CrÃmenes en Colombia
Cinco años y medio después de haber entrado en vigencia una norma que reduce las penas a los autores de crÃmenes de lesa humanidad a cambio de verdad, justicia y reparación, las cifras criminales en Colombia no son alentadoras.
Según la cadena de noticias BBC, 52 mil crÃmenes, 300 mil vÃctimas, 4 511 autores, apenas tres condenas y el riesgo de que muchos presos pidan su libertad sin ser sentenciados es el panorama que deja en este paÃs, la Ley de Justicia y Paz.
Luis González, jefe de la unidad de la FiscalÃa General de Colombia, aseguró que esta ley ha motivado la confesión de unos 52 mil crÃmenes, entre los que constan masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos sexuales, torturas, reclutamiento forzado y otras prácticas que se impusieron desde el inicio del conflicto armado colombiano en los años cincuenta.
La Ley de Justicia y Paz fue diseñada en el proceso de negociación con los paramilitares de derecha, a quienes se dio estatus polÃtico en el Gobierno del presidente Ãlvaro Uribe Vélez (2002-2010)
El Código Penal de Colombia castiga hasta con 60 años los crÃmenes de lesa humanidad. Pero la Ley de Justicia y Paz sustituye esas penas a máximo ocho años, a condición de que los beneficiarios confiesen todo lo que saben, ayuden a desmantelar sus organizaciones armadas y reparen integralmente a todas sus vÃctimas.
Hasta el momento, la FiscalÃa colombiana ha reconocido a unas 300 mil vÃctimas de crÃmenes de lesa humanidad en el paÃs. Pero solo están en marcha tres procesos de reparación por parte de los victimarios que se postularon a la Ley de Justicia y Paz.
Lo más preocupante en este momento es que muchos de los postulados a esa ley, entre los que hay algunos guerrilleros de izquierda, podrÃan comenzar en unos meses a pedir su libertad alegando que ya han cumplido sus penas con la justicia. (DVM)
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Expertos señalan que la ley ha resultado muy compleja para la justicia colombiana, que no cuenta con muchos recursos.
El mayor logro ha sido en el tema de la verdad; sin embargo, el paÃs no sabe qué hacer con tantas confesiones.
Ante los desafÃos y la lentitud del aparato judicial, lo más probable es que el Gobierno reforme la Ley de Justicia y Paz.