El comité de calificación de magistrados no fue muy severo en todos los casos
Historia de una sanción que no fue mencionada en una declaración bajo juramento
El ex TGC suspendió temporalmente los derechos de ciudadanÃa de Jorge Endara, actual magistrado de la CSJ; la sanción no se cumplió
El Comité de Calificación para designar a los miembros de la actual CSJ estuvo conformado por Carlos Estarellas, BolÃvar Torres, Rosendo López y Ketty Romoleroux. Uno de los requisitos para el concurso era una declaración juramentada
âNo he recibido sanción alguna en el ejercicio de la profesión de abogado o sanción por faltas graves en el ejercicio de la judicatura o la docencia universitariaâ. Esto consta en una declaración juramentada del magistrado de la Sala de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Endara Moncayo.
Se trata del formulario que debÃan llenar los aspirantes a magistrados, para presentarse al concurso convocado el año anterior por el Comité de Calificación que designó a los 31 miembros de la actual CSJ.
Quince años antes, el 28 de octubre de 1992, el entonces Tribunal de GarantÃas Constitucionales (TGC) suspendió durante seis meses el goce de los derechos polÃticos al entonces vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, VÃctor Hugo Olalla (actualmente es rector), Jorge Endara Moncayo y otras nueve personas de ese centro de estudios.
La resolución señala que ellos convocaron a Endara a una sesión del Consejo Universitario, como si fuera decano de la facultad de Jurisprudencia, cuando en realidad ese cargo lo ostentaba Camilo Mena. El TGC señalaba que ese fue un âacto inconstitucionalâ.
Los afectados apelaron pero el Tribunal negó la reconsideración. Asà quedó en firme la resolución inicial.
Entonces, ellos elevaron el caso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, cuyo presidente, Antonio RodrÃguez, tras indicar que ese organismo no estaba facultado para tratar el tema, remitió el expediente a la Sala Constitucional de la CSJ. Esta avocó conocimiento del caso, pero no llegó a pronunciarse porque fue suprimida de la estructura de la Corte y asà la apelación pasó a la Sala de lo Administrativo.
Esa instancia también se declaró incompetente para resolver el problema, por lo que devolvió el expediente al Tribunal de origen, que para entonces era el Tribunal Constitucional (TC); habÃan transcurrido cinco años desde cuando fue impuesta la sanción.
Para el 11 de agosto de 1997, el TC ordenó el archivo del expediente, entre otras cosas, porque el caso ya habÃa sido resuelto por el ex TGC en 1992.
Un jurista consultado por BLANCO Y NEGRO indicó que esto no implica que la sanción haya sido retirada. En todo caso, nunca llegó a cumplirse debido a las sucesivas apelaciones de los afectados. (SR/AA)
Juicio por malversación va a "dormir" en el archivo
El fiscal quinto de lo Penal de Pichincha presentó una excitativa en contra de todos los involucrados
En 1993, el actual magistrado Jorge Endara Moncayo fue involucrado en un expediente por supuesta malversación de fondos en el que estuvieron implicadas varias autoridades del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
En esa época, una comisión ocasional especial del Congreso investigó supuestas irregularidades en la contratación de seguros para el ex Inecel. Ese organismo señaló un perjuicio al Estado por âun total de 80 000 millones de sucres (alrededor de $40 millones)â.
Con ese informe, el entonces fiscal quinto de lo Penal de Pichincha, Hernán del Pozo, presentó una excitativa en contra de todos los involucrados; entre ellos constaba Jorge Endara Moncayo, quien era director jurÃdico encargado de Inecel.
El caso recayó en el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha, cuyo titular, César Morales Naranjo, nunca inició el correspondiente auto cabeza de proceso, por lo que el expediente fue a parar al archivo pasivo de los juzgados.
La ContralorÃa también investigó la denuncia; la entidad certificó no haber impuesto glosas en contra de Endara.
El actual magistrado entregó a BLANCO Y NEGRO un documento del fiscal segundo Miguel Lascano, que pedÃa al juez Penal âno considerar (a Endara) como indiciado en la excitativaâ por haber presentado documentos de descargo en la comisión especial del Congreso. (SR/AA)
Documentos salen del "baúl" y pasan a la FiscalÃa
El anterior juez de la causa no enjuició penalmente a los implicados ni dictó el auto cabeza de proceso
Ante el juez segundo de lo Penal de Pichincha llegaron dos opiniones fiscales contrapuestas: la del fiscal quinto que presentó una excitativa en contra de todos los implicados y la del fiscal segundo que pidió excluir a tres personas, entre ellas a Jorge Endara Moncayo.
El juez evitó pronunciarse y prefirió no enjuiciar penalmente a todos los implicados (seis personas) ni dictó auto cabeza de proceso. Asà el expediente fue refundido. Esto, según el actual fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, significa que âno aparece la comisión de delito algunoâ por parte de Endara.
