Un aporte "voluntario" del 8,14%, un descuento del 6% por "olvido" del empleador y un impuesto del 7%.

Policías jubilados pagan 8,14% de pensiones para recibir atención de su seguro social.

El descuento "voluntario" empezó hace seis años y hasta hoy han fracasado todos los intentos por eliminarlo: en el Isspol, en un juzgado de lo Civil y en el Tribunal Constitucional.

El pasado 18 de abril, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) negó el amparo planteado por los policías en servicio pasivo, que pedía dejar sin efecto un descuento del 8,14% de las pensiones, destinado a fortalecer el fondo de retiro, invalidez y muerte.

El descuento se realiza desde enero de 2000 y se fundamenta en la decisión de mayoría, tomada durante una asamblea de la Federación de Miembros de la Policía en Servicio Pasivo (Fepol), efectuada a finales de 1999.

Esto se hizo para evitar la quiebra del seguro policial, pronosticada en un estudio realizado por el actuario Marco Hernández Cajiao, para el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

La decisión “fue tomada bajo presión”, recuerda Luis Andrade López, presidente de la Fepol, al referir que hubo “amenazas en el sentido de que si no autorizábamos voluntariamente el descuento, no se reconocerían los incrementos de pensiones”.

Así transcurrió el tiempo. El fondo de retiro, invalidez y muerte (RIM) llegó a tener un acumulado de $28 millones hasta mediados de 2004, según estimaciones de la Fepol.

Por esto sus directivos contrataron al mismo actuario que había advertido sobre la posible quiebra, para que efectuara un estudio sobre la evolución del RIM, que había sido capitalizado con el aporte del 8,14%.

El actuario concluyó que había suficientes recursos para financiar las pensiones policiales, “prescindiendo del descuento voluntario”, También informaba que este ya no tenía “cabida ni fundamento”.

Con eso, los policías en servicio pasivo solicitaron al Consejo Superior del Isspol que eliminara el descuento “voluntario” del 8,14% de las pensiones.

El pedido no prosperó porque las autoridades del Isspol alegaron que eso desfinanciaría la institución y se reducirían las prestaciones.

Entonces los afectados presentaron un amparo constitucional ante el juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha, quien tampoco les dio la razón.

Finalmente, la esperanza de tratar de invalidar la resolución que afecta a 16 087 pensionados de retiro, montepío, viudez y orfandad se estrelló en el Tribunal Constitucional (TC), que no encontró razones de peso para conceder el pedido de los policías jubilados. (AA/MCV)

Los fundamentos de la demanda

El descuento viola los artículos 130 numeral 6; 141 numeral 3; 147 y 186, inciso segundo de la Constitución.

Indican que solo el Congreso tiene la atribución de establecer o modificar, mediante ley, impuestos, tasas y otros ingresos.

En Derecho, las cosas se deshacen en la misma forma en que se hacen, por lo que las asociaciones afiliadas a la Fepol han decidido revocar la autorización para el descuento del 8,14% de las pensiones.

El descuento no solo se aplica a las asociaciones de policías retirados sino también a los "pensionistas de Estado", quienes jamás lo autorizaron por no ser socios de la Federación de Miembros de la Policía en Servicio Pasivo.

El descuento del 8,14% viola la garantía que consta en el artículo 59 de la Constitución. Este señala que no podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes si no se encontraren debidamente financiadas.

Devolución inmediata, bajo prevenciones legales, del 8,14% descontado "ilegal, arbitraria e inconstitucionalmente" de las pensiones de retiro, discapacidad, invalidez y montepío, entre los meses de julio y agosto de 2004.

Liquidación y pago de los retroactivos que por ley les pertenecen, por la aplicación de una base de cálculo inferior a la legalmente establecida, a partir de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1999.

Exigir al comandante general de Policía y presidente del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) que elimine el descuento, tal como se comprometió a hacerlo si es que se le demostraba técnicamente que este ya no era necesario.

