Quito. 05 nov 99. Cuando la paciencia ciudadana estaba a punto
de agotarse por la falta de consenso en el Congreso para aprobar
una pro forma presupuestaria equilibrada, la Izquierda
Democrática bajó la guardia y logró conciliar un texto
alternativo con la Democracia Popular, sobre el destino de los
recursos adicionales que generarán los impuestos: al Valor
Agregado (IVA) y a la Circulación de Capitales (ICC).
Hasta el cierre de esta edición se habÃa aprobado la parte de la
reforma tributaria relacionada con el aumento del techo
impositivo del 15% al 25%, lo que abre paso a la pro forma y
calma en algo al mercado cambiario en el que se sintió
nerviosismo ayer, atribuido a la falta de acuerdos en el
Congreso.
Tras intensas conversaciones se elaboró un texto intermedio,
capaz de no herir susceptibilidades. Primero el bloque de
Gobierno dejó claro que el IVA se ubicará en el 12%, el ICC en
el 0,8% y el IR en el 25%, con una base imponible de 80 millones
de sucres.
En la oficina del diputado Paco Moncayo se cocinó todo y minutos
antes que se iniciara la sesión surgió el texto alternativo que
se anexará a la reforma tributaria como disposiciones
transitorias.
Básicamente se señala que: Del rendimiento del Impuesto a la
Circulación de Capitales, el Gobierno asignará, a través del
Presupuesto General del Estado, los recursos necesarios para la
reconstrucción del sistema vial nacional, en especial de las
provincias del austro.
Del rendimiento del incremento del IVA se destinarán los recursos
necesarios para elevar en dos puntos las asignaciones para los
gobiernos seccionales en el año 2000, los cuales deberán
presentar los planes y proyectos de inversión social respectivos.
Hasta el mediodÃa la reforma tributaria pendÃa de un hilo, pues
incluso Pachakutik cambió de posición frente al ICC y anticipó
a través de Antonio Posso que, no respaldarán el alza del IVA ni
la rebaja de dos puntos del ICC, porque a la par se están fijando
dos impuestos, ya que la posición inicial del bloque era mantener
los dos impuestos en los términos actuales.
Los diputados amazónicos también pusieron sus condiciones,
demandan la asignación de 10 millones de dólares de los
excedentes petroleros a favor de la construcción de la vÃa
Troncal Amazónica.
Una vez acordado el texto, 83 diputados acudieron al Pleno e
instalaron la sesión a las 15h50. Lo primero que aprobaron fueron
los artÃculos no impugnados que contaron con los votos del PSC.
Según Simón Bustamante, estos artÃculos ordenan la derogatoria
de algunos artÃculos de las leyes tributarias y dan facilidades
para tener una mejor recaudación.
La aprobación del proyecto comenzó por lo menos neurálgico. Se
puso a consideración de la sala los textos sobre la restitución
del Impuesto a la Renta y fueron apoyados por la ID, DP, FRA,
PSE, NP, Pachakutik. En contra votaron el PSC, PRE y CFP.
De esta forma vuelve el impuesto a la renta pero se incrementa
el techo impositivo del 15% al 25%. Para los productos importados
sujetos al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), la base
imponible se determinará incrementando al valor ex aduana un 25%,
por concepto de costos y márgenes presuntivos de
comercialización.
Los textos sobre el IR que se refieren a la base imponible de 80
millones de sucres para las personas naturales fue impugnado por
el PSC.
Amenaza de protestas por pro forma
QUITO. Nuevas movilizaciones y una próxima huelga anunciaron ayer
las organizaciones sociales agrupadas en el Frente Patriótico.
El FUT, la UNE, la FEUE, los trabajadores petroleros, algunas
asociaciones de barrios y de mujeres, además de agrupaciones de
trabajadores del Seguro Social y de la Cuarta Zona de la Cámara
de Agricultura de la región Amazónica, convocaron a varias fechas
de manifestaciones en contra de la aprobación del presupuesto y
de la elevación de las tarifas de varios servicios públicos.
El próximo 21 de noviembre habrá una toma de Quito a pie y a
caballo, por parte de la Cámara de Agricultura de la Amazonia,
se anunció. La manifestación tiene por objeto reclamar que se
destinen al menos dos dólares por cada barril de petróleo al
desarrollo de esta región del paÃs.
Además, se anticipó que el 10 y 11 de este mes se realizarán
movilizaciones a nivel nacional y que el 21 habrá una asamblea
general del Frente Patriótico para decidir la fecha de una futura
huelga general.
Las organizaciones populares se oponen también al proyecto de
reforma a la Ley de Seguridad Social presentado al Congreso
Nacional por la Comisión Interventora.
Una protesta por este tema protagonizaron ayer los trabajadores
y médicos del Seguro Social que intentaron un toma simbólica del
edificio en el que funcionan las oficinas de la Comisión
Interventora.
Por el mismo motivo, los trabajadores y médicos del Seguro
mantienen paralizados desde el jueves pasado algunos servicios
del hospital Carlos Andrade MarÃn, de Quito.
Apoyamos esa paralización y estamos dispuestos a declarar una
huelga general si la Comisión no retira su proyecto, dijo Luis
VillacÃs, presidente del Frente Patriótico.
PROTAGONISTAS
Vladimiro Alvarez
Mientras más pasa el tiempo, más se profundiza la crisis y esto
lo deberÃan entender todos los que tienen alguna participación
de responsabilidad en la aprobación presupuestaria.
Paco Moncayo (ID)No hay ruptura, hacemos respetar nuestros puntos
de vista, planteados desde el inicio, y que de manera poco leal
no quiere observar el Gobierno, único culpable si no se aprueba
la pro forma.
Nina Pacari (Pachakutik)
Previo a la aprobación, es necesario definir algunas fuentes de
financiamiento, por lo tanto hay que impulsar reformas
tributarias. También hay que redistribuir el presupuesto.
Adolfo Bucaram (PRE)
Preocupa que en el análisis de la reforma tributaria muchos
partidos propusieron asignaciones para provincias a cambio de sus
votos, eso significa que es un baratillo de ofertas.
Raúl Hurtado
La DP no va a cambiar a estas alturas el contenido de la pro
forma y por lo tanto insto a todos los sectores a mostrar su
grado de sacrificio por el paÃs como lo está haciendo el pueblo.
Francisco Celi (MPD)
El presupuesto al ser votado no puede estar condicionado, porque
es obligación del Estado atender a los municipios y consejos
provinciales y no hace falta que la ID ponga condiciones. (Texto
tomado de El Universo)