Dos guÃas pidieron que les permitan abonar la cuota en dos meses, el intermediario exigió el pago de contado, para renovar contrato.
Venta de puestos en centro penitenciario catalogado de "modelo"
Para recuperar el dinero de la âinversiónâ, los empleados habrÃan hecho del lugar una especie de mercado, donde se vende de todo
Las denuncias de dos guÃas del Centro de Rehabilitación de Ibarra, sobre el pedido de $700 y $800 para renovarles los contratos, destapa una red de corrupción en la que estarÃan involucradas autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Aunque los funcionarios lo niegan, las denunciantes cuentan con nombres y apellidos quién les pedÃa la plata para repartirla en Quito. Los nombramientos los hace únicamente el director nacional de Rehabilitación, Ricardo Arteaga, cuya oficina está en la capital.
Al parecer, el pago a cambio de las contrataciones no serÃa nuevo en la cárcel de Ibarra, pues las afectadas no se negaron a pagar la âtarifaâ, solo pidieron una concesión: la posibilidad de pagar en dos partes. Esto no fue aceptado por quien les exigÃa el dinero.
Desde entonces -según denunciaron- las guÃas fueron amenazadas, injuriadas (se quejan de trauma sicológico) y perseguidas por el chofer del centro carcelario. âNuestros compañeros nos advertÃan que nos cuidaramos porque podÃan hacer cualquier cosa en contra nuestraâ, señalaron.
La madre de una de ellas contó a BLANCO Y NEGRO que intentaron colocar droga en la cartera de su hija.
Incluso, el director de la prisión, VÃctor Almeida, habrÃa llegado a otorgar su pleno respaldo a dos internas a cambio de que agredieran a una de las denunciantes. Ãl lo negó.
No obstante, la versión de que a los guÃas se les exigirÃa dinero a cambio de renovarles los contratos, es extendida entre los internos de la prisión. Varios refirieron que para recuperar el dinero invertido en la obtención de los puestos, los guÃas venden alcohol, ropa, bisuterÃa, droga, tarjetas de teléfonos, teléfonos celulares, comida... Es decir, dentro de las paredes del âcentro de rehabilitaciónâ habrÃa una especie de mercado.
Otros reclusos relataron cómo, a cambio de dinero, fácilmente han conseguido certificados médicos, gracias a los cuales han podido ir a clÃnicas. Desde allà es muy fácil fugarse.
En esta prisión solo un patio separa los pabellones de hombres y mujeres. Un estudio estableció que hay un alto Ãndice de abortos debido a la promiscuidad existente.
Para el director de la DNRS, la cárcel de Ibarra es un âmodeloâ de eficiencia y buen manejo por parte de su director, VÃctor Almeida, quien lleva alrededor de 20 años en el cargo. (AA/SR)
Resumen de una grabación del careo efectuado hace un mes. Se asume que habrÃan participado el director de la cárcel de Ibarra, el chofer y dos guÃas de ese centro penitenciario
Hombre 1 (Chofer).- Usted tiene que aclarar con nombres y apellidos. Usted deberÃa coger un abogado y que me diga en la puta cara, en la puta cara.
Mujer 1.- Yo también tengo derecho a coger abogado...
Hombre 2 (Licenciado).- Esta no es la manera de pagarle a uno, cuando se les dice: "asà hay que hacer las cosas". Pero usted quiere hacerlas de otro modo.
Mujer 1.- Yo tengo la cara limpia, licenciado. La señora dice que vendo droga, quiero que ella me ponga delante a todas los internas a quienes vendo droga.
Mujer 2.- ¿A quién le he dicho eso? Nunca he hablado de eso.
Mujer 1.- Si no quiere trabajar, deje trabajar a los demás. De gana me mete en problemas.
Mujer 2.- Esas cosas no han salido de mi boca. Yo solo me ratifico en lo que dije y espero que esta señora diga a quién contó en Quito sobre la cantidad que cobran aquÃ.
Mujer 1.- DÃgalo usted que tiene tiempo para averiguar las cosas en Quito; no soy tan ignorante para decir que he dado dinero...