En los roles de pago constan cientos de personas que subsistirían con menos de $1 diario, mientras los recursos del Instituto habrían subido por la incorporación de miles de nuevos elementos en los últimos cinco años

La viudas y los huérfanos reciben entre $2,92 y $270, cada mes

Entre $2,92 y $270 oscilan las pensiones mensuales de montepío según observó BLANCO Y NEGRO en los roles de pago del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

La mayoría de las personas que constan en esos listados reciben $3,57, $6,57, $4, 70, $6,82, $8,63, $10, $12, $15, $16, $17, $30, $39, $45. En esas cantidades ya está descontado el 8,5% para capitalizar el RIM.

Según el último informe sobre los derechos de la niñez y adolescencia, presentado esta semana por el Observatorio de la Niñez, en el Ecuador subsisten con menos de $1 los menores ubicados en la categoría de extrema pobreza. Con $1 viven aquellos catalogados situación de pobreza.

De acuerdo a los roles del Isspol, miles de pensionistas de montepío se manejarían diariamente con sumas parecidas. (AA)

"Ingreso de 20 mil uniformados frena previsión de quiebra del Isspol"

La posible quiebra del Isspol, vaticinada hace seis años, por el actuario Marco Hernández Cajiao, tenía como fundamento el ingreso de 500 nuevos policías cada año.

Esto se corrigió en 2002, durante el Gobierno de Gustavo Noboa, con el ingreso de 4.000 nuevos uniformados anualmente, durante cinco años, hasta completar 20 mil.

Todos ellos aportan al Isspol, por lo que esa sería una de las razones del alejamiento de la amenaza de quiebra de la institución.

"Actualmente hay 47 mil policías activos y los ingresos que ellos generan al Isspol garantizan el incremento de pensiones hasta el año 2042", sostiene Luis Andrade López, presidente de la Fepol.

Agrega que esto lo confirma el actuario, así como la existencia de $9 millones en reservas, a los que se suman otros $10 millones que adeuda el IESS al Isspol. (MCV/AA)

"La eliminación del 8,14% puede provocar el colapso financiero del seguro social de la policía"

Los estudios actuariales de la entidad sugieren aumentar a 25 años el tiempo de servicio e incrementar el porcentaje de los aportes.

Víctor Hugo Jiménez es el director general del Isspol desde hace cuatro meses

El director general del Isspol, Víctor Hugo Jiménez, saludó la resolución del TC.

Dice que el fallo confirma la legalidad de la retención del 8,14% de las pensiones jubilares y de montepío.

También sostiene que la reducción o eliminación de esos aportes provocaría el desfinanciamiento del Isspol y explica que todas las prestaciones del organismo se financian con el 60% de aporte del Estado, el 17,5% proviene de los aportes de los miembros en servicio activo y con el 8,14% de los pensionistas.

El 14,36% restante se obtiene de la rentabilidad de las inversiones efectuadas en papeles del Estado.

Jiménez revela que la situación actual no es óptima, “hay déficit”, porque el rendimiento de las inversiones es bajo. Indica que los recursos solo pueden ser colocados en el sistema financiero (el 50% en bancos de la Costa y la otra mitad en instituciones serranas), y en papeles del Estado.

Además, la mayoría de policías se retiran al cumplir 20 años de servicio, por lo que el Isspol debe pagarles pensiones por un tiempo mayor al que trabajaron en la institución.

Otro factor que contribuye al déficit tiene que ver con una disposición legal que les permite jubilarse con el último mejor sueldo, anota el director.

Para el funcionario, el estudio actuarial presentado por la Fepol no pasa de ser un “simple balance financiero”, pues solo cree en los análisis realizados por los actuarios del Isspol con proyecciones para los próximos 36 años.

Este estudio es lapidario para los pensionistas: señala que la supresión del 8,14% descalabraría completamente al Isspol, que ya no podría revalorizarles las pensiones ni otorgarles las prestaciones actuales.