Pero los documentos del proceso reaparecieron luego de una intensa búsqueda en el archivo general de la Corte Suprema de Justicia. Asà lo indicó, el 26 de diciembre del año anterior, la actual jueza segunda de lo Penal, Ãngela Sarmiento, a la fiscal Marlene Armas, de la Unidad de Denuncias de la FiscalÃa. Actualmente, el expediente se halla en ese lugar; tiene cinco cuerpos y 526 fojas útiles. Por eso todavÃa no hay una decisión de la jueza sobre acoger o desechar los pedidos contrapuestos de los fiscales quinto y segundo; tampoco se sabe si volverá a enviar el caso al archivo de la CSJ, como hizo su antecesor.
Endara explicó al Comité de Calificación que por este caso ninguna persona lo habÃa impugnado. (SR/AA)
COMITÃ "PERDONA LA VIDA"A DOS POSTULANTES Y DESCALIFICA A UNO EN IMPUGNACIÃN SIMILAR
Todo empezó a raÃz de una antigua denuncia sobre la doble remuneración que percibe el rector de la Universidad Central del Ecuador, VÃctor Hugo Olalla, como profesor y como rector
Un caso de doble remuneración en la Universidad Central del Ecuador fue motivo de otra impugnación al actual magistrado Jorge Endara Moncayo. Esta fue presentada oficialmente ante el Comité de Calificación.
La historia es que el rector VÃctor Hugo Olalla percibe un sueldo como profesor a tiempo completo en la Facultad de IngenierÃa y también recibe ingresos como rector del centro de estudios superiores. Actualmente, entre ambos suma un ingreso total de más de $8 000.
La doble remuneración (en la Universidad Central denominan âbonificaciónâ a los ingresos como rector) fue denunciada hace varios años por el profesor de la Facultad de IngenierÃa, Nelson HerrerÃa.
Para 2002, el entonces secretario general de la Universidad, Jorge Endara Moncayo, certificó que el rector estaba exonerado de cumplir con la carga horaria docente, debido a que existÃa una resolución en ese sentido tomada por el Consejo Universitario, en una sesión del 28 de enero de 1996.
El tema es que en esa fecha no hubo reunión de las autoridades universitarias, pues era domingo. Por tanto no hay el acta de la presunta sesión.
La certificación de Endara tiene como antecedente un informe del procurador de la Universidad, Nicolás Romero Barberis, quien se refiere a la misma sesión inexistente.
El caso pasó a conocimiento del contralor general de la época, Alfredo Corral Borrero, quien sin indagar sobre la existencia de la supuesta acta de enero de 1996, aprobó un informe de auditorÃa que legaliza la doble remuneración del rector de la Universidad Central. Allà dice que estas âson procedentesâ.
Pasado el tiempo, en 2005, estos tres abogados se postularon para magistrados de la CSJ. Debido al caso fue descalificado Alfredo Corral. Endara alcanzó la dignidad de magistrado y Romero la de conjuez. (SR/AA)
Corral sale del concurso por "confiar" en asesores
Cuestionamiento iba a la supuesta falta de probidad notoria de los postulantes, motivada por negligencia
El catedrático de la Facultad de IngenierÃa de la Universidad Central, Nelson HerrerÃa, impugnó a Jorge Endara Moncayo, Nicolás Romero y Alfredo Corral. Los acusaba de âfalta de probidad notoria para ejercer el cargo de magistradoâ.
El Comité de Calificación negó la denuncia contra el primero, porque el secretario de la Universidad no tiene voz ni voto en las sesiones del Consejo Universitario.
La denuncia contra Romero también fue desechada, con el argumento de que los organismos de control no se pronunciaron claramente sobre la doble remuneración del rector de la Universidad Central, pese a que no dicta clases aunque ostenta la calidad de profesor a tiempo completo.
En cambio, el Comité descalificó a Corral, âpor haber confiado plenamente en las personas a quienes delegaba, quienes le hicieron incurrir en falta de diligencia, que a la postre constituye falta de probidad notoriaâ. (SR/AA)
López conoce un caso en el TC y luego en Comité
La primera sala del Tribunal Constitucional archivó una causa porque ya habÃa sido resuelta por el ex TGC
Uno de los integrantes del Comité de Calificación, Rosendo López, fue miembro de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó el archivo del expediente sobre la suspensión de los derechos de ciudadanÃa al actual magistrado Jorge Endara y otros funcionarios de la Universidad Central (ver página anterior).
En 1997, la primera sala del TC, integrada por Marco Morales, Rosendo López y Carlos RiofrÃo, señaló que el caso ya habÃa sido resuelto por el ex TGC.
