Crímenes en Colombia

Cinco años y medio después de haber entrado en vigencia una norma que reduce las penas a los autores de crímenes de lesa humanidad a cambio de verdad, justicia y reparación, las cifras criminales en Colombia no son alentadoras.

Según la cadena de noticias BBC, 52 mil crímenes, 300 mil víctimas, 4 511 autores, apenas tres condenas y el riesgo de que muchos presos pidan su libertad sin ser sentenciados es el panorama que deja en este país, la Ley de Justicia y Paz.

Luis González, jefe de la unidad de la Fiscalía General de Colombia, aseguró que esta ley ha motivado la confesión de unos 52 mil crímenes, entre los que constan masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos sexuales, torturas, reclutamiento forzado y otras prácticas que se impusieron desde el inicio del conflicto armado colombiano en los años cincuenta.

La Ley de Justicia y Paz fue diseñada en el proceso de negociación con los paramilitares de derecha, a quienes se dio estatus político en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

El Código Penal de Colombia castiga hasta con 60 años los crímenes de lesa humanidad. Pero la Ley de Justicia y Paz sustituye esas penas a máximo ocho años, a condición de que los beneficiarios confiesen todo lo que saben, ayuden a desmantelar sus organizaciones armadas y reparen integralmente a todas sus víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha reconocido a unas 300 mil víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país. Pero solo están en marcha tres procesos de reparación por parte de los victimarios que se postularon a la Ley de Justicia y Paz.

Lo más preocupante en este momento es que muchos de los postulados a esa ley, entre los que hay algunos guerrilleros de izquierda, podrían comenzar en unos meses a pedir su libertad alegando que ya han cumplido sus penas con la justicia. (DVM)

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Expertos señalan que la ley ha resultado muy compleja para la justicia colombiana, que no cuenta con muchos recursos.

El mayor logro ha sido en el tema de la verdad; sin embargo, el país no sabe qué hacer con tantas confesiones.

Ante los desafíos y la lentitud del aparato judicial, lo más probable es que el Gobierno reforme la Ley de Justicia y Paz.
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