Una planta de $3 millones está abandonada; otra excede en 66% el referencial
El actual alcalde, Kléber Paz y Miño, detectó las irregularidades del proceso seguido por su antecesor, Hólger Velasteguí, y este lo enjuició por injurias.
Finalmente ambos sellaron un pacto de no agresión en una Notaría de Quito
Santo Domingo: cuatro barrios reciben agua durante tres horas, solo tres días cada semana
El sistema de tuberías fue colocado hace tres décadas y debió haber sido cambiado hace 13 años; fugas del líquido llegan al 50%
Con 287 mil habitantes (según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), solo tres o cuatro sectores de Santo Domingo de los Colorados reciben agua potable durante tres horas, tres días a la semana.
El sistema de agua potable fue construido hace 30 años por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). Tiene una capacidad para proveer 300 litros por segundo.
El gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa), Édgar Astudillo, dice que para abastecer a la ciudad se requiere de una planta moderna con capacidad de 700 litros por segundo.
Añade que ni siquiera los 300 litros actuales llegan a los consumidores, porque entre el 40% y el 50% del líquido se fuga a través de las vetustas tuberías que debieron haber sido cambiadas hace más de una década.
La Emapa tiene registrados 25 mil clientes y solo el 50% de ellos paga por el consumo, indica el funcionario al relatar que otras 40 mil personas lo obtienen de pozos de agua ubicados junto a los pozos sépticos de sus viviendas y de redes clandestinas.
El agua es apta para el consumo solo cuando sale de la planta, luego los usuarios no tienen ninguna garantía de su pureza, porque hasta llegar a los domicilios debe atravesar por una red de tuberías de asbesto cemento, que se hallan en mal estado. Así, en el trayecto, el líquido se contamina con insectos, basura, residuos fecales.
La falta de agua es el problema más grave de Santo Domingo y varias instituciones han tratado de resolverlo.
Pero no hay un trabajo unificado. Por un lado está el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), por otro, el Consejo Provincial de Pichincha; el Municipio hace algunas obras por su cuenta.
Cada una de esas instituciones ha colocado tuberías y redes de agua, pero estas no están interconectadas y se chocan entre sí.
El Consejo Provincial hizo un sistema de bombeo que está abandonado, pues no se lo utiliza por falta de agua.
Para mencionar un caso, la falta de coordinación se observa en la cooperativa Juan Elogio Pazmiño. Allí hay redes colocadas por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Miduvi y el Municipio. Pero ninguna sirve para dar agua. (LVA/AA)
Sistema funciona una vez, ahora está abandonado
El contrato fue de $3 321 117, con los volúmenes adicionales el costo aumentó en 332%, según la CCCC
El 22 de septiembre de 1998, cuando era alcalde de Santo Domingo el radiodifusor Hólger Velasteguí, la junta directiva de la Emapa declaró la emergencia del sistema de agua potable.
Cuatro meses después, en enero de 1999, el Municipio firmó un contrato con el consorcio Ecocen, para ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar funcionando el sistema de agua potable Toachi-Miravalle.
El plazo fue de 100 días y la obra debió estar concluida en mayo de ese año.
El contrato fue de $3 321 117 y, según la Comisión de Control de la Corrupción (CCCC), hubo un exceso del 332%, que se hizo pasar como volúmenes adicionales o incrementos del contrato. Así, el costo final sería de $11 026 108.
Para junio de 2000 se celebró un contrato complementario para ejecutar los trabajos de captación, canal de excesos, drenaje y encauzamiento de aguas subterráneas, estación de bombeo, guardianía, entrada y salida de vehículos de la planta de agua potable.
En marzo de 2001, las partes firmaron el acta de entrega-recepción definitiva de los trabajos.
El sistema funcionó alrededor de tres horas, solo ese día. Desde entonces, las bombas y la piscina de captación, ubicadas en el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quito, empezaron a llenarse de agua empozada, algas, óxido, musgo, polvo y olvido. Así han transcurrido cinco años. (LVA/AA)
Ex gerente de Emapa, juez y parte en contratación
La planta de tratamiento no cumplió los parámetros establecidos; instalan equipos diferentes a los ofertados
Amparado en la declaratoria de emergencia, el 5 de julio de 1999, el Municipio y la Emapa firmaron un contrato con la empresa Potable Tech, para que esta suministre, instale y entregue funcionando una planta de tratamiento de agua, de 300 litros de capacidad, por $857 mil.