El desaparecido organismo habÃa suspendido los derechos de ciudadanÃa a Endara y otras personas y se ratificó en ello, de ahà el caso pasó luego por varias instancias. (SR/AA)
Para la CSJ todo el lÃo es "cosa juzgada"
Alfonso zambrano PASQUEL, Pilar Sacoto y Alfredo Jaramillo desechan denuncias
Los casos de la suspensión temporal de derechos de ciudadanÃa y la presunta malversación de fondos en el ex Inecel fueron denunciados al Comité de Calificación por Emilio Larreátegui. El segundo también fue presentado por Teleamazonas en su programa La Corte ideal.
Como el Comité de Calificación acogió los descargos deJorge Endara Moncayo y lo nombró magistrado, Larreátegui presentó sus denuncias ante la actual Corte Suprema de Justicia. El miembro de la organización âCiudadanos por la democraciaâ, Milton Castillo, también envió a la CSJ similares impugnaciones.
Para conocer las denuncias se creó una comisión integrada por los magistrados Alfonso Zambrano Pasquel (destituido de la CSJ por un presunto chantaje para cobrar $500 mil por una sentencia), Pilar Sacoto y Alfredo Jaramillo.
Ellos resolvieron desechar las impugnaciones, fundamentados en el principio del non bis idem; esto quiere decir que las denuncias ya habÃan sido analizadas por otras instancias.
En su resolución señalaron que el proceso de investigación habÃa terminado cuando el Comité de Calificación decidió que Endara continuara en el concurso para la designación de magistrados.
Este informe fue conocido por el pleno de la CSJ y aprobado con 26 votos de 27 magistrados que se hallaban presentes en la sesión efectuada el 8 de marzo de este año. (SR/AA)
Decisiones polémicas del comité calificador tienen consecuencias en el seno de la CSJ
Actualmente hay un nuevo proceso de selección para reemplazar a los ex magistrados Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco y José Robayo; los nombrará la Corte Suprema
El pasado 5 de noviembre, BLANCO Y NEGRO publicó algunas decisiones polémicas del Comité que calificó a los magistrados.
Por entonces señalamos que el Comité habÃa desechado tres impugnaciones planteadas contra el postulante José Robayo, quien representaba a los trabajadores judiciales, agrupados en la Fenaje.
Antes de presentarse al concurso para ocupar un cargo de magistrado en la CSJ, él se habÃa desempeñado como vocal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); en esa función fue nombrado por la Corte de facto presidida por Guillermo (âPichiâ) Castro.
Pasado el tiempo, este magistrado se vio envuelto en el escándalo de presunta venta de una sentencia a favor del ex diputado de Sociedad Patriótica, Renán Borbúa.
Aunque el denunciante aseguró que él nunca le habÃa pedido dinero, el pleno de la CSJ decidió suspenderlo por tiempo indefinido.
La misma suerte corrió Eduardo Franco Loor, quien habrÃa sido nombrado magistrado por presiones del presidente del Comité, Carlos Estarellas, como lo demostró el audio de la sesión en que fue designado.
En la publicación del pasado 5 de diciembre también relatamos que los miembros del Comité negaron, âpor falta de suficientes pruebasâ, una impugnación contra la actual magistrada Pilar Sacoto.
Ella fue acusada, por la ciudadana Carmen Cornejo, de haber cambiado el delito de âhomicidio intencionalâ por el de âmala práctica médicaâ, cuando Sacoto presidÃa la sala penal de la Corte Superior de Quito.
Según la denunciante, su hija Laura falleció por haber recibido un medicamento contraindicado (morfina) para su padecimiento de meningitis bacteriana.
Cuando el caso llegó a la Corte Superior, la presidenta de la sala penal emitió auto de prescripción de la causa a favor de uno de los dos médicos implicados; para el otro dictó orden de prisión, pero como se fugara, el proceso fue interrumpido.
Hace pocos dÃas, la CSJ convocó un concurso para llenar las vacantes de los miembros de la tercera sala de lo Penal. Los nuevos magistrados reemplazarán a Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y José Robayo Campaña.
Al igual que la vez anterior, los ciudadanos tienen la posibilidad de impugnar a los candidatos. Para eso deberán presentar sus denuncias por escrito y con la firma de responsabilidad reconocida ante un notario público. (SR/AA)
El actual magistrado sostiene que no ha cometido ninguna incorrección y asà lo conforman los comisionados, mientras los veedores se dan cuenta que "tienen atadas las manos"
"Impugnación forzada"
El magistrado Jorge Endara Moncayo sostiene que la única impugnación presentada en su contra, durante el proceso de calificación la hizo el profesor de la Facultad de IngenierÃa de la Universidad Central, Nelson HerrerÃa.
Recuerda haberse sentido extrañado por esto, debido a que -en su criterio- la denuncia enfocaba al rector de la Universidad Central, VÃctor Hugo Olalla. Por eso "fue una impugnación extremadamente forzada", dice.
