En lo que va del año se registran 8.380 accidentes de tránsito y las autoridades no hacen nada para evitarlos
Corrupción es causa de sangre derramada en las vías, pero los informes oficiales no lo dicen
Según proyecciones de Justicia Vial, para finales de este año se registrarían 1 268 muertes ocasionadas por los accidentes de tránsito
El accidente de Paluguillo, ocurrido el pasado 24 de septiembre (en el que murieron 47 personas), expuso la corrupción: ningún policía evitó la circulación del bus, pese a que no había pasado la revisión vehicular, el chasís era de camión.
Entre el 1.º de enero y el 4 de octubre de este año (cierre de este reportaje), se han registrado 8 380 accidentes de tránsito en el país. Esto representa un aumento del 7% en relación a los 7 761 registrados durante todo 2005.
Asimismo, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) informó que en lo que va de este año, 912 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del Ecuador. La cifra supera, en forma escalofriante, a los 816 fallecidos entre enero y diciembre del año anterior.
Proyecciones de la organización Justicia Vial señalan que al finalizar este año el balance sería la muerte de 1 268 personas en accidentes de tránsito. Esto representa un aumento del 10,7% en relación al total de fallecimientos en 2005.
Los accidentes se producen por impericia e imprudencia del conductor, embriaguez, imprudencia de los peatones, exceso de velocidad, daños mecánicos, carrocerías en mal estado, llantas lisas, vidrios que incumplen las normas Inen, mal estado de las vías, irrespeto a las señales de tránsito, entre otros, según el Siat.
Las estadísticas suben año a año y explican las causas de los accidentes, pero ningún informe oficial menciona a la corrupción entre las principales razones para tanto siniestro.
Desde diciembre de 2005, en tres reportajes, BLANCO Y NEGRO ha desnudado una trama en la que están implicados jueces, policías, la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), el Consejo Nacional de Tránsito (CNT), los sindicatos de choferes, fabricantes de carrocerías, entre otros estamentos que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos.
Cuando los integrantes de la cúpula de la transportación fueron enjuiciados por la entrega irregular de 60 128 certificados de manejo, la primera sala de lo Penal de Quito separó de la causa a los demandantes, por no considerarlos ofendidos.
Quienes plantearon el juicio eran familiares de muertos y heridos en accidentes de tránsito. Luego de tres años, los 60 128 certificados se han convertido en 16 mil licencias profesionales, por orden del CNT.
La última novedad es la incineración de los archivos de documentos de conducir en varias provincias. (LVA/AA).
Queman archivos de documentos de manejo
La inspectoría de la Policía investiga la entrega de licencias a emigrantes por supuesta "pérdida"
La Inspectoría de Policía, conjuntamente con la Policía española, lleva adelante una investigación sobre las licencias profesionales adulteradas, que habrían sido entregadas a emigrantes por la vía de denuncia de pérdida.
El pasado 10 de junio revelamos que, de esa forma, la Policía entregó 8 000 licencias, sobre la base de una investigación efectuada por la Fiscalía de Chimborazo y refrendada por la Inspectoría de Policía.
Para esto se manipuló la base de datos de licencias de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), de modo que una persona que nunca tuvo licencia denunciaba en cualquier Comisaría la pérdida del documento y luego las jefaturas provinciales le otorgaban el duplicado.
Según fuentes de la Inspectoría, este mecanismo sirvió para otorgar licencias profesionales a emigrantes que las requerían para trabajar como choferes en España y otros países de la Unión Europea; por tanto, la cifra inicial de documentos fraudulentos podría quintuplicarse al término de la investigación.
En el marco de las pesquisas, la Inspectoría encontró que en varias jefaturas provinciales quemaron las bases de datos de licencias (en papel) y otros documentos, en algunos casos desde 1987 hasta 2005.
Así, un interesado puede denunciar la pérdida de un documento obtenido en esa época.
Consultado sobre la incineración, el director de Tránsito de Cotopaxi, Marcelo Echeverría, manifestó que en esa dependencia quemaron documentos anteriores al año 2000, pues la Ley permite incinerarlos cada lustro. Anota que toda la información de licencias está concentrada en Quito, en el archivo central de la DNT.