Esta planta modular formaba parte del proyecto integral Toachi-Miravalle.
Antes de la firma del contrato, el entonces gerente de Emapa, Byron Burgos, había solicitado a la firma Potable Tech las cotizaciones correspondientes.
Luego de integrar las comisiones técnicas que recomendaron la adjudicación y celebración del contrato, Burgos renunció al cargo, pues había sido nombrado gerente técnico de Potable Tech.
Al cabo de un año regresó al Municipio en calidad de asesor técnico para la recepción del proyecto Toachi-Miravalle.
El alcalde Holger Velasteguí fue advertido de que había problemas. Durante la ejecución de las obras, el supervisor Marco Morales le informó que el proceso de potabilización de las aguas no cumplía los parámetros establecidos.
Además se instalaron equipos diferentes a los ofertados y había fallas en el funcionamiento de la planta.
El alcalde hizo caso omiso, las obras continuaron y contrató la fiscalización por 399,5 millones de sucres. El sistema integral está abandonado. (LVA/AA)
Denunciado y denunciante firman pacto de no agresión
El actual alcalde se comprometió a enviar a la Contraloría un informe idóneo sobre la gestión de su antecesor
La planta de tratamiento de Potable Tech está abandonada. El gerente de la Emapa, Édgar Astudillo, manifestó que es imposible rehabilitar estos equipos
Para febrero de 2001, el actual alcalde de Santo Domingo, Kléber Paz y Miño, calificó de mamarrachada al sistema integral de agua potable Toachi-Miravalle.
Criticó a su antecesor por haber malgastado dinero en una obra inútil que iba a quedar para el museo a fin de que los niños y jóvenes pudieran constatar la ineptitud de Velasteguí.
Al mismo tiempo anticipaba que la obra no sería recibida por su administración.
Pero un mes después, una comisión designada por él firmaba la entrega-recepción definitiva del contrato de construcción de la obra.
En noviembre de 2002 y diciembre de 2003, Velasteguí planteó dos juicios penales en contra de Paz y Miño, por injurias y por prevaricato.
En el marco de uno de esos procesos obtuvo un informe del Instituto de Criminología de la Universidad Central, en el que un psiquiatra y un psicólogo establecieron que el alcalde presentaba un deterioro demencial incipiente que podría tener relación con su edad. Paz y Miño tiene 81 años.
No pasaron 30 días, cuando este último publicó un reconocimiento en los diarios locales, en el que ofrecía disculpas por el injusto daño moral y material causado a su predecesor.
También le pedía que declinara las acciones judiciales interpuestas en su contra. Se ha comprobado la honestidad de la administración pasada, finalizaba el comunicado.
Esto se refrendó en un acta de compromiso protocolizada en la Notaría nº. 17 de Quito, el 12 de abril de 2004.
En ese documento, Paz y Miño se comprometía a enviar a la Contraloría un informe idóneo sobre la gestión de su ex enemigo y este desistía de continuar las acciones legales. En caso de incumplimiento de las promesas, estipularon una multa de $50 mil.
Pese a esto, los colegios profesionales del cantón denunciaron las irregularidades a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y a la Contraloría.
Aunque el caso se judicializó, la Fiscalía ordenó su archivo; el entonces presidente de la Corte Superior de Quito, Fabián Jaramillo, actuó en concordancia.
A su vez, la Contraloría estableció una glosa por $777 885 a la empresa Potable Tech y otra, por $2 850, contra Byron Burgos, ex gerente técnico de esa empresa.
El alcalde Paz y Miño estuvo muy ocupado para conversar con BLANCO Y NEGRO; en su representación, el asesor Hipólito Borja dijo que actualmente hay un proceso para contratar la construcción de un sistema de agua potable, por $43 millones, con una empresa japonesa.
