Solo hace siete años se despenalizó la homosexualidad que se castigaba con entre cuatro y ocho años de cárcel a las personas que participaban en un acto homosexual, de acuerdo con el art. 516 del Código Penal Ecuatoriano.
Por esta razón, unos 10 años atrás, surgió el movimiento de Lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) que venía trabajando por nuestros derechos, recuerda Geovy Jaramillo, coordinador del programa Alerta Homofobia, en Ecuador.
El caso que derramó el vaso “fue el allanamiento de una casa de un compañero gay, en Cuenca. Todas las personas que estuvieron ahí fueron apresadas arbitrariamente, violentados sus derechos, violadas en la cárcel. Empezó un movimiento a escala nacional que terminó con la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 516 en noviembre de 1997, luego de que fuera presentado el caso ante la Corte Interamericana de Justicia. Fue un largo proceso”, señala
Para entonces, el tema de la diversidad sexual ya estaba en discusión. En el interinato de Fabián Alarcón, el movimiento de mujeres y la comunidad LGBT plantean la inclusión en la Carta Constitucional la no discriminación por orientación sexual, que fue incluida en la nueva Constitución de 1998, en el artículo 23, numeral 3.
Fedaeps y la Red nacional LGBT presentó el "Plan de igualdad y no discriminación por orientación sexual" en junio de 2002, con un plan de trabajo de conferencias nacionales con temas de diversidad sexual, festivales del "Orgullo LGBT" abiertos al público y las marchas del "Orgullo LGBT" en las calles y plazas públicas de Quito.
Y en julio de 2004, Fedaeps, Ecuarunari, la Asociación Americana de Juristas, Retme, el Diálogo sur-sur, Alai y otros presentaron un proyecto de ley orgánica para la Igualdad y el respeto a la diversidad. "Es la culminación de una etapa de lucha por la reivindicación de los derechos civiles y sociales de la comunidad LGBT. Estamos trabajando conjuntamente con otros grupos sociales, forjando cambios no solo por la discriminación por orientación sexual, sino para que todo tipo de discriminación en este país se erradique”, finaliza. (GV)

LAS VOCES

Faltan sanciones

"El reto de la democracia es la sanción de cualquier tipo de discriminación y exclusión. Las leyes antidiscrimatorias fortalecen a la personas y a la democracia, pero todavía existe exclusión en el trabajo. En la salud hay estigmatización de la comunidad LGBT, nos tachan como responsables del Sida/VIH, nos niegan el derecho a los servicios de salud y se irrespeta la confidencialidad del afectado. En la educación hay homofobia, rechazan a los homosexuales o gays". Pumy Mtetwa,
Diálogo Sur-Sur LGBT

Visibilizados en 80%

"La Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (Fedaeps), desde hace 20 años, ha venido abriendo caminos para fortalecernos. La primera marcha del "Orgullo gay" se dio en 2001, con la participación de más de 150 personas. Hace 10 años, las personas de la comunidad LGBT permanecían ocultas y ocultos. Había total discriminación y marginación; de 1% de visibilización hace 10 años, ahora es el 80%. Somos seres humanos con derechos". (GV) Jorge Medranda, Programa "Aquí Estamos", de Fedaeps


"La justicia es frágil, está condicionada a las clases sociales"

Según la socióloga Irena León, "Ecuador ha pasado a ser el segundo país después de Sudáfrica que reconoce la no discriminación por orientación sexual. Son años definitivos de reconocimiento normativo, social y, cada vez más, de un reconocimiento y respeto público. La apertura de los medios de comunicación en el caso del grupo LGBT ha sido un aliado incondicional, el movimiento ha pasado de ser una comunidad clandestina a una de ciudadanía. Hay aspectos negativos: la democracia es frágil, vulnerable, sujeta a los altibajos en las relaciones de poder. Una de las más notables es la peremnidad y la ampliación de los márgenes de impunidad. La justicia es frágil, depende del estatus social; en ese caso, el género y la orientación sexual también son una condición para la aplicación de la justicia". (GV)

PUNTO DE VISTA

Petróleo: el círculo vicioso nació durante las dictaduras

En los años 70, los gobiernos militares adoptaron una serie de decisiones que ayudaron a complicar la vida económica de Ecuador hasta nuestros días