Añade que HerrerÃa nunca ha podido probar que no hubo la sesión del Consejo Universitario (Endara certificó que sà la hubo) que permite al rector cobrar sueldo como docente pese a que no dicta una sola hora de clases y percibir otro ingreso como rector:
"Si yo hubiese cambiado una fecha para indicar que sà hubo esa sesión, habrÃa incurrido en el delito de cambiar un documento público", señaló.
Sobre las impugnaciones presentadas por Emilio Larreátegui, afirma que estas originan un problema personal entre ambos, pues mantuvieron un largo litigio por la construcción de un edificio en Quito. Sostiene que estas no fueron presentadas oficialmente. (SR)
"Las denuncias eran infundadas"
El ex miembro del Comité de Calificación, Rosendo López, indica que la impugnación en contra de Endara estuvo entre las últimas que llegaron a ese organismo.
Afirma que el actual magistrado desvirtuó todas las acusaciones, por lo que "nosotros pensamos que las denuncias no tenÃan fundamento", pues de otro modo "habrÃamos determinado que no podÃa continuar en el proceso de calificación".
López recuerda que en su anterior calidad de miembro de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC), no confirmó ni desechó la suspensión de los derechos de ciudadanÃa de Endara y otras personas dictada por el ex TGC, ya que cuando "nosotros conocimos el caso, la acción habÃa prescrito".
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a una copia del acta del Comité de Calificación que conoció las denuncias contra el actual magistrado. Allà consta la posición del veedor Raúl Proaño, quien se mostró opuesto a la designación de Endara, por la "sospecha de que no tiene la solvencia moral para ser juez". Esto, tras escuchar las impugnaciones y los descargos. (SR)
"Prevaleció el espÃritu de cuerpo"
El ex veedor de la Red de Justicia, Marco Albuja, recuerda que varios miembros de esa organización estuvieron presentes en la audiencia pública convocada por el Comité de Calificación, cuando se ventiló el caso Endara.
Pero ninguno de ellos fue invitado a participar en la reunión privada que lo calificó idóneo para seguir en el concurso para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puntualiza.
"Los veedores no pudimos entrar a esa audiencia y cuando solicitamos una explicación, los miembros del Comité nos dijeron que no habÃa una sentencia ejecutoriada en este caso".
Albuja dice haber cuestionado esa actitud de los comisionados, "pues no se necesitaba contar con una sentencia ejecutoriada, porque el caso tenÃa que ver con los principios de ética y corrección", que constaban en el reglamento de calificación.
Según el ex veedor, "la Comisión apoyó a Endara y se colocó en una posición contraria a las denuncias". También indica que durante todo el proceso de selección "los veedores tuvimos las manos atadas, pues cuando pedÃamos reconsiderar alguna resolución ellos asumÃan un espÃritu de cuerpo". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Hay que ser, pero también parecer
La Corte Suprema de Justicia se apresta a llenar vacantes dejadas por la descalificación de tres jueces, para lo cual han abierto un concurso público entre profesionales del derecho.
La tarea de seleccionar a magistrados que tendrán a su cargo la misión delicadÃsima de dictar sentencias, tiene que hacerse apegada a las leyes y los reglamentos que para el caso se han establecido.
Quienes tengan la tarea de selección deberán actuar, como refiere el dicho popular: más allá del bien y del mal. Para denotar que en su decisión no cabe otro juicio que el respeto irrestricto de los lineamientos escritos en los reglamentos, y que, además de conocimientos académicos, tÃtulos profesionales, etc. se exige probidad notoria.
Esta condición, que tiene una connotación subjetiva, en una sociedad pequeña como la nuestra es menos difÃcil de ser ignorada. Puesto que, para el caso resulta bastante cierto aquello de "aquà todos nos conocemos".
Por esto también quienes deban seleccionar a los nuevos magistrados deberán actuar con prudencia, con serenidad y justeza, para no dejar sombra de duda sobre su proceder.
Resulta que en la integración de la actual Corte Suprema se habrÃan dejado resquicios en los cuales pueden sostenerse quienes intenten alguna descalificación del proceder, puesto que no se habrÃa medido con la misma vara todos los casos.
El informe de BLANCO Y NEGRO demuestra que en el caso del juez Jorge Endara Moncayo el Comité de Calificación aceptó los documentos de descargo de denuncias sobre supuestas acciones al margen de la ley del hoy magistrado.
Pero ahora se estarÃa probando que, en realidad, los cuestionamientos que le fueron hechos sà tenÃan sustentos. Pero ya es ahora magistrado.