Todos estos argumentos fueron expuestos ante el Tribunal Constitucional y ante la Superintendencia de Bancos.

Entre las alternativas para superar el “déficit”, los actuarios del Isspol sugieren incrementar el porcentaje de los aportes del personal en servicio activo, lo que Jiménez considera inaplicable.

También proponen aumentar a 25 años el tiempo de servicio en la Policía. Esta decisión depende del Consejo Superior del Isspol, presidido por el comandante general de la Policía, José Vinueza.

El incremento del número de años de trabajo en la institución es el único punto en que el Isspol concuerda con el estudio realizado por la Federación de Miembros de la Policía en Servicio Pasivo. (AA/MCV)

Procurador da la razón a reclamo de pensionistas"

El 17 de agosto de 2004 dijo que no era procedente realizar el descuento.

El procurador del Estado, José María Borja, dio la razón a la Federación de Miembros de la Policía en Servicio Pasivo (Fepol), el 17 de agosto de 2004.

En su pronunciamiento oficial sostiene que no procede la retención del aporte del 8,14% que, a título de “contribución”, se descuenta a los pensionistas de los valores que el Isspol paga por concepto de retiro.

El fundamento jurídico del dictamen señala que ese aporte no consta como fuente de financiamiento del Isspol en el artículo 91 de la Ley de Seguridad Social de la Policía.

Así respondió Borja a una consulta realizada por el ex comandante general Jorge Poveda, que en esa época presidía el Consejo Superior del organismo.

El procurador también establecía que debían revalorizarse las pensiones cada vez que se aumentaran los sueldos del personal activo. (AA/MCV)

Un mes es suficiente para cambiar de criterio

El 15 de septiembre de 2004 señaló que el descuento era procedente

Un mes después, el procurador general del Estado, José María Borja, cambió de criterio y dio la razón a las autoridades del Isspol.

En el nuevo pronunciamiento, el funcionario señala que la suspensión del financiamiento (eliminación del 8,14%) ocasionaría la disminución del monto de las pensiones jubilares.

Argumenta que si el Isspol decidiera continuar con la revalorización de las pensiones y, los pensionistas consiguieran eliminar el 8,14%, “se torna urgente ubicar fuentes de financiamiento alternativas”, entre ellas la revisión de los montos de las pensiones.

Borja motiva este pronunciamiento en la resolución
“voluntaria” tomada por la asamblea de la Fepol a finales de 1999, que autorizó el descuento del 8,14% para lograr el equilibrio financiero del fondo de retiro, invalidez y muerte (AA/MCV)

A los futuros pensionistas les descuentan plata pero nadie les explica los motivos

Las retenciones realizadas a los Policías entre julio de 1982 y marzo de 1983 no fueron transferidas al Seguro Social, por eso ahora les restan a todos el 6% de la liquidación.

Policías de tropa que intentaban acogerse al retiro voluntario en noviembre de 2005 encontraron novedades en sus liquidaciones.

Además de los descuentos obligatorios y “voluntarios” a los uniformados se les retuvo un 6% de la liquidación. Las justificaciones son variadas y contradictorias.

El hijo de un policía en proceso de retiro no encontró respuesta en las ventanillas del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Pero sí le confirmaron la existencia de ese descuento.

BLANCO Y NEGRO preguntó al director del Isspol, Víctor Hugo Jiménez, quien tampoco tenía claro el tema por lo que nos dijo que habláramos con Esperanza Estrella, directora de Prestaciones.

Ante su ausencia, el jefe de Prestaciones, Wilson Cabezas, dijo que el descuento del 6% tiene que ver con la “nivelación” de las aportaciones.

Manifestó que entre julio de 1982 y marzo de 1983 hubo una diferencia en el pago de los aportes al Seguro (inicialmente era de 5%, luego subió al 11%).

