Andrade Gutiérrez no devuelve los $86,5 millones que exige la contraloría por el caso Méndez-Morona
Un enredo judicial entre el estado y Andrade Gutiérrez que lleva 17 años, y aún continúa
LA COMPAÑÍA constructora exigió un pago inicial de $3,5 millones. La Contraloría, a cargo de Milton Álava, viabilizó un pago de $23,4 millones
Dos documentos clave en el proceso. La sentencia penal del 15 de abril de 2003 y el auto de pago por $86,5 millones.
El 27 de junio de 1989, el procurador Germán Carrión estableció que la retención de los dineros de Andrade Gutiérrez (AG), por parte del Estado, era legal.
Los rubros correspondían a fiscalización y planillas sin facturar de la construcción de la carretera Méndez-Morona. El 2 de abril de 1991, el procurador Gustavo Medina ratificó ese dictamen. Al igual que lo hizo su sucesor Carlos Larreátegui.
En 1998, la constructora exigió que se entregara el dinero. Además pidió que se reliquidaran y ajustaran los precios de las planillas. El ministro de OOPP, Homero Torres, envió la petición al procurador Milton Álava.
El abogado del Estado, contrariando el criterio de quienes le presidieron, ordenó el pago.
El pedido inicial de la empresa fue de $3,5 millones, aproximadamente. Pero, el convenio de pagó alcanzó a $23,4 millones.
En 2000, el contralor Alfredo Corral aceptó el pedido del procurador para un examen especial, tras lo cual se estableció responsabilidad civil por pago indebido. La empresa reclamó administrativamente, y Corral rechazó el pedido.
En la demanda penal que la AG tenía en la CSJ por abuso de dineros públicos fue sobreseída el 15 de abril de 2003, pero la responsabilidad civil no fue anulada.
Anteriormente, en marzo de 2002, la AG había interpuesto recurso de casación en el Tribunal de lo Contencioso para evitar la devolución de lo pagado por el Estado, que la Contraloría, a cargo de Corral, exigía.
Pero para ejecutar este recurso, la AG debía consignar el valor de la garantía de respaldo del proceso.
El monto fue de $2,5 millones. El 24 de julio de 2004, AG perdió el juicio y la garantía.
La constructora presentó reclamos para que se aclarara la sentencia. La acción de la empresa pretendía evitar que la sentencia regresara a la Contraloría, bajo la dirección de Alfredo Corral, y se diera la coactiva.
Por eso, cuando la CSJ envió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, AG presentó nuevos incidentes (reclamos).
Finalmente, casi al terminar el mes de junio de 2006, el proceso llegó al organismo de control y se preparó la orden de cobro y el título de crédito por $86,5 millones por multas e intereses.
Pero la AG actuó con rapidez: reclamó alegando que la sentencia no estaba ejecutoriada.
También argumentó que el título de crédito fue falsificado, lo que fue rechazado por la Contraloría.
El 5 de julio se notificó a la empresa el auto de pago, exigiendo la cancelación o la remisión de bienes. Un día antes, la empresa constituyó un fideicomiso mercantil.
La constructora interpuso un juicio de excepciones ante el juez de coactivas. Como no se consignaron los $86,5 millones, el juez no dio paso.
A raíz de esto, la AG presentó el juicio directamente al Tribunal de lo Contencioso. Y justo en esos días llegó la vacancia judicial. (LVA)
La Méndez-Morona tenía fines de estrategia militar
LA CARRETERA se entregó con un año de retraso y por un costo de $100 millones, financiados en un 65% por Brasil
En 1985 se firmó el contrato; era época de incertidumbre por el fantasma de la guerra.
El proyecto se llevó a cabo en un territorio lluvioso (promedio de 26 días al mes), con montañas escarpadas y sin vías de acceso. En ese proceso murieron dos obreros, producto de un deslave.