A diferencia del anterior que debía captar las aguas del río Toachi, el nuevo las captará desde el río Lelia en la cordillera andina. (LVA/SR)
El Municipio decide dónde construir el complejo, sin el consentimiento del propietario del terreno
Hace siete años, Carlos Benavides compró 12 hectáreas de terreno para instalar un complejo deportivo. Un buen día, a su regreso de un viaje a Caracas, se encontró que una hectárea había sido ocupada por el Municipio, que planeaba construir en el lugar el complejo Toachi-Miravalle.
Cuando intentó reclamar al alcalde Hólger Velasteguí, este le respondió "quien tiene la plata gana en estos procesos", cuenta Benavides.
Así pasó el tiempo hasta el 6 de abril de este año, cuando el Municipio autorizó el pago de $25 mil por el predio ocupado.
No obstante, Benavides anunció acciones judiciales contra el Cabildo por no haberle pagado un arriendo en los últimos años. (LVA)
CONTRALORÍA: "NUEVO PROYECTO REGISTRA 66% DE AUMENTO EN RELACIÓN A PRECIO REFERENCIAL"
Otro plan emergente para la construcción de una planta convencional, de dos módulos para suministrar 500 litros por segundo, recibió informe desfavorable de organismo de control
El tener una flota de tanqueros sería un buen negocio en Santo Domingo, pues gran parte de la población llena sus cisternas con agua de estos camiones
En toda contratación existen comentarios. Lo que dice la Comisión Anticorrupción es cosa juzgada, manifiesta el ex alcalde Hólger Velasteguí.
Para reforzar lo dicho, entrega a BLANCO Y NEGRO la providencia del ex presidente de la Corte Superior de Quito, Fabián Jaramillo, y señala que su gestión no fue observada por ningún organismo de control.
Añade que él únicamente contrató la construcción de la planta, la cual fue terminada, por lo que no es su culpa que su sucesor Kléber Paz y Miño no la haya puesto en funcionamiento.
En las páginas anteriores hemos reseñado la posición de este, por medio de su asesor de prensa, Hipólito Borja, quien dijo que el sistema Toachi-Miravalle no sirve para nada.
Por esa razón, Paz y Miño y la Emapa iniciaron gestiones para la construcción de una planta de tratamiento de agua convencional, de dos módulos de 500 litros por segundo, por un valor de $885 135, con un plazo de ejecución de ocho meses.
Pero la Contraloría emitió un informe desfavorable al proceso precontractual y al proyecto de contrato, el pasado 12 de octubre.
Según el gerente de la Emapa, Édgar Astudillo, el organismo de control fue demasiado drástico con Santo Domingo, pues en su criterio las observaciones son infantiles.
Él cree que si el proyecto hubiera sido para Quito o Guayaquil, de seguro pasaba.
Antes de eso, la Contraloría había emitido un informe desfavorable a la contratación del proyecto para la expansión del sistema de agua potable, por un valor de $43 millones, que iba a ser construido por el consorcio coreano Kolon-Samsung.
De esto, $30 millones serían financiados con un préstamo del Export-Import Bank y el resto con fondos del Municipio.
Entre otros aspectos, el organismo de control señaló que había un incremento del 66% en relación a los precios referenciales.
Además pidió abrir la licitación a varias empresas coreanas, es decir que se opuso a una contratación llave en mano.
Con esos antecedentes, el ex presidente Lucio Gutiérrez notificó a la Embajada coreana la decisión de su Gobierno de no otorgar la garantía soberana para la obra, hasta que se realicen las correspondientes verificaciones y se establezca la procedencia de la ejecución del proyecto.
Pese a todo, la actual administración no desiste en su intento, incluso cuando el Foro Ciudadano de Santo Domingo presentó estudios que establecen que el proyecto costaría alrededor de $22 millones.
A Kléber Paz y Miño le restan dos años en el cargo que ocupa por cuarta ocasión (ha militado en la ID, FRA, DP y PSC).
En este tiempo tendrá que responder a 55 indagaciones previas y 16 procesos penales en su contra, por varios líos.
