Andrade Gutiérrez no devuelve los $86,5 millones que exige la contralorÃa por el caso Méndez-Morona
Un enredo judicial entre el estado y Andrade Gutiérrez que lleva 17 años, y aún continúa
LA COMPAÃÃA constructora exigió un pago inicial de $3,5 millones. La ContralorÃa, a cargo de Milton Ãlava, viabilizó un pago de $23,4 millones
Dos documentos clave en el proceso. La sentencia penal del 15 de abril de 2003 y el auto de pago por $86,5 millones.
El 27 de junio de 1989, el procurador Germán Carrión estableció que la retención de los dineros de Andrade Gutiérrez (AG), por parte del Estado, era legal.
Los rubros correspondÃan a fiscalización y planillas sin facturar de la construcción de la carretera Méndez-Morona. El 2 de abril de 1991, el procurador Gustavo Medina ratificó ese dictamen. Al igual que lo hizo su sucesor Carlos Larreátegui.
En 1998, la constructora exigió que se entregara el dinero. Además pidió que se reliquidaran y ajustaran los precios de las planillas. El ministro de OOPP, Homero Torres, envió la petición al procurador Milton Ãlava.
El abogado del Estado, contrariando el criterio de quienes le presidieron, ordenó el pago.
El pedido inicial de la empresa fue de $3,5 millones, aproximadamente. Pero, el convenio de pagó alcanzó a $23,4 millones.
En 2000, el contralor Alfredo Corral aceptó el pedido del procurador para un examen especial, tras lo cual se estableció responsabilidad civil por âpago indebidoâ. La empresa reclamó administrativamente, y Corral rechazó el pedido.
En la demanda penal que la AG tenÃa en la CSJ por abuso de dineros públicos fue sobreseÃda el 15 de abril de 2003, pero la responsabilidad civil no fue anulada.
Anteriormente, en marzo de 2002, la AG habÃa interpuesto recurso de casación en el Tribunal de lo Contencioso para evitar la devolución de lo pagado por el Estado, que la ContralorÃa, a cargo de Corral, exigÃa.
Pero para ejecutar este recurso, la AG debÃa consignar el valor de la garantÃa de respaldo del proceso.
El monto fue de $2,5 millones. El 24 de julio de 2004, AG perdió el juicio y la garantÃa.
La constructora presentó reclamos para que se aclarara la sentencia. La acción de la empresa pretendÃa evitar que la sentencia regresara a la ContralorÃa, bajo la dirección de Alfredo Corral, y se diera la coactiva.
Por eso, cuando la CSJ envió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, AG presentó nuevos incidentes (reclamos).
Finalmente, casi al terminar el mes de junio de 2006, el proceso llegó al organismo de control y se preparó la orden de cobro y el tÃtulo de crédito por $86,5 millones por multas e intereses.
Pero la AG actuó con rapidez: reclamó alegando que la sentencia no estaba ejecutoriada.
También argumentó que el tÃtulo de crédito fue falsificado, lo que fue rechazado por la ContralorÃa.
El 5 de julio se notificó a la empresa el auto de pago, exigiendo la cancelación o la remisión de bienes. Un dÃa antes, la empresa constituyó un fideicomiso mercantil.
La constructora interpuso un juicio de excepciones ante el juez de coactivas. Como no se consignaron los $86,5 millones, el juez no dio paso.
A raÃz de esto, la AG presentó el juicio directamente al Tribunal de lo Contencioso. Y justo en esos dÃas llegó la vacancia judicial. (LVA)
La Méndez-Morona tenÃa fines de estrategia militar
LA CARRETERA se entregó con un año de retraso y por un costo de $100 millones, financiados en un 65% por Brasil
En 1985 se firmó el contrato; era época de incertidumbre por el fantasma de la guerra.
El proyecto se llevó a cabo en un territorio lluvioso (promedio de 26 dÃas al mes), con montañas escarpadas y sin vÃas de acceso. En ese proceso murieron dos obreros, producto de un deslave.
