Quito. 24 nov 99. Los 4 998 fusiles y 1 625 municiones, que
fueron comprados en Argentina en 1995, se avaluaron en 1997 para
realizar un trámite legal. Así lo dio a conocer ayer el ministro
de Defensa, José Gallardo, luego de que Fernando Aspiazu señaló
que existió un negociado en la adquisición de ese armamento.
Según Gallardo, una Comisión Técnica de la Fuerza Terrestre del
Ejército avaluó el material bélico en 1 826 334,20 dólares. "Ese
era el valor real y no los 7 310 000 dólares que el país pagó".
Sin embargo, Aspiazu dice que resulta sospechoso que se haya
puesto precio a un armamento que se consideró chatarra e
involucró a Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las
FF.AA., de haber participado en ese avalúo, porque él firmó el
documento de la Comisión Técnica, el 1 de julio de 1997.
Moncayo asegura que no intervino en el análisis de las armas. "La
Comisión Técnica presentó el informe de su análisis al Comando
Conjunto y yo, como Jefe, lo único que hice fue tramitarlo a la
Junta de Defensa Nacional. Pero no hice el informe que dio la
valoración del material".
Los miembros de esa Junta eran el contralor Benjamín Terán, el
canciller José Ayala, el ministro de Defensa Ramiro Ricaurte, el
ministro de Finanzas Carlos Dávalos y un representante del Banco
Central, de la Iglesia y las FF.AA. "Este grupo realizó el
trámite legal para recuperar el dinero de la estafa".
Aspiazu, quien aseguró que esta denuncia es la primera de sus
entregas, dice que hubo un negociado en la adquisición de las
armas. "Ecuador pagó 600 dólares por cada fusil cuando estos
valían 10 dólares". El Comando Conjunto en 1995, cuando estaba
dirigido por el general Víctor Bayas, adquirió 8 000 fusiles
automáticos livianos. Al país llegaron 4 998, pero se pagó 7 310
000 dólares (4 800 000 millones en la compra de 8 000 fusiles,
1 950 000 en 10 millones de proyectiles y 560 000 dólares en el
traslado). Según Aspiazu, ese dinero se perdió.
Gallardo asegura (un documento firmado por el director ejecutivo
de la Junta de Defensa Manuel Suárez lo respalda) que "el Estado
no perdió el dinero. Se cobraron todas las garantías". Es más,
dice, cuando la mercadería llegó a Ecuador se dio por finalizado
unilateralmente el contrato, porque se definió que la mercancía
era caducada y no chatarra. Se hizo el avalúo solo para
establecer el valor real. "Pero se cobró la garantía y se
recuperó el 100 por ciento de la inversión". Incluso, por las
condiciones del contrato la Junta de Defensa Nacional obtuvo a
su favor un saldo de 665 867,91 dólares. "Todos los documentos
están en la Fuerza Terrestre. Para mostrar la transparencia, la
Junta de Defensa Nacional levantó el secreto a los documentos".
El contrato de adquisición de las armas se realizó el 10 de
febrero del 95, entre el jefe del Comando Conjunto, Víctor Bayas,
y el argentino César Torres Herboso, enjuiciado penalmente por
la Junta.
"Me llena de satisfacción haber contribuido a la captura de un
hombre inescrupuloso y sínico, que ha arruinado a tantas
personas. Aspiazu trata de enlodar a la gente de bien para
encubrir su impudicia", dijo Gallardo, quien exigirá que se
investigue lo actuado por la Junta a las comisiones
Anticorrupción y de Asuntos Internacionales del Congreso.
El armamento está en las bodegas de la Fábrica Santa Bárbara del
Ejército, en Sangolquí.
El juicio continúa
El juez federal Jorge Urso, que instruye la causa en Buenos Aires
(Argentina) por la triangulación de armas a Ecuador y a Croacia,
citó a declarar al jefe del Ejército argentino, teniente general
Martín Balza. La declaración indagatoria, por el delito de
asociación ilícita, será el 20 de diciembre próximo.
En tanto, el abogado defensor del militar, José Scelzi, dijo: "Ya
hay más de veinte escritos explicando al juez la participación
que tuvo Balza en los hechos. Nos parece muy bien que lo haya
citado a indagatoria, porque pediremos su sobreseimiento".
El fiscal federal Carlos Stornelli, que fue quien impulsó la
investigación, había pedido la indagatoria de Balza el 7 de
octubre del año último, pero el magistrado se demoró hasta este
29 de octubre para decidir sobre el asunto.
