Una denuncia de falsificación de formularios utilizados para la salida de menores del país destapó una serie de irregularidades que ocurrían en tres de los Tribunales de Menores del Guayas, en diciembre del año pasado.
La novedad era hasta cierto punto "sorprendente" para algunos de sus funcionarios, a pesar de que el subsecretario de Bienestar Social del Litoral, Eduardo Franco Loor (la Subsecretaría tiene injerencia administrativa en los Tribunales de Menores), aseguró haber conocido con anterioridad las presuntas anomalías, porque recibía a diario alrededor de 15 denuncias verbales de madres de familia y abogados.
La investigación ordenada desde el Ministerio de Bienestar Social descubrió una presunta red de funcionarios implicados en supuestas tramitaciones dolosas. El escándalo se hizo público cuando Eduardo Franco Loor ordenó la destitución de los servidores que supuestamente estaban involucrados.
La primera en ser destituida fue la ex presidenta del Primer Tribunal de Menores del Guayas, Alemania Centeno Henk, quien negó reiteradamente su participación en la falsificación de firmas en formularios caducos. "Me quieren involucrar en una falsificación de firmas que yo denuncié", señaló en aquel entonces Alemania Centeno, quien fue separada del cargo y tiene pendiente un sumario administrativo por irregularidades durante su función, en la Corte Nacional de Menores.
Otros implicados en las irregularidades son Jorge Altamirano M., Carlos Altamirano A., Juan Sosa M., Alicia López N., Manuel Fuentes, Carlos Pineda, Miguel Cárdenas S. en contra de quienes se inició una instrucción fiscal. Los sindicados están acusados de intentar tramitar, el 21 de diciembre pasado, el permiso de salida del menor José Galleguillos Burgos, con cédula de ciudadanía 0922957907. Lo extraño del caso fue que todas las diligencias se realizaron sin que se hayan presentado los padres del menor.
¿Cómo se dio tal situación? En las investigaciones que efectuaron los agentes de la Brigada de Misceláneos de la Policía Judicial del Guayas se recogieron testimonios de los abogados que prestan sus servicios en la judicatura, quienes manifestaron que los documentos para autorizar las salidas de menores "son más fáciles de adquirir que pan en la tienda".

La operación dolosa

De acuerdo con el informe de Policía, la abogada Alicia López, ex educadora del Tribunal de Menores, vendía los documentos o especies numeradas, firmadas y selladas en blanco. Estas diligencias se realizaban incluso en los días festivos de Navidad.
Cada documento en blanco que se entregaba a un abogado tenía un costo de $390.
En las declaraciones receptadas por la Policía se mencionó que este tipo de ilícitos eran cometidos por abogados que laboran en los mismos Tribunales. Ese es el caso, según los agentes, del abogado Jorge Altamirano Mora.
La Policía aseguró que el 28 de diciembre de 2001, Jorge Altamirano Mora atendió en su oficina a dos personas que solicitaban sus servicios para obtener una autorización de salida de un menor que debía viajar a Chile. Después de pactar el valor del trámite en $150, los interesados le habrían entregado el pasaporte del menor, copias de cédulas de los padres y, como adelanto, $70.
Los clientes de Altamirano, según la Policía, debían regresar a las 14:30 para cancelar el valor restante. En el transcurso de la mañana, el abogado Altamirano habría enviado a uno de sus sobrinos para que hiciera contacto con su colega Miguel Cárdenas Sánchez, quien habría sido el encargado de conseguir el permiso para la salida del menor.
El documento que los interesados solicitaban al abogado se llenó sin haber sido sorteado (no recayó en uno de los tres tribunales) y sin la presencia de los padres.
El informe policial reveló que el permiso de salida se otorgó en un día en que los tribunales se encontraban en vacancia judicial.
Los testimonios también salpican a agencias de viajes, en donde se habrían otorgado los permisos de salida, que eran tramitados de manera ilícita. (CHM)

Los cortos

l En varias ciudades del país, hace poco tiempo, se realizó una investigación sobre explotación sexual de menores.

l En la investigación surgió la interrogante de una posible complicidad de la burocracia para la salida de los menores.

l Verónica Feicán, del Proyecto de Prevención de la Explotación Sexual, cree que existe la necesidad de ampliar la investigación.

l Todo indica que las menores de provincias son trasladadas a Quito, para desde allí ser llevadas al exterior.

l En el Austro se entregaron 2 661 permisos de salida, en 2001. El mes en que se registró mayor demanda fue julio.


