Quito. 18 may 98. Antes de concluir su misión en el país, la
Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) financiará
proyectos en ecología, salud y administración estatal. Su
diagnóstico de la situación ecuatoriana señala que la
corrupción está en todo nivel.

Para obtener recursos para sus proyectos, la Usaid presentó
ante el Congreso de EE.UU. un programa de inversiones. Antes,
hizo un análisis descarnado de la economía, política y
sociedad del país receptor de fondos. Esta carta de
presentación constituye, en buena medida, uno de los pocos
referentes a través de los cuales los legisladores
estadounidenses conocen al eventual beneficiario.

A continuación, mediante una traducción no oficial, se
reproducen fragmentos de la descripción del sector público
ecuatoriano, efectuada por la Usaid:

Aunque Ecuador fue el primer país latinoamericano en retornar
a la democracia, el Estado todavía se caracteriza por un
sistema paternalista que mantiene a la gente dependiendo de
instituciones que, de manera continua, no pueden satisfacer
sus necesidades.

La conciencia y el apoyo ciudadanos a las reformas y a la
despolitización del sistema judicial han alcanzado un nivel
sin precedentes. El Congreso promulgó una legislación que
incluye provisiones reguladoras del uso de procedimientos
sumarios para asegurar la garantía de los derechos
constitucionales. Así, por primera vez desde la transición
hacia la democracia, existe la legislación básica para la
protección legal de los derechos constitucionales.

Adicionalmente, una nueva legislación sobre arbitraje y
mediación fue formulada, aprobada y, al momento, está siendo
implementada. Como efecto del sistema de computación
desarrollado con la asistencia de Usaid e instalado en la
Corte Suprema, las cortes fueron capaces de identificar la
situación legal de los prisioneros que esperan juicio o
sentencia. Se liberaron 1.500 prisioneros que ya habían
cumplido más de la sentencia requerida.

(...) Ciertas funciones del Ministerio de Finanzas son
generalmente percibidas como corruptas y disfuncionales. Las
prácticas de corrupción en la Secretaría de Aduanas es una de
las más persistentes, lucrativas y altamente notorias. Esta
proyecto apoyaría a los esfuerzos del Consejo Nacional de
Modernización (Conam) para crear un sistema de control
aduanero despolitizado, autónomo y altamente técnico. Usaid
podría proveer financiamiento para asistencia técnica
encaminada a revisar los nuevos proyectos de legislación y,
también, para asistir al Conam en el diseño e implementación
de ese nuevo sistema.

Por otra parte, la administración de impuestos es ampliamente
percibida como altamente corrupta e ineficiente. Esta
administración es notoriamente burocrática y centralizada. El
número de tipos diferentes de impuestos gubernamentales, así
como sus montos, son excesivos. También lo son las
exoneraciones públicas y privadas. Y si bien la mayoría de las
grandes compañías está pagando sus impuestos, las empresas
pequeñas y medianas, así como un amplio numero de personas
naturales, no lo hacen.

Ecuador está bastante lejos de los esfuerzos que otros países
latinoamericanos realizan por modernizar el Estado. Las
administraciones previas han sido incapaces de montar una
campaña de información pública que sea lo suficientemente
coherente como para construir un consenso nacional con
respecto al nuevo papel del Estado.

Los esfuerzos de los anteriores presidentes han sido
frustrados por la resistencia organizada de las instituciones
públicas, los sindicatos de empleados estatales, los
estudiantes y otros grupos que o bien carecen de la
información necesaria sobre la privatización o bien defienden
aquello que perciben como sus interese particulares.

La racionalización de la burocracia y la simplificación de los
procedimientos administrativos son cruciales para cambiar, en
todos los niveles, las prácticas corruptas. La incipiente
habilidad de la Procuraduría para actuar decisivamente en los
casos de corrupción ha contribuido a la difusión de las
prácticas corruptas, a debilitar el respeto por la democracia
y a aumentar el creciente escepticismo sobre el sistema legal.


Usaid proveerá expertos estadounidenses para colaborar con los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la identificación
y diseño de medidas concretas para mejorar la efectividad de
la función fiscal en Ecuador. Finalmente, una unidad especial
anti-corrupción estaría siendo organizada dentro de la
Procuraduría General (Prosecutor General). El equipo
combinaría fiscales e investigadores entrenados en técnicas
modernas de anti-corrupción.

Para este proyecto, en concordancia con un acuerdo establecido
con el Ministerio de Finanzas, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) proporciona asistencia técnica para
automatizar el servicio de aduanas. Actualmente, la Usaid está
coordinando sus actividades con el BID para ayudar a la
reforma de las aduanas y de la administración de impuestos.

El Banco Mundial está apoyando, a través de un préstamo, los
esfuerzos del Conam para reformar a las Aduanas y al sistema
de tributación, así como, para emprender una campaña de
comunicación masiva. Projusticia ya se encuentra implementando
asistencia de Usaid, IBRD y BIB para reformar la
administración de las cortes y la reforma judicial. Tal
entidad trabajó estrechamente con la Corte Suprema en la
negociación de un proyecto del Banco Mundial por USD 14,3
millones para apoyar la modernización administrativa de las
cortes y para otras actividades relacionadas.

Recientemente el BID aprobó dos millones de dólares para un
sistema de entrenamiento judicial, para mejoras adicionales en
la administración de justicia y para el desarrollo de la
legislación que lo implemente. La contribución de la Usaid
servirá como un catalizador para lograr otras donaciones de
fondos. Si no es así, debería influir y/o servir para
redirigir los esfuerzos desarrollados por el BID y el IBRD en
esas áreas.

¿Quién envía los fondos?