El transporte de materiales se lo hizo vía fluvial desde Manaos, y vía aérea con aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos aterrizaban en una pista construida para el caso.
En 1990, después de casi cuatro años de trabajo, se entregó la obra. El precio fue de $100 millones, el 65% financiado con un préstamo del Brasil. El régimen de Rodrigo Borja cuestionó el contrato y se retuvieron los valores de fiscalización y planillas ($23,4 millones). (LVA)
El polémico 4% es el eje de la "bronca" judicial
LA RAZÓN DE LA retención es la fiscalización del MOP. A esto se sumaron $17 millones en planillas no cobradas
En los contratos públicos se debe retener el 4% por concepto de fiscalización. La única excepción es que fiscalicen las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Méndez-Morona, ese dinero fue retenido. Ahí nace la polémica, pues la carretera fue hecha con fines militares, pero la cláusula 24 del contrato dice que la fiscalización y supervisión estará a cargo del MOP.
Las Fuerzas Armadas, según el documento, supervisarán la obra.
Andrade Gutiérrez asegura que los militares participaron en la fiscalización; la Contraloría mantiene lo contrario.
El monto por el 4% es de $6 millones; a esto se suman $17 millones de planillas. (LVA)
Ricupero defiende la importancia de la obra y cree que son víctimas de una persecución
ANDRADE GUTIÉRREZ analiza la posibilidad de enjuiciar al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, aunque reconocen que no les interesa desprestigiar al país en el exterior
El representante de la constructora se defiende de las acusaciones con documentos que datan de la década de los ochenta.
Mauricio Ricupero es el representante de Andrade Gutiérrez (AG). Se defiende de las acusaciones, sentado en su oficina. Ahí se destacan dos grandes fotografías aéreas de la polémica carretera Méndez-Morona.
Antes de empezar a dar su versión indica, en el mapa, la ubicación de la obra y algunas fotos de aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos sirvieron para transportar parte del material.
Se llena la boca diciendo lo importante que fue la obra para defender los intereses nacionales en el conflicto de 1995 con el Perú. Además acota que fue uno de los referentes en el campo de la construcción.
Admite que existieron algunos problemas en el transcurso de los trabajos, pero las observaciones que hizo Contraloría fueron sanadas oportunamente argumenta.
Ricupero, que lleva más de 20 años viviendo en el país y que todavía habla con un fuerte acento portugués, dice que la inseguridad jurídica que atravesó el país antes de 1998 evitó que pudieran cobrar los valores retenidos.
Para él, la falta de justicia en el Ecuador es eminente y preocupante. Incluso cree que la empresa está siendo perseguida por intereses políticos y de empresas privadas que intentan sacar a AG del mercado.
Al preguntarle quién estaría interesado en perjudicar a AG, manifiesta que no le interesa saber de dónde viene la bala, su interés se centra en acabar de una vez por todas con el problema.
Según el ingeniero, cada vez que la constructora va a iniciar un proyecto de gran magnitud, sale a la luz la polémica sobre la carretera. Además, asegura que el contralor cree que no se pueden defender, y advierte que podrían iniciar acciones en el ámbito internacional en contra del Estado ecuatoriano.
Sin embargo, dice que esa iniciativa recién se está estudiando, pues no les interesa desprestigiar al país. Acerca de devolver el dinero, dice que no es justo que devuelvan algo que ganaron legal y decentemente. (LVA).
Bacigalupo denunció la conexión entre el Estado y AG
EX LEGISLADOR denunció que ex ministro cobró $1 millón de comisión por devolver el dinero a la constructora
En 1997, Marco Flores era diputado nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). Tenía como asesor al economista Andrián Rivadeneira.
El 28 de abril de ese año, Flores se desafilió del PSC. Tres meses después, el 7 de agosto, fue nombrado ministro de Finanzas, en el Gobierno de Fabián Alarcón.
Su asesor también fue a la Cartera de Economía como coordinador general del Ministerio y luego asumió la Subsecretaría.