Su familia lo apoya en todo. En las elecciones del pasado 15 de octubre estuvo de candidato a primer concejal, por el Partido Social Cristiano, su hijo Kléber Segundo Paz y Miño y como alterno su otro vástago Kléber David. (LVA/AA)
PUNTO DE VISTA
Hay que devolver la fe pública
La historia de los proyectos de el déficit de agua potable y los enredos legales en torno a la contratación de los proyectos para su suministro en Santo Domingo de los Colorados es una prueba suficiente del estado de descomposición social del Ecuador.
El informe de BLANCO Y NEGRO revela detalles de cómo una población puede ser burlada en su legítimo reclamo por un servicio básico como es el agua potable, ya sea por acciones negligentes, o por acciones que han rebasado los límites de lo legal.
Plazos que no se cumplen, ofertas que irrespetan los acuerdos contractuales, recursos que se esfuman son parte del menú de la conflictividad que envuelve a la dotación de agua potable en este populoso cantón de Pichincha.
Mientras tanto, de entre aquellos "privilegiados" que reciben el servicio de agua apenas 30% paga las planillas, en tanto un buen porcentaje del líquido fuga por la vetustez de las tuberías con lo cual el cuadro del suministro de agua en Santo Domingo rebasa la más fantástica imaginación sobre lo que podría significar actuar al margen de la ley y no ser sancionado.
Y cómo podría actuar y sancionar la justicia si los propios acusadores al pasar los meses se retractan, de manera pública, hacen las pases entre los supuestos enemigos, pero la comunidad sigue sin ser atendida.
En un escenario semejante, es casi "normal" que los supuestos infractores se sienten sobre el bien y el mal, ya que a más de "controlar" a quien podrían acusarlos tienen la protección que les brinda sus funciones políticas o por los nexos familiares.
La dotación de agua potable para los habitantes de Santo Domingo es de tanto interés, que se volvió la mayor oferta de los candidatos en la campaña electoral.
Pero Santo Domingo no solo debe exigir se le entregue agua, sino que también se le devuelva la fe pública sancionando a los responsables.(Blanco y Negro)
El actual alcalde, Kléber Paz y Miño, detectó las irregularidades del proceso seguido por su antecesor, Hólger Velasteguí, y este lo enjuició por injurias.
Finalmente ambos sellaron un pacto de no agresión en una Notaría de Quito
Santo Domingo: cuatro barrios reciben agua durante tres horas, solo tres días cada semana
El sistema de tuberías fue colocado hace tres décadas y debió haber sido cambiado hace 13 años; fugas del líquido llegan al 50%
Con 287 mil habitantes (según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), solo tres o cuatro sectores de Santo Domingo de los Colorados reciben agua potable durante tres horas, tres días a la semana.
El sistema de agua potable fue construido hace 30 años por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). Tiene una capacidad para proveer 300 litros por segundo.
El gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa), Édgar Astudillo, dice que para abastecer a la ciudad se requiere de una planta moderna con capacidad de 700 litros por segundo.
Añade que ni siquiera los 300 litros actuales llegan a los consumidores, porque entre el 40% y el 50% del líquido se fuga a través de las vetustas tuberías que debieron haber sido cambiadas hace más de una década.
La Emapa tiene registrados 25 mil clientes y solo el 50% de ellos paga por el consumo, indica el funcionario al relatar que otras 40 mil personas lo obtienen de pozos de agua ubicados junto a los pozos sépticos de sus viviendas y de redes clandestinas.
El agua es apta para el consumo solo cuando sale de la planta, luego los usuarios no tienen ninguna garantía de su pureza, porque hasta llegar a los domicilios debe atravesar por una red de tuberías de asbesto cemento, que se hallan en mal estado. Así, en el trayecto, el líquido se contamina con insectos, basura, residuos fecales.
La falta de agua es el problema más grave de Santo Domingo y varias instituciones han tratado de resolverlo.
Pero no hay un trabajo unificado. Por un lado está el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), por otro, el Consejo Provincial de Pichincha; el Municipio hace algunas obras por su cuenta.