El transporte de materiales se lo hizo vÃa fluvial desde Manaos, y vÃa aérea con aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos aterrizaban en una pista construida para el caso.
En 1990, después de casi cuatro años de trabajo, se entregó la obra. El precio fue de $100 millones, el 65% financiado con un préstamo del Brasil. El régimen de Rodrigo Borja cuestionó el contrato y se retuvieron los valores de fiscalización y planillas ($23,4 millones). (LVA)
El polémico 4% es el eje de la "bronca" judicial
LA RAZÃN DE LA retención es la fiscalización del MOP. A esto se sumaron $17 millones en planillas no cobradas
En los contratos públicos se debe retener el 4% por concepto de fiscalización. La única excepción es que fiscalicen las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Méndez-Morona, ese dinero fue retenido. Ahà nace la polémica, pues la carretera fue hecha con fines militares, pero la cláusula 24 del contrato dice que la fiscalización y supervisión estará a cargo del MOP.
Las Fuerzas Armadas, según el documento, supervisarán la obra.
Andrade Gutiérrez asegura que los militares participaron en la fiscalización; la ContralorÃa mantiene lo contrario.
El monto por el 4% es de $6 millones; a esto se suman $17 millones de planillas. (LVA)
Ricupero defiende la importancia de la obra y cree que son vÃctimas de una persecución
ANDRADE GUTIÃRREZ analiza la posibilidad de enjuiciar al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, aunque reconocen que no les interesa desprestigiar al paÃs en el exterior
El representante de la constructora se defiende de las acusaciones con documentos que datan de la década de los ochenta.
Mauricio Ricupero es el representante de Andrade Gutiérrez (AG). Se defiende de las acusaciones, sentado en su oficina. Ahà se destacan dos grandes fotografÃas aéreas de la polémica carretera Méndez-Morona.
Antes de empezar a dar su versión indica, en el mapa, la ubicación de la obra y algunas fotos de aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos sirvieron para transportar parte del material.
Se llena la boca diciendo lo âimportante que fue la obraâ para defender los intereses nacionales en el conflicto de 1995 con el Perú. Además acota que fue uno de los referentes en el campo de la construcción.
Admite que existieron algunos problemas en el transcurso de los trabajos, pero las observaciones que hizo ContralorÃa fueron sanadas âoportunamenteâ argumenta.
Ricupero, que lleva más de 20 años viviendo en el paÃs y que todavÃa habla con un fuerte acento portugués, dice que la inseguridad jurÃdica que atravesó el paÃs antes de 1998 evitó que pudieran cobrar los valores retenidos.
Para él, la falta de justicia en el Ecuador es eminente y preocupante. Incluso cree que la empresa está siendo perseguida por intereses polÃticos y de empresas privadas que intentan sacar a AG del mercado.
Al preguntarle quién estarÃa interesado en perjudicar a AG, manifiesta que no le interesa saber âde dónde viene la balaâ, su interés se centra en acabar de âuna vez por todas con el problemaâ.
Según el ingeniero, cada vez que la constructora va a iniciar un proyecto de gran magnitud, sale a la luz la polémica sobre la carretera. Además, asegura que âel contralor cree que no se pueden defenderâ, y advierte que podrÃan iniciar acciones en el ámbito internacional en contra del Estado ecuatoriano.
Sin embargo, dice que esa iniciativa recién se está estudiando, pues no les interesa desprestigiar al paÃs. Acerca de devolver el dinero, dice que âno es justo que devuelvan algo que ganaron legal y decentementeâ. (LVA).
Bacigalupo denunció la conexión entre el Estado y AG
EX LEGISLADOR denunció que ex ministro cobró $1 millón de comisión por devolver el dinero a la constructora
En 1997, Marco Flores era diputado nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). TenÃa como asesor al economista Andrián Rivadeneira.
El 28 de abril de ese año, Flores se desafilió del PSC. Tres meses después, el 7 de agosto, fue nombrado ministro de Finanzas, en el Gobierno de Fabián Alarcón.
Su asesor también fue a la Cartera de EconomÃa como coordinador general del Ministerio y luego asumió la SubsecretarÃa.