El ex diputado socialdemócrata, Dalton Bacigalupo, denunció ante el Congreso que Rivadeneira fue el nexo entre el Gobierno de Alarcón y Andrade Gutiérrez. El legislador subrayó que el asesor había sido funcionario de la constructora.
Además, denunció que el ex ministro no solo infiltró al contacto, sino que también recibió $1 millón de comisión.
Bacigalupo, para respaldar su tesis, presentó ante el pleno, una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En este documento se registran los servicios prestados por Rivadeneira a la Andrade Gutiérrez.
BLANCO Y NEGRO verificó esta información acudiendo a los registros del Congreso. El acta 131, con fecha 16 de septiembre de 1999, dice que el secretario leyó la certificación.
Ahí se nombra el número patronal 33201300, correspondiente a Rivadeneira y dice que trabajó en dicha compañía, durante dos años. (LVA)
"Alarcón también cobró comisión"
Según Dalton Bacigalupo, los primeros $6 millones se cancelaron en efectivo. Los otros $17 millones se pagaron en bonos 21 días después.
Además sostiene que la razón de cancelar en dos pagos fue extorsionar a AG para que pague comisiones a Fabián Alarcón, Alava, Torres y Marco
Flores. (LVA)
AG alega que título de crédito es falsificado
El juicio de excepciones fue interpuesto para evitar que la Contraloría continúe con el proceso coactivo
La única vía que encontró Andrade Gutiérrez (AG) para evitar la acción coactiva, después de fracasar con el fideicomiso, fue plantear un juicio de excepciones.
Para que esta figura legal procediera, la constructora tenía que entregar a Contraloría los $86,5 millones en disputa.
AG manifiesta que el título de crédito es falsificado y por eso no consigna ese valor. Según Carlos Egas, abogado de la constructora, la falsificación es de carácter ideológico. Esto quiere decir que el contenido del documento sería falso.
Según Egas, la falsificación radica en que la Sala de lo Contencioso y Administrativo no ejecutó la sentencia del recurso de casación; en que la compañía no debe capital alguno al Estado y por último en el sobreseimiento de la Segunda Sala de lo Penal .
Esta acción constituye para el Contralor, Genaro Peña, un artificio más que no tiene ni pies ni cabeza y lo que busca, es retrasar más el proceso. (LVA)
Peña: "Andrade Gutiérrez desafía a toda la estructura jurídica del estado ecuatoriano"
EL CONTRALOR asegura que la constructora se enfrenta a organismos de justicia eficientes y no podrá evitar que se ejecuten las medidas cautelares para recuperar el dinero entregado en 1998
El contralor (e) Genaro Peña asegura que la Andrade Gutiérrez amenaza a los jueces con acciones legales
El contralor general, Genaro Peña, tiene entre ceja y ceja a la compañía Andrade Gutiérrez (AG).
Para él, esta constructora extranjera desafía a toda la estructura jurídica del Estado ecuatoriano. Además, dice que no hay vueltas que darle y que AG va a tener que pagar lo que se le exige.
Para Peña, todos los recursos que ha utilizado la compañía son artificios jurídicos, mediante los cuales quiere diluir el trámite.
También esperan que la Contraloría se eche para atrás en el proceso al ver que se está convirtiendo en un lío, advierte.
Según los brasileños, el asunto debió acabar cuando se emitió la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el contralor manifiesta que cuando se exime de responsabilidad penal no se elimina la civil.
Las acciones de AG, para Peña, no han tenido éxito. Según él, se ha topado con instancias responsables y profesionales, como la CSJ que, a pesar de los incidentes presentados, devolvió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, el cual a su vez lo remitió al organismo de control.
El contralor advierte que AG amenazó a los conjueces con iniciar acciones legales en su contra para que el fallo sea a su favor.
La pérdida del recurso de casación era el instrumento legal para iniciar la acción coactiva, dice Peña.
