Se dice que medida ecuatoriana afecta al turismo, comercio, transportación e informalidad de Tulcán e Ipiales
El Decreto 1471 de la Presidencia de la República, que busca garantizar el ingreso de colombianos al Ecuador como turistas o transeúntes y que les exige el pasado judicial, genera cada vez más reacciones en la frontera colombo-ecuatoriana.
El alcalde de Tulcán, Pedro Velasco, sostuvo que el pasado judicial y el uso del biométrico -software que determina a través de huellas digitales los antecedentes de los visitantes- "estigmatizan a los turistas".
Aseguró que las medidas surten efectos negativos en el turismo, comercio, transportación e informalidad de Tulcán e Ipiales, que han visto reducidos sus ingresos por falta de visitantes.
El alcalde de Ipiales, Gustavo Estupiñán, considera que las medidas "perjudicarán al comercio y al turismo ecuatorianos, que tienen como principal consumidor al colombiano".
Empero, un sector de visitantes calificó de "aceptable" la medida adoptada por el Gobierno del Ecuador, como Carlos Alzate, de Pereira, quien señaló que es excelente, pues da más confianza y garantiza seguridad a los turistas.
No piensa igual MarÃa Unigarro, de Cali, pues cree que son medidas exageradas. "No sé qué tienen contra los colombianos. Es absurda esta norma y se asimila a cacerÃa de brujas. Mientras en otros paÃses las fronteras están abiertas y no hay restricción, aquà la medida genera caos, corrupción y desconfianza".
En Migración, dicen que durante la implantación de los controles han sido identificadas personas que habrÃan cometido delitos en el Ecuador y Colombia, como tráfico de drogas, delincuencia común, porte ilegal de armas, etc. Juan Suárez, jefe de Migración del Carchi, dijo que ahora son más minuciosos al revisar la tarjeta de antecedentes penales, para evitar que intenten ingresar extranjeros con pasado judicial clonado o falsificado. (RC)
WÃlliam Herrera, turista colombiano de Tulúa Valle, denunció que tramitadores en el puente internacional de Rumichaca por $10 y $15 prometen internarlos al Ecuador burlando los filtros de control o sin hacer colas, algo que desmiente Juan Carlos Suárez, jefe de Migración del Carchi.
Blanca Piñeiros, de la ciudad colombiana de Villavicencio, y otros visitantes piden un tiempo de gracia para acceder al pasado judicial, cuyo costo alcanza los $25. Aseguran que no solo les quita tiempo al momento de tramitarlo, sino que los desfinancia al tener que destinar tal rubro. (RC)
El Decreto 1471 de la Presidencia de la República, que busca garantizar el ingreso de colombianos al Ecuador como turistas o transeúntes y que les exige el pasado judicial, genera cada vez más reacciones en la frontera colombo-ecuatoriana.El alcalde de Tulcán, Pedro Velasco, sostuvo que el pasado judicial y el uso del biométrico -software que determina a través de huellas digitales los antecedentes de los visitantes- "estigmatizan a los turistas".
Aseguró que las medidas surten efectos negativos en el turismo, comercio, transportación e informalidad de Tulcán e Ipiales, que han visto reducidos sus ingresos por falta de visitantes.
El alcalde de Ipiales, Gustavo Estupiñán, considera que las medidas "perjudicarán al comercio y al turismo ecuatorianos, que tienen como principal consumidor al colombiano".
Empero, un sector de visitantes calificó de "aceptable" la medida adoptada por el Gobierno del Ecuador, como Carlos Alzate, de Pereira, quien señaló que es excelente, pues da más confianza y garantiza seguridad a los turistas.
No piensa igual MarÃa Unigarro, de Cali, pues cree que son medidas exageradas. "No sé qué tienen contra los colombianos. Es absurda esta norma y se asimila a cacerÃa de brujas. Mientras en otros paÃses las fronteras están abiertas y no hay restricción, aquà la medida genera caos, corrupción y desconfianza".
En Migración, dicen que durante la implantación de los controles han sido identificadas personas que habrÃan cometido delitos en el Ecuador y Colombia, como tráfico de drogas, delincuencia común, porte ilegal de armas, etc. Juan Suárez, jefe de Migración del Carchi, dijo que ahora son más minuciosos al revisar la tarjeta de antecedentes penales, para evitar que intenten ingresar extranjeros con pasado judicial clonado o falsificado. (RC)
Costos y quejas
WÃlliam Herrera, turista colombiano de Tulúa Valle, denunció que tramitadores en el puente internacional de Rumichaca por $10 y $15 prometen internarlos al Ecuador burlando los filtros de control o sin hacer colas, algo que desmiente Juan Carlos Suárez, jefe de Migración del Carchi.
Blanca Piñeiros, de la ciudad colombiana de Villavicencio, y otros visitantes piden un tiempo de gracia para acceder al pasado judicial, cuyo costo alcanza los $25. Aseguran que no solo les quita tiempo al momento de tramitarlo, sino que los desfinancia al tener que destinar tal rubro. (RC)
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