Cada una de esas instituciones ha colocado tuberías y redes de agua, pero estas no están interconectadas y se chocan entre sí.
El Consejo Provincial hizo un sistema de bombeo que está abandonado, pues no se lo utiliza por falta de agua.
Para mencionar un caso, la falta de coordinación se observa en la cooperativa Juan Elogio Pazmiño. Allí hay redes colocadas por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Miduvi y el Municipio. Pero ninguna sirve para dar agua. (LVA/AA)
Sistema funciona una vez, ahora está abandonado
El contrato fue de $3 321 117, con los volúmenes adicionales el costo aumentó en 332%, según la CCCC
El 22 de septiembre de 1998, cuando era alcalde de Santo Domingo el radiodifusor Hólger Velasteguí, la junta directiva de la Emapa declaró la emergencia del sistema de agua potable.
Cuatro meses después, en enero de 1999, el Municipio firmó un contrato con el consorcio Ecocen, para ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar funcionando el sistema de agua potable Toachi-Miravalle.
El plazo fue de 100 días y la obra debió estar concluida en mayo de ese año.
El contrato fue de $3 321 117 y, según la Comisión de Control de la Corrupción (CCCC), hubo un exceso del 332%, que se hizo pasar como volúmenes adicionales o incrementos del contrato. Así, el costo final sería de $11 026 108.
Para junio de 2000 se celebró un contrato complementario para ejecutar los trabajos de captación, canal de excesos, drenaje y encauzamiento de aguas subterráneas, estación de bombeo, guardianía, entrada y salida de vehículos de la planta de agua potable.
En marzo de 2001, las partes firmaron el acta de entrega-recepción definitiva de los trabajos.
El sistema funcionó alrededor de tres horas, solo ese día. Desde entonces, las bombas y la piscina de captación, ubicadas en el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quito, empezaron a llenarse de agua empozada, algas, óxido, musgo, polvo y olvido. Así han transcurrido cinco años. (LVA/AA)
Ex gerente de Emapa, juez y parte en contratación
La planta de tratamiento no cumplió los parámetros establecidos; instalan equipos diferentes a los ofertados
Amparado en la declaratoria de emergencia, el 5 de julio de 1999, el Municipio y la Emapa firmaron un contrato con la empresa Potable Tech, para que esta suministre, instale y entregue funcionando una planta de tratamiento de agua, de 300 litros de capacidad, por $857 mil.
Esta planta modular formaba parte del proyecto integral Toachi-Miravalle.
Antes de la firma del contrato, el entonces gerente de Emapa, Byron Burgos, había solicitado a la firma Potable Tech las cotizaciones correspondientes.
Luego de integrar las comisiones técnicas que recomendaron la adjudicación y celebración del contrato, Burgos renunció al cargo, pues había sido nombrado gerente técnico de Potable Tech.
Al cabo de un año regresó al Municipio en calidad de asesor técnico para la recepción del proyecto Toachi-Miravalle.
El alcalde Holger Velasteguí fue advertido de que había problemas. Durante la ejecución de las obras, el supervisor Marco Morales le informó que el proceso de potabilización de las aguas no cumplía los parámetros establecidos.
Además se instalaron equipos diferentes a los ofertados y había fallas en el funcionamiento de la planta.
El alcalde hizo caso omiso, las obras continuaron y contrató la fiscalización por 399,5 millones de sucres. El sistema integral está abandonado. (LVA/AA)
Denunciado y denunciante firman pacto de no agresión
El actual alcalde se comprometió a enviar a la Contraloría un informe idóneo sobre la gestión de su antecesor
La planta de tratamiento de Potable Tech está abandonada. El gerente de la Emapa, Édgar Astudillo, manifestó que es imposible rehabilitar estos equipos
Para febrero de 2001, el actual alcalde de Santo Domingo, Kléber Paz y Miño, calificó de mamarrachada al sistema integral de agua potable Toachi-Miravalle.
Criticó a su antecesor por haber malgastado dinero en una obra inútil que iba a quedar para el museo a fin de que los niños y jóvenes pudieran constatar la ineptitud de Velasteguí.