También aduce que el hecho de haber pedido a los conjueces del Tribunal, que rechazaran las acciones de la constructora, no constituye prevaricato.
El contralor está para defender los intereses del Estado y está cumpliendo con su misión, argumenta.
Peña asegura que los artificios que ha presentado la empresa, no lograrán impedir la implementación de las medidas cautelares.
En cuanto a estas acciones asegura que ya se retuvieron $1 400 de una cuenta de AG en el Banco del Pichincha.
Las demás medidas que se tomarán son: el embargo de bienes, la retención de dineros y los desembolsos estatales.(LVA)
Un acuerdo frustrado entre la Contraloría y Andrade Gutiérrez proponía cruce de cuentas con lo adeudado por trabajos en el control de inundaciones en la cuenca baja del río Guayas
Andrade Gutiérrez realizó trabajos en conjunto con la constructora guayaquileña Colisa. El proyecto se trataba de un control de inundación en la cuenca baja del río Guayas.
Este contrato no recibió ningún informe negativo en los exámenes de Contraloría.
Los trabajos finalizaron en enero de 1997 y quedó una cuenta por cobrar de aproximadamente $50 millones, la mitad corresponde a Andrade Gutiérrez.
Según Mauricio Ricupero, representante de la constructora, la empresa en señal de buena fe, ha propuesto que se le pague los $25 millones que le corresponde y no se cobrarían los reclamos, intereses y costos adicionales. Según el constructor, estos agregados llegarían a $100 millones.
Sin embargo, según Ricupero, nunca se propuso al Estado realizar un cruce de cuentas por el litigio al rededor de la carretera Méndez-Morona.
Esta versión contrasta con la del contralor, Genaro Peña. Según él, Ricupero sí ofreció cruzar cuentas con el Estado.
"Él vino acá a mi despacho y me preguntó si había forma de solucionar el problema con un cruce de cuentas, yo le dije que no", asegura el contralor.
El Estado debe a la contratista $61 millones menos de lo que supuestamente tendría que devolverle la empresa brasileña. (LVA)
PUNTO DE VISTA
No dejar ninguna puerta abierta
Parece una historia más de las muchas que se suceden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado ecuatoriano, pero no; esta es diferente.
BLANCO Y NEGRO presenta en este informe la historia de la construcción de la Méndez-Morona, una vía de enorme importancia en la zona austral, pero que parece haberse convertido en un cuento de nunca acabar.
En la trama hay protagonistas de toda índole: autoridades de control, diputados, ministros y, claro, los directivos de la empresa constructora, quienes llevan actuando por cerca de tres lustros en el país, donde, incluso, han entorpecido las acciones de la justicia.
Como quiera que fuere, las relaciones entre la brasileña Andrade Gutiérrez y el Estado ecuatoriano a raíz de la construcción de la Méndez-Morona ha estado marcada por las amenazas, las demandas, los juicios interrumpidos, órdenes desacatadas, todo esto configurando un escenario en el que algunos actores nacionales habrían caído en las trampas y hasta en los sobornos que perjudican al país, según ha denunciado el ex diputado Dalton Bacigalupo.
Y allí estamos hoy, esperando que las autoridades y los jueces, en especial, hagan prevalecer las leyes y el respeto a las institucionalidad del país, pues resulta inconcebible que una empresa, aunque tenga poderosos vínculos en su nación, pretenda burlar las leyes de otro Estado soberano.
Por lo demás, hay que desear que el desenlace de esta historia tenga un final que haga recobrar la fe en las instituciones nacionales, muchas de las cuales han sido irrespetadas por sus propios directivos, en contubernio con los interesados de fuera.