Las irregularidades se repiten en las secretarías y pagadurías


Juristas que visitan a diario las cortes creen que la depuración no ha servido de mucho y que todo sigue igual

Carlos Díaz Barreno, presidente del Segundo Tribunal de Menores del Guayas, dijo que la emisión de permisos de salida para menores tiene nuevas reglas: se envían copias de los formularios a la Policía de Migración para evitar las "supuestas" falsificaciones o adulteraciones de documentos. Pero con esta opinión no coinciden los abogados que realizan a diario trámites en esas instancias.
"La corrupción en los Tribunales de Menores del Guayas no ha terminado; al contrario, ha retornado, pese a la reorganización de los ministros de la Corte Distrital de Menores y presidentes de los Tribunales, a comienzos de febrero pasado", dijeron abogados consultados por BLANCO y NEGRO. Todos coincidieron en afirmar que con la posesión de los nuevos funcionarios (acto que estuvo a cargo del ministro de Bienestar Social, Luis Maldonado, el 25 de enero anterior), las cosas no han variado en los tribunales.
Los abogados aseguraron que las irregularidades son "el pan de cada día" y creen que es vital que el Gobierno se preocupe en realizar una verdadera depuración.
La solución que plantean los juristas, a más de la intervención del Gobierno, es la apertura de tres Tribunales de Menores dirigidos por expertos en la materia.
Los jurisconsultos creen que ese paso es vital porque en el tema de la defensa de los derechos de los menores hay de por medio intereses políticos y económicos difíciles de extirpar.
"La corrupción está enquistada en los tribunales, pese a los cambios. Hoy en día se repiten las filas en las pagadurías y en las secretarías", sostuvieron los juristas. (CHM)

¿A quién le interesa los niños?

Fundación Reencuentro es una organización no gubernamental creada para encontrar a niños perdidos y desaparecidos.
Santiago Pérez, dirigente de Reencuentro, dijo que los delitos de plagio van en aumento en el país. Uno de los mecanismos que se utilizaría en este tráfico seria la falsificación de papeles.
"Hay que definir en el Código de Menores quién tiene la patria potestad o tenencia legal", aclaró Pérez.
Entre los casos que han atendido los funcionarios de Reencuentro, están los de padres que han debido firmar papeles en blanco, que luego son entregados a abogados inescrupulosos con el fin de que sean legalizados. De esta forma se facilita la salida de niños del país. También se ha detectado la adulteración de papeles. "Por ejemplo, una niña fue inscrita por segunda vez en otra provincia; con esos papeles salió del país. Los vacíos legales permiten a los interesados manipular las leyes a su antojo", dijo.
La Comisión de la Haya regula los procedimientos a segurise en caso de que un niño hubiera sido llevado fuera del país, violando los derechos de custodia. Esta comisión opera cuando el niño ya salió del país, y cubre solo los aspectos civiles y no los penales.
Hasta hace un año, aún constaba en los registros de la Comisión de la Haya, como autoridad competente, el nombre de una ex presidenta de la Corte Nacional de Menores, que dejó de serlo hace tres años, según Santiago Pérez. Eso revelaría el poco interés que existe para controlar la salida ilegal de menores de sus países de origen. (JCC)

Dos casos en Quito que se investigan, sin lograr resultados

Ordenes de salida que no cumplían con todos los requisitos legales se habrían emitido en Quito

Sobre las falsificaciones de autorizaciones de salida para menores en Guayaquil, Alfonso Trujillo, presidente de la Corte Nacional de Menores, sostuvo que en el aspecto administrativo la Corte ordenó una investigación para proceder acorde a la Ley de Servicio Civil. En esta encontraron responsabilidades, lo que produjo la destitución de una de las presidentas del Tribunal de Menores y tres funcionarias, sin perjuicio de cualquier acción penal que estaría en conocimiento del fiscal de Guayaquil.
Sobre si hubo falsificaciones de documentos en Pichincha, dijo que sucedió pero puertas afuera del Tribunal. "Estas no fueron realizadas por funcionarios de los Tribunales de Menores. Se sigue la acción correspondiente para establecer responsabilidades, sin embargo son casos aislados", insistió. Esto lo comprobaron porque en la oficina de Migración tienen registrados los nombres, firmas y rúbricas de los funcionarios y habrían comparado la autenticidad de estas. "Esas órdenes de salida quedaron sin efecto, por ello se dispuso que el fiscal realizara el trámite, a fin de establecer responsabilidades, pero aún sin resultados", dijo.
El año pasado se tramitaron 34 108 solicitudes de salida de menores, en 2000 fueron alrededor de 56 000, en los 31 Tribunales; según el presidente de la Corte, el año pasado disminuyeron por los atentados en EEUU. (JCC).

