Habitantes, comerciantes, estudiantes y profesores suspendieron ayer actividades para marchar en contra de la delincuencia y la violencia que cruza del lado colombiano
Aproximadamente 1 500 pobladores de San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, marcharon ayer por las calles en rechazo a la violencia y para exigir del Gobierno seguridad y paz.
Esta es la segunda movilización que se realiza en dos años por el mismo reclamo y ante la inacción de las autoridades, frente a la arremetida de grupos armados colombianos, tanto insurgentes como delincuencia organizada.
"Las calles son del pueblo y esta lucha contra la delincuencia se la ganamos", gritaban ayer a coro los alumnos de la escuela fiscal Mariscal Sucre.
Profesores, comerciantes y empleados públicos no acudieron a sus actividades y concurrieron a la marcha con pancartas y banderas blancas en contra de la violencia en San Lorenzo del Pailón, en donde, según dijeron: "es tierra de nadie, en donde reina la violencia".
"La protesta obedece especialmente a las amenazas de extorsionadores, delincuencia común y organizada y asesinatos que atemorizan a los comerciantes y población", manifestó Efraín Camey, párroco de San Lorenzo.
Alrededor de 150 comerciantes han sido extorsionados bajo amenazas de muerte si no pagan dinero o las llamadas "vacunas", según señaló Mauricio Garrido, comerciante de la zona.
Esto obligo ayer a cerrar las puertas en la mayoría de la zona comercial del puerto de San Lorenzo y a unirse a la multitudinaria movilización, la cual culminó con una misa, en donde el alcalde Gustavo Samaniego y el párroco Efraín Camey exhortaron a la población a no dejarse intimidar por la delincuencia.
AMENAZAS. "Algunas autoridades hemos recibido amenazas de grupos armados y por ello exigimos acciones del Fiscal Antonio Durán y de los jueces de lo Penal, para encarcelar a los delincuentes en delito flagrante", manifestó el alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego.
Elena (nombre ficticio de una habitante), afirmó que los asesinatos y delitos comunes no han disminuido pese al incremento de policías y militares en las calles.
Recordó que hace un año fue secuestrado el hijo de una amiga en la calle Imbabura, en pleno centro de San Lorenzo, y que hasta la fecha no aparece.
REPRESALIAS. El temor, tras las marchas y protestas de ayer, son a las represalias que podrían ocurrir. Por ello, algunos comerciantes no salieron a las calles, manifestó Augusto Bernal, vendedor de conchas, quien ha tenido que pagar $1 300 a los extorsionadores.
Miembros de la Policía Judicial, en tanto, aseguraron que tratarán de mantener en la zona los operativos permanentes, con el objetivo, además, de capturar especialmente a miembros de la banda armada denominada "Águilas Negras", como lo hicieron la semana anterior cuando detuvieron a seis de presuntos delincuentes de esa red, a quienes ahora se los investiga sobre varios delitos.
Además, ayer se decidió formar una junta compuesta por civiles y autoridades, para estudiar las posibles nuevas acciones a tomar en el caso de que el Gobierno no atienda el pedido de movilizar más uniformados a la zona para que les brinden mayor protección y seguridad, con el fin de evitar más muertes, secuestros y extorsiones. (LFA)
Aproximadamente 1 500 pobladores de San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, marcharon ayer por las calles en rechazo a la violencia y para exigir del Gobierno seguridad y paz.Esta es la segunda movilización que se realiza en dos años por el mismo reclamo y ante la inacción de las autoridades, frente a la arremetida de grupos armados colombianos, tanto insurgentes como delincuencia organizada.
"Las calles son del pueblo y esta lucha contra la delincuencia se la ganamos", gritaban ayer a coro los alumnos de la escuela fiscal Mariscal Sucre.
Profesores, comerciantes y empleados públicos no acudieron a sus actividades y concurrieron a la marcha con pancartas y banderas blancas en contra de la violencia en San Lorenzo del Pailón, en donde, según dijeron: "es tierra de nadie, en donde reina la violencia".
"La protesta obedece especialmente a las amenazas de extorsionadores, delincuencia común y organizada y asesinatos que atemorizan a los comerciantes y población", manifestó Efraín Camey, párroco de San Lorenzo.
Alrededor de 150 comerciantes han sido extorsionados bajo amenazas de muerte si no pagan dinero o las llamadas "vacunas", según señaló Mauricio Garrido, comerciante de la zona.
Esto obligo ayer a cerrar las puertas en la mayoría de la zona comercial del puerto de San Lorenzo y a unirse a la multitudinaria movilización, la cual culminó con una misa, en donde el alcalde Gustavo Samaniego y el párroco Efraín Camey exhortaron a la población a no dejarse intimidar por la delincuencia.
AMENAZAS. "Algunas autoridades hemos recibido amenazas de grupos armados y por ello exigimos acciones del Fiscal Antonio Durán y de los jueces de lo Penal, para encarcelar a los delincuentes en delito flagrante", manifestó el alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego.
Elena (nombre ficticio de una habitante), afirmó que los asesinatos y delitos comunes no han disminuido pese al incremento de policías y militares en las calles.
Recordó que hace un año fue secuestrado el hijo de una amiga en la calle Imbabura, en pleno centro de San Lorenzo, y que hasta la fecha no aparece.
REPRESALIAS. El temor, tras las marchas y protestas de ayer, son a las represalias que podrían ocurrir. Por ello, algunos comerciantes no salieron a las calles, manifestó Augusto Bernal, vendedor de conchas, quien ha tenido que pagar $1 300 a los extorsionadores.
Miembros de la Policía Judicial, en tanto, aseguraron que tratarán de mantener en la zona los operativos permanentes, con el objetivo, además, de capturar especialmente a miembros de la banda armada denominada "Águilas Negras", como lo hicieron la semana anterior cuando detuvieron a seis de presuntos delincuentes de esa red, a quienes ahora se los investiga sobre varios delitos.
Además, ayer se decidió formar una junta compuesta por civiles y autoridades, para estudiar las posibles nuevas acciones a tomar en el caso de que el Gobierno no atienda el pedido de movilizar más uniformados a la zona para que les brinden mayor protección y seguridad, con el fin de evitar más muertes, secuestros y extorsiones. (LFA)
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