La decisión final debe sustentarse en el derecho y en las leyes, de tal manera que no quede resquicio alguno del que puedan echar mano quienes parecen haberse especializado en perjudicar a países de gente honesta. (TFF)(Blanco y Negro)
Un enredo judicial entre el estado y Andrade Gutiérrez que lleva 17 años, y aún continúa
LA COMPAÑÍA constructora exigió un pago inicial de $3,5 millones. La Contraloría, a cargo de Milton Álava, viabilizó un pago de $23,4 millones
Dos documentos clave en el proceso. La sentencia penal del 15 de abril de 2003 y el auto de pago por $86,5 millones.
El 27 de junio de 1989, el procurador Germán Carrión estableció que la retención de los dineros de Andrade Gutiérrez (AG), por parte del Estado, era legal.
Los rubros correspondían a fiscalización y planillas sin facturar de la construcción de la carretera Méndez-Morona. El 2 de abril de 1991, el procurador Gustavo Medina ratificó ese dictamen. Al igual que lo hizo su sucesor Carlos Larreátegui.
En 1998, la constructora exigió que se entregara el dinero. Además pidió que se reliquidaran y ajustaran los precios de las planillas. El ministro de OOPP, Homero Torres, envió la petición al procurador Milton Álava.
El abogado del Estado, contrariando el criterio de quienes le presidieron, ordenó el pago.
El pedido inicial de la empresa fue de $3,5 millones, aproximadamente. Pero, el convenio de pagó alcanzó a $23,4 millones.
En 2000, el contralor Alfredo Corral aceptó el pedido del procurador para un examen especial, tras lo cual se estableció responsabilidad civil por pago indebido. La empresa reclamó administrativamente, y Corral rechazó el pedido.
En la demanda penal que la AG tenía en la CSJ por abuso de dineros públicos fue sobreseída el 15 de abril de 2003, pero la responsabilidad civil no fue anulada.
Anteriormente, en marzo de 2002, la AG había interpuesto recurso de casación en el Tribunal de lo Contencioso para evitar la devolución de lo pagado por el Estado, que la Contraloría, a cargo de Corral, exigía.
Pero para ejecutar este recurso, la AG debía consignar el valor de la garantía de respaldo del proceso.
El monto fue de $2,5 millones. El 24 de julio de 2004, AG perdió el juicio y la garantía.
La constructora presentó reclamos para que se aclarara la sentencia. La acción de la empresa pretendía evitar que la sentencia regresara a la Contraloría, bajo la dirección de Alfredo Corral, y se diera la coactiva.
Por eso, cuando la CSJ envió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, AG presentó nuevos incidentes (reclamos).
Finalmente, casi al terminar el mes de junio de 2006, el proceso llegó al organismo de control y se preparó la orden de cobro y el título de crédito por $86,5 millones por multas e intereses.
Pero la AG actuó con rapidez: reclamó alegando que la sentencia no estaba ejecutoriada.
También argumentó que el título de crédito fue falsificado, lo que fue rechazado por la Contraloría.
El 5 de julio se notificó a la empresa el auto de pago, exigiendo la cancelación o la remisión de bienes. Un día antes, la empresa constituyó un fideicomiso mercantil.
La constructora interpuso un juicio de excepciones ante el juez de coactivas. Como no se consignaron los $86,5 millones, el juez no dio paso.
A raíz de esto, la AG presentó el juicio directamente al Tribunal de lo Contencioso. Y justo en esos días llegó la vacancia judicial. (LVA)
La Méndez-Morona tenía fines de estrategia militar
LA CARRETERA se entregó con un año de retraso y por un costo de $100 millones, financiados en un 65% por Brasil
En 1985 se firmó el contrato; era época de incertidumbre por el fantasma de la guerra.
El proyecto se llevó a cabo en un territorio lluvioso (promedio de 26 días al mes), con montañas escarpadas y sin vías de acceso. En ese proceso murieron dos obreros, producto de un deslave.
El transporte de materiales se lo hizo vía fluvial desde Manaos, y vía aérea con aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos aterrizaban en una pista construida para el caso.
