforma no intentada a tiempo, equivale a una reforma no existente.
Adrián Bonilla, Academico
La prioridad son unas elecciones transparentes
El momento político parece indicarnos que no existe la posibilidad de un consenso. ¿Se puede construirlos? ¿Cómo?
Estos consensos son necesarios, pues necesitamos dos o tres reglas de juego básicas, que permitan que el Ecuador construya alrededor de ellas cierta idea de Estado de Derecho.
Esto consiste básicamente en que la sociedad regula sus conflictos mediante la aplicación de la ley, que esta ley es legítima y aceptada por todos. Supone entonces el principio fundamental y sencillo de democracia, de que los ciudadanos son iguales políticamente ante la ley; que no hay ciudadanos que puedan evadirla, y que quienes lo hacen pagan un costo por esta conducta.
¿Estamos entonces viviendo fuera del Estado de Derecho y sin democracia?
No estamos viviendo un Estado de Derecho. Pero esto no quiere decir que no podamos vivir en un Estado de Derecho.
La reconstrucción de la Corte Suprema es un paso interesante, pues puede dar paso a la constitución del Tribunal Constitucional, si es que logra nombrar sus delegados.
Y este Tribunal finalmente podría ir resolviendo los casos centrales que ahora están a la libre interpretación de cualquier actor político.
En medio de este proceso, ¿cuál es ahora la prioridad?
Tener unas elecciones lo más limpias y transparente posibles. Que originen un gobierno legítimo y fuerte y un Parlamento más legítimo que el actual, el cual lentamente pueda asumir varios de los puntos que a lo mejor se van a quedar pendientes en este año de transición.
¿Ve el peligro de que tengamos unas elecciones que terminen en lo mismo?
Si las cosas no se dan podríamos volver a tener un Gobierno extremadamente débil, con un Parlamento que se ilegitima muy rápidamente, lo que vuelve a generar los problemas que hemos tenido los últimos diez años para gobernar la sociedad; con pugnas entre los poderes; con
ciudadanos que desobedecen constantemente la ley; con Tribunales Electorales en donde se eligen Presidentes a los representantes de los partidos que más violaron la ley de elecciones y de gasto electoral.
En fin, ese tipo de cosas que van deteriorando las instituciones muy rápidamente, y que no garantizan estabilidad política.
Tras el nuevo fracaso de la consulta, ahora el Congreso la emprenderá contra el Ejecutivo, creando una nueva crisis
Los actores políticos juegan a suponer que tienen poder cuando no lo tienen. Es difícil que un Congreso como el que tenemos en estos momentos tenga la capacidad de botar un presidente, por débil que este sea, con la misma facilidad como se botó a otros presidentes.
El Congreso es un Congreso débil, como el Presidente es un Presidente débil. Una batalla entre instituciones débiles solamente acelera la erosión y el desgaste de esas mismas instituciones.
El Congreso ha sido incapaz de producir alternativas, no ha podido levantar el candado constitucional ni generar una reforma mínima. Ni los partidos, ni los congresistas están hablando de contenidos.
¿Cree que sea posible hacerlo en este momento prelectoral y en estas condiciones?
Creo que la agenda de la reforma política es extremadamente amplia. Y esta tiene que ver también con la descentralización equitativa y a la desvinculación de los organismos de control de los grupos de poder. Pero los ecuatorianos tenemos que tener prioridades y una urgencia es tener elecciones limpias.
¿Cómo consolidar una s elecciones limpias?
Podemos concentrar la discusión y encontrar consensos. Por ejemplo, la idea de una Función Electoral que se divida en dos tipos de competencia, una para organizar las elecciones y otra para juzgar las infracciones; la idea de que la Función Electoral no sea una caja de resonancia de las entidades representadas en el Congreso es una idea compartida por todos.
Se puede lograr algún consenso que nos permita tener un margen urgente de reforma, para llegar a unas elecciones que legitimen a al próximo Gobierno. Lo más saludable para el Ecuador, ahora, es tener elecciones.
¿Deberíamos tener una agenda de reforma política?
Sí, pero no estoy seguro que puedan ser asumidos todos los temas, simultáneamente, en estos momentos.
Lo primero ,insisto, tiene que ver con el sistema electoral y el régimen de partidos políticos, en términos de generación de democracia, de división de funciones del Tribunal Electoral, de autonomía e independencia respecto del Congreso y de los partidos políticos.
¿Cuáles son los otros temas de la reforma?
Creo que un segundo tema tiene que ver con las relaciones entre ejecutivo y legislativo, que se han caracterizado los últimos 25 años por el chantaje mutuo o las estrategias de cooptación entre las dos funciones, que terminan en pugna de poderes. No hay incentivos para que el Congreso coopere.
Los Congresos en el Ecuador tienen incentivos para bloquear al Ejecutivo y viceversa. No hay responsabilidades por parte del Parlamento en la tarea gubernativa.
Entonces un Congreso que no tienen responsabilidades, no tiene incentivos para asociarse con el ejecutivo en la tarea gubernamental.
El Congreso no responde ante nadie. Entonces, el sistema de una u otra manera incentiva a la oposición antes que a la cooperación.
¿Como quitar esa visión. Porque, finalmente, eso a marcado los últimos veinticinco años?
Es parte de la arquitectura institucional sobre la que el Ecuador se levanta. Aquí de lo que se trata es de reconstruir el principio de representación, y eso es una de las cosas que tiene que enfrentar la reforma política.
¿Cuáles son los otros temas de la agenda?
Tienen que ver con replantear las relaciones entre civiles y militares y el papel de unas FF.AA. sometidas al poder civil; con la realización de una descentralización efectiva e igualitaria, y con la depuración de los órganos de control.