La aparición de la industria petrolera marcó tanto el inicio de las dos dictaduras militares de los años 70 como el retorno a la democracia en 1979.
La bonanza empieza en 1972, cuando Texaco-Gulf descubre el yacimiento de Lago Agrio. La perspectiva de manejar los enormes recursos que el Estado iba a percibir motivó a los militares a darle un golpe de estado al debilitado gobierno de José María Velasco Ibarra.
Al menos esa es la tesis del ingeniero de petróleos Ramiro Gordillo, quien llama al golpe el "barrilazo" en lugar del "carnavalazo".
Tras el golpe de febrero de 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara sube al poder e inaugura la tradición de enfrentamientos con las petroleras privadas, de constantes cambios en las reglas de juego y de suspicacias entre las dos partes, que persiste hasta hoy.
Como en el resto de América del Sur, los militares gastaban los "petrodólares" a manos llenas y sentaban las bases para la posterior crisis del endeudamiento externo de los años 80.
En Ecuador, por ejemplo, compraron barcos tanqueros para la recién creada Flota Petrolera Flopec, que acabaron siendo rematados como chatarra y, bajo su régimen, la petrolera estatal CEPE pasó de tener 124 empleados en 1972, a 792 en 1975 (actualmente, los empleados de la estatal Petroecuador suman 3 000).
Fue también el inicio del Estado interventor, que acumuló las actividades de exploración, producción, comercialización e importación de combustibles y creó un esquema de subsidios y distorsiones en los precios que hasta ahora no ha podido ser vencido.
El triunvirato militar, que reemplazó a Rodríguez Lara, construyó la Refinería de Esmeraldas, una de las obras más costosas que se hayan hecho en el país y que, sin embargo, sirvió poco para atender la creciente demanda de combustibles en un país con una clase media urbana en expansión.
A partir de 1979, la necesidad de importar combustibles se multiplicó a 2,7 millones de barriles de gasolina y diésel, sin contar el gas.
Los ecuatorianos tenían más automóviles que nunca; en las áreas rurales, los campesinos cambiaban la leña por el GLP y consumían cada vez más energía eléctrica generada con diésel y búnker importados.
Si al retornar la democracia, el Estado gastaba ya $13,51 millones importando combustibles caros para venderlos baratos, este año consumirá $1 000 millones haciendo lo mismo. (MT)

La inercia pasa su cuenta de cobro

Ecuador entró a la década de los 80 sin gobiernos militares, pero convertido en un país extramadamente vulnerable a las variaciones del precio del crudo en el mercado internacional y, por lo tanto, ingobernable.
De eso dan testimonio las cuatro fuertes recesiones que la nación afrontó en 1982, 1987, 1989 y 1999. Más las hiperinflaciones de 1983, 1988 y 2000. Sin contar las sucesivas moratorias (las peores en 1985 y de 1999) de la deuda y las crisis de liquidez que las suscitaron.
En la carta en que el gobierno ecuatoriano presenta su oferta de reestructuración de la deuda en bonos Brady, tras la moratoria de 1999, el entonces ministro de Economía, Luis Iturralde, reconoce que, "alentado por el descubrimiento de los yacimientos petroleros en los años 70, el país se endeudó por encima de su capacidad de honrar cómodamente los pagos de capital e intereses".
En medio de las turbulencias económicas de los años 90, el único presidente que terminó su período fue Sixto Durán Ballén. La década cerró con una quiebra financiera y productiva sin precedentes, que llevó a Ecuador a perder hasta la moneda.
Las principales características de Ecuador en las dos primeras décadas de retorno a la democracia fueron la falta de control y regulación de las actividades tanto del Estado como del sector privado, así como la ausencia o el bloqueo de una serie de reformas estructurales para racionalizar la economía.
Un ejemplo del primer caso es que el número de servidores públicos se multiplicó a tal punto que, hasta ahora, el Estado no sabe a cuánta gente emplea. Lo que sí se sabe es que gran parte del Presupuesto se va en el pago de salarios a la burocracia y en el servicio de la deuda.
Por eso, uno de los hitos de los últimos 20 años fue la adopción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que le pone un candado, por primera vez, a la capacidad de gasto de los gobiernos y que los obliga a ahorrar los excedentes de lo que el país gana vendiendo su petróleo.
Hasta 2002, Ecuador usaba como dinero de bolsillo los excedentes petroleros y no era capaz de contener el gasto público.
En el campo privado, la falta de controles derivó en la quiebra del 60% de los bancos entre 1998 y 1999, en medio de un escándalo de autopréstamos, una mala cultura de riesgo y peores manejos financieros.
Según el diagnóstico del Banco Mundial (BM), el país tiene tres retos por delante si quiere sostener la dolarización: fomentar la economía no petrolera, mejorar la calidad del gasto público (lo que pasa por el control al crecimiento de la burocracia) y resolver el problema de su elevada deuda.
Las esperanzas para desarrollar las exportaciones no petroleras están puestas en la negociación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, que forzaría a Ecuador a quitarle el sesgo antiexportador a su política comercial. (MT)
EXPLORED
en Ciudad QUITO

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