Al mismo tiempo anticipaba que la obra no sería recibida por su administración.
Pero un mes después, una comisión designada por él firmaba la entrega-recepción definitiva del contrato de construcción de la obra.
En noviembre de 2002 y diciembre de 2003, Velasteguí planteó dos juicios penales en contra de Paz y Miño, por injurias y por prevaricato.
En el marco de uno de esos procesos obtuvo un informe del Instituto de Criminología de la Universidad Central, en el que un psiquiatra y un psicólogo establecieron que el alcalde presentaba un deterioro demencial incipiente que podría tener relación con su edad. Paz y Miño tiene 81 años.
No pasaron 30 días, cuando este último publicó un reconocimiento en los diarios locales, en el que ofrecía disculpas por el injusto daño moral y material causado a su predecesor.
También le pedía que declinara las acciones judiciales interpuestas en su contra. Se ha comprobado la honestidad de la administración pasada, finalizaba el comunicado.
Esto se refrendó en un acta de compromiso protocolizada en la Notaría nº. 17 de Quito, el 12 de abril de 2004.
En ese documento, Paz y Miño se comprometía a enviar a la Contraloría un informe idóneo sobre la gestión de su ex enemigo y este desistía de continuar las acciones legales. En caso de incumplimiento de las promesas, estipularon una multa de $50 mil.
Pese a esto, los colegios profesionales del cantón denunciaron las irregularidades a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y a la Contraloría.
Aunque el caso se judicializó, la Fiscalía ordenó su archivo; el entonces presidente de la Corte Superior de Quito, Fabián Jaramillo, actuó en concordancia.
A su vez, la Contraloría estableció una glosa por $777 885 a la empresa Potable Tech y otra, por $2 850, contra Byron Burgos, ex gerente técnico de esa empresa.
El alcalde Paz y Miño estuvo muy ocupado para conversar con BLANCO Y NEGRO; en su representación, el asesor Hipólito Borja dijo que actualmente hay un proceso para contratar la construcción de un sistema de agua potable, por $43 millones, con una empresa japonesa.
A diferencia del anterior que debía captar las aguas del río Toachi, el nuevo las captará desde el río Lelia en la cordillera andina. (LVA/SR)
El Municipio decide dónde construir el complejo, sin el consentimiento del propietario del terreno
Hace siete años, Carlos Benavides compró 12 hectáreas de terreno para instalar un complejo deportivo. Un buen día, a su regreso de un viaje a Caracas, se encontró que una hectárea había sido ocupada por el Municipio, que planeaba construir en el lugar el complejo Toachi-Miravalle.
Cuando intentó reclamar al alcalde Hólger Velasteguí, este le respondió "quien tiene la plata gana en estos procesos", cuenta Benavides.
Así pasó el tiempo hasta el 6 de abril de este año, cuando el Municipio autorizó el pago de $25 mil por el predio ocupado.
No obstante, Benavides anunció acciones judiciales contra el Cabildo por no haberle pagado un arriendo en los últimos años. (LVA)
CONTRALORÍA: "NUEVO PROYECTO REGISTRA 66% DE AUMENTO EN RELACIÓN A PRECIO REFERENCIAL"
Otro plan emergente para la construcción de una planta convencional, de dos módulos para suministrar 500 litros por segundo, recibió informe desfavorable de organismo de control
El tener una flota de tanqueros sería un buen negocio en Santo Domingo, pues gran parte de la población llena sus cisternas con agua de estos camiones
En toda contratación existen comentarios. Lo que dice la Comisión Anticorrupción es cosa juzgada, manifiesta el ex alcalde Hólger Velasteguí.
Para reforzar lo dicho, entrega a BLANCO Y NEGRO la providencia del ex presidente de la Corte Superior de Quito, Fabián Jaramillo, y señala que su gestión no fue observada por ningún organismo de control.
Añade que él únicamente contrató la construcción de la planta, la cual fue terminada, por lo que no es su culpa que su sucesor Kléber Paz y Miño no la haya puesto en funcionamiento.
En las páginas anteriores hemos reseñado la posición de este, por medio de su asesor de prensa, Hipólito Borja, quien dijo que el sistema Toachi-Miravalle no sirve para nada.