"En Cuenca se tramitan 15 permisos para salir del país, a diario"

Los adolescentes que salen del país, por lo general, se van a reunir con sus padres y no regresan

En el Tribunal de Menores de Cuenca se tramitan a diario, según su presidente, Luis Crespo Arias, 15 permisos de salida del país para menores. El año pasado, en total fueron 2 661 permisos. Exceptuando los meses de junio, julio y agosto, donde la cifra mensual se duplica por vacaciones, se trata sobre todo de menores que viajan para quedarse en el exterior. Según Crespo, el constante aumento de la emigración de niños y adolescentes se debe a que sus padres ya se han establecido en EEUU o España.
No se dispone de cifras respecto a los permisos rechazados, pero, según Crespo, son casos de falta de documentación, por ejemplo en los que un padre se encuentra en el exterior y el poder que envía no ha sido legalizado por el Consulado ecuatoriano.
El presidente del Tribunal cuencano negó que existieran posibilidades de fraude en este distrito, aunque se han detectado casos donde se intenta suplantar al cónyuge ausente u opuesto a la salida.
Luis Crespo relató el caso más espectacular de una mujer que, al momento de reconocer las firmas, mintió primero que su esposo estaba siendo sometido a una cirugía, por lo que el secretario se trasladó en vano al hospital; luego fue citado a la casa de la señora, donde encontró a un hombre que pretendió que le temblaba la mano y no podía firmar, hasta que, finalmente, se estableció la identidad falsa. (SK)


"Los permisos de salida pueden ocultar el tráfico de niños"

En Azuay se han visto casos en los que se ha tratado de suplantar la identidad de los padres

Las salidas del país de un menor son contenciosas y no contenciosas. Las primeras se producen cuando hay un acuerdo entre la pareja de esposos para que el hijo salga con algún familiar; las no contenciosas son aquellas en las cuales alguien de la pareja matrimonial se opone a la salida de su hijo. En este caso, el juez debe resolver el conflicto entre los dos cónyuges.
La inexistencia de un verdadero sistema que garantice la salida legal de niños al exterior es la principal falencia que existe, de acuerdo con Farith Simons, de la Fundación Esquel. "El problema no es solo la autorización de salida del país, como pura formalidad por parte de los progenitores, esto va más allá", dijo.
Uno de los problemas que halla el experto en derecho de menores está en el hecho de que la emisión de permisos de salida, para que un niño salga del país con terceras personas, puede ocultar el tráfico de infantes para explotación laboral.
"Hay que crear tipos penales, hacer una reforma normativa donde se castigue este tipo de tráfico; en la actualidad no hay un delito por tráfico de menores, es decir no existe como figura delictiva", afirmó.
Esto se agravaría porque no hay un programa de protección a la infancia.
Simons sostuvo que hay pocos tribunales, pero con muchas peticiones. (JCC)


Los filtros de seguridad que existen no son suficientes

Un oficial de Policía dijo recibir solicitudes de todos los juzgados del país para aclarar casos de salidas