Mujer 2.- Licenciado, yo le dije a usted que una mañana, temprano, escuché una conversación telefónica de la señora Miriam Morales (mujer 1), quien decÃa: "estos con mi plata no comen".
Mujer 1.- Te voy a demandar, yo no me aferro al trabajo.
Mujer 2.- Yo tampoco, pero sà me aferro a la dignidad de la persona.
Mujer 1.- La dignidad es estar con la boca callada; al final vas a seguir cobrando si te renuevan el contrato, sé inteligente
Hombre 1.- Licenciado, si ellas quieren regalar su plata, allá.
Mujer 2.- Yo he cometido dos pecados: uno, buscar ayuda; el segundo fue decirle al señor Terán: "por Dios espéreme, no me opongo a pagar de los dos meses". Aquà se han tergiversado las cosas, cómo voy a hacer algo que me perjudica si necesito el trabajo.
Hombre 1.- Si no, se le devuelve la plata.
Hombre 2.- A mà qué me importa si paga o no paga, cada quien debe dar la cara por sus actos.
Mujer 2.- Yo nunca he viajado a Quito, no he hablado con nadie.
Hombre 2.- Yo estoy aparte, a mà no me interesa el dinero. Usted puede pagar lo que sea, a mà no me interesa. Usted tiene que acostarse conmigo, para que le renueve el contrato.
Mujer 2.- Yo solo quiero trabajar licenciado, ayúdeme. Al señor Terán le he dicho que acá no tengo a nadie, por eso le he rogado. Cuando usted me reclamó yo recibà la llamada de la señora (mujer 1), no sabÃa qué pasaba, ahora me difaman. Tengo el derecho de aclarar las cosas y que me diga cuándo he dicho que ella vende drogas.
Hombre 2.- Usted da a entender que cobramos por los contratos.
Mujer 2.- Licenciado, ustedes saben que eso no es lo correcto, pero si esto se maneja asà hay que callarse; cómo voy hacer caer a la persona que me ayuda. Entiendo que no solo yo iba a beneficiarme, porque a todos pedÃan, ¿sà o no? Esa es una verdad a gritos. (SR)
La tarifa para un cargo de guÃa en Ibarra es de $800
La empleada dijo que podÃa pagar en dos partes. Le respondieron: "En Quito no esperan... verás qué haces"
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, recibió hace una semana la denuncia de una guÃa de la cárcel de Ibarra.
Aunque tenemos una copia del documento, en el que consta su firma y el número de cédula de identidad, mantendremos su nombre en reserva por pedido de ella.
En lo fundamental, la guÃa manifiesta que la directora de personal del centro petinenciario le explicó que debÃa hablar con el chofer, Javier Terán, sobre la renovación de su contrato.
âEntonces acudà a hablar con el señor Terán, quien me dijo que podÃa ayudarme, como a otros compañeros, ya que él tenÃa amigos en Quito que podÃan asegurarme la renovación de mi contratoâ. En la denuncia añade que el empleado le pidió $800 para lograr ese fin.
DÃas después, él exigió la plata, pero la guÃa le contestó que solo podÃa pagarle en dos partes. A lo que el chofer habrÃa respondido: âEn Quito no esperan, ahà verás qué hacesâ. Entonces empezaron el hostigamiento y las amenazas. (SR/AA)
"Aspirantes son escogidos vÃa concurso de oposición"
Antes de contratarlos los someten a pruebas psicológicas, fÃsicas y conocimientos del Código Penal
âLa minerÃa a cielo abierto es insostenible y totalmente degradanteâ, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Los guÃas perciben un sueldo mensual de $700, manifiesta el director de Rehabilitación, Ricardo Arteaga.
Los aspirantes son sometidos a pruebas psicológicas, fÃsicas, académicas y de conocimientos del Código Penal. Para esto, la Dirección Nacional de Rehabilitación convoca a concursos de merecimientos y oposición, añade el funcionario.
También señala que los guÃas son oriundos de las provincias donde funcionan las diferentes cárceles. âEn Ibarra trabajan 10 guÃas bajo la modalidad de contratos anualesâ, dice. (SR/AA)
Todos los contratos los firma director de la DNRS
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
El centro de Rehabilitación de Ibarra funciona en el perÃmetro urbano, en una casa vieja ubicada en las calles Juan de Salinas y Eusebio Borrero, junto a una escuela de niñas.