Este que parece un ejemplo de cómo proceder para seleccionar un juez y para aspirante a administrar justicia. En los dos casos hay que demostrar que se es honesto. (TFF)(Blanco y Negro)
Historia de una sanción que no fue mencionada en una declaración bajo juramento
El ex TGC suspendió temporalmente los derechos de ciudadanÃa de Jorge Endara, actual magistrado de la CSJ; la sanción no se cumplió
El Comité de Calificación para designar a los miembros de la actual CSJ estuvo conformado por Carlos Estarellas, BolÃvar Torres, Rosendo López y Ketty Romoleroux. Uno de los requisitos para el concurso era una declaración juramentada
âNo he recibido sanción alguna en el ejercicio de la profesión de abogado o sanción por faltas graves en el ejercicio de la judicatura o la docencia universitariaâ. Esto consta en una declaración juramentada del magistrado de la Sala de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Endara Moncayo.
Se trata del formulario que debÃan llenar los aspirantes a magistrados, para presentarse al concurso convocado el año anterior por el Comité de Calificación que designó a los 31 miembros de la actual CSJ.
Quince años antes, el 28 de octubre de 1992, el entonces Tribunal de GarantÃas Constitucionales (TGC) suspendió durante seis meses el goce de los derechos polÃticos al entonces vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, VÃctor Hugo Olalla (actualmente es rector), Jorge Endara Moncayo y otras nueve personas de ese centro de estudios.
La resolución señala que ellos convocaron a Endara a una sesión del Consejo Universitario, como si fuera decano de la facultad de Jurisprudencia, cuando en realidad ese cargo lo ostentaba Camilo Mena. El TGC señalaba que ese fue un âacto inconstitucionalâ.
Los afectados apelaron pero el Tribunal negó la reconsideración. Asà quedó en firme la resolución inicial.
Entonces, ellos elevaron el caso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, cuyo presidente, Antonio RodrÃguez, tras indicar que ese organismo no estaba facultado para tratar el tema, remitió el expediente a la Sala Constitucional de la CSJ. Esta avocó conocimiento del caso, pero no llegó a pronunciarse porque fue suprimida de la estructura de la Corte y asà la apelación pasó a la Sala de lo Administrativo.
Esa instancia también se declaró incompetente para resolver el problema, por lo que devolvió el expediente al Tribunal de origen, que para entonces era el Tribunal Constitucional (TC); habÃan transcurrido cinco años desde cuando fue impuesta la sanción.
Para el 11 de agosto de 1997, el TC ordenó el archivo del expediente, entre otras cosas, porque el caso ya habÃa sido resuelto por el ex TGC en 1992.
Un jurista consultado por BLANCO Y NEGRO indicó que esto no implica que la sanción haya sido retirada. En todo caso, nunca llegó a cumplirse debido a las sucesivas apelaciones de los afectados. (SR/AA)
Juicio por malversación va a "dormir" en el archivo
El fiscal quinto de lo Penal de Pichincha presentó una excitativa en contra de todos los involucrados
En 1993, el actual magistrado Jorge Endara Moncayo fue involucrado en un expediente por supuesta malversación de fondos en el que estuvieron implicadas varias autoridades del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
En esa época, una comisión ocasional especial del Congreso investigó supuestas irregularidades en la contratación de seguros para el ex Inecel. Ese organismo señaló un perjuicio al Estado por âun total de 80 000 millones de sucres (alrededor de $40 millones)â.
Con ese informe, el entonces fiscal quinto de lo Penal de Pichincha, Hernán del Pozo, presentó una excitativa en contra de todos los involucrados; entre ellos constaba Jorge Endara Moncayo, quien era director jurÃdico encargado de Inecel.
El caso recayó en el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha, cuyo titular, César Morales Naranjo, nunca inició el correspondiente auto cabeza de proceso, por lo que el expediente fue a parar al archivo pasivo de los juzgados.
La ContralorÃa también investigó la denuncia; la entidad certificó no haber impuesto glosas en contra de Endara.
El actual magistrado entregó a BLANCO Y NEGRO un documento del fiscal segundo Miguel Lascano, que pedÃa al juez Penal âno considerar (a Endara) como indiciado en la excitativaâ por haber presentado documentos de descargo en la comisión especial del Congreso. (SR/AA)
Documentos salen del "baúl" y pasan a la FiscalÃa
El anterior juez de la causa no enjuició penalmente a los implicados ni dictó el auto cabeza de proceso
Ante el juez segundo de lo Penal de Pichincha llegaron dos opiniones fiscales contrapuestas: la del fiscal quinto que presentó una excitativa en contra de todos los implicados y la del fiscal segundo que pidió excluir a tres personas, entre ellas a Jorge Endara Moncayo.
El juez evitó pronunciarse y prefirió no enjuiciar penalmente a todos los implicados (seis personas) ni dictó auto cabeza de proceso. Asà el expediente fue refundido. Esto, según el actual fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, significa que âno aparece la comisión de delito algunoâ por parte de Endara.