El ex diputado socialdemócrata, Dalton Bacigalupo, denunció ante el Congreso que Rivadeneira fue el nexo entre el Gobierno de Alarcón y Andrade Gutiérrez. El legislador subrayó que el asesor habÃa sido funcionario de la constructora.
Además, denunció que el ex ministro no solo infiltró al contacto, sino que también recibió $1 millón de comisión.
Bacigalupo, para respaldar su tesis, presentó ante el pleno, una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En este documento se registran los servicios prestados por Rivadeneira a la Andrade Gutiérrez.
BLANCO Y NEGRO verificó esta información acudiendo a los registros del Congreso. El acta 131, con fecha 16 de septiembre de 1999, dice que el secretario leyó la certificación.
Ahà se nombra el número patronal 33201300, correspondiente a Rivadeneira y dice que trabajó en dicha compañÃa, durante dos años. (LVA)
"Alarcón también cobró comisión"
Según Dalton Bacigalupo, los primeros $6 millones se cancelaron en efectivo. Los otros $17 millones se pagaron en bonos 21 dÃas después.
Además sostiene que la razón de cancelar en dos pagos fue extorsionar a AG para que pague comisiones a Fabián Alarcón, Alava, Torres y Marco
Flores. (LVA)
AG alega que tÃtulo de crédito es falsificado
El juicio de excepciones fue interpuesto para evitar que la ContralorÃa continúe con el proceso coactivo
La única vÃa que encontró Andrade Gutiérrez (AG) para evitar la acción coactiva, después de fracasar con el fideicomiso, fue plantear un juicio de excepciones.
Para que esta figura legal procediera, la constructora tenÃa que entregar a ContralorÃa los $86,5 millones en disputa.
AG manifiesta que el tÃtulo de crédito es falsificado y por eso no consigna ese valor. Según Carlos Egas, abogado de la constructora, la falsificación es de carácter ideológico. Esto quiere decir que el contenido del documento serÃa falso.
Según Egas, la falsificación radica en que la Sala de lo Contencioso y Administrativo no ejecutó la sentencia del recurso de casación; en que la compañÃa no debe âcapital alguno al Estadoâ y por último en el sobreseimiento de la Segunda Sala de lo Penal .
Esta acción constituye para el Contralor, Genaro Peña, un artificio más que no tiene âni pies ni cabezaâ y lo que busca, es retrasar más el proceso. (LVA)
Peña: "Andrade Gutiérrez desafÃa a toda la estructura jurÃdica del estado ecuatoriano"
EL CONTRALOR asegura que la constructora se enfrenta a organismos de justicia eficientes y no podrá evitar que se ejecuten las medidas cautelares para recuperar el dinero entregado en 1998
El contralor (e) Genaro Peña asegura que la Andrade Gutiérrez amenaza a los jueces con acciones legales
El contralor general, Genaro Peña, tiene entre ceja y ceja a la compañÃa Andrade Gutiérrez (AG).
Para él, esta constructora extranjera âdesafÃa a toda la estructura jurÃdica del Estado ecuatorianoâ. Además, dice que no hay vueltas que darle y que AG va a tener que pagar lo que se le exige.
Para Peña, todos los recursos que ha utilizado la compañÃa son âartificios jurÃdicos, mediante los cuales quiere diluir el trámiteâ.
âTambién esperan que la ContralorÃa se eche para atrás en el proceso al ver que se está convirtiendo en un lÃoâ, advierte.
Según los brasileños, el asunto debió acabar cuando se emitió la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el contralor manifiesta que cuando se exime de responsabilidad penal no se elimina la civil.
Las acciones de AG, para Peña, no han tenido éxito. Según él, se ha topado con instancias responsables y profesionales, como la CSJ que, a pesar de los incidentes presentados, devolvió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, el cual a su vez lo remitió al organismo de control.
El contralor advierte que AG amenazó a los conjueces con iniciar acciones legales en su contra para que el fallo sea a su favor.
