GINEBRA.- Colombia debe desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados y velar por la seguridad de las víctimas y de los defensores de los Derechos Humanos.
Estas son algunas de las recomendaciones más importantes que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que mañana realiza el Examen Periódico Universal de Colombia, país que se presentó voluntario a este análisis.
El informe que será presentado al Consejo es una recopilación de la información relevada por los distintos relatores especiales y las agencias de Naciones Unidas.
Uno de los temas más acuciantes de resolución es "la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de las víctimas para participar en los procesos y recibir reparaciones", dado que el Consejo consideran que los derechos de estas personas no están garantizados.
Además, el texto indica que varios relatores especiales destacaron la "intensificación de la violencia contra los defensores de los derechos humanos", en particular "por el asesinato, el hostigamiento y la intimidación de activistas de la sociedad civil, dirigentes sindicales y abogados que representaban a las víctimas".
Por ello el texto aboga por que, "con carácter urgente, se adopten medidas para protegerlos, se investigue con eficacia a los responsables de las violaciones, y se los procese con decisión".
El informe señala que a pesar de que la Constitución colombiana es una de las más amplias del mundo en el reconocimiento de los derechos, "no obstante los derechos de los pobres se violan reiteradamente".
Asimismo, el informe revela que las investigaciones desarrolladas han demostrado "el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado", por ello, el Consejo asegura que se requiere desmontar las estructuras económicas y políticas de los grupos paramilitares desmovilizados.
El informe destaca que los grupos de paramilitares desmovilizados no cumplieron con su obligación de entregar a los menores de edad que formaban sus filas.
Y lamenta "el nivel insuficiente de reintegración social, rehabilitación y reparación de que disponía los niños soldados desmovilizados".
Asimismo, el texto lamenta que se hayan extraditado paramilitares por tráfico de estupefacientes, "a pesar de su admisión de responsabilidad de esas personas respecto a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".
Otro de los temas de alta preocupación del Consejo es el elevadísimo número de desplazados internos, que ya alcanza los 3 millones de personas.
Además, los relatores de la ONU se preocupan por las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas no sólo por los desplazamientos forzados por parte de las milicias, sino por proyectos de infraestructura privados.
Por su parte, el Gobierno de Colombia presentará también mañana un informe en el que destaca que el ejecutivo "ha realizado grandes esfuerzos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos".
Aunque deja claro que "la experiencia reciente ha demostrado que la seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos".
Colombia se compromete a promover que se juzguen los victimarios; a dar atención integral a las víctimas; a prevenir y frenar los ataques contra las mujeres; y a establecer una nueva relación con los indígenas y los afrocolombianos.
El Gobierno colombiano pretende disminuir antes del 2015 el índice de pobreza al 28%, y el de indigencia al 8,8% para cumplir con los Objetivos del Milenio.
Asimismo, Bogotá pretende "destruir los 26 campos minados restantes antes del 1 de marzo del 2011".
El Consejo deberá analizar el informe emitido por los relatores y agencias de la ONU, el redactado por el Gobierno colombiano y un tercero elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, y emitirá unas conclusiones que darán a conocer el próximo 15 de diciembre. (EFE)
Estas son algunas de las recomendaciones más importantes que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que mañana realiza el Examen Periódico Universal de Colombia, país que se presentó voluntario a este análisis.
El informe que será presentado al Consejo es una recopilación de la información relevada por los distintos relatores especiales y las agencias de Naciones Unidas.
Uno de los temas más acuciantes de resolución es "la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de las víctimas para participar en los procesos y recibir reparaciones", dado que el Consejo consideran que los derechos de estas personas no están garantizados.
Además, el texto indica que varios relatores especiales destacaron la "intensificación de la violencia contra los defensores de los derechos humanos", en particular "por el asesinato, el hostigamiento y la intimidación de activistas de la sociedad civil, dirigentes sindicales y abogados que representaban a las víctimas".
Por ello el texto aboga por que, "con carácter urgente, se adopten medidas para protegerlos, se investigue con eficacia a los responsables de las violaciones, y se los procese con decisión".
El informe señala que a pesar de que la Constitución colombiana es una de las más amplias del mundo en el reconocimiento de los derechos, "no obstante los derechos de los pobres se violan reiteradamente".
Asimismo, el informe revela que las investigaciones desarrolladas han demostrado "el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado", por ello, el Consejo asegura que se requiere desmontar las estructuras económicas y políticas de los grupos paramilitares desmovilizados.
El informe destaca que los grupos de paramilitares desmovilizados no cumplieron con su obligación de entregar a los menores de edad que formaban sus filas.
Y lamenta "el nivel insuficiente de reintegración social, rehabilitación y reparación de que disponía los niños soldados desmovilizados".
Asimismo, el texto lamenta que se hayan extraditado paramilitares por tráfico de estupefacientes, "a pesar de su admisión de responsabilidad de esas personas respecto a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".
Otro de los temas de alta preocupación del Consejo es el elevadísimo número de desplazados internos, que ya alcanza los 3 millones de personas.
Además, los relatores de la ONU se preocupan por las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas no sólo por los desplazamientos forzados por parte de las milicias, sino por proyectos de infraestructura privados.
Por su parte, el Gobierno de Colombia presentará también mañana un informe en el que destaca que el ejecutivo "ha realizado grandes esfuerzos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos".
Aunque deja claro que "la experiencia reciente ha demostrado que la seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos".
Colombia se compromete a promover que se juzguen los victimarios; a dar atención integral a las víctimas; a prevenir y frenar los ataques contra las mujeres; y a establecer una nueva relación con los indígenas y los afrocolombianos.
El Gobierno colombiano pretende disminuir antes del 2015 el índice de pobreza al 28%, y el de indigencia al 8,8% para cumplir con los Objetivos del Milenio.
Asimismo, Bogotá pretende "destruir los 26 campos minados restantes antes del 1 de marzo del 2011".
El Consejo deberá analizar el informe emitido por los relatores y agencias de la ONU, el redactado por el Gobierno colombiano y un tercero elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, y emitirá unas conclusiones que darán a conocer el próximo 15 de diciembre. (EFE)
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