Quito. 06 jun 97. Carlos Solórzano ha recibido 52 pedidos de
varios legisladores para nombrar jueces o funcionarios desde
hace un año. Por la paralización, en Quito, no se tramitaron
187 demandas, no se sortearon 108 casos, no se receptaron 8
testimonios y no se practicaron dos diligencias. Esa tónica se
repitió en los 490 juzgados del país.
El paro preventivo de los 4.000 funcionarios judiciales tuvo
dos resultados: por un lado, no se tramitaron los juicios al
público y un partido político salió perjudicado. Por otro, se
ganaron tres concesiones.
En el primer aspecto, en el distrito de Quito no se sortearon
100 demandas en los juzgados civiles y 87 en los penales.
Además en cada uno de los 13 juzgados penales no se receptaron
8 testimonios, no se practicaron dos diligencias, no se
dictaron órdenes de prisión y tampoco se tramitaron boletas de
libertad.
Esa tónica se repitió en los 490 juzgados del país: 241
judicaturas civiles, 144 penales, 30 de trabajo, 19 de
inquilinato, 52 de tránsito y 4 de aduanas. Lo mismo sucedió
en las 20 cortes superiores y las diez salas de la Corte
Suprema.
Sin embargo, los juzgados de todas las áreas en Quito
trabajaron internamente: unos se igualaron en varios juicios y
otros elaboraban las providencias para entregarlas hoy a los
usuarios y abogados. Las puertas de acceso a las instalaciones
judiciales amanecieron cerradas con grandes cadenas y
candados.
Por esta situación, Elsa Z. no pudo gestionar la boleta de
libertad de su esposo implicado en un caso de drogas. Ella
estuvo desde la mañana en el Palacio de Justicia. El 3 de
junio pasado, la Primera Sala de la Corte Superior sentenció
30 días de prisión para su cónyuge que ya lleva un año en la
cárcel.
En Guayaquil hubo una situación similar. Los pasillos del
edificio del Palacio de Justicia estuvieron desiertos. Ayer
los empleados judiciales paralizaron sus labores
preventivamente como una advertencia al Congreso Nacional para
que "respete la decisión de popular consignada en la Consulta
Popular".
Decenas de usuarios que acudieron al Palacio de Justicia
encontraron las puertas cerradas y letreros que pedían respeto
a la Función Judicial.
Franklin Ruales, vicepresidente de la Asociación de Empleados
Judiciales de Guayaquil, dijo que la medida es preventiva y
que el Congreso Nacional tiene un plazo de 60 días para
aprobar las preguntas 11 y 12 de la Consulta Popular.
Según Luis Muñoz, presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), "hay un partido
político, el Social Cristiano, afectado directamente con este
paro. Ellos estaban intentando el reparto y León Febres
Cordero es quien manda en el país como lo dijo el magistrado
Jorge Maldonado".
Los judiciales obtuvieron tres aspectos positivos: que la
Corte Suprema de Justicia se reúna en pleno el próximo
miércoles, que en el orden del día se trate el problema de la
despolitización de la justicia y que el presidente Fabián
Alarcón sostenga un diálogo con los judiciales este lunes.
El miércoles pasado, 27 ministros y el titular de la Corte,
Carlos Solórzano, se pusieron de acuerdo para hacer quórum la
próxima semana. Con ello, al parecer, quedan superados los
roces entre los jueces.
Muñoz considera que con el paro se derrumbó una resolución que
estaba lista para aprobarse en el Congreso. En esta se
establecía el nombramiento de los conjueces, quienes
reemplazarían a los actuales magistrados mediante una jugada
del Legislativo. Esos conjueces más tarde nombrarían a los
ministros de las cortes superiores y éstos a su vez a los
jueces de juzgados.
El dirigente plantea que la despolitización de la
administración de justicia debe darse por los ascensos de los
judiciales de carrera, es decir que la nueva Corte Suprema se
conforme con los ministros de las cortes superiores que al
momento suman 246, de ellos 180 son de carrera.
Los abogados rechazaron la medida, porque según el presidente
del Colegio de Abogados de Quito, César Muñoz, no es la forma
de protestar, porque desdibuja la imagen de la Función
Judicial. Además que no solo perjudica a los abogados sino
también a los usuarios. "La despolitización es un problema que
nadie discute, pero esa medida no es la correcta".
Los juzgados quinto y séptimo estuvieron de turno para atender
los casos de delitos flagrantes. Hoy, las oficinas judiciales
tendrán el doble de trabajo.
El palanqueo sigue
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, recibió
52 peticiones de legisladores y otros personajes para el
nombramiento de jueces o funcionarios en la Función Judicial.
Hasta la vicepresidenta Rosalía Arteaga envió su oficio. En él
pidió considerar el nombre de Luis Andrade Camacho para el
cargo de juez de lo Penal de Atacames.