La pérdida del recurso de casación era el instrumento legal para iniciar la acción coactiva, dice Peña.
También aduce que el hecho de haber pedido a los conjueces del Tribunal, que rechazaran las acciones de la constructora, no constituye prevaricato.
âEl contralor está para defender los intereses del Estado y está cumpliendo con su misiónâ, argumenta.
Peña asegura que los âartificiosâ que ha presentado la empresa, no lograrán impedir la implementación de las medidas cautelares.
En cuanto a estas acciones asegura que ya se retuvieron $1 400 de una cuenta de AG en el Banco del Pichincha.
Las demás medidas que se tomarán son: el embargo de bienes, la retención de dineros y los desembolsos estatales.(LVA)
Un acuerdo frustrado entre la ContralorÃa y Andrade Gutiérrez proponÃa cruce de cuentas con lo adeudado por trabajos en el control de inundaciones en la cuenca baja del rÃo Guayas
Andrade Gutiérrez realizó trabajos en conjunto con la constructora guayaquileña Colisa. El proyecto se trataba de un control de inundación en la cuenca baja del rÃo Guayas.
Este contrato no recibió ningún informe negativo en los exámenes de ContralorÃa.
Los trabajos finalizaron en enero de 1997 y quedó una cuenta por cobrar de aproximadamente $50 millones, la mitad corresponde a Andrade Gutiérrez.
Según Mauricio Ricupero, representante de la constructora, la empresa en señal de buena fe, ha propuesto que se le pague los $25 millones que le corresponde y no se cobrarÃan los reclamos, intereses y costos adicionales. Según el constructor, estos agregados llegarÃan a $100 millones.
Sin embargo, según Ricupero, nunca se propuso al Estado realizar un cruce de cuentas por el litigio al rededor de la carretera Méndez-Morona.
Esta versión contrasta con la del contralor, Genaro Peña. Según él, Ricupero sà ofreció cruzar cuentas con el Estado.
"Ãl vino acá a mi despacho y me preguntó si habÃa forma de solucionar el problema con un cruce de cuentas, yo le dije que no", asegura el contralor.
El Estado debe a la contratista $61 millones menos de lo que supuestamente tendrÃa que devolverle la empresa brasileña. (LVA)
PUNTO DE VISTA
No dejar ninguna puerta abierta
Parece una historia más de las muchas que se suceden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado ecuatoriano, pero no; esta es diferente.
BLANCO Y NEGRO presenta en este informe la historia de la construcción de la Méndez-Morona, una vÃa de enorme importancia en la zona austral, pero que parece haberse convertido en un cuento de nunca acabar.
En la trama hay protagonistas de toda Ãndole: autoridades de control, diputados, ministros y, claro, los directivos de la empresa constructora, quienes llevan actuando por cerca de tres lustros en el paÃs, donde, incluso, han entorpecido las acciones de la justicia.
Como quiera que fuere, las relaciones entre la brasileña Andrade Gutiérrez y el Estado ecuatoriano a raÃz de la construcción de la Méndez-Morona ha estado marcada por las amenazas, las demandas, los juicios interrumpidos, órdenes desacatadas, todo esto configurando un escenario en el que algunos actores nacionales habrÃan caÃdo en las trampas y hasta en los sobornos que perjudican al paÃs, según ha denunciado el ex diputado Dalton Bacigalupo.
Y allà estamos hoy, esperando que las autoridades y los jueces, en especial, hagan prevalecer las leyes y el respeto a las institucionalidad del paÃs, pues resulta inconcebible que una empresa, aunque tenga poderosos vÃnculos en su nación, pretenda burlar las leyes de otro Estado soberano.
Por lo demás, hay que desear que el desenlace de esta historia tenga un final que haga recobrar la fe en las instituciones nacionales, muchas de las cuales han sido irrespetadas por sus propios directivos, en contubernio con los interesados de fuera.