El reclusorio alberga un total de 478 presos: 419 hombres y 59 mujeres. Existe sobrepoblación, pues la casa acondicionada para cárcel solo dispone de tres pabellones, en cada uno de los cuales deberÃan ser ubicados 60 internos como máximo.
Para âcuidarâ a los reos hay 26 guÃas; 20 hombres y seis mujeres. Por concepto de rancho, el centro recibe $1 diario. (NST)
Director de rehabilitación duda de la validez de las denuncias y defiende a subalterno
La oficina de recursos humanos investigará la presunta venta de cargos e iniciará sumarios; la dependencia pone uno de los tres informes previos a la renovación de contratos
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, asegura que durante su gestión jamás ha recibido dinero por las renovaciones de contratos. Asà replica a las denuncias, donde consta que la persona que pedÃa la plata decÃa: âen Quito no esperanâ.
El funcionario confirma que las designaciones de guÃas, a escala nacional, corren de su cuenta. También los traslados de los empleados que piden ser transferidos a otras cárceles.
AsÃ, dice no entender cómo en Ibarra les piden entre $700 y $800, si el director de ese centro no firma nada. â¡En todo caso deberÃan pagarme a mÃ, porque yo renuevo los contratos!â, exclama, al reiterar que él no está involucrado en esos hechos.
El funcionario duda de la validez de las denuncias, al señalar que el CD con la conversación entre el supuesto director de la prisión, su presunto chofer y dos guÃas, podrÃa tratarse de un âmontajeâ. En todo caso, ha ordenado una investigación la cual estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la DNRS.
Como señalamos anteriormente, esa Dirección pone uno de los tres informes previos a las renovaciones de cada uno de los contratos.
Los investigadores de recursos humanos determinarán si las denuncias tienen o no asidero. De ser ciertas, Arteaga iniciará sumarios administrativos en contra de los responsables. Estos son los pasos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, explica.
Entre tanto, el director nacional destaca la labor del director de la cárcel de Ibarra, VÃctor Almeida, pues durante los últimos cuatro años (tiempo que lleva en el cargo) la única ânovedadâ ha sido la fuga de un reo de una clÃnica de esa ciudad.
Añade que Almeida ha sido condecorado en Ibarra como el âmejor funcionarioâ. (SR)
"Acusaciones provienen de guÃas que han recibido sanciones por mal desempeño y son la respuesta a mi afán de mantener estabilidad dentro de la cárcel"
Para ingresar a la cárcel de Ibarra hay una condición: "solo puede pasar una persona". Por eso entra el reportero para entrevistar al director, VÃctor Almeida, mientras el fotógrafo espera afuera.
En la cartelera de la oficina destaca una circular del director nacional de Rehabilitación Social, que prohÃbe a los directores y empleados de las cárceles conversar con los medios de comunicación.
Almeida, un licenciado en comunicación social, hace una excepción a la norma, para negar las denuncias y atribuirlas al resentimiento de guÃas que han recibido sanciones por mal desempeño.
Sobre las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), las cataloga como daño moral por lo que no dudará en emprender acciones legales para defenderse.
Almeida manifiesta que no le tiembla la mano a la hora de poner orden en la prisión y afirma que ese es el caso de una guÃa que fue separada por haber abandonado el puesto en horas laborables. BLANCO Y NEGRO tiene una copia del certificado médico que justifica la ausencia.
Con ese antecedente, considera que las denuncias son la respuesta a su afán de mantener la prisión estable, al punto que ha sido considerada un "ejemplo" de gestión.
Esto lo debe a sus 25 años en el sistema penitenciario, donde ha desempeñado varias funciones en Tulcán, Guayaquil e Ibarra, añade.
Según Almeida, no es cierto que en el interior del centro se venda licor y otras sustancias; dice que antes sucedÃa pero el problema ya está superado.
Pese a que asegura haber recibido amenazas y que su vida correrÃa peligro, cuenta que solo lo acompaña un guÃa, que hace las funciones de chofer y le proporciona seguridad en horas no laborables. Ese empleado, como los demás, no pueden hablar por orden del director nacional. (NST/SR)
PUNTO DE VISTA
¿Una mancha más al tigre?