Pero una asesora de la Dirección General del Isspol manifestó que en ese período se hicieron las retenciones de ley, mas las autoridades policiales no transfirieron los fondos al Seguro.

El experto en seguridad social, Joaquín Viteri, dijo que los responsables de esto son las autoridades del Isspol, no los servidores.

Explicó que la institución empleadora está obligada a entregar al Seguro los aportes de los afiliados dentro de los primeros 15 días de cada mes, caso contrario incurre en mora.

Así, la Policía debió cumplir su obligación, “si no lo hizo debe asumir la mora con el Seguro”. Añadió que a la hora de jubilar a sus empleados, el empleador no puede descontarles por aportes porque incurre en un acto ilegal. (AA/MCV)

Algunos suboficiales se quejan por descuento del 7%

En la ventanilla les indicaron que esos fondos se transfieren al Servicio de Rentas Internas (SRI)

Además del 6% de las retenciones que la Policía no transfirió al Seguro en su época, a los miembros de la institución que se acogen al retiro también les descontarían un 7% de la cesantía para el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Varios suboficiales que pidieron mantener en reserva sus nombres denunciaron que a la hora de hacer la liquidación de su cesantía, en la ventanilla correspondiente les manifestaron que debían descontarles el 7% para el SRI.

Aparentemente esto no se aplicaría para todos, porque a uno de ellos, que afirmó haber exigido explicaciones, le dijeron que su caso había sido revisado y ya no le harían el descuento para el Servicio de Rentas.

Para Joaquín Viteri, ex director general del IESS, esto no tiene ningún asidero.

Explica que el empleador (la Policía) tiene la obligación de realizar el descuento mensual correspondiente para transferirlo al SRI, en el caso de que el empleado percibiera ingresos anuales mayores a $7 680. Quienes tienen ingresos menores no pagan impuesto a la renta.

Además, las remuneraciones que constituyen la base de cálculo para los aportes al Seguro no están sujetas a tributos, indica Viteri. (AA)

PUNTO DE VISTA

¿Del mismo cuero salen las correas?

Los policías en servicio pasivo parecen ser las últimas "víctimas””" del desorden jurídico-legal del Ecuador, que ha copado todas las instancias de la institucionalidad nacional.

El desorden en las cuentas de la entidad policial llegó a tal grado, a finales de la década pasada, que en un momento dado los directivos se dieron cuenta que faltaría el dinero para pagar los beneficios a los jubilados.

La solución fue salomónica: echar mano a la plata de los mismos beneficiarios, a quienes se decidió que se les descontaría el 8,14% de sus pensiones, para fortalecer el fondo de retiro, invalidez y muerte.

Tal descuento, que se realiza desde enero de 2000, llenó la paciencia de los pensionistas, luego de que expertos contratados por ellos anunciaron que ya no era necesario ese fondo.

Por ello, los perjudicados demandaron al Tribunal Constitucional (TC) un amparo, el mismo que les fue respondido el pasado 18 de abril, de manera negativa.

Y allí estamos hoy, ante una situación con visos de inseguridad jurídica y hasta de manejos arbitrarios de los dineros de los policías que han dejado la institución.

Pero la situación es aún más delicada, porque incluso el procurador general del Estado, en menos de un mes ha dado dos criterios diferentes sobre el mismo tema que se le planteó que absolviera.

Con fecha 17 de agosto de 2005, el procurador, José María Borja, dio la razón a quienes demandaban la ilegalidad del descuento, pero el 13 de septiembre del mismo año, en una segunda decisión, les negó la razón y aceptó como legal el descuento del 8,14%.

Uno de los argumentos es que la suspensión del financiamiento ocasionaría la disminución del monto de las pensiones.

Así, los policías parecen condenados a seguir con la “"contribución “voluntaria”", porque se habría probado que, en asunto de plata, aquí del mismo cuero salen las correas. (TFF)(Blanco y Negro)
EXPLORED
en Ciudad Quito

Otras Noticias del día 29/Abril/2006

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el