La decisión final debe sustentarse en el derecho y en las leyes, de tal manera que no quede resquicio alguno del que puedan echar mano quienes parecen haberse especializado en perjudicar a paÃses de gente honesta. (TFF)(Blanco y Negro)
Un enredo judicial entre el estado y Andrade Gutiérrez que lleva 17 años, y aún continúa
LA COMPAÃÃA constructora exigió un pago inicial de $3,5 millones. La ContralorÃa, a cargo de Milton Ãlava, viabilizó un pago de $23,4 millones
Dos documentos clave en el proceso. La sentencia penal del 15 de abril de 2003 y el auto de pago por $86,5 millones.
El 27 de junio de 1989, el procurador Germán Carrión estableció que la retención de los dineros de Andrade Gutiérrez (AG), por parte del Estado, era legal.
Los rubros correspondÃan a fiscalización y planillas sin facturar de la construcción de la carretera Méndez-Morona. El 2 de abril de 1991, el procurador Gustavo Medina ratificó ese dictamen. Al igual que lo hizo su sucesor Carlos Larreátegui.
En 1998, la constructora exigió que se entregara el dinero. Además pidió que se reliquidaran y ajustaran los precios de las planillas. El ministro de OOPP, Homero Torres, envió la petición al procurador Milton Ãlava.
El abogado del Estado, contrariando el criterio de quienes le presidieron, ordenó el pago.
El pedido inicial de la empresa fue de $3,5 millones, aproximadamente. Pero, el convenio de pagó alcanzó a $23,4 millones.
En 2000, el contralor Alfredo Corral aceptó el pedido del procurador para un examen especial, tras lo cual se estableció responsabilidad civil por âpago indebidoâ. La empresa reclamó administrativamente, y Corral rechazó el pedido.
En la demanda penal que la AG tenÃa en la CSJ por abuso de dineros públicos fue sobreseÃda el 15 de abril de 2003, pero la responsabilidad civil no fue anulada.
Anteriormente, en marzo de 2002, la AG habÃa interpuesto recurso de casación en el Tribunal de lo Contencioso para evitar la devolución de lo pagado por el Estado, que la ContralorÃa, a cargo de Corral, exigÃa.
Pero para ejecutar este recurso, la AG debÃa consignar el valor de la garantÃa de respaldo del proceso.
El monto fue de $2,5 millones. El 24 de julio de 2004, AG perdió el juicio y la garantÃa.
La constructora presentó reclamos para que se aclarara la sentencia. La acción de la empresa pretendÃa evitar que la sentencia regresara a la ContralorÃa, bajo la dirección de Alfredo Corral, y se diera la coactiva.
Por eso, cuando la CSJ envió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, AG presentó nuevos incidentes (reclamos).
Finalmente, casi al terminar el mes de junio de 2006, el proceso llegó al organismo de control y se preparó la orden de cobro y el tÃtulo de crédito por $86,5 millones por multas e intereses.
Pero la AG actuó con rapidez: reclamó alegando que la sentencia no estaba ejecutoriada.
También argumentó que el tÃtulo de crédito fue falsificado, lo que fue rechazado por la ContralorÃa.
El 5 de julio se notificó a la empresa el auto de pago, exigiendo la cancelación o la remisión de bienes. Un dÃa antes, la empresa constituyó un fideicomiso mercantil.
La constructora interpuso un juicio de excepciones ante el juez de coactivas. Como no se consignaron los $86,5 millones, el juez no dio paso.
A raÃz de esto, la AG presentó el juicio directamente al Tribunal de lo Contencioso. Y justo en esos dÃas llegó la vacancia judicial. (LVA)
La Méndez-Morona tenÃa fines de estrategia militar
LA CARRETERA se entregó con un año de retraso y por un costo de $100 millones, financiados en un 65% por Brasil
En 1985 se firmó el contrato; era época de incertidumbre por el fantasma de la guerra.
El proyecto se llevó a cabo en un territorio lluvioso (promedio de 26 dÃas al mes), con montañas escarpadas y sin vÃas de acceso. En ese proceso murieron dos obreros, producto de un deslave.
El transporte de materiales se lo hizo vÃa fluvial desde Manaos, y vÃa aérea con aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos aterrizaban en una pista construida para el caso.