Pero los documentos del proceso reaparecieron luego de una intensa búsqueda en el archivo general de la Corte Suprema de Justicia. Asà lo indicó, el 26 de diciembre del año anterior, la actual jueza segunda de lo Penal, Ãngela Sarmiento, a la fiscal Marlene Armas, de la Unidad de Denuncias de la FiscalÃa. Actualmente, el expediente se halla en ese lugar; tiene cinco cuerpos y 526 fojas útiles. Por eso todavÃa no hay una decisión de la jueza sobre acoger o desechar los pedidos contrapuestos de los fiscales quinto y segundo; tampoco se sabe si volverá a enviar el caso al archivo de la CSJ, como hizo su antecesor.
Endara explicó al Comité de Calificación que por este caso ninguna persona lo habÃa impugnado. (SR/AA)
COMITÃ "PERDONA LA VIDA"A DOS POSTULANTES Y DESCALIFICA A UNO EN IMPUGNACIÃN SIMILAR
Todo empezó a raÃz de una antigua denuncia sobre la doble remuneración que percibe el rector de la Universidad Central del Ecuador, VÃctor Hugo Olalla, como profesor y como rector
Un caso de doble remuneración en la Universidad Central del Ecuador fue motivo de otra impugnación al actual magistrado Jorge Endara Moncayo. Esta fue presentada oficialmente ante el Comité de Calificación.
La historia es que el rector VÃctor Hugo Olalla percibe un sueldo como profesor a tiempo completo en la Facultad de IngenierÃa y también recibe ingresos como rector del centro de estudios superiores. Actualmente, entre ambos suma un ingreso total de más de $8 000.
La doble remuneración (en la Universidad Central denominan âbonificaciónâ a los ingresos como rector) fue denunciada hace varios años por el profesor de la Facultad de IngenierÃa, Nelson HerrerÃa.
Para 2002, el entonces secretario general de la Universidad, Jorge Endara Moncayo, certificó que el rector estaba exonerado de cumplir con la carga horaria docente, debido a que existÃa una resolución en ese sentido tomada por el Consejo Universitario, en una sesión del 28 de enero de 1996.
El tema es que en esa fecha no hubo reunión de las autoridades universitarias, pues era domingo. Por tanto no hay el acta de la presunta sesión.
La certificación de Endara tiene como antecedente un informe del procurador de la Universidad, Nicolás Romero Barberis, quien se refiere a la misma sesión inexistente.
El caso pasó a conocimiento del contralor general de la época, Alfredo Corral Borrero, quien sin indagar sobre la existencia de la supuesta acta de enero de 1996, aprobó un informe de auditorÃa que legaliza la doble remuneración del rector de la Universidad Central. Allà dice que estas âson procedentesâ.
Pasado el tiempo, en 2005, estos tres abogados se postularon para magistrados de la CSJ. Debido al caso fue descalificado Alfredo Corral. Endara alcanzó la dignidad de magistrado y Romero la de conjuez. (SR/AA)
Corral sale del concurso por "confiar" en asesores
Cuestionamiento iba a la supuesta falta de probidad notoria de los postulantes, motivada por negligencia
El catedrático de la Facultad de IngenierÃa de la Universidad Central, Nelson HerrerÃa, impugnó a Jorge Endara Moncayo, Nicolás Romero y Alfredo Corral. Los acusaba de âfalta de probidad notoria para ejercer el cargo de magistradoâ.
El Comité de Calificación negó la denuncia contra el primero, porque el secretario de la Universidad no tiene voz ni voto en las sesiones del Consejo Universitario.
La denuncia contra Romero también fue desechada, con el argumento de que los organismos de control no se pronunciaron claramente sobre la doble remuneración del rector de la Universidad Central, pese a que no dicta clases aunque ostenta la calidad de profesor a tiempo completo.
En cambio, el Comité descalificó a Corral, âpor haber confiado plenamente en las personas a quienes delegaba, quienes le hicieron incurrir en falta de diligencia, que a la postre constituye falta de probidad notoriaâ. (SR/AA)
López conoce un caso en el TC y luego en Comité
La primera sala del Tribunal Constitucional archivó una causa porque ya habÃa sido resuelta por el ex TGC
Uno de los integrantes del Comité de Calificación, Rosendo López, fue miembro de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó el archivo del expediente sobre la suspensión de los derechos de ciudadanÃa al actual magistrado Jorge Endara y otros funcionarios de la Universidad Central (ver página anterior).
En 1997, la primera sala del TC, integrada por Marco Morales, Rosendo López y Carlos RiofrÃo, señaló que el caso ya habÃa sido resuelto por el ex TGC.
