Edgar Díaz, gobernador del departamento colombiano de Santander (norte), limítrofe con Venezuela, criticó el cierre nocturno de la frontera con ese país y aseguró que hay que buscar otras estrategias para contrarrestar el contrabando sin perjudicar a la población.
"El departamento se siente afectado con el contrabando pero hay que buscar otras estrategias que, sin que menoscaben el control al contrabando, no afecten el normal tránsito de los habitantes en la zona fronteriza. El cierre de los puentes en horas de la noche en nada contribuye a la dinámica de la actividad de frontera” aseguró Díaz.
El gobernador recordó que según las autoridades venezolanas 80% del contrabando pasa por puntos fronterizos legales y no necesariamente de noche. Dada su disconformidad con la medida, el Gobernador envió ayer, una carta a la canciller colombiana, María Ángela Holguín, para pedirle que se estudie adelantar otro tipo de acciones para luchar contra el contrabando, en conjunto con las autoridades venezolanas.
"El tránsito nocturno es en su mayoría humano, de empleados informales, de estudiantes, que viven en la línea divisoria y aprovechan condiciones de los dos países para sobrevivir prohibir el paso entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana poco contribuirá a eliminar el flagelo" del contrabando, explicó Díaz en la misiva.
Ayer en la noche, las autoridades venezolanas iniciaron los cierres nocturnos de la frontera de 2 200 kilómetros para tratar de frenar un comercio clandestino que involucra cada día millones de litros de gasolina y decenas de toneladas de alimentos subsidiados. Los cierres nocturnos impiden el paso tanto de peatones como de vehículos y, en el caso de camiones de carga pesada, se extienden desde las 18H00 a las 05H00 locales.
La medida fue acordada el 1 de agosto por los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos y por ahora se prolongará 30 días hasta que ambas partes evalúen su impacto. Según el gobierno venezolano, 40% de los productos básicos con precios subsidiados que se entregan a las cadenas de distribución son desviados ilegalmente a Colombia, además de gasolina equivalente a 100 mil barriles diarios de petróleo una pérdida anual de $3 650 millones. (AFP)
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