Usaid es una agencia federal independiente que fue establecida
en 1961, por el presidente John F. Kennedy. Su tarea se centra
en la provisión de asistencia exterior y ayuda humanitaria,
con el propósito de promover los intereses económicos y
políticos de los Estados Unidos. Actualmente, del monto total
de asistencia en donaciones que llega a Ecuador, Usaid
participa con el 2,5 por ciento. El Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, Japón y España proveen la mayor
parte de los recursos para proyectos de desarrollo en áreas
como: conservación ambiental, educación, salud, energía,
industria, microempresa, servicios sanitarios y agua potable.
También contribuyen, aunque en menor proporción, Alemania,
Italia y las Naciones Unidas.

Diagnóstico de un país en vías del subdesarrollo...

Los intereses estadounidenses en Ecuador son: la preservación
de la estabilidad política y la paz en la región, en vista de
la confrontación entre Ecuador y Perú en 1995, y de las
actuales negociaciones de Paz; el fortalecimiento de las
instituciones democráticas a efectos de reducir aquellas
amenazas al proceso democrático como la que resultó de la
destitución de Bucaram; una mejora administración de los
recursos naturales; la protección de la salud humana y la
estabilización el crecimiento de la población para consolidar
los avances hechos en la década pasada. También la contención
del tráfico de drogas y del lavado de dinero resultantes de la
localización estratégica que el país tiene entre Colombia y
Perú

(...) Ecuador permanece como uno de los países menos
desarrollados en América del Sur. En un universo de 175
países, está clasificado en el puesto 72 y en el lugar 21 de
entre los 33 países de la región latinoamericana. Cuatro
millones de ecuatorianos, es decir casi el 35 por ciento de la
población, está por debajo de la línea de la pobreza. Casi el
15 por ciento de la población, es decir 1,7 millones de
individuos, vive en condiciones de extrema pobreza.

Desde 1990, en términos reales, el crecimiento del PIB per
cápita ha promediado el 1 por ciento. En comparación con 1986,
las tasas reales permanecen a un 23 por ciento por debajo. La
distribución del ingreso se encuentra entre las peores del
área andina. Una tasa de crecimiento poblacional del 2, 3 por
ciento y las bajas condiciones de salud contribuyen a
dislocaciones económicas. La creciente población no encuentra
empleo en el mercado.

La democracia permanece débil y frágil. La corrupción es
endémica y corroe seriamente a la sociedad ecuatoriana. El
electorado ha perdido fe en la clase política y mira con
escepticismo al proceso democrático. Los empresarios locales y
extranjeros están reacios a invertir en Ecuador.

El conflicto fronterizo con Perú acaecido en 1995 drenó los
recursos económicos que, en otras circunstancias, podrían
haber estado disponibles para la inversión social.

Las organizaciones no gubernamentales y otras de la sociedad
civil han promovido políticas críticas y reformas legislativas
en materia de: conservación ambiental, planeamiento familiar,
salud, responsabilidad gubernamental y acceso al crédito de
los microempresarios.

En 1997, la deuda externa ecuatoriana se incrementó en USD 440
millones y llegó a totalizar USD 15.1 billones. El Gobierno
del Ecuador no pudo renegociar su deuda con el Club de París
(que incluye su deuda con EE.UU.). Y ello en razón de que no
pudo adoptar las medidas de ajuste que le habrían permitido
negociar un acuerdo "stand -by" con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

En concordancia con lo planificado, los recursos de Usaid para
Ecuador irán declinando gradualmente. En 1999, la misión
restringirá su presencia. Antes de hacerlo, muchas cosas
pueden hacerse para estabilizar la democracia y mejorar el
bienestar económico y social de los segmentos más pobres.

1999: el plan es mínimo

El programa de acción de Usaid en Ecuador busca fortalecer y
hacer más sustentables a las ONGs asociadas más exitosas. Se
trabajará para promover la conservación de la biodiversidad en
ciertas áreas. Para ello se busca fortalecer la capacidad
técnica e institucional de las ONGs y, también, apoyar el
diseño e implementación de planes coherentes para el manejo de
los recursos naturales.

A través de organizaciones públicas y privadas, se buscará
prevenir los daños a la salud causados por emisiones
industriales no controladas. Ante todo, esta acción se
focalizará en los barrios pobres que se encuentran alrededor
de las zonas industriales de las principales ciudades del
país.

Se plantea la asistencia para el desarrollo de modelos
destinados a: canalizar los recursos del Ministerio de Salud
hacia los pobres; descentralizar y desconcentrar la asistencia
en salud; encontrar esquemas alternativos de financiamiento y
de mejoramiento de la calidad; e incrementar la
sustentabilidad en la provisión de servicios de planificación.


Por otra parte, se trabajará para incrementar las capacidades
de las ONGs asociadas para promover y proteger los derechos
civiles y políticos de los ciudadanos y para influir en los
programas públicos en las áreas consistentes con los objetivos
de la Agencia. Y ello en razón de que las organizaciones de la
Sociedad Civil están demostrando una creciente capacidad para
promover el cambio, para demandar un gobierno más responsable
y para proveer de los servicios que se necesitan los grupos
pobres.

Se buscará también incrementar la responsabilidad de los
funcionarios públicos en la búsqueda de consenso para las
reformas relativa a la modernización estatal. Entre otros
mecanismos, se utilizarán campañas de comunicación masiva que
les permitan a los grupos de la Sociedad Civil desarrollar y
presentar propuestas de reforma específicas.

Se propone proveer la asistencia necesaria para expandir las
oportunidades y la participación de los grupos de ingresos
bajos en la economía de mercado. A tal efecto se plantea un
mayor acceso a los servicios financieros por parte de la
microempresa y las mujeres. Se busca así mejorar los
estándares de vida y los ingresos generales. (Texto tomado de
El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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