También indica que ahora esa información es manejada por la empresa Trans Tools en un sistema de red que permite mejorar la atención a los usuarios. Reitera que lo incinerado son documentos de respaldo a escala provincial. De esto se elaboró un acta, con la participación de personal policial. (AA/PC)
En el país circulan 5 235 buses interprovinciales, el CNT otorga 26.609 frecuencias de recorrido
En la ruta Quito-Ambato se registran 12 viajes por hora; cada unidad compite por captar el mayor número de pasajeros en la vía
Otro factor que incide en el alto número de accidentes es el exceso de frecuencias otorgadas a las cooperativas de transporte interprovincial, por el Consejo Nacional de Tránsito (CNT).
Esto provoca que los conductores viajen a grandes velocidades para captar el mayor número de pasajeros.
Hasta abril de 2006 se concedieron 26 609 frecuencias a las cooperativas. Estas han puesto en circulación 5 235 buses en las carreteras del país.
Según fuentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), hubo un tiempo en que las frecuencias eran otorgadas previo el pago de coimas a los miembros del CNT.
Desde la Terminal Terrestre Cumandá, en la capital, salen buses a cada momento hacia un mismo destino. BLANCO Y NEGRO verificó que en la ruta Quito-Ambato, las unidades parten cada cinco minutos, desde las 05:00 hasta las 23:00; esto representa un total de 276 viajes diarios.
Hacia Santo Domingo de los Colorados salen buses cada 10 minutos, desde las 03:00 hasta las 22:00. Esto significa 114 viajes cada día.
Asimismo, en la ruta Quito-Ibarra, los vehículos parten cada 20 minutos, desde las 05:35 hasta las 20:45; aquí se tienen 60 viajes diarios.
El gerente de la Fenacotip, Marcelo Gavilanes, manifiesta que hace ocho años ese gremio pidió al CNT suspender la entrega de frecuencias.
Explica que la medida sería más rentable para los propietarios de los carros porque estos dejarían de viajar semivacíos y además cuidarían mejor sus unidades.
Recién en abril de este año, el CNT planteó la realización de un estudio para racionalizar las frecuencias en las rutas Quito-Ambato-Puyo-Tena; Quito-Ibarra-Tulcán, y, Quito-Santo Domingo-Guayaquil.
Según el cronograma, el estudio debió haber concluido alrededor del pasado 22 de septiembre. No obstante, hace tres semanas el CNT contrató a la consultora León & Godoy para que efectúe un estudio pormenorizado de las diferentes rutas y frecuencias. Los resultados podrían estar listos dentro de seis meses.
Un estudio del CNT demuestra que la demanda es mucho menor que la oferta. (LVA)
"La orden de incinerar salió de Auditoría Interna"
Un total de 3.138 carpetas de licencias de los años 2000 a 2004 fueron destruidas; una acta lo certifica
En la provincia del Chimborazo, un total de 3.138 carpetas de licencias profesionales de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que contenían los documentos habilitantes de los ciudadanos que las obtuvieron, fueron incineradas el 12 de octubre del año anterior.
Ese día también fueron destruidas 10 cajas de cartón que contenían los documentos de las brevetaciones de licencias tipo B y Sportman, otorgadas entre 2001 y 2005.
Igual suerte corrieron los documentos de soporte que sirvieron para otorgar duplicados de licencias, en caso de pérdidas, entre 2001 y 2005.
Cuatro cajas contenían denuncias de pérdida de licencias, copias de cédulas de identidad, récords policiales y certificaciones de los juzgados de tránsito.
El jefe Provincial de Tránsito, Marco Custode, dice que solo cumplió la orden de incinerar impartida por la oficina de Auditoria Interna de la DNT, nosotros teníamos que obedecerla, explica.
Añade que, en su calidad de jefe Provincial, se limitó a avalar la quema de los documentos y firmar el acta correspondiente junto al sargento Héctor Segura, ex jefe del Archivo de Licencias.
Este último actualmente está detenido en la cárcel de Riobamba por haber otorgado una licencia profesional tipo E a su hijo Héctor Segura Bermeo.
Custode relata que el 4 de octubre de 2005 la auditora Mercedes González sugirió la incineración de los documentos y de 406 placas en mal estado, en el oficio n.º 2005-008-42-AI-DNT.
El fiscal de Chimborazo, Franklin Ocaña, dice que la quema de documentos afectó las investigaciones. Esto dificulta determinar con exactitud las formas cómo se entregaron las licencias adulteradas. Ocaña tuvo que recurrir a las fichas de brevetación y de canjes de licencias para probar los delitos, por los que ha dictado tres instrucciones fiscales. (JP)
"Archivos deben guardarse al menos cinco años"
El delegado de la Regional VI de la Contraloría, Humberto Gallegos, anuncia una investigación del caso
El delegado de la Regional VI de Contraloría, en Chimborazo, Humberto Gallegos, se mostró extrañado por la incineración de los documentos e indicó que investigará el caso.