El vicepresidente del Congreso, Franco Romero, le solicitó que
ayude a Marilú Quiñónez para el puesto de auxiliar de juzgado
y a Douglas Zambrano para un cargo en una judicatura de
reciente creación. El ex ministro de Obras Públicas, Estuardo
Hidalgo, recomendó a Ricardo Bonilla para ministro de la Corte
Superior de Sucumbíos y a Luis Costales para la Corte Suprema
de Chimborazo.
El diputado Germán Mancheno desea que se nombre como analista
2 de la Unidad Financiera de la Corte Superior de Macas a Ruth
Ramírez y a Lilián Taza como auxiliar del Juzgado de Méndez,
provincia de Pastaza.
José Cordero insistió en que se designe a Bolívar Andrade
ministro del Tribunal Fiscal de Azuay.
Santiago Bucaram sugirió a Florita Ruiz y Aurea Flores para
nombrarlas como funcionarias del Juzgado Cuarto de lo Penal de
Santiago de Méndez y a Ronald Gómez como capacitador de la
Corte Suprema.
El diputado Emilio Ruperti pidió que se tome en cuenta a
Víctor Zambrano, Benjamín Delgado y Jorge Cedeño para
ministros de la Corte Superior de Portoviejo, y a Luis Panamá
para otro cargo.
El descalificado Eduardo Véliz también pidió que el juez
segundo de lo Civil de Santa Cruz, en Galápagos, Alberto
Avellán, sea nombrado como ministro de la Corte Superior de
Guayaquil, y que se ratifique en el cargo al juez segundo de
lo Penal de Santa Cruz, Manuel Viteri. El ex legislador de
Morona Santiago, Carlos Medina pidió que se nombre a Luis
Costales ministro de la Corte Superior de Chimborazo.
Jorge Montero recomendó a Hilton Sánchez para auxiliar del
Juzgado de Macará, en Loja.
Tres legisladores en conjunto, Patricio Viteri, Ramiro Aguilar
y Michel Saúd recomedaron a Luis Chicaiza para que ocupe la
vacante que dejará Lila Ortiz, por jubilación. Angel Torres,
Mario Meza, Harry Alvarez, Walter Andrade, Ermel Campana,
Homero López, Andrés Romo, Leonidas Iza, Carlos Saúd, son,
entre otros, quienes presentaron varias solicitudes. Este
Diario intentó, sin resultado, comprobar si todas las
solicitudes fueron aceptadas. (Texto tomado de EL COMERCIO)
varios legisladores para nombrar jueces o funcionarios desde
hace un año. Por la paralización, en Quito, no se tramitaron
187 demandas, no se sortearon 108 casos, no se receptaron 8
testimonios y no se practicaron dos diligencias. Esa tónica se
repitió en los 490 juzgados del país.
El paro preventivo de los 4.000 funcionarios judiciales tuvo
dos resultados: por un lado, no se tramitaron los juicios al
público y un partido político salió perjudicado. Por otro, se
ganaron tres concesiones.
En el primer aspecto, en el distrito de Quito no se sortearon
100 demandas en los juzgados civiles y 87 en los penales.
Además en cada uno de los 13 juzgados penales no se receptaron
8 testimonios, no se practicaron dos diligencias, no se
dictaron órdenes de prisión y tampoco se tramitaron boletas de
libertad.
Esa tónica se repitió en los 490 juzgados del país: 241
judicaturas civiles, 144 penales, 30 de trabajo, 19 de
inquilinato, 52 de tránsito y 4 de aduanas. Lo mismo sucedió
en las 20 cortes superiores y las diez salas de la Corte
Suprema.
Sin embargo, los juzgados de todas las áreas en Quito
trabajaron internamente: unos se igualaron en varios juicios y
otros elaboraban las providencias para entregarlas hoy a los
usuarios y abogados. Las puertas de acceso a las instalaciones
judiciales amanecieron cerradas con grandes cadenas y
candados.
Por esta situación, Elsa Z. no pudo gestionar la boleta de
libertad de su esposo implicado en un caso de drogas. Ella
estuvo desde la mañana en el Palacio de Justicia. El 3 de
junio pasado, la Primera Sala de la Corte Superior sentenció
30 días de prisión para su cónyuge que ya lleva un año en la
cárcel.
En Guayaquil hubo una situación similar. Los pasillos del
edificio del Palacio de Justicia estuvieron desiertos. Ayer
los empleados judiciales paralizaron sus labores
preventivamente como una advertencia al Congreso Nacional para
que "respete la decisión de popular consignada en la Consulta
Popular".
Decenas de usuarios que acudieron al Palacio de Justicia
encontraron las puertas cerradas y letreros que pedían respeto
a la Función Judicial.
Franklin Ruales, vicepresidente de la Asociación de Empleados
Judiciales de Guayaquil, dijo que la medida es preventiva y
que el Congreso Nacional tiene un plazo de 60 días para
aprobar las preguntas 11 y 12 de la Consulta Popular.