El desaparecido organismo habÃa suspendido los derechos de ciudadanÃa a Endara y otras personas y se ratificó en ello, de ahà el caso pasó luego por varias instancias. (SR/AA)
Para la CSJ todo el lÃo es "cosa juzgada"
Alfonso zambrano PASQUEL, Pilar Sacoto y Alfredo Jaramillo desechan denuncias
Los casos de la suspensión temporal de derechos de ciudadanÃa y la presunta malversación de fondos en el ex Inecel fueron denunciados al Comité de Calificación por Emilio Larreátegui. El segundo también fue presentado por Teleamazonas en su programa La Corte ideal.
Como el Comité de Calificación acogió los descargos deJorge Endara Moncayo y lo nombró magistrado, Larreátegui presentó sus denuncias ante la actual Corte Suprema de Justicia. El miembro de la organización âCiudadanos por la democraciaâ, Milton Castillo, también envió a la CSJ similares impugnaciones.
Para conocer las denuncias se creó una comisión integrada por los magistrados Alfonso Zambrano Pasquel (destituido de la CSJ por un presunto chantaje para cobrar $500 mil por una sentencia), Pilar Sacoto y Alfredo Jaramillo.
Ellos resolvieron desechar las impugnaciones, fundamentados en el principio del non bis idem; esto quiere decir que las denuncias ya habÃan sido analizadas por otras instancias.
En su resolución señalaron que el proceso de investigación habÃa terminado cuando el Comité de Calificación decidió que Endara continuara en el concurso para la designación de magistrados.
Este informe fue conocido por el pleno de la CSJ y aprobado con 26 votos de 27 magistrados que se hallaban presentes en la sesión efectuada el 8 de marzo de este año. (SR/AA)
Decisiones polémicas del comité calificador tienen consecuencias en el seno de la CSJ
Actualmente hay un nuevo proceso de selección para reemplazar a los ex magistrados Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco y José Robayo; los nombrará la Corte Suprema
El pasado 5 de noviembre, BLANCO Y NEGRO publicó algunas decisiones polémicas del Comité que calificó a los magistrados.
Por entonces señalamos que el Comité habÃa desechado tres impugnaciones planteadas contra el postulante José Robayo, quien representaba a los trabajadores judiciales, agrupados en la Fenaje.
Antes de presentarse al concurso para ocupar un cargo de magistrado en la CSJ, él se habÃa desempeñado como vocal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); en esa función fue nombrado por la Corte de facto presidida por Guillermo (âPichiâ) Castro.
Pasado el tiempo, este magistrado se vio envuelto en el escándalo de presunta venta de una sentencia a favor del ex diputado de Sociedad Patriótica, Renán Borbúa.
Aunque el denunciante aseguró que él nunca le habÃa pedido dinero, el pleno de la CSJ decidió suspenderlo por tiempo indefinido.
La misma suerte corrió Eduardo Franco Loor, quien habrÃa sido nombrado magistrado por presiones del presidente del Comité, Carlos Estarellas, como lo demostró el audio de la sesión en que fue designado.
En la publicación del pasado 5 de diciembre también relatamos que los miembros del Comité negaron, âpor falta de suficientes pruebasâ, una impugnación contra la actual magistrada Pilar Sacoto.
Ella fue acusada, por la ciudadana Carmen Cornejo, de haber cambiado el delito de âhomicidio intencionalâ por el de âmala práctica médicaâ, cuando Sacoto presidÃa la sala penal de la Corte Superior de Quito.
Según la denunciante, su hija Laura falleció por haber recibido un medicamento contraindicado (morfina) para su padecimiento de meningitis bacteriana.
Cuando el caso llegó a la Corte Superior, la presidenta de la sala penal emitió auto de prescripción de la causa a favor de uno de los dos médicos implicados; para el otro dictó orden de prisión, pero como se fugara, el proceso fue interrumpido.
Hace pocos dÃas, la CSJ convocó un concurso para llenar las vacantes de los miembros de la tercera sala de lo Penal. Los nuevos magistrados reemplazarán a Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y José Robayo Campaña.
Al igual que la vez anterior, los ciudadanos tienen la posibilidad de impugnar a los candidatos. Para eso deberán presentar sus denuncias por escrito y con la firma de responsabilidad reconocida ante un notario público. (SR/AA)
El actual magistrado sostiene que no ha cometido ninguna incorrección y asà lo conforman los comisionados, mientras los veedores se dan cuenta que "tienen atadas las manos"
"Impugnación forzada"
El magistrado Jorge Endara Moncayo sostiene que la única impugnación presentada en su contra, durante el proceso de calificación la hizo el profesor de la Facultad de IngenierÃa de la Universidad Central, Nelson HerrerÃa.
Recuerda haberse sentido extrañado por esto, debido a que -en su criterio- la denuncia enfocaba al rector de la Universidad Central, VÃctor Hugo Olalla. Por eso "fue una impugnación extremadamente forzada", dice.