En 1990, después de casi cuatro años de trabajo, se entregó la obra. El precio fue de $100 millones, el 65% financiado con un préstamo del Brasil. El régimen de Rodrigo Borja cuestionó el contrato y se retuvieron los valores de fiscalización y planillas ($23,4 millones). (LVA)
El polémico 4% es el eje de la "bronca" judicial
LA RAZÃN DE LA retención es la fiscalización del MOP. A esto se sumaron $17 millones en planillas no cobradas
En los contratos públicos se debe retener el 4% por concepto de fiscalización. La única excepción es que fiscalicen las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Méndez-Morona, ese dinero fue retenido. Ahà nace la polémica, pues la carretera fue hecha con fines militares, pero la cláusula 24 del contrato dice que la fiscalización y supervisión estará a cargo del MOP.
Las Fuerzas Armadas, según el documento, supervisarán la obra.
Andrade Gutiérrez asegura que los militares participaron en la fiscalización; la ContralorÃa mantiene lo contrario.
El monto por el 4% es de $6 millones; a esto se suman $17 millones de planillas. (LVA)
Ricupero defiende la importancia de la obra y cree que son vÃctimas de una persecución
ANDRADE GUTIÃRREZ analiza la posibilidad de enjuiciar al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, aunque reconocen que no les interesa desprestigiar al paÃs en el exterior
El representante de la constructora se defiende de las acusaciones con documentos que datan de la década de los ochenta.
Mauricio Ricupero es el representante de Andrade Gutiérrez (AG). Se defiende de las acusaciones, sentado en su oficina. Ahà se destacan dos grandes fotografÃas aéreas de la polémica carretera Méndez-Morona.
Antes de empezar a dar su versión indica, en el mapa, la ubicación de la obra y algunas fotos de aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos sirvieron para transportar parte del material.
Se llena la boca diciendo lo âimportante que fue la obraâ para defender los intereses nacionales en el conflicto de 1995 con el Perú. Además acota que fue uno de los referentes en el campo de la construcción.
Admite que existieron algunos problemas en el transcurso de los trabajos, pero las observaciones que hizo ContralorÃa fueron sanadas âoportunamenteâ argumenta.
Ricupero, que lleva más de 20 años viviendo en el paÃs y que todavÃa habla con un fuerte acento portugués, dice que la inseguridad jurÃdica que atravesó el paÃs antes de 1998 evitó que pudieran cobrar los valores retenidos.
Para él, la falta de justicia en el Ecuador es eminente y preocupante. Incluso cree que la empresa está siendo perseguida por intereses polÃticos y de empresas privadas que intentan sacar a AG del mercado.
Al preguntarle quién estarÃa interesado en perjudicar a AG, manifiesta que no le interesa saber âde dónde viene la balaâ, su interés se centra en acabar de âuna vez por todas con el problemaâ.
Según el ingeniero, cada vez que la constructora va a iniciar un proyecto de gran magnitud, sale a la luz la polémica sobre la carretera. Además, asegura que âel contralor cree que no se pueden defenderâ, y advierte que podrÃan iniciar acciones en el ámbito internacional en contra del Estado ecuatoriano.
Sin embargo, dice que esa iniciativa recién se está estudiando, pues no les interesa desprestigiar al paÃs. Acerca de devolver el dinero, dice que âno es justo que devuelvan algo que ganaron legal y decentementeâ. (LVA).
Bacigalupo denunció la conexión entre el Estado y AG
EX LEGISLADOR denunció que ex ministro cobró $1 millón de comisión por devolver el dinero a la constructora
En 1997, Marco Flores era diputado nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). TenÃa como asesor al economista Andrián Rivadeneira.
El 28 de abril de ese año, Flores se desafilió del PSC. Tres meses después, el 7 de agosto, fue nombrado ministro de Finanzas, en el Gobierno de Fabián Alarcón.
Su asesor también fue a la Cartera de EconomÃa como coordinador general del Ministerio y luego asumió la SubsecretarÃa.