En 1990, después de casi cuatro años de trabajo, se entregó la obra. El precio fue de $100 millones, el 65% financiado con un préstamo del Brasil. El régimen de Rodrigo Borja cuestionó el contrato y se retuvieron los valores de fiscalización y planillas ($23,4 millones). (LVA)
El polémico 4% es el eje de la "bronca" judicial
LA RAZÓN DE LA retención es la fiscalización del MOP. A esto se sumaron $17 millones en planillas no cobradas
En los contratos públicos se debe retener el 4% por concepto de fiscalización. La única excepción es que fiscalicen las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Méndez-Morona, ese dinero fue retenido. Ahí nace la polémica, pues la carretera fue hecha con fines militares, pero la cláusula 24 del contrato dice que la fiscalización y supervisión estará a cargo del MOP.
Las Fuerzas Armadas, según el documento, supervisarán la obra.
Andrade Gutiérrez asegura que los militares participaron en la fiscalización; la Contraloría mantiene lo contrario.
El monto por el 4% es de $6 millones; a esto se suman $17 millones de planillas. (LVA)
Ricupero defiende la importancia de la obra y cree que son víctimas de una persecución
ANDRADE GUTIÉRREZ analiza la posibilidad de enjuiciar al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, aunque reconocen que no les interesa desprestigiar al país en el exterior
El representante de la constructora se defiende de las acusaciones con documentos que datan de la década de los ochenta.
Mauricio Ricupero es el representante de Andrade Gutiérrez (AG). Se defiende de las acusaciones, sentado en su oficina. Ahí se destacan dos grandes fotografías aéreas de la polémica carretera Méndez-Morona.
Antes de empezar a dar su versión indica, en el mapa, la ubicación de la obra y algunas fotos de aviones Búfalo del Ejército ecuatoriano. Estos sirvieron para transportar parte del material.
Se llena la boca diciendo lo importante que fue la obra para defender los intereses nacionales en el conflicto de 1995 con el Perú. Además acota que fue uno de los referentes en el campo de la construcción.
Admite que existieron algunos problemas en el transcurso de los trabajos, pero las observaciones que hizo Contraloría fueron sanadas oportunamente argumenta.
Ricupero, que lleva más de 20 años viviendo en el país y que todavía habla con un fuerte acento portugués, dice que la inseguridad jurídica que atravesó el país antes de 1998 evitó que pudieran cobrar los valores retenidos.
Para él, la falta de justicia en el Ecuador es eminente y preocupante. Incluso cree que la empresa está siendo perseguida por intereses políticos y de empresas privadas que intentan sacar a AG del mercado.
Al preguntarle quién estaría interesado en perjudicar a AG, manifiesta que no le interesa saber de dónde viene la bala, su interés se centra en acabar de una vez por todas con el problema.
Según el ingeniero, cada vez que la constructora va a iniciar un proyecto de gran magnitud, sale a la luz la polémica sobre la carretera. Además, asegura que el contralor cree que no se pueden defender, y advierte que podrían iniciar acciones en el ámbito internacional en contra del Estado ecuatoriano.
Sin embargo, dice que esa iniciativa recién se está estudiando, pues no les interesa desprestigiar al país. Acerca de devolver el dinero, dice que no es justo que devuelvan algo que ganaron legal y decentemente. (LVA).
Bacigalupo denunció la conexión entre el Estado y AG
EX LEGISLADOR denunció que ex ministro cobró $1 millón de comisión por devolver el dinero a la constructora
En 1997, Marco Flores era diputado nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). Tenía como asesor al economista Andrián Rivadeneira.
El 28 de abril de ese año, Flores se desafilió del PSC. Tres meses después, el 7 de agosto, fue nombrado ministro de Finanzas, en el Gobierno de Fabián Alarcón.
Su asesor también fue a la Cartera de Economía como coordinador general del Ministerio y luego asumió la Subsecretaría.
