Temor Al Monoplio Mueve A Diputados

Quito. 29.07.94. La supuesta creación de un monopolio privado
parece ser el principal motivo que ha llevado a los distintos
partidos políticos a proponerse negar el proyecto de Ley de
Telecomunicaciones, enviado con el carácter de urgente, por
segunda vez, por el Ejecutivo al Congreso.

La totalidad de los diputados que intervinieron durante la sesión
del miércoles por la noche recomendaron la negativa del proyecto
alegando que éste establece un monopolio privado donde no
existiría competencia sino tan solo las ganancias aseguradas por
un grupo económico determinado.

Según Andrés Vallejo, de la Izquierda Democrática, en un aparente
intento de desmonopolizar el negocio el proyecto establece que
habrá una empresa en Guayaquil y otra en Quito, "pero en la
realidad lo que sucederá es que cada una de esas empresas tendrá
su negocio asegurado en dichos territorios". Sin competencia,
dijeron otros, se podrán fijar tarifas arbitrarias, lo que
convertiría al servicio en patrimonio de las altas clases
sociales.

A este razonamiento se unieron muchos otros. Como por ejemplo el
que no existe seguridad sobre hacia dónde se destinarán los
fondos obtenidos de la desinversión o el de la falta de
transparencia en la forma de entregar el sector a la empresa
privada.

Pero sin duda la decisión del Partido Social Cristiano,
mayoritario en el Congreso, fue determinante para que se
adelanten los pasos que permitirán esta eventual negativa que ha
golpeado duramente la Gobierno.

Los cálculos de aquí a dos años

Heinz Moeller, jefe del bloque socialcristiano, asegura que la
decisión de su partido se la ha adoptado en vista de que no
quieren comprometer su futuro político. Según explicó el
diputado, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de un
"despiadado" monopolio privado donde no existe posibilidad de
competencia.

Por ello, dicen los socialcristianos, se teme que en dos años el
pueblo ecuatoriano los responsabilice por haber permitido que la
telefonía se convierta en un servicio exclusivo de las clases
altas. En otras palabras, si se entrega el negocio a una sola
empresa (una en Quito y otra en Guayaquil pero cada uno con su
territorio) éstas podrán imponer tarifas inaccesibles para los
ecuatorianos de clase media y baja, ya que no existiría la debida
competencia. En otras palabras, los socialcristianos no quieren
que de aquí a dos años, justo cuando se celebren las elecciones
presidenciales de 1996 se los señale como los responsables de
ello.

Moeller niega que su partido tenga interés en boicotear las
iniciativas de Marcel Laniado, quien se supone será la carta
electoral del Gobierno en desmedro de la socialcristiana. Según
Moeller existen otras razones para la negativa, tan criticada por
los empresarios y varios medios de comunicación. Una de ellas es
lo que califica de "sospechoso apresuramiento" del Gobierno que
contrató a una importante empresa consultora internacional para
analizar la situación del EMETEL.

El Gobierno ha preferido enviar el proyecto, según Moeller, antes
de que la consultora se pronuncie. "¿Qué vamos a hacer si luego
de aprobado el proyecto la consultora, por cuyo trabajo el pueblo
ha pagado millones de dólares, dice que tiene que hacerse algo
completamente distinto a lo que se señala en el proyecto?", se
pregunta Moeller, quien asegura que dicha asesora tiene como
trabajo valorar los activos de la empresa y recomendar la forma
más adecuada para la modernización del sector.

Por esta posición, los socialcristianos han tenido que afrontar
las críticas sobre todo de los empresarios y de algunos medios de
comunicación. "Estamos dispuestos a pagar el costo de la campaña
que se hace en nuestra contra, pero sabemos que a largo plazo la
situación será distinta", concluyó Moeller.

ENTRETELONES

Un largo trabajo de persuación de algunos jefes de bloque
permitió que el presidente del Congreso, Samuel Belletini,
desista de su intención de enviar el proyecto de Ley de
Telecomunicaciones a la desmantelada Comisión de lo Laboral donde
era casi seguro que daría frutos la estrategia del Gobierno para
que el texto entre en vigencia por el ministerio de la Ley.

- Durante dos horas los diputados Andrés Vallejo, de la ID;
Carlos Vallejo, de la DP, Heinz Moeller, del PSC, y Juan José
Castelló del MPD convencieron a Belletini, quien en un principio
no parecía dispuesto a ceder ni un milímetro.

- Sin embargo, el trabajo de persuación dio resultados y no fue
necesario hacer lo que se tenía previsto: apelar la presidencia
de Belletini y hacer que el vicepresidente, Bruno Frixone, envíe
el proyecto a la Comisión de lo Civil, donde existen los
diputados necesarios para que se elabore el informe que -se supo-
recomendaría la negativa del proyecto.

- Un intenso tira y afloja se ha dado en las últimas horas en el
Congreso. Cinco miembros de la comisión de lo Laboral y Social se
encuentran de viaje en el exterior.

- El Gobierno había hecho todos los esfuerzos. Diputados que no
han asistido a las sesiones por varios meses aparecieron. Ahí
estuvieron Xavier Ledesma, Washington Fayton y Eduard Crow.

- Los asesores del Ejecutivo también redoblaron sus gestiones
pero a la final, cuando se percataron de que todo era inútil,
abandonaron el Congreso.

- La presencia de Ledesma y Fayton, ambos miembros de la Comisión
de lo Laboral, fue interpretada como un intento del Gobierno para
evitar que se envíe el proyecto a la Comisión de lo Civil,
alegando que ahí estaban los vocales de la Comisión de lo
Laboral.

- Pero cabe señalar que Ledesma, durante un año, solo ha asistido
a una sola sesión de dicha Comisión, según datos revelados por el
diputado Antonio Rodríguez.

- Belletini, cuando envió el proyecto a la Comisión de lo Civil a
eso de las 22h00, dijo que lo hacía por lealtad con los bloques
que lo habían elegido. Horas antes había dicho que por nada del
mundo lo enviaría a esa comisión. (5A)