Según Luis Muñoz, presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), "hay un partido
político, el Social Cristiano, afectado directamente con este
paro. Ellos estaban intentando el reparto y León Febres
Cordero es quien manda en el país como lo dijo el magistrado
Jorge Maldonado".
Los judiciales obtuvieron tres aspectos positivos: que la
Corte Suprema de Justicia se reúna en pleno el próximo
miércoles, que en el orden del día se trate el problema de la
despolitización de la justicia y que el presidente Fabián
Alarcón sostenga un diálogo con los judiciales este lunes.
El miércoles pasado, 27 ministros y el titular de la Corte,
Carlos Solórzano, se pusieron de acuerdo para hacer quórum la
próxima semana. Con ello, al parecer, quedan superados los
roces entre los jueces.
Muñoz considera que con el paro se derrumbó una resolución que
estaba lista para aprobarse en el Congreso. En esta se
establecía el nombramiento de los conjueces, quienes
reemplazarían a los actuales magistrados mediante una jugada
del Legislativo. Esos conjueces más tarde nombrarían a los
ministros de las cortes superiores y éstos a su vez a los
jueces de juzgados.
El dirigente plantea que la despolitización de la
administración de justicia debe darse por los ascensos de los
judiciales de carrera, es decir que la nueva Corte Suprema se
conforme con los ministros de las cortes superiores que al
momento suman 246, de ellos 180 son de carrera.
Los abogados rechazaron la medida, porque según el presidente
del Colegio de Abogados de Quito, César Muñoz, no es la forma
de protestar, porque desdibuja la imagen de la Función
Judicial. Además que no solo perjudica a los abogados sino
también a los usuarios. "La despolitización es un problema que
nadie discute, pero esa medida no es la correcta".
Los juzgados quinto y séptimo estuvieron de turno para atender
los casos de delitos flagrantes. Hoy, las oficinas judiciales
tendrán el doble de trabajo.
El palanqueo sigue
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, recibió
52 peticiones de legisladores y otros personajes para el
nombramiento de jueces o funcionarios en la Función Judicial.
Hasta la vicepresidenta Rosalía Arteaga envió su oficio. En él
pidió considerar el nombre de Luis Andrade Camacho para el
cargo de juez de lo Penal de Atacames.
El vicepresidente del Congreso, Franco Romero, le solicitó que
ayude a Marilú Quiñónez para el puesto de auxiliar de juzgado
y a Douglas Zambrano para un cargo en una judicatura de
reciente creación. El ex ministro de Obras Públicas, Estuardo
Hidalgo, recomendó a Ricardo Bonilla para ministro de la Corte
Superior de Sucumbíos y a Luis Costales para la Corte Suprema
de Chimborazo.
El diputado Germán Mancheno desea que se nombre como analista
2 de la Unidad Financiera de la Corte Superior de Macas a Ruth
Ramírez y a Lilián Taza como auxiliar del Juzgado de Méndez,
provincia de Pastaza.
José Cordero insistió en que se designe a Bolívar Andrade
ministro del Tribunal Fiscal de Azuay.
Santiago Bucaram sugirió a Florita Ruiz y Aurea Flores para
nombrarlas como funcionarias del Juzgado Cuarto de lo Penal de
Santiago de Méndez y a Ronald Gómez como capacitador de la
Corte Suprema.
El diputado Emilio Ruperti pidió que se tome en cuenta a
Víctor Zambrano, Benjamín Delgado y Jorge Cedeño para
ministros de la Corte Superior de Portoviejo, y a Luis Panamá
para otro cargo.
El descalificado Eduardo Véliz también pidió que el juez
segundo de lo Civil de Santa Cruz, en Galápagos, Alberto
Avellán, sea nombrado como ministro de la Corte Superior de
Guayaquil, y que se ratifique en el cargo al juez segundo de
lo Penal de Santa Cruz, Manuel Viteri. El ex legislador de
Morona Santiago, Carlos Medina pidió que se nombre a Luis
Costales ministro de la Corte Superior de Chimborazo.
Jorge Montero recomendó a Hilton Sánchez para auxiliar del
Juzgado de Macará, en Loja.
Tres legisladores en conjunto, Patricio Viteri, Ramiro Aguilar
y Michel Saúd recomedaron a Luis Chicaiza para que ocupe la
vacante que dejará Lila Ortiz, por jubilación. Angel Torres,
Mario Meza, Harry Alvarez, Walter Andrade, Ermel Campana,
Homero López, Andrés Romo, Leonidas Iza, Carlos Saúd, son,
entre otros, quienes presentaron varias solicitudes. Este
Diario intentó, sin resultado, comprobar si todas las
solicitudes fueron aceptadas. (Texto tomado de EL COMERCIO)
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