El ex diputado socialdemócrata, Dalton Bacigalupo, denunció ante el Congreso que Rivadeneira fue el nexo entre el Gobierno de Alarcón y Andrade Gutiérrez. El legislador subrayó que el asesor había sido funcionario de la constructora.
Además, denunció que el ex ministro no solo infiltró al contacto, sino que también recibió $1 millón de comisión.
Bacigalupo, para respaldar su tesis, presentó ante el pleno, una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En este documento se registran los servicios prestados por Rivadeneira a la Andrade Gutiérrez.
BLANCO Y NEGRO verificó esta información acudiendo a los registros del Congreso. El acta 131, con fecha 16 de septiembre de 1999, dice que el secretario leyó la certificación.
Ahí se nombra el número patronal 33201300, correspondiente a Rivadeneira y dice que trabajó en dicha compañía, durante dos años. (LVA)
"Alarcón también cobró comisión"
Según Dalton Bacigalupo, los primeros $6 millones se cancelaron en efectivo. Los otros $17 millones se pagaron en bonos 21 días después.
Además sostiene que la razón de cancelar en dos pagos fue extorsionar a AG para que pague comisiones a Fabián Alarcón, Alava, Torres y Marco
Flores. (LVA)
AG alega que título de crédito es falsificado
El juicio de excepciones fue interpuesto para evitar que la Contraloría continúe con el proceso coactivo
La única vía que encontró Andrade Gutiérrez (AG) para evitar la acción coactiva, después de fracasar con el fideicomiso, fue plantear un juicio de excepciones.
Para que esta figura legal procediera, la constructora tenía que entregar a Contraloría los $86,5 millones en disputa.
AG manifiesta que el título de crédito es falsificado y por eso no consigna ese valor. Según Carlos Egas, abogado de la constructora, la falsificación es de carácter ideológico. Esto quiere decir que el contenido del documento sería falso.
Según Egas, la falsificación radica en que la Sala de lo Contencioso y Administrativo no ejecutó la sentencia del recurso de casación; en que la compañía no debe capital alguno al Estado y por último en el sobreseimiento de la Segunda Sala de lo Penal .
Esta acción constituye para el Contralor, Genaro Peña, un artificio más que no tiene ni pies ni cabeza y lo que busca, es retrasar más el proceso. (LVA)
Peña: "Andrade Gutiérrez desafía a toda la estructura jurídica del estado ecuatoriano"
EL CONTRALOR asegura que la constructora se enfrenta a organismos de justicia eficientes y no podrá evitar que se ejecuten las medidas cautelares para recuperar el dinero entregado en 1998
El contralor (e) Genaro Peña asegura que la Andrade Gutiérrez amenaza a los jueces con acciones legales
El contralor general, Genaro Peña, tiene entre ceja y ceja a la compañía Andrade Gutiérrez (AG).
Para él, esta constructora extranjera desafía a toda la estructura jurídica del Estado ecuatoriano. Además, dice que no hay vueltas que darle y que AG va a tener que pagar lo que se le exige.
Para Peña, todos los recursos que ha utilizado la compañía son artificios jurídicos, mediante los cuales quiere diluir el trámite.
También esperan que la Contraloría se eche para atrás en el proceso al ver que se está convirtiendo en un lío, advierte.
Según los brasileños, el asunto debió acabar cuando se emitió la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el contralor manifiesta que cuando se exime de responsabilidad penal no se elimina la civil.
Las acciones de AG, para Peña, no han tenido éxito. Según él, se ha topado con instancias responsables y profesionales, como la CSJ que, a pesar de los incidentes presentados, devolvió el expediente al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, el cual a su vez lo remitió al organismo de control.
El contralor advierte que AG amenazó a los conjueces con iniciar acciones legales en su contra para que el fallo sea a su favor.
La pérdida del recurso de casación era el instrumento legal para iniciar la acción coactiva, dice Peña.
