BOGOTÃ. El expresidente colombiano Ãlvaro Uribe se declaró ayer vÃctima de una "amenaza criminal" y negó rotundamente haber ordenado seguimientos y escuchas ilegales durante su Gobierno (2006-2010), en medio de las protestas de vÃctimas de esas prácticas ilegales que reclamaron por no poderlo controvertir.
Uribe, quien compareció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, su juez, defendió su obra de Gobierno y a muchos de sus subalternos implicados en el escándalo.
"Jamás, jamás de los jamases se me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG, yo combato con las armas sobre la mesa, con claridad", enfatizó el exmandatario.
Insistió en que jamás ordenó persecuciones o interceptaciones a periodistas, polÃticos y ONGs, que lo acusan de concierto para delinquir para desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, y señaló que todo ello no es más que una "venganza criminal".
Las vÃctimas de las escuchas ilegales, por su parte, anunciaron que estudian pedir la anulación de la versión libre de Uribe y lamentaron no poder interpelarlo durante la audiencia.
"No hay garantÃas. Vamos a analizar la posibilidad de la nulidad de la versión libre de Uribe", indicó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez.
El letrado es, además, defensor de vÃctimas, entre ellas, la exsenadora Piedad Córdoba y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
Durante su prolongada intervención, de casi tres horas, Uribe defendió su "polÃtica de seguridad democrática" por la que, según dijo, disminuyeron los crÃmenes de trabajadores y periodistas e insistió en que en su Gobierno "fueron 10 000 colombianos" los que recibieron "protección individual directa".
Aseguró además que las órdenes que impartió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependiente de la Presidencia, siempre fueron en la lÃnea de que los directores del organismo no podÃa actuar como "policÃa polÃtica".
Al referir las interceptaciones contra él, dijo que "no han sido investigadas y han sido despreciadas" por la justicia y reiteró que él, su Gobierno y su familia, son vÃctimas de una "venganza criminal".
De igual forma, Uribe reiteró su acusación de injerencia indebida por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez, al apoyar económicamente actividades de la ahora excongresista Córdoba.
Las aportaciones se hicieron públicas por versiones de la prensa colombiana, que en agosto de 2008 aseguraron que la multinacional Monomerós Colombo-Venezolanas, con sede en Barranquilla y del grupo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), habÃan aportado a Córdoba unos $135 000.
Córdoba, por entonces senadora Liberal, admitió en su momento que la multinacional apoyó con dinero la campaña que ella mantenÃa para la puesta en libertad de secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El exmandatario también desmintió que haya perseguido a periodistas, miembros de ONG y opositores polÃticos.
En su discurso Uribe citó expresamente a Daniel Coronell, columnista de la revista Semana y actual vicepresidente de noticias de Univisión, y Hollman Morris, director del programa televisivo ContravÃa.
"Coronell me hizo cargos muy graves, se los respondÃ", dijo, al manifestar que este periodista "mintió" cuando señaló que el entonces presidente habÃa ordenado la interceptación de sus comunicaciones.
En la misma audiencia aludió a sus difÃciles relaciones con el Poder Judicial y dijo que siempre abogó por reformas para hacer más funcional ese sistema y garantizar el trabajo de sus integrantes.
En ese sentido, enumeró una serie de iniciativas judiciales que el propuso y destacó la Ley de Justicia y Paz, marco jurÃdico para la desmovilización de unos 35 000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de beneficios en el cumplimiento de las penas. (EFE)
Uribe, quien compareció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, su juez, defendió su obra de Gobierno y a muchos de sus subalternos implicados en el escándalo.
"Jamás, jamás de los jamases se me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG, yo combato con las armas sobre la mesa, con claridad", enfatizó el exmandatario.
Insistió en que jamás ordenó persecuciones o interceptaciones a periodistas, polÃticos y ONGs, que lo acusan de concierto para delinquir para desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, y señaló que todo ello no es más que una "venganza criminal".
Las vÃctimas de las escuchas ilegales, por su parte, anunciaron que estudian pedir la anulación de la versión libre de Uribe y lamentaron no poder interpelarlo durante la audiencia.
"No hay garantÃas. Vamos a analizar la posibilidad de la nulidad de la versión libre de Uribe", indicó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez.
El letrado es, además, defensor de vÃctimas, entre ellas, la exsenadora Piedad Córdoba y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
Durante su prolongada intervención, de casi tres horas, Uribe defendió su "polÃtica de seguridad democrática" por la que, según dijo, disminuyeron los crÃmenes de trabajadores y periodistas e insistió en que en su Gobierno "fueron 10 000 colombianos" los que recibieron "protección individual directa".
Aseguró además que las órdenes que impartió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependiente de la Presidencia, siempre fueron en la lÃnea de que los directores del organismo no podÃa actuar como "policÃa polÃtica".
Al referir las interceptaciones contra él, dijo que "no han sido investigadas y han sido despreciadas" por la justicia y reiteró que él, su Gobierno y su familia, son vÃctimas de una "venganza criminal".
De igual forma, Uribe reiteró su acusación de injerencia indebida por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez, al apoyar económicamente actividades de la ahora excongresista Córdoba.
Las aportaciones se hicieron públicas por versiones de la prensa colombiana, que en agosto de 2008 aseguraron que la multinacional Monomerós Colombo-Venezolanas, con sede en Barranquilla y del grupo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), habÃan aportado a Córdoba unos $135 000.
Córdoba, por entonces senadora Liberal, admitió en su momento que la multinacional apoyó con dinero la campaña que ella mantenÃa para la puesta en libertad de secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El exmandatario también desmintió que haya perseguido a periodistas, miembros de ONG y opositores polÃticos.
En su discurso Uribe citó expresamente a Daniel Coronell, columnista de la revista Semana y actual vicepresidente de noticias de Univisión, y Hollman Morris, director del programa televisivo ContravÃa.
"Coronell me hizo cargos muy graves, se los respondÃ", dijo, al manifestar que este periodista "mintió" cuando señaló que el entonces presidente habÃa ordenado la interceptación de sus comunicaciones.
En la misma audiencia aludió a sus difÃciles relaciones con el Poder Judicial y dijo que siempre abogó por reformas para hacer más funcional ese sistema y garantizar el trabajo de sus integrantes.
En ese sentido, enumeró una serie de iniciativas judiciales que el propuso y destacó la Ley de Justicia y Paz, marco jurÃdico para la desmovilización de unos 35 000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de beneficios en el cumplimiento de las penas. (EFE)
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