José Luis Ortiz, Consultor
El Presidente se ha ido quedando sin soportes
Una vez que el Gobierno admitió su derrota frente al Congreso y este bloqueó la posibilidad de una consulta popular, ¿qué pasará?
El Congreso aparece fortalecido y no hay ninguna posibilidad de que la sociedad civil se movilice para imponerse sobre los intereses del Congreso Nacional.
El Presidente de la República no tiene legitimidad para convocar a la colectividad a fin de que eso ocurra y hoy por hoy lo único que hay que esperar es que el Presidente, consciente de que no tiene a nadie junto a él, pida al Congreso el adelanto de elecciones.
¿Alfredo Palacio desaprovechó su momento político?
Yo creo que el Presidente no tiene apoyo ni legitimidad de ningún sector del país, ni siquiera puede apuntalar su imagen en las Fuerzas Armadas, porque están totalmente desprestigiadas.
Yo creo que habría que acudir, incluso para salvar la situación del país, a la Iglesia Católica, y a los alcaldes de las ciudades más importantes del país. O sea, encontrar instancias que no son constitucionales, pero que son institucionales y son bases para llegar a acuerdos ahora, y determinar lo que el país necesita e imponerle una agenda al Presidente.
Pero eso no se da,A medida que ha transcurrido el tiempo, el Presidente se ha ido quedando sin soportes. Los mismos movimientos sociales, y específicamente el movimiento indígena, han dejado de apoyar su idea de la Asamblea.
Pero podrían apoyarla siempre y cuando se consulten cosas que realmente no se pueden consultar como, por ejemplo, la terminación del convenio de la base de Manta y la no suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC).
¿Si el momento del Presidente ya pasó, de haberse viabilizado la consulta popular, el pueblo habría dicho que no?
La convocatoria a una consulta puede significar más bien una pregunta a la gente en el sentido de si está de acuerdo o no con la gestión del Presidente de la República.
Normalmente así se lo entiende y así se ha pronunciado el pueblo. Recordemos que en el gobierno de León Febres Cordero se le consultó al pueblo si querían la participación de los independientes en contra de los partidos políticos cosa que era sentida por el pueblo.
Sin embargo, el pueblo se manifestó diciendo que no. Entonces, es probable que si las preguntas son convenientes para la transformación política e institucional del país, el pueblo igual se puede pronunciar con que no está de acuerdo.
Pero para este caso se trataba de una sola pregunta, ¿habría corrido la misma suerte?
Hay que considerar que la Asamblea Constituyente tiene que especificar cuál es la agenda política que va a resolver para que haya un acuerdo nacional.
¿La maniobra del Congreso y la derrota admitida por Palacio, desarmó también a la ciudadanía?
La ciudadanía no es que ha estado desarticulada, sino que no tiene formas de organización a través de las cuales expresar su posición.
Los llamados movimientos sociales son una ínfima minoría en relación con la ciudadanía en su conjunto, mientras que los partidos políticos no son instrumentos que canalicen las aspiraciones de la ciudadanía, y frente a la fuerza del Congreso se han impuesto finalmente los partidos políticos sobre la ciudadanía, no se ve liderazgo para que la ciudadanía exija al Congreso los cambios fundamentales.
Por eso, lo único que tiene que hacer el Presidente, huérfano de todo apoyo, es pedir al Congreso Nacional que convoque a elecciones anticipadas.
¿O debería insistir en la Constituyente?
En estos momentos, tanto la autoridad moral del Presidente como la autoridad moral del Congreso no son suficientes soportes como para que se convoque a una Asamblea Constituyente.
La convocatoria solo puede hacerla un presidente que ingrese con todo el apoyo electoral; incluso, si (el nuevo mandatario) tiene una visión de responsabilidad con la patria, debería poner a disposición del pueblo su designación, esa sería la manera de fortalecer la presencia de un nuevo presidente de la República.
¿De haberse convocado a una consulta y si hubiera ganado la tesis de la Asamblea, el próximo presidente habría quedado maniatado?
Sí, porque la Asamblea Constituyente, teniendo plenos poderes, podría pronunciarse en el sentido de que no hayan elecciones o de que estas se adelanten.
Su propuesta de adelantar los comicios nos regresa al mismo círculo vicioso, pues la decisión la debe tomar el Legislativo y ya los diputados han dicho que esa figura no existe en la Constitución.
Pero el Congreso tiene las atribuciones de resolver el levantamiento del candado constitucional, reformar la Carta Magna y que se convoque a elecciones. Al país no le queda más alternativa, porque no hay un gobierno.
¿Pero a cuántos meses debería anticiparse los comicios, porque el año entrante de por sí es electoral?
Debe ser inmediato. El Congreso debería reunirse esta misma semana o la próxima y convocar a elecciones para dentro de dos meses, porque el Presidente no tiene ninguna legitimidad para que continúe en funciones.
¿Qué pasa si se mantiene?
Imagínese un año más de gobierno en esta situación. El país necesita con urgencia resolver el problema de las instituciones y el económico, porque este Presidente no hace absolutamente nada para eso.
¿Eso implica reconocer un desgobierno?.
Pero es que existe un desgobierno total.
¿Qué le corresponde resolver al próximo jefe de Estado?
Hay una serie de temas pendientes.
La gran pregunta es ¿qué pasa con los proyectos de reactivación económica que ofreció el Presidente de la República?.
No hay nada. La gente necesita trabajo. ¿Qué ha hecho este Gobierno por reactivar la economía y la producción? Lo que ha crecido es la circulación y la comercialización, pero la producción está quedada en el país.
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