El procurador lo responsabilizó por el problema de la basura en 2012
Ayer, En vísperas de su segundo aniversario al frente de la Alcaldía de la que llama la "Bogotá humana", el excongresista y exguerrillero del M-19 Gustavo Petro fue destituido del cargo
La Procuraduría también lo inhabilitó 15 años para ocupar cargos públicos por su incapacidad al desprivatizar el servicio de recolección de basura.
Petro, que llegó a la Alcaldía de la capital colombiana el 1.º de enero de 2012 en representación del movimiento Progresistas con el 32% de los votos, ha sido objeto de investigaciones judiciales y disciplinarias desde la llamada crisis de las basuras del año pasado.
El 18 de diciembre y durante varios días, Bogotá amaneció repleta de bolsas de basura como consecuencia de un complicado relevo entre un modelo privado de recogida de residuos a uno público, con el que Petro pretendía ahorrar millones en el pago a cuatro grupos privados a cargo de esa tarea para reinvertirlos en planes de reciclaje.
Según Ordoñez, se determinó que el alcalde mayor de Bogotá, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin experiencia, conocimiento y capacidad.
También alegó que, con la decisión de Petro, se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, ya que se impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas no prestaran el servicio de aseo.
El fallo es de primera instancia, es decir que Gustavo Petro puede presentar un recurso de reposición que deberá ser resuelto por el mismo procurador.
El segundo cargo público más importante de Colombia por detrás del Presidente presentó en octubre una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por la persecución política de la que supuestamente era objeto por parte del procurador Ordóñez.
Su gestión no ha estado exenta de polémicas y más de una decena de secretarios de su gabinete ha renunciado por diversos motivos en los casi dos años que lleva en el cargo.
Sin embargo, su Administración se ha anotado logros como la reducción de las muertes violentas tras la prohibición del porte de armas, programas de atención integral a toxicómanos y una mayor cobertura de educación y servicios públicos en sectores deprimidos.
Entre las iniciativas más cuestionadas, sobre todo por terratenientes y constructores, está la presentación de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con un enfoque medioambiental que contiene la expansión de la ciudad y densificaría el centro.
El Gobierno de Colombia descartó tomar partido sobre el caso y dijo que respeta la decisión del procurador y el derecho del burgomaestre de apelar.
El Gobierno de Juan Manuel Santos informó sobre su postura en un breve comunicado en el que también lamentó los inconvenientes que esa situación pueda generar a la ciudadanía y aseguró que seguirá comprometido con el bienestar y tranquilidad de los bogotanos.
También llamó a conservar la serenidad, cuando miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá para rechazar el fallo de la Procuraduría y apoyar a Petro.
El ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez dijo que debe revisarse la norma que faculta al Procurador a destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Si el fallo contra Petro se mantiene, llevaría a la convocatoria de elecciones para mediados o fines de febrero.
Petro advirtió en un tuit que la suerte de Bogotá depende de la movilización popular. "Pido que sea pacífica", escribió. (EFE-AFP)
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