El ex diputado socialdemócrata, Dalton Bacigalupo, denunció ante el Congreso que Rivadeneira fue el nexo entre el Gobierno de Alarcón y Andrade Gutiérrez. El legislador subrayó que el asesor habÃa sido funcionario de la constructora.
Además, denunció que el ex ministro no solo infiltró al contacto, sino que también recibió $1 millón de comisión.
Bacigalupo, para respaldar su tesis, presentó ante el pleno, una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En este documento se registran los servicios prestados por Rivadeneira a la Andrade Gutiérrez.
BLANCO Y NEGRO verificó esta información acudiendo a los registros del Congreso. El acta 131, con fecha 16 de septiembre de 1999, dice que el secretario leyó la certificación.
Ahà se nombra el número patronal 33201300, correspondiente a Rivadeneira y dice que trabajó en dicha compañÃa, durante dos años. (LVA)
"Alarcón también cobró comisión"
Según Dalton Bacigalupo, los primeros $6 millones se cancelaron en efectivo. Los otros $17 millones se pagaron en bonos 21 dÃas después.
Además sostiene que la razón de cancelar en dos pagos fue extorsionar a AG para que pague comisiones a Fabián Alarcón, Alava, Torres y Marco
Flores. (LVA)
AG alega que tÃtulo de crédito es falsificado
El juicio de excepciones fue interpuesto para evitar que la ContralorÃa continúe con el proceso coactivo
La única vÃa que encontró Andrade Gutiérrez (AG) para evitar la acción coactiva, después de fracasar con el fideicomiso, fue plantear un juicio de excepciones.
Para que esta figura legal procediera, la constructora tenÃa que entregar a ContralorÃa los $86,5 millones en disputa.
AG manifiesta que el tÃtulo de crédito es falsificado y por eso no consigna ese valor. Según Carlos Egas, abogado de la constructora, la falsificación es de carácter ideológico. Esto quiere decir que el contenido del documento serÃa falso.
Según Egas, la falsificación radica en que la Sala de lo Contencioso y Administrativo no ejecutó la sentencia del recurso de casación; en que la compañÃa no debe âcapital alguno al Estadoâ y por último en el sobreseimiento de la Segunda Sala de lo Penal .
Esta acción constituye para el Contralor, Genaro Peña, un artificio más que no tiene âni pies ni cabezaâ y lo que busca, es retrasar más el proceso. (LVA)
Peña: "Andrade Gutiérrez desafÃa a toda la estructura jurÃdica del estado ecuatoriano"
EL CONTRALOR asegura que la constructora se enfrenta a organismos de justicia eficientes y no podrá evitar que se ejecuten las medidas cautelares para recuperar el dinero entregado en 1998
El contralor (e) Genaro Peña asegura que la Andrade Gutiérrez amenaza a los jueces con acciones legales
El contralor general, Genaro Peña, tiene entre ceja y ceja a la compañÃa Andrade Gutiérrez (AG).
Para él, esta constructora extranjera âdesafÃa a toda la estructura jurÃdica del Estado ecuatorianoâ. Además, dice que no hay vueltas que darle y que AG va a tener que pagar lo que se le exige.
Para Peña, todos los recursos que ha utilizado la compañÃa son âartificios jurÃdicos, mediante los cuales quiere diluir el trámiteâ.
âTambién esperan que la ContralorÃa se eche para atrás en el proceso al ver que se está convirtiendo en un lÃoâ, advierte.
Según los brasileños, el asunto debió acabar cuando se emitió la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el contralor manifiesta que cuando se exime de responsabilidad penal no se elimina la civil.
Las acciones de AG, para Peña, no han tenido éxito. Según él, se ha topado con instancias responsables y profesionales, como la CSJ que, a pesar de los incidentes presentados, devolvió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, el cual a su vez lo remitió al organismo de control.
El contralor advierte que AG amenazó a los conjueces con iniciar acciones legales en su contra para que el fallo sea a su favor.
La pérdida del recurso de casación era el instrumento legal para iniciar la acción coactiva, dice Peña.