Añade que HerrerÃa nunca ha podido probar que no hubo la sesión del Consejo Universitario (Endara certificó que sà la hubo) que permite al rector cobrar sueldo como docente pese a que no dicta una sola hora de clases y percibir otro ingreso como rector:
"Si yo hubiese cambiado una fecha para indicar que sà hubo esa sesión, habrÃa incurrido en el delito de cambiar un documento público", señaló.
Sobre las impugnaciones presentadas por Emilio Larreátegui, afirma que estas originan un problema personal entre ambos, pues mantuvieron un largo litigio por la construcción de un edificio en Quito. Sostiene que estas no fueron presentadas oficialmente. (SR)
"Las denuncias eran infundadas"
El ex miembro del Comité de Calificación, Rosendo López, indica que la impugnación en contra de Endara estuvo entre las últimas que llegaron a ese organismo.
Afirma que el actual magistrado desvirtuó todas las acusaciones, por lo que "nosotros pensamos que las denuncias no tenÃan fundamento", pues de otro modo "habrÃamos determinado que no podÃa continuar en el proceso de calificación".
López recuerda que en su anterior calidad de miembro de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC), no confirmó ni desechó la suspensión de los derechos de ciudadanÃa de Endara y otras personas dictada por el ex TGC, ya que cuando "nosotros conocimos el caso, la acción habÃa prescrito".
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a una copia del acta del Comité de Calificación que conoció las denuncias contra el actual magistrado. Allà consta la posición del veedor Raúl Proaño, quien se mostró opuesto a la designación de Endara, por la "sospecha de que no tiene la solvencia moral para ser juez". Esto, tras escuchar las impugnaciones y los descargos. (SR)
"Prevaleció el espÃritu de cuerpo"
El ex veedor de la Red de Justicia, Marco Albuja, recuerda que varios miembros de esa organización estuvieron presentes en la audiencia pública convocada por el Comité de Calificación, cuando se ventiló el caso Endara.
Pero ninguno de ellos fue invitado a participar en la reunión privada que lo calificó idóneo para seguir en el concurso para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puntualiza.
"Los veedores no pudimos entrar a esa audiencia y cuando solicitamos una explicación, los miembros del Comité nos dijeron que no habÃa una sentencia ejecutoriada en este caso".
Albuja dice haber cuestionado esa actitud de los comisionados, "pues no se necesitaba contar con una sentencia ejecutoriada, porque el caso tenÃa que ver con los principios de ética y corrección", que constaban en el reglamento de calificación.
Según el ex veedor, "la Comisión apoyó a Endara y se colocó en una posición contraria a las denuncias". También indica que durante todo el proceso de selección "los veedores tuvimos las manos atadas, pues cuando pedÃamos reconsiderar alguna resolución ellos asumÃan un espÃritu de cuerpo". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Hay que ser, pero también parecer
La Corte Suprema de Justicia se apresta a llenar vacantes dejadas por la descalificación de tres jueces, para lo cual han abierto un concurso público entre profesionales del derecho.
La tarea de seleccionar a magistrados que tendrán a su cargo la misión delicadÃsima de dictar sentencias, tiene que hacerse apegada a las leyes y los reglamentos que para el caso se han establecido.
Quienes tengan la tarea de selección deberán actuar, como refiere el dicho popular: más allá del bien y del mal. Para denotar que en su decisión no cabe otro juicio que el respeto irrestricto de los lineamientos escritos en los reglamentos, y que, además de conocimientos académicos, tÃtulos profesionales, etc. se exige probidad notoria.
Esta condición, que tiene una connotación subjetiva, en una sociedad pequeña como la nuestra es menos difÃcil de ser ignorada. Puesto que, para el caso resulta bastante cierto aquello de "aquà todos nos conocemos".
Por esto también quienes deban seleccionar a los nuevos magistrados deberán actuar con prudencia, con serenidad y justeza, para no dejar sombra de duda sobre su proceder.
Resulta que en la integración de la actual Corte Suprema se habrÃan dejado resquicios en los cuales pueden sostenerse quienes intenten alguna descalificación del proceder, puesto que no se habrÃa medido con la misma vara todos los casos.
El informe de BLANCO Y NEGRO demuestra que en el caso del juez Jorge Endara Moncayo el Comité de Calificación aceptó los documentos de descargo de denuncias sobre supuestas acciones al margen de la ley del hoy magistrado.
Pero ahora se estarÃa probando que, en realidad, los cuestionamientos que le fueron hechos sà tenÃan sustentos. Pero ya es ahora magistrado.
Este que parece un ejemplo de cómo proceder para seleccionar un juez y para aspirante a administrar justicia. En los dos casos hay que demostrar que se es honesto. (TFF)(Blanco y Negro)
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