BOGOTA. El presidente colombiano Alvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos, que asumirá el próximo 7 de agosto, guardaban un prudente silencio sobre la decisión de Venezuela de romper relaciones, tras las denuncias de que guerrilleros colombianos se refugian en su territorio.
Uribe, quien se encuentra a dos semanas de dejar el poder, llevó el jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de documentos que probarían la supuesta presencia en Venezuela de importantes jefes de las guerrillas colombianas FARC y ELN, así como decenas de campamentos.
De inmediato, el presidente Hugo Chávez aseveró que en su país se "persigue y hostiga" a la guerrilla y anunció la "ruptura total" de relaciones.
Pero esa decisión no recibió respuesta ni de Uribe ni de Santos, quien en las últimas semanas adelantaba un proceso de acercamiento con el gobierno venezolano y había invitado a Chávez a su toma de posesión.
"Sobre la relación con Venezuela hemos decidido que nuestra mejor contribución es no pronunciarnos, porque el presidente Álvaro Uribe es todavía presidente en funciones hasta el 7 de agosto", dijo Santos desde México.
Al decidir la ruptura, Chávez dejó una puerta abierta a la posibilidad de normalizar las relaciones una vez que Santos sea investido, y expresó su esperanza de que éste "tome cartas racionales en el asunto".
Del lado del actual gobierno colombiano, sólo el vicepresidente Francisco Santos dio una breve declaración, en la que lamentó que "lo irónico es que el gobierno de Venezuela rompe con Colombia y no rompe con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que es lo que debería haber hecho".
El canciller Jaime Bermúdez regresó este viernes a Bogotá desde Lima, donde se encontraba en una reunión de la Comunidad Andina, pero no estaba previsto por ahora alguna declaración oficial de su parte, indicó una fuente de su despacho.
El personal diplomático se preparaba para viajar de regreso a Bogotá, luego de que Venezuela le dio un lapso de 72 horas para dejar el país. Los funcionarios consulares permanecerán en Venezuela, precisó la fuente de la cancillería colombiana.
Mientras, el fiscal general encargado de Colombia, Guillermo Mendoza, sugirió que podría hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuesta negligencia del gobierno venezolano ante las actividades de la guerrilla colombiana en su país.
"La hipótesis, en términos judiciales, es que estas personas después que atacan (en Colombia) se refugian en Venezuela y reciben el apoyo o auxilio desde diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas, por funcionarios o por particulares de Venezuela", dijo Mendoza, quien se reunió con Uribe la noche del jueves.
A la vez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la posibilidad de convocar una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para tratar de conjurar la crisis "lo más rápido posible", luego de que Venezuela solicitó una reunión de cancilleres de esa instancia.
Pero la propuesta no ha sido comentada tampoco por el gobierno de Uribe, que ha mantenido distancia con ese foro en el que se criticó con fuerza un acuerdo militar suscrito el año pasado entre Washington y Bogotá, que permite a tropas estadounidenses el uso contralado de siete bases en territorio colombiano. (AFP)
Uribe, quien se encuentra a dos semanas de dejar el poder, llevó el jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de documentos que probarían la supuesta presencia en Venezuela de importantes jefes de las guerrillas colombianas FARC y ELN, así como decenas de campamentos.
De inmediato, el presidente Hugo Chávez aseveró que en su país se "persigue y hostiga" a la guerrilla y anunció la "ruptura total" de relaciones.
Pero esa decisión no recibió respuesta ni de Uribe ni de Santos, quien en las últimas semanas adelantaba un proceso de acercamiento con el gobierno venezolano y había invitado a Chávez a su toma de posesión.
"Sobre la relación con Venezuela hemos decidido que nuestra mejor contribución es no pronunciarnos, porque el presidente Álvaro Uribe es todavía presidente en funciones hasta el 7 de agosto", dijo Santos desde México.
Al decidir la ruptura, Chávez dejó una puerta abierta a la posibilidad de normalizar las relaciones una vez que Santos sea investido, y expresó su esperanza de que éste "tome cartas racionales en el asunto".
Del lado del actual gobierno colombiano, sólo el vicepresidente Francisco Santos dio una breve declaración, en la que lamentó que "lo irónico es que el gobierno de Venezuela rompe con Colombia y no rompe con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que es lo que debería haber hecho".
El canciller Jaime Bermúdez regresó este viernes a Bogotá desde Lima, donde se encontraba en una reunión de la Comunidad Andina, pero no estaba previsto por ahora alguna declaración oficial de su parte, indicó una fuente de su despacho.
El personal diplomático se preparaba para viajar de regreso a Bogotá, luego de que Venezuela le dio un lapso de 72 horas para dejar el país. Los funcionarios consulares permanecerán en Venezuela, precisó la fuente de la cancillería colombiana.
Mientras, el fiscal general encargado de Colombia, Guillermo Mendoza, sugirió que podría hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuesta negligencia del gobierno venezolano ante las actividades de la guerrilla colombiana en su país.
"La hipótesis, en términos judiciales, es que estas personas después que atacan (en Colombia) se refugian en Venezuela y reciben el apoyo o auxilio desde diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas, por funcionarios o por particulares de Venezuela", dijo Mendoza, quien se reunió con Uribe la noche del jueves.
A la vez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la posibilidad de convocar una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para tratar de conjurar la crisis "lo más rápido posible", luego de que Venezuela solicitó una reunión de cancilleres de esa instancia.
Pero la propuesta no ha sido comentada tampoco por el gobierno de Uribe, que ha mantenido distancia con ese foro en el que se criticó con fuerza un acuerdo militar suscrito el año pasado entre Washington y Bogotá, que permite a tropas estadounidenses el uso contralado de siete bases en territorio colombiano. (AFP)
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