Por esa razón, Paz y Miño y la Emapa iniciaron gestiones para la construcción de una planta de tratamiento de agua convencional, de dos módulos de 500 litros por segundo, por un valor de $885 135, con un plazo de ejecución de ocho meses.
Pero la Contraloría emitió un informe desfavorable al proceso precontractual y al proyecto de contrato, el pasado 12 de octubre.
Según el gerente de la Emapa, Édgar Astudillo, el organismo de control fue demasiado drástico con Santo Domingo, pues en su criterio las observaciones son infantiles.
Él cree que si el proyecto hubiera sido para Quito o Guayaquil, de seguro pasaba.
Antes de eso, la Contraloría había emitido un informe desfavorable a la contratación del proyecto para la expansión del sistema de agua potable, por un valor de $43 millones, que iba a ser construido por el consorcio coreano Kolon-Samsung.
De esto, $30 millones serían financiados con un préstamo del Export-Import Bank y el resto con fondos del Municipio.
Entre otros aspectos, el organismo de control señaló que había un incremento del 66% en relación a los precios referenciales.
Además pidió abrir la licitación a varias empresas coreanas, es decir que se opuso a una contratación llave en mano.
Con esos antecedentes, el ex presidente Lucio Gutiérrez notificó a la Embajada coreana la decisión de su Gobierno de no otorgar la garantía soberana para la obra, hasta que se realicen las correspondientes verificaciones y se establezca la procedencia de la ejecución del proyecto.
Pese a todo, la actual administración no desiste en su intento, incluso cuando el Foro Ciudadano de Santo Domingo presentó estudios que establecen que el proyecto costaría alrededor de $22 millones.
A Kléber Paz y Miño le restan dos años en el cargo que ocupa por cuarta ocasión (ha militado en la ID, FRA, DP y PSC).
En este tiempo tendrá que responder a 55 indagaciones previas y 16 procesos penales en su contra, por varios líos.
Su familia lo apoya en todo. En las elecciones del pasado 15 de octubre estuvo de candidato a primer concejal, por el Partido Social Cristiano, su hijo Kléber Segundo Paz y Miño y como alterno su otro vástago Kléber David. (LVA/AA)
PUNTO DE VISTA
Hay que devolver la fe pública
La historia de los proyectos de el déficit de agua potable y los enredos legales en torno a la contratación de los proyectos para su suministro en Santo Domingo de los Colorados es una prueba suficiente del estado de descomposición social del Ecuador.
El informe de BLANCO Y NEGRO revela detalles de cómo una población puede ser burlada en su legítimo reclamo por un servicio básico como es el agua potable, ya sea por acciones negligentes, o por acciones que han rebasado los límites de lo legal.
Plazos que no se cumplen, ofertas que irrespetan los acuerdos contractuales, recursos que se esfuman son parte del menú de la conflictividad que envuelve a la dotación de agua potable en este populoso cantón de Pichincha.
Mientras tanto, de entre aquellos "privilegiados" que reciben el servicio de agua apenas 30% paga las planillas, en tanto un buen porcentaje del líquido fuga por la vetustez de las tuberías con lo cual el cuadro del suministro de agua en Santo Domingo rebasa la más fantástica imaginación sobre lo que podría significar actuar al margen de la ley y no ser sancionado.
Y cómo podría actuar y sancionar la justicia si los propios acusadores al pasar los meses se retractan, de manera pública, hacen las pases entre los supuestos enemigos, pero la comunidad sigue sin ser atendida.
En un escenario semejante, es casi "normal" que los supuestos infractores se sienten sobre el bien y el mal, ya que a más de "controlar" a quien podrían acusarlos tienen la protección que les brinda sus funciones políticas o por los nexos familiares.
La dotación de agua potable para los habitantes de Santo Domingo es de tanto interés, que se volvió la mayor oferta de los candidatos en la campaña electoral.
Pero Santo Domingo no solo debe exigir se le entregue agua, sino que también se le devuelva la fe pública sancionando a los responsables.(Blanco y Negro)
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