También aduce que el hecho de haber pedido a los conjueces del Tribunal, que rechazaran las acciones de la constructora, no constituye prevaricato.
El contralor está para defender los intereses del Estado y está cumpliendo con su misión, argumenta.
Peña asegura que los artificios que ha presentado la empresa, no lograrán impedir la implementación de las medidas cautelares.
En cuanto a estas acciones asegura que ya se retuvieron $1 400 de una cuenta de AG en el Banco del Pichincha.
Las demás medidas que se tomarán son: el embargo de bienes, la retención de dineros y los desembolsos estatales.(LVA)
Un acuerdo frustrado entre la Contraloría y Andrade Gutiérrez proponía cruce de cuentas con lo adeudado por trabajos en el control de inundaciones en la cuenca baja del río Guayas
Andrade Gutiérrez realizó trabajos en conjunto con la constructora guayaquileña Colisa. El proyecto se trataba de un control de inundación en la cuenca baja del río Guayas.
Este contrato no recibió ningún informe negativo en los exámenes de Contraloría.
Los trabajos finalizaron en enero de 1997 y quedó una cuenta por cobrar de aproximadamente $50 millones, la mitad corresponde a Andrade Gutiérrez.
Según Mauricio Ricupero, representante de la constructora, la empresa en señal de buena fe, ha propuesto que se le pague los $25 millones que le corresponde y no se cobrarían los reclamos, intereses y costos adicionales. Según el constructor, estos agregados llegarían a $100 millones.
Sin embargo, según Ricupero, nunca se propuso al Estado realizar un cruce de cuentas por el litigio al rededor de la carretera Méndez-Morona.
Esta versión contrasta con la del contralor, Genaro Peña. Según él, Ricupero sí ofreció cruzar cuentas con el Estado.
"Él vino acá a mi despacho y me preguntó si había forma de solucionar el problema con un cruce de cuentas, yo le dije que no", asegura el contralor.
El Estado debe a la contratista $61 millones menos de lo que supuestamente tendría que devolverle la empresa brasileña. (LVA)
PUNTO DE VISTA
No dejar ninguna puerta abierta
Parece una historia más de las muchas que se suceden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado ecuatoriano, pero no; esta es diferente.
BLANCO Y NEGRO presenta en este informe la historia de la construcción de la Méndez-Morona, una vía de enorme importancia en la zona austral, pero que parece haberse convertido en un cuento de nunca acabar.
En la trama hay protagonistas de toda índole: autoridades de control, diputados, ministros y, claro, los directivos de la empresa constructora, quienes llevan actuando por cerca de tres lustros en el país, donde, incluso, han entorpecido las acciones de la justicia.
Como quiera que fuere, las relaciones entre la brasileña Andrade Gutiérrez y el Estado ecuatoriano a raíz de la construcción de la Méndez-Morona ha estado marcada por las amenazas, las demandas, los juicios interrumpidos, órdenes desacatadas, todo esto configurando un escenario en el que algunos actores nacionales habrían caído en las trampas y hasta en los sobornos que perjudican al país, según ha denunciado el ex diputado Dalton Bacigalupo.
Y allí estamos hoy, esperando que las autoridades y los jueces, en especial, hagan prevalecer las leyes y el respeto a las institucionalidad del país, pues resulta inconcebible que una empresa, aunque tenga poderosos vínculos en su nación, pretenda burlar las leyes de otro Estado soberano.
Por lo demás, hay que desear que el desenlace de esta historia tenga un final que haga recobrar la fe en las instituciones nacionales, muchas de las cuales han sido irrespetadas por sus propios directivos, en contubernio con los interesados de fuera.
La decisión final debe sustentarse en el derecho y en las leyes, de tal manera que no quede resquicio alguno del que puedan echar mano quienes parecen haberse especializado en perjudicar a países de gente honesta. (TFF)(Blanco y Negro)
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