GINEBRA.- La situación de los derechos humanos en Colombia será puesta bajo la lupa el miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde confrontarán posiciones el gobierno y el Alto Comisionado de la ONU, que cuenta con aportes de ONGs.
El gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe, que en la sesión estará representando por su vicepresidente Francisco Santos, defenderá los "grandes esfuerzos" efectuados en temas de derechos humanos desde el inicio de su gestión en 2002, según el informe entregado al Consejo.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares.
"La seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos", afirma el texto del gobierno colombiano en referencia a los logros de su plan de "seguridad democrática" contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El gobierno habla de "tolerancia cero" con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONGs, entre éstas Human Right Watch (HRW) y AmnistÃa Internacional (AI) -con las que Uribe mantiene frecuentes roces-, señalan que éstas "continúan siendo graves, masivas y sistemáticas", según el informe que enviaron al Alto Comisionado.
El gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32 mil miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), entregaron las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crÃmenes, incluidos los de lesa humanidad.
"El paramilitarismo no ha sido desmantelado", replican las ONGs, que enfatizan los "nexos" entre paramilitares y polÃticos. Hasta julio de 2008, más de 60 congresistas, la mayorÃa partidarios de Uribe, eran investigados por la justicia, en el marco del proceso de la "parapolÃtica".
Las ONGs también subrayan el aumento desde 2002 de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública.
En ese periodo "13 634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolÃtica" en Colombia, de los cuales el 75,4% (8 049 casos) son "responsabilidad de Estado", subrayan.
Se trata principalmente de campesinos, lÃderes comunitarios, indÃgenas, trabajadores y dirigentes sindicales.
"El gobierno habla de homicidios y secuestros y no de violaciones a los derechos humanos", lamenta Isabelle Heyer, portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas, para quien el "punto débil" del informe gubernamental es "no dar cifras" sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Ejecutivo colombiano subraya el descenso de los homicidios en 45,2% en el último quinquenio (17 198 en 2007), de los atentados de 1 645 a 387 y de los secuestros de 1 708 a 226.
También alega una reciente "purga" en el ejército, que Heyer califica de "buena medida pero insuficiente".
Veintisiete militares colombianos, incluido el comandante del Ejército general Mario Montoya -uno de los oficiales más cercanos a Uribe-, fueron destituidos a fines de octubre por su responsabilidad en el asesinato de 11 jóvenes, a quienes el ejército presentó como muertos en combate.
Las vÃctimas de ese tipo de asesinatos, que podrÃan ascender a varios cientos, eran en realidad muchachos humildes que abandonaron sus hogares siguiendo una oferta de trabajo.
En Colombia persisten "problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación", señala la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, la jueza sudafricana que asumió en septiembre y cuyo primer viaje fue a Colombia.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los paÃses de la "troika" encargados de elaborar un informe tras el debate del miércoles, que coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En ese debate participan los otros 47 paÃses miembros del Consejo, que pueden hacer preguntas. El "veredicto" del Consejo y sus recomendaciones a Colombia se conocerá el 15 de diciembre. (AFP)
El gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe, que en la sesión estará representando por su vicepresidente Francisco Santos, defenderá los "grandes esfuerzos" efectuados en temas de derechos humanos desde el inicio de su gestión en 2002, según el informe entregado al Consejo.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares.
"La seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos", afirma el texto del gobierno colombiano en referencia a los logros de su plan de "seguridad democrática" contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El gobierno habla de "tolerancia cero" con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONGs, entre éstas Human Right Watch (HRW) y AmnistÃa Internacional (AI) -con las que Uribe mantiene frecuentes roces-, señalan que éstas "continúan siendo graves, masivas y sistemáticas", según el informe que enviaron al Alto Comisionado.
El gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32 mil miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), entregaron las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crÃmenes, incluidos los de lesa humanidad.
"El paramilitarismo no ha sido desmantelado", replican las ONGs, que enfatizan los "nexos" entre paramilitares y polÃticos. Hasta julio de 2008, más de 60 congresistas, la mayorÃa partidarios de Uribe, eran investigados por la justicia, en el marco del proceso de la "parapolÃtica".
Las ONGs también subrayan el aumento desde 2002 de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública.
En ese periodo "13 634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolÃtica" en Colombia, de los cuales el 75,4% (8 049 casos) son "responsabilidad de Estado", subrayan.
Se trata principalmente de campesinos, lÃderes comunitarios, indÃgenas, trabajadores y dirigentes sindicales.
"El gobierno habla de homicidios y secuestros y no de violaciones a los derechos humanos", lamenta Isabelle Heyer, portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas, para quien el "punto débil" del informe gubernamental es "no dar cifras" sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Ejecutivo colombiano subraya el descenso de los homicidios en 45,2% en el último quinquenio (17 198 en 2007), de los atentados de 1 645 a 387 y de los secuestros de 1 708 a 226.
También alega una reciente "purga" en el ejército, que Heyer califica de "buena medida pero insuficiente".
Veintisiete militares colombianos, incluido el comandante del Ejército general Mario Montoya -uno de los oficiales más cercanos a Uribe-, fueron destituidos a fines de octubre por su responsabilidad en el asesinato de 11 jóvenes, a quienes el ejército presentó como muertos en combate.
Las vÃctimas de ese tipo de asesinatos, que podrÃan ascender a varios cientos, eran en realidad muchachos humildes que abandonaron sus hogares siguiendo una oferta de trabajo.
En Colombia persisten "problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación", señala la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, la jueza sudafricana que asumió en septiembre y cuyo primer viaje fue a Colombia.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los paÃses de la "troika" encargados de elaborar un informe tras el debate del miércoles, que coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En ese debate participan los otros 47 paÃses miembros del Consejo, que pueden hacer preguntas. El "veredicto" del Consejo y sus recomendaciones a Colombia se conocerá el 15 de diciembre. (AFP)
Más en el