También aduce que el hecho de haber pedido a los conjueces del Tribunal, que rechazaran las acciones de la constructora, no constituye prevaricato.
âEl contralor está para defender los intereses del Estado y está cumpliendo con su misiónâ, argumenta.
Peña asegura que los âartificiosâ que ha presentado la empresa, no lograrán impedir la implementación de las medidas cautelares.
En cuanto a estas acciones asegura que ya se retuvieron $1 400 de una cuenta de AG en el Banco del Pichincha.
Las demás medidas que se tomarán son: el embargo de bienes, la retención de dineros y los desembolsos estatales.(LVA)
Un acuerdo frustrado entre la ContralorÃa y Andrade Gutiérrez proponÃa cruce de cuentas con lo adeudado por trabajos en el control de inundaciones en la cuenca baja del rÃo Guayas
Andrade Gutiérrez realizó trabajos en conjunto con la constructora guayaquileña Colisa. El proyecto se trataba de un control de inundación en la cuenca baja del rÃo Guayas.
Este contrato no recibió ningún informe negativo en los exámenes de ContralorÃa.
Los trabajos finalizaron en enero de 1997 y quedó una cuenta por cobrar de aproximadamente $50 millones, la mitad corresponde a Andrade Gutiérrez.
Según Mauricio Ricupero, representante de la constructora, la empresa en señal de buena fe, ha propuesto que se le pague los $25 millones que le corresponde y no se cobrarÃan los reclamos, intereses y costos adicionales. Según el constructor, estos agregados llegarÃan a $100 millones.
Sin embargo, según Ricupero, nunca se propuso al Estado realizar un cruce de cuentas por el litigio al rededor de la carretera Méndez-Morona.
Esta versión contrasta con la del contralor, Genaro Peña. Según él, Ricupero sà ofreció cruzar cuentas con el Estado.
"Ãl vino acá a mi despacho y me preguntó si habÃa forma de solucionar el problema con un cruce de cuentas, yo le dije que no", asegura el contralor.
El Estado debe a la contratista $61 millones menos de lo que supuestamente tendrÃa que devolverle la empresa brasileña. (LVA)
PUNTO DE VISTA
No dejar ninguna puerta abierta
Parece una historia más de las muchas que se suceden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado ecuatoriano, pero no; esta es diferente.
BLANCO Y NEGRO presenta en este informe la historia de la construcción de la Méndez-Morona, una vÃa de enorme importancia en la zona austral, pero que parece haberse convertido en un cuento de nunca acabar.
En la trama hay protagonistas de toda Ãndole: autoridades de control, diputados, ministros y, claro, los directivos de la empresa constructora, quienes llevan actuando por cerca de tres lustros en el paÃs, donde, incluso, han entorpecido las acciones de la justicia.
Como quiera que fuere, las relaciones entre la brasileña Andrade Gutiérrez y el Estado ecuatoriano a raÃz de la construcción de la Méndez-Morona ha estado marcada por las amenazas, las demandas, los juicios interrumpidos, órdenes desacatadas, todo esto configurando un escenario en el que algunos actores nacionales habrÃan caÃdo en las trampas y hasta en los sobornos que perjudican al paÃs, según ha denunciado el ex diputado Dalton Bacigalupo.
Y allà estamos hoy, esperando que las autoridades y los jueces, en especial, hagan prevalecer las leyes y el respeto a las institucionalidad del paÃs, pues resulta inconcebible que una empresa, aunque tenga poderosos vÃnculos en su nación, pretenda burlar las leyes de otro Estado soberano.
Por lo demás, hay que desear que el desenlace de esta historia tenga un final que haga recobrar la fe en las instituciones nacionales, muchas de las cuales han sido irrespetadas por sus propios directivos, en contubernio con los interesados de fuera.
La decisión final debe sustentarse en el derecho y en las leyes, de tal manera que no quede resquicio alguno del que puedan echar mano quienes parecen haberse especializado en perjudicar a paÃses de gente honesta. (TFF)(Blanco y Negro)
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