Cientos de viajeros frecuentan a diario el edificio de Policía de Migración del Guayas, ubicado frente a la terminal terrestre "Jaime Roldos", para pagar el impuesto correspondiente a la salida del país al exterior.
A las oficinas también acuden menores de edad, de entre cinco a 15 años, en compañía de sus representantes.
El trámite en la Policía de Migración es el último escollo para obtener el documento que permite a un menor viajar al exterior. Los primeros pasos se dan en el Tribunal de Menores del Guayas, en donde se presenta una carpeta que incluye el pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento y la autorización firmada y legalizada de los padres (residentes en el país o en el exterior). "Comprobamos varias veces que las firmas de los representantes sean originales para que no haya suplantación de identidades. Si detectamos irregularidades, comunicamos de inmediato a la Policía Judicial para que tome cartas en el asunto", sostuvo el jefe de Migración del Guayas, Iván Vallejo.
El control tendría un doble respaldo de seguridad, puesto que un documento original reposa en la dependencia y una copia en el aeropuerto internacional, donde se verifican las identidades de los padres y los datos del menor.
Pero, ¿existen casos de suplantación de identidades?
Aunque no se han comprobado casos de bandas dedicadas al tráfico de menores en el país, el jefe de Migración reconoció la existencia de casos en los que algunas personas, efectuando ágiles y desconocidos trámites, lograron obtener el documento que autoriza el viaje de un menor, pese a que su representante se encuentra en el extranjero. "Existen denuncias en algunos juzgados", dijo. (CHM)

Los días en que se trabaja más

"Un permiso de salida para un niño, gestionado por un tramitador en Guayaquil, dependiendo a dónde va y quién sea, cuesta entre $100 y $150; un permiso de salida para un menor otorgado por agencias de viajes cuesta $70" dijo Alexandra Banchón, representante de la Defensa de los Niños Internacional, (DNI).
Banchón admitió que los tramitadores, en muchas ocasiones, trabajan con el aval de funcionarios de los tribunales. "El tramitador jamás actúa solo, siempre está ligado a alguien, sea meritorio, amanuense u otro. Conozco que se falsifica el documento de uno de los dos padres que no da el permiso de salida" afirmó.
El caso que manejó el DNI hace poco fue el de una niña de cinco años que fue enviada a República Dominicana. "Se había falsificado, no solo el documento de identidad, sino que se registró a la niña con el apellido de personas que no eran sus padres". Esta niña que se encontraba abandonada en ese país, ya está de vuelta en Ecuador.
Banchón dijo que en esta época de vacancia judicial todos quieren obtener permisos de salida para menores. "En las tardes los tribunales se dedican a eso. Es una práctica establecida en Guayaquil".
"Cuando hay una disputa entre padres, aparece la coima para que el interesado pueda sacar el papel. Incluso se utilizan las notarías. Hacen una declaración juramentada, la llevan con un notario y se acabó: el documento es válido" dijo. (JCC)


ANALISIS
No se puede permitir la negligencia

La ola migratoria de ecuatorianos en busca de trabajo en el exterior ha incrementado la salida de los menores, en especial de aquellos cuyos padres se han estabilizado laboralmente, pero ha creado un conflicto que podría constituir un hecho peligroso: la explotación laboral de los menores.
De ser así, las autoridades de justicia tienen una gran responsabilidad en sus manos, puesto que no se puede permitir que nuestros chicos sean utilizados no solo violentando las leyes internacionales, sino contribuyendo a dañar su futuro por los traumas que podrían causarles, al ser sometidos a jornadas incompatibles con su condición de menores.
Pero todo lo concerniente al traslado de los niños ecuatorianos hacia el exterior está salpicado de problemas y conflictos.
La destitución del presidente de un Tribunal de Menores y algunos funcionarios, en Guayaquil, es la muestra del incumplimiento de los requisitos básicos para la salida de los infantes, pero la sanción no es suficiente para acabar con lo que se podría considerar tráfico de menores.
En las provincias con alta incidencia migratoria hay verdaderos dramas que afectan a los menores, quienes, literalmente, son disputados por sus padres que se han separado.
Daría la impresión de que las autoridades tanto de Bienestar Social cuanto las de Justicia han desestimado un tema delicado como el tráfico de niños.
Ojalá cuando reaccionen no sea tarde.
Para el país, asimismo, resulta bochornoso que se incumplan las leyes, no solo por la laxitud en los controles, sino porque tener en el exterior un ejército de niños sometidos a la explotación es inadmisible, cuando en el mundo se hacen esfuerzos enormes para que se extinga este mal, identificado con los países del tercer mundo.
La denuncia de BLANCO y NEGRO pretende ser una alerta para que se investigue y sancione a los responsables, y para alertar a la sociedad que debe asumir el papel de custodio de sus niños, so pena de que la negligencia cómplice de todos los sectores arruine el futuro del mayor valor de un pueblo: sus niños y jóvenes. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 23 DE MARZO DE 2002)
EXPLORED
en Ciudad Quito

Otras Noticias del día 23/Marzo/2002

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el