Gallegos explicó que los documentos públicos deben preservarse en los archivos institucionales un mínimo de cinco años.
Según la investigación del fiscal Franklin Ocaña, en las jefaturas de Tránsito de Chimborazo, Tungurahua y Pichincha, se entregaron 8 000 licencias fraudulentas, por el mecanismo de denuncia de pérdida; también estableció que los interesados pagaban entre $700 y $1 500 por cada uno de los trámites. (JP)
Fenacotip se opone a que las aseguradoras enjuicien a los responsables de accidentes
En caso de que el presidente Palacio no acoja las observaciones de los transportistas, ellos impugnarán judicialmente el reglamento. También analizarían la posibilidad de hacer un paro.
Ni los accidentados en Papallacta ni el autobús en el que viajaban estaban asegurados; los deudos enfrentan un futuro con dolor y sin dinero
El miércoles pasado, la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República envió al jefe de Estado, Alfredo Palacio, el reglamento para la aplicación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Esa normativa estuvo lista en diciembre de 2005 y fue elaborada por el ex subsecretario de Transporte, Alejandro Lasso.
En esos días, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) manifestó su oposición al reglamento en la forma en que estaba concebido. Poco tiempo después, Lasso dejó el cargo.
El principal reparo de la Federación se refiere al artículo 19 del reglamento que (de entrar en vigencia) obligaría al responsable de haber causado un accidente a pagar a la aseguradora el monto del daño producido.
Así, la compañía podría demandar al asegurado, es decir al conductor y al propietario del vehículo.
Esto consta en un oficio enviado al presidente de la República, Alfredo Palacio, el pasado 31 de enero. Allí, los dirigentes señalaron que el 90% de los accidentes se produce por responsabilidad directa de los conductores, de acuerdo a las estadísticas.
Con esa base argumentaron que al tener las compañías aseguradoras la facultad de enjuiciar a los responsables se desnaturalizaría el contrato del seguro.
El pasado miércoles, el gerente de la Fenacotip, Marcelo Gavilanes, dijo que las cooperativas de transporte cuentan con un seguro de responsabilidad civil, con un tope de $6 000 en caso de muerte.
También reconoció que no todas lo tienen, por lo que solo esas deberían contratar el SOAT.
Advirtió que en caso de que el reglamento se publique sin sus observaciones, la Fenacotip lo impugnará legalmente; incluso la asamblea de la Federación analizaría la posibilidad de realizar un paro. (LVA/AA)
Los accidentes de tránsito ocurren a diario y el Gobierno demora la firma del reglamento
El SOAT plantea hasta $3 000 por muerte
El SOAT propone la cobertura de los 750 mil vehículos que circulan en el país (la cifra es del CNT). Plantea una indemnización tope de $3 000 por muerte ocurrida hasta seis meses después del accidente.
Otra de hasta $1 500 por invalidez total o parcial; $375 por pérdida de la visión de un ojo; $750 por pérdida del sentido de ambos oídos, $750 por la pérdida completa de una pierna.
Por la pérdida del brazo o de la mano derecha, $900; por el brazo y la mano izquierda $750.
También contempla una indemnización de hasta $2 000 por gastos médicos de una persona; $400 por gastos funerarios; $50 por gasto de transporte y movilización de cada víctima.
La Presidencia firmaría el SOAT hasta el próximo jueves. (LVA)
PUNTO DE VISTA
La corrupción mata en las calles
Solo en lo que va del año han ocurrido un promedio de 30 accidentes de tránsito por día, lo que ha significado la muerte de 912 personas.
Según los informes de la Policía, entre las principales causas de las tragedias están desde la impericia e imprudencia del conductor hasta el mal estado de las vías, pero ninguno habla de la corrupción, que debería estar como una causa principal de los accidentes en las carreteras.
Desde el año pasado, BLANCO Y NEGRO ha presentado tres informes que han revelado cómo una red de corrupción ha entregado licencias a personas que no han cumplido ningún requisito técnico para estar al frente de un volante. En esa trama están implicados desde jueces hasta policías.
Los familiares de las víctimas de los accidentes, con obvias razones, plantearon juicios a la cúpula de la transportación, porque con la adulteración de las bases de datos de licencias de la Dirección de Tránsito una persona que nunca tuvo autorización para manejar podía hacer la denuncia de la pérdida del documento en una Comisaría y las direcciones provinciales le daban un duplicado.