Con anterioridad a Balza deberán declarar los generales de
división Juan Ernesto Bossi, Antonio Vicario, Antolín Mosquera
y Raúl Gómez Sabaini.
La causa por envíos de armas se inició hace cuatro años, cuando
se descubrió que, desde Argentina, habían salido varios embarques
aéreos y marítimos hacia Ecuador y Croacia.
Durante esos años, la investigación avanzó lentamente. Urso
procesó a varios imputados; entre ellos, al ex jefe de la Fuerza
Aérea, Juan Paulik, y al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión,
por no haber impedido que partiera un avión de la empresa Fine
Air con fusiles y municiones.
La mora en el trámite del sumario hizo que, el año último, la
Sala II de la Cámara Federal formulase reproches al juez y le
ordenara investigar a Balza y al ex ministro de Defensa Antonio
Erman González.
Un documento presuntamente emanado del Ejército en noviembre de
1994, durante los preparativos del último embarque clandestino
de material bélico a Croacia, entró el 21 de septiembre en el
juicio.
Un dictamen de Stornelli considera probada la participación de
la cúpula del Ejército en los envíos ilegales a Croacia y a
Ecuador, de 1991 a 1995.
El 30 de agosto, Stornelli pidió al juez Urso que eleve a juicio
oral la causa de las armas respecto del ex ministro de Defensa
Oscar Camilión y del ex titular de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Sin embargo, aún está muy lejos el momento de ventilar la causa
en una audiencia pública. El propio fiscal entiende que no está
finalizada la investigación de los hechos respecto de otros
imputados por los envíos de armas a Ecuador: Luis Sarlenga,
Edberto González de la Vega y Mauricio Muzi. Por eso, el sumario
debe seguir en la etapa de instrucción.
De todos modos, la formulación del requerimiento de instrucción,
evitó que prescriba la acción que tiene el Estado para perseguir
a Camilión y a Paulik, sobre quienes pesan sendos procesamientos,
confirmados por la Cámara Federal, por no haber denunciado,
evitado ni investigado los embarques de armas que partieron desde
Ezeiza a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La Nación de
Argentina, GDA (Texto tomado de El Comercio)
fueron comprados en Argentina en 1995, se avaluaron en 1997 para
realizar un trámite legal. Así lo dio a conocer ayer el ministro
de Defensa, José Gallardo, luego de que Fernando Aspiazu señaló
que existió un negociado en la adquisición de ese armamento.
Según Gallardo, una Comisión Técnica de la Fuerza Terrestre del
Ejército avaluó el material bélico en 1 826 334,20 dólares. "Ese
era el valor real y no los 7 310 000 dólares que el país pagó".
Sin embargo, Aspiazu dice que resulta sospechoso que se haya
puesto precio a un armamento que se consideró chatarra e
involucró a Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las
FF.AA., de haber participado en ese avalúo, porque él firmó el
documento de la Comisión Técnica, el 1 de julio de 1997.
Moncayo asegura que no intervino en el análisis de las armas. "La
Comisión Técnica presentó el informe de su análisis al Comando
Conjunto y yo, como Jefe, lo único que hice fue tramitarlo a la
Junta de Defensa Nacional. Pero no hice el informe que dio la
valoración del material".
Los miembros de esa Junta eran el contralor Benjamín Terán, el
canciller José Ayala, el ministro de Defensa Ramiro Ricaurte, el
ministro de Finanzas Carlos Dávalos y un representante del Banco
Central, de la Iglesia y las FF.AA. "Este grupo realizó el
trámite legal para recuperar el dinero de la estafa".
Aspiazu, quien aseguró que esta denuncia es la primera de sus
entregas, dice que hubo un negociado en la adquisición de las
armas. "Ecuador pagó 600 dólares por cada fusil cuando estos
valían 10 dólares". El Comando Conjunto en 1995, cuando estaba
dirigido por el general Víctor Bayas, adquirió 8 000 fusiles
automáticos livianos. Al país llegaron 4 998, pero se pagó 7 310
000 dólares (4 800 000 millones en la compra de 8 000 fusiles,
1 950 000 en 10 millones de proyectiles y 560 000 dólares en el
traslado). Según Aspiazu, ese dinero se perdió.
