Un periodista que tenía amenazas en su contra desde 2010 fue asesinado en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, informó la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
"La FLIP denuncia y rechaza el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido al mediodía en el municipio de Tarazá", según dijo en un comunicado.
Cervantes, quien trabajaba poniendo música en una emisora comunitaria, había recibido amenazas de muerte desde 2010. El comunicador laboraba desde hacía cinco años en la cadena radial, primero participando en la programación noticiosa y después, en la musical, de acuerdo con la ONG.
Las amenazas persistieron durante el 2012 y principios del 2013. A finales del 2013, Cervantes aseguró que después de la explosión de una granada a metros de la emisora, él había decidido empezar a programar canciones a cambio de noticias, agregó el texto.
A raíz de las amenazas, el comunicador tenía custodia del Estado desde junio de 2012 hasta julio de 2014, que incluía dos hombres de protección y un vehículo convencional, según un comunicado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior, encargada de velar por la seguridad de personas en riesgo. Sin embargo, el acompañamiento se le revocó luego de que las autoridades reunidas en un comité de evaluación así lo decidieran.
Según el estudio de riesgo, no había nexo causal entre las amenazas recibidas por Cervantes, y su labor como periodista. Desde hace más de un año, él no ejercía el periodismo. Su trabajo en la Emisora Morena FM consistía fundamentalmente en programación musical, informó el comunicado de la UNP.
Sin embargo, la FLIP llamó la atención sobre los peligros de ejercer la profesión en esa zona del país, debido a que la prensa se encuentra acallada por tantos años de violencia en su contra y aquellos que se atreven a informar, lo hacen sin ninguna garantía, señaló la FLIP en su texto.
Colombia vive un conflicto armado desde hace medio siglo en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes. El conflicto ha dejado hasta el momento unas 220 mil personas fallecidas y cerca de 5 millones han sido desplazadas por la violencia, según el estatal Centro de Memoria Histórica.
La subregión del Bajo Cauca antioqueño, a la cual pertenece Tarazá, tiene presencia de exparamilitares que, tras desmovilizarse, siguieron delinquiendo en bandas criminales dedicadas al narcotráfico. (AFP)
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