Ahora resulta que en un hecho por demás insólito, en plena investigación, las jefaturas provinciales de tránsito se han dedicado a quemar las bases de datos de las licencias entregadas.
Solo en la provincia del Chimborazo, según revela BLANCO Y NEGRO, un total de 3 138 carpetas de licencias profesionales entregadas entre 2000 y 2004 fueron incineradas el 12 de octubre del año anterior.
La Policía necesita dar muestras de que está en un proceso de autodepuración y eso lo logrará solo si saca de sus filas a todos los involucrados en la entrega de licencias adulteradas para que sean enjuiciados por la justicia común.
No es posible que gente sin ninguna preparación siga al frente del volante, porque en cualquier momento puede ser la protagonista de otra tragedia que dejaría en la desolación a otros hogares.(Blanco y Negro)
Corrupción es causa de sangre derramada en las vías, pero los informes oficiales no lo dicen
Según proyecciones de Justicia Vial, para finales de este año se registrarían 1 268 muertes ocasionadas por los accidentes de tránsito
El accidente de Paluguillo, ocurrido el pasado 24 de septiembre (en el que murieron 47 personas), expuso la corrupción: ningún policía evitó la circulación del bus, pese a que no había pasado la revisión vehicular, el chasís era de camión.
Entre el 1.º de enero y el 4 de octubre de este año (cierre de este reportaje), se han registrado 8 380 accidentes de tránsito en el país. Esto representa un aumento del 7% en relación a los 7 761 registrados durante todo 2005.
Asimismo, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) informó que en lo que va de este año, 912 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del Ecuador. La cifra supera, en forma escalofriante, a los 816 fallecidos entre enero y diciembre del año anterior.
Proyecciones de la organización Justicia Vial señalan que al finalizar este año el balance sería la muerte de 1 268 personas en accidentes de tránsito. Esto representa un aumento del 10,7% en relación al total de fallecimientos en 2005.
Los accidentes se producen por impericia e imprudencia del conductor, embriaguez, imprudencia de los peatones, exceso de velocidad, daños mecánicos, carrocerías en mal estado, llantas lisas, vidrios que incumplen las normas Inen, mal estado de las vías, irrespeto a las señales de tránsito, entre otros, según el Siat.
Las estadísticas suben año a año y explican las causas de los accidentes, pero ningún informe oficial menciona a la corrupción entre las principales razones para tanto siniestro.
Desde diciembre de 2005, en tres reportajes, BLANCO Y NEGRO ha desnudado una trama en la que están implicados jueces, policías, la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), el Consejo Nacional de Tránsito (CNT), los sindicatos de choferes, fabricantes de carrocerías, entre otros estamentos que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos.
Cuando los integrantes de la cúpula de la transportación fueron enjuiciados por la entrega irregular de 60 128 certificados de manejo, la primera sala de lo Penal de Quito separó de la causa a los demandantes, por no considerarlos ofendidos.
Quienes plantearon el juicio eran familiares de muertos y heridos en accidentes de tránsito. Luego de tres años, los 60 128 certificados se han convertido en 16 mil licencias profesionales, por orden del CNT.
La última novedad es la incineración de los archivos de documentos de conducir en varias provincias. (LVA/AA).
Queman archivos de documentos de manejo
La inspectoría de la Policía investiga la entrega de licencias a emigrantes por supuesta "pérdida"
La Inspectoría de Policía, conjuntamente con la Policía española, lleva adelante una investigación sobre las licencias profesionales adulteradas, que habrían sido entregadas a emigrantes por la vía de denuncia de pérdida.
El pasado 10 de junio revelamos que, de esa forma, la Policía entregó 8 000 licencias, sobre la base de una investigación efectuada por la Fiscalía de Chimborazo y refrendada por la Inspectoría de Policía.
Para esto se manipuló la base de datos de licencias de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), de modo que una persona que nunca tuvo licencia denunciaba en cualquier Comisaría la pérdida del documento y luego las jefaturas provinciales le otorgaban el duplicado.
Según fuentes de la Inspectoría, este mecanismo sirvió para otorgar licencias profesionales a emigrantes que las requerían para trabajar como choferes en España y otros países de la Unión Europea; por tanto, la cifra inicial de documentos fraudulentos podría quintuplicarse al término de la investigación.
En el marco de