Gallardo asegura (un documento firmado por el director ejecutivo
de la Junta de Defensa Manuel Suárez lo respalda) que "el Estado
no perdió el dinero. Se cobraron todas las garantías". Es más,
dice, cuando la mercadería llegó a Ecuador se dio por finalizado
unilateralmente el contrato, porque se definió que la mercancía
era caducada y no chatarra. Se hizo el avalúo solo para
establecer el valor real. "Pero se cobró la garantía y se
recuperó el 100 por ciento de la inversión". Incluso, por las
condiciones del contrato la Junta de Defensa Nacional obtuvo a
su favor un saldo de 665 867,91 dólares. "Todos los documentos
están en la Fuerza Terrestre. Para mostrar la transparencia, la
Junta de Defensa Nacional levantó el secreto a los documentos".
El contrato de adquisición de las armas se realizó el 10 de
febrero del 95, entre el jefe del Comando Conjunto, Víctor Bayas,
y el argentino César Torres Herboso, enjuiciado penalmente por
la Junta.
"Me llena de satisfacción haber contribuido a la captura de un
hombre inescrupuloso y sínico, que ha arruinado a tantas
personas. Aspiazu trata de enlodar a la gente de bien para
encubrir su impudicia", dijo Gallardo, quien exigirá que se
investigue lo actuado por la Junta a las comisiones
Anticorrupción y de Asuntos Internacionales del Congreso.
El armamento está en las bodegas de la Fábrica Santa Bárbara del
Ejército, en Sangolquí.
El juicio continúa
El juez federal Jorge Urso, que instruye la causa en Buenos Aires
(Argentina) por la triangulación de armas a Ecuador y a Croacia,
citó a declarar al jefe del Ejército argentino, teniente general
Martín Balza. La declaración indagatoria, por el delito de
asociación ilícita, será el 20 de diciembre próximo.
En tanto, el abogado defensor del militar, José Scelzi, dijo: "Ya
hay más de veinte escritos explicando al juez la participación
que tuvo Balza en los hechos. Nos parece muy bien que lo haya
citado a indagatoria, porque pediremos su sobreseimiento".
El fiscal federal Carlos Stornelli, que fue quien impulsó la
investigación, había pedido la indagatoria de Balza el 7 de
octubre del año último, pero el magistrado se demoró hasta este
29 de octubre para decidir sobre el asunto.
Con anterioridad a Balza deberán declarar los generales de
división Juan Ernesto Bossi, Antonio Vicario, Antolín Mosquera
y Raúl Gómez Sabaini.
La causa por envíos de armas se inició hace cuatro años, cuando
se descubrió que, desde Argentina, habían salido varios embarques
aéreos y marítimos hacia Ecuador y Croacia.
Durante esos años, la investigación avanzó lentamente. Urso
procesó a varios imputados; entre ellos, al ex jefe de la Fuerza
Aérea, Juan Paulik, y al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión,
por no haber impedido que partiera un avión de la empresa Fine
Air con fusiles y municiones.
La mora en el trámite del sumario hizo que, el año último, la
Sala II de la Cámara Federal formulase reproches al juez y le
ordenara investigar a Balza y al ex ministro de Defensa Antonio
Erman González.
Un documento presuntamente emanado del Ejército en noviembre de
1994, durante los preparativos del último embarque clandestino
de material bélico a Croacia, entró el 21 de septiembre en el
juicio.
Un dictamen de Stornelli considera probada la participación de
la cúpula del Ejército en los envíos ilegales a Croacia y a
Ecuador, de 1991 a 1995.
El 30 de agosto, Stornelli pidió al juez Urso que eleve a juicio
oral la causa de las armas respecto del ex ministro de Defensa
Oscar Camilión y del ex titular de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Sin embargo, aún está muy lejos el momento de ventilar la causa
en una audiencia pública. El propio fiscal entiende que no está
finalizada la investigación de los hechos respecto de otros
imputados por los envíos de armas a Ecuador: Luis Sarlenga,
Edberto González de la Vega y Mauricio Muzi. Por eso, el sumario
debe seguir en la etapa de instrucción.
De todos modos, la formulación del requerimiento de instrucción,
evitó que prescriba la acción que tiene el Estado para perseguir
a Camilión y a Paulik, sobre quienes pesan sendos procesamientos,
confirmados por la Cámara Federal, por no haber denunciado,
evitado ni investigado los embarques de armas que partieron desde
Ezeiza a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La Nación de
Argentina, GDA (Texto tomado de El Comercio)
Más en el