Cada vez que se difunde una encuesta sobre los principales problemas del paÃs, aparece en los primeros lugares, cuando no liderando la lista de males, el flagelo de la corrupción. De hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional (TI), quienes vivimos en el paÃs calificamos la corrupción con un puntaje 2,3 sobre 10 (siendo 10 lo menos corrupto).
Y esta percepción no resulta tan descaminada cuando, según cifras oficiales, la falta de transparencia tanto en los negocios públicos como privados le cuestan al paÃs alrededor de $2 000 millones cada año.
Por desgracia, las cárceles del paÃs no se son ajenas a este problema. Un ejemplo de aquello son los hechos recientes en que un acusado por narcotráfico pretendÃa salir del ex Penal GarcÃa Moreno escoltado nada más y nada menos que por miembros de la PolicÃa (12 de noviembre pasado).
O la extraña fuga de cuatro reclusos del pabellón de máxima seguridad del mismo centro carcelario, el 3 de diciembre anterior, cuando dicho recinto era custodiado por integrantes de la misma organización.
Además no resultan desconocidas las informaciones sobre continuas requisas dentro de las cárceles, en las que se encuentra licor, drogas y armas de todo tipo, sin que las autoridades del llamado sistema de rehabilitación social sepan explicar el modo en que dichas sustancias y objetos llegan a poder de los internos.
Por ello, prácticamente no causa sorpresa el caso que relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO: acusaciones de guÃas de la cárcel de Ibarra, quienes afirman que las autoridades exigen dinero a cambio de la renovación de sus contratos de trabajo.
Las acusaciones, como sucede en estos casos, son negadas por los involucrados, incluido el director nacional de Rehabilitación Social, hasta quien salpica el escándalo.
Sin embargo, esas denuncias requieren ser adecuadamente aclaradas. (LAG)(Blanco y Negro)
Venta de puestos en centro penitenciario catalogado de "modelo"
Para recuperar el dinero de la âinversiónâ, los empleados habrÃan hecho del lugar una especie de mercado, donde se vende de todo
Las denuncias de dos guÃas del Centro de Rehabilitación de Ibarra, sobre el pedido de $700 y $800 para renovarles los contratos, destapa una red de corrupción en la que estarÃan involucradas autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Aunque los funcionarios lo niegan, las denunciantes cuentan con nombres y apellidos quién les pedÃa la plata para repartirla en Quito. Los nombramientos los hace únicamente el director nacional de Rehabilitación, Ricardo Arteaga, cuya oficina está en la capital.
Al parecer, el pago a cambio de las contrataciones no serÃa nuevo en la cárcel de Ibarra, pues las afectadas no se negaron a pagar la âtarifaâ, solo pidieron una concesión: la posibilidad de pagar en dos partes. Esto no fue aceptado por quien les exigÃa el dinero.
Desde entonces -según denunciaron- las guÃas fueron amenazadas, injuriadas (se quejan de trauma sicológico) y perseguidas por el chofer del centro carcelario. âNuestros compañeros nos advertÃan que nos cuidaramos porque podÃan hacer cualquier cosa en contra nuestraâ, señalaron.
La madre de una de ellas contó a BLANCO Y NEGRO que intentaron colocar droga en la cartera de su hija.
Incluso, el director de la prisión, VÃctor Almeida, habrÃa llegado a otorgar su pleno respaldo a dos internas a cambio de que agredieran a una de las denunciantes. Ãl lo negó.
No obstante, la versión de que a los guÃas se les exigirÃa dinero a cambio de renovarles los contratos, es extendida entre los internos de la prisión. Varios refirieron que para recuperar el dinero invertido en la obtención de los puestos, los guÃas venden alcohol, ropa, bisuterÃa, droga, tarjetas de teléfonos, teléfonos celulares, comida... Es decir, dentro de las paredes del âcentro de rehabilitaciónâ habrÃa una especie de mercado.
Otros reclusos relataron cómo, a cambio de dinero, fácilmente han conseguido certificados médicos, gracias a los cuales han podido ir a clÃnicas. Desde allà es muy fácil fugarse.
En esta prisión solo un patio separa los pabellones de hombres y mujeres. Un estudio estableció que hay un alto Ãndice de abortos debido a la promiscuidad existente.
Para el director de la DNRS, la cárcel de Ibarra es un âmodeloâ de eficiencia y buen manejo por parte de su director, VÃctor Almeida, quien lleva alrededor de 20 años en el cargo. (AA/SR)
Resumen de una grabación del careo efectuado hace un mes. Se asume que habrÃan participado el director de la cárcel de Ibarra, el chofer y dos guÃas de ese centro penitenciario
Hombre 1 (Chofer).- Usted tiene que aclarar con nombres y apellidos. Usted deberÃa coger un abogado y que me diga en la puta cara, en la puta cara.
Mujer 1.- Yo también tengo derecho a coger abogado...
Hombre 2 (Licenciado).- Esta no es la manera de pagarle a uno, cuando se les dice: "asà hay que hacer las cosas". Pero usted quiere hacerlas de otro modo.
Mujer 1.- Yo tengo la cara limpia, licenciado. La señora dice que vendo droga, quiero que ella me ponga delante a todas los internas a quienes vendo droga.
Mujer 2.- ¿A quién le he dicho eso? Nunca he hablado de eso.
Mujer 1.- Si no quiere trabajar, deje trabajar a los demás. De gana me mete en problemas.
Mujer 2.- Esas cosas no han salido de mi boca. Yo solo me ratifico en lo que dije y espero que esta señora diga a quién contó en Quito sobre la cantidad que cobran aquÃ.
Mujer 1.- DÃgalo usted que tiene tiempo para averiguar las cosas en Quito; no soy tan ignorante para decir que he dado dinero...
Mujer 2.- Licenciado, yo le dije a usted que una mañana, temprano, escuché una conversación telefónica de la señora Miriam Morales (mujer 1), quien decÃa: "estos con mi plata no comen".
Mujer 1.- Te voy a demandar, yo no me aferro al trabajo.
Mujer 2.- Yo tampoco, pero sà me aferro a la dignidad de la persona.
Mujer 1.- La dignidad es estar con la boca callada; al final vas a seguir cobrando si te renuevan el contrato, sé inteligente
Hombre 1.- Licenciado, si ellas quieren regalar su plata, allá.
Mujer 2.- Yo he cometido dos pecados: uno, buscar ayuda; el segundo fue decirle al señor Terán: "por Dios espéreme, no me opongo a pagar de los dos meses". Aquà se han tergiversado las cosas, cómo voy a hacer algo que me perjudica si necesito el trabajo.
Hombre 1.- Si no, se le devuelve la plata.
Hombre 2.- A mà qué me importa si paga o no paga, cada quien debe dar la cara por sus actos.
Mujer 2.- Yo nunca he viajado a Quito, no he hablado con nadie.
Hombre 2.- Yo estoy aparte, a mà no me interesa el dinero. Usted puede pagar lo que sea, a mà no me interesa. Usted tiene que acostarse conmigo, para que le renueve el contrato.
Mujer 2.- Yo solo quiero trabajar licenciado, ayúdeme. Al señor Terán le he dicho que acá no tengo a nadie, por eso le he rogado. Cuando usted me reclamó yo recibà la llamada de la señora (mujer 1), no sabÃa qué pasaba, ahora me difaman. Tengo el derecho de aclarar las cosas y que me diga cuándo he dicho que ella vende drogas.
Hombre 2.- Usted da a entender que cobramos por los contratos.
Mujer 2.- Licenciado, ustedes saben que eso no es lo correcto, pero si esto se maneja asà hay que callarse; cómo voy hacer caer a la persona que me ayuda. Entiendo que no solo yo iba a beneficiarme, porque a todos pedÃan, ¿sà o no? Esa es una verdad a gritos. (SR)
La tarifa para un cargo de guÃa en Ibarra es de $800
La empleada dijo que podÃa pagar en dos partes. Le respondieron: "En Quito no esperan... verás qué haces"
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, recibió hace una semana la denuncia de una guÃa de la cárcel de Ibarra.
Aunque tenemos una copia del documento, en el que consta su firma y el número de cédula de identidad, mantendremos su nombre en reserva por pedido de ella.
En lo fundamental, la guÃa manifiesta que la directora de personal del centro petinenciario le explicó que debÃa hablar con el chofer, Javier Terán, sobre la renovación de su contrato.
âEntonces acudà a hablar con el señor Terán, quien me dijo que podÃa ayudarme, como a otros compañeros, ya que él tenÃa amigos en Quito que podÃan asegurarme la renovación de mi contratoâ. En la denuncia añade que el empleado le pidió $800 para lograr ese fin.
DÃas después, él exigió la plata, pero la guÃa le contestó que solo podÃa pagarle en dos partes. A lo que el chofer habrÃa respondido: âEn Quito no esperan, ahà verás qué hacesâ. Entonces empezaron el hostigamiento y las amenazas. (SR/AA)
"Aspirantes son escogidos vÃa concurso de oposición"
Antes de contratarlos los someten a pruebas psicológicas, fÃsicas y conocimientos del Código Penal
âLa minerÃa a cielo abierto es insostenible y totalmente degradanteâ, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Los guÃas perciben un sueldo mensual de $700, manifiesta el director de Rehabilitación, Ricardo Arteaga.
Los aspirantes son sometidos a pruebas psicológicas, fÃsicas, académicas y de conocimientos del Código Penal. Para esto, la Dirección Nacional de Rehabilitación convoca a concursos de merecimientos y oposición, añade el funcionario.
También señala que los guÃas son oriundos de las provincias donde funcionan las diferentes cárceles. âEn Ibarra trabajan 10 guÃas bajo la modalidad de contratos anualesâ, dice. (SR/AA)
Todos los contratos los firma director de la DNRS
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
Piden $700 a otra guÃa, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guÃas... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Asà lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, VÃctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guÃa denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habrÃa replicado: âEn Quito no esperanâ.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guÃas cantidades similares, pero la mayorÃa prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guÃa ante dos internas, âlo que puso en peligro mi integridad fÃsicaâ, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una âcárcel modeloâ. (SR/NST)
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
El centro de Rehabilitación de Ibarra funciona en el perÃmetro urbano, en una casa vieja ubicada en las calles Juan de Salinas y Eusebio Borrero, junto a una escuela de niñas.
El reclusorio alberga un total de 478 presos: 419 hombres y 59 mujeres. Existe sobrepoblación, pues la casa acondicionada para cárcel solo dispone de tres pabellones, en cada uno de los cuales deberÃan ser ubicados 60 internos como máximo.
Para âcuidarâ a los reos hay 26 guÃas; 20 hombres y seis mujeres. Por concepto de rancho, el centro recibe $1 diario. (NST)
Director de rehabilitación duda de la validez de las denuncias y defiende a subalterno
La oficina de recursos humanos investigará la presunta venta de cargos e iniciará sumarios; la dependencia pone uno de los tres informes previos a la renovación de contratos
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, asegura que durante su gestión jamás ha recibido dinero por las renovaciones de contratos. Asà replica a las denuncias, donde consta que la persona que pedÃa la plata decÃa: âen Quito no esperanâ.
El funcionario confirma que las designaciones de guÃas, a escala nacional, corren de su cuenta. También los traslados de los empleados que piden ser transferidos a otras cárceles.
AsÃ, dice no entender cómo en Ibarra les piden entre $700 y $800, si el director de ese centro no firma nada. â¡En todo caso deberÃan pagarme a mÃ, porque yo renuevo los contratos!â, exclama, al reiterar que él no está involucrado en esos hechos.
El funcionario duda de la validez de las denuncias, al señalar que el CD con la conversación entre el supuesto director de la prisión, su presunto chofer y dos guÃas, podrÃa tratarse de un âmontajeâ. En todo caso, ha ordenado una investigación la cual estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la DNRS.
Como señalamos anteriormente, esa Dirección pone uno de los tres informes previos a las renovaciones de cada uno de los contratos.
Los investigadores de recursos humanos determinarán si las denuncias tienen o no asidero. De ser ciertas, Arteaga iniciará sumarios administrativos en contra de los responsables. Estos son los pasos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, explica.
Entre tanto, el director nacional destaca la labor del director de la cárcel de Ibarra, VÃctor Almeida, pues durante los últimos cuatro años (tiempo que lleva en el cargo) la única ânovedadâ ha sido la fuga de un reo de una clÃnica de esa ciudad.
Añade que Almeida ha sido condecorado en Ibarra como el âmejor funcionarioâ. (SR)
"Acusaciones provienen de guÃas que han recibido sanciones por mal desempeño y son la respuesta a mi afán de mantener estabilidad dentro de la cárcel"
Para ingresar a la cárcel de Ibarra hay una condición: "solo puede pasar una persona". Por eso entra el reportero para entrevistar al director, VÃctor Almeida, mientras el fotógrafo espera afuera.
En la cartelera de la oficina destaca una circular del director nacional de Rehabilitación Social, que prohÃbe a los directores y empleados de las cárceles conversar con los medios de comunicación.
Almeida, un licenciado en comunicación social, hace una excepción a la norma, para negar las denuncias y atribuirlas al resentimiento de guÃas que han recibido sanciones por mal desempeño.
Sobre las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), las cataloga como daño moral por lo que no dudará en emprender acciones legales para defenderse.
Almeida manifiesta que no le tiembla la mano a la hora de poner orden en la prisión y afirma que ese es el caso de una guÃa que fue separada por haber abandonado el puesto en horas laborables. BLANCO Y NEGRO tiene una copia del certificado médico que justifica la ausencia.
Con ese antecedente, considera que las denuncias son la respuesta a su afán de mantener la prisión estable, al punto que ha sido considerada un "ejemplo" de gestión.
Esto lo debe a sus 25 años en el sistema penitenciario, donde ha desempeñado varias funciones en Tulcán, Guayaquil e Ibarra, añade.
Según Almeida, no es cierto que en el interior del centro se venda licor y otras sustancias; dice que antes sucedÃa pero el problema ya está superado.
Pese a que asegura haber recibido amenazas y que su vida correrÃa peligro, cuenta que solo lo acompaña un guÃa, que hace las funciones de chofer y le proporciona seguridad en horas no laborables. Ese empleado, como los demás, no pueden hablar por orden del director nacional. (NST/SR)
PUNTO DE VISTA
¿Una mancha más al tigre?
Cada vez que se difunde una encuesta sobre los principales problemas del paÃs, aparece en los primeros lugares, cuando no liderando la lista de males, el flagelo de la corrupción. De hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional (TI), quienes vivimos en el paÃs calificamos la corrupción con un puntaje 2,3 sobre 10 (siendo 10 lo menos corrupto).
Y esta percepción no resulta tan descaminada cuando, según cifras oficiales, la falta de transparencia tanto en los negocios públicos como privados le cuestan al paÃs alrededor de $2 000 millones cada año.
Por desgracia, las cárceles del paÃs no se son ajenas a este problema. Un ejemplo de aquello son los hechos recientes en que un acusado por narcotráfico pretendÃa salir del ex Penal GarcÃa Moreno escoltado nada más y nada menos que por miembros de la PolicÃa (12 de noviembre pasado).
O la extraña fuga de cuatro reclusos del pabellón de máxima seguridad del mismo centro carcelario, el 3 de diciembre anterior, cuando dicho recinto era custodiado por integrantes de la misma organización.
Además no resultan desconocidas las informaciones sobre continuas requisas dentro de las cárceles, en las que se encuentra licor, drogas y armas de todo tipo, sin que las autoridades del llamado sistema de rehabilitación social sepan explicar el modo en que dichas sustancias y objetos llegan a poder de los internos.
Por ello, prácticamente no causa sorpresa el caso que relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO: acusaciones de guÃas de la cárcel de Ibarra, quienes afirman que las autoridades exigen dinero a cambio de la renovación de sus contratos de trabajo.
Las acusaciones, como sucede en estos casos, son negadas por los involucrados, incluido el director nacional de Rehabilitación Social, hasta quien salpica el escándalo.
Sin embargo, esas denuncias requieren ser adecuadamente aclaradas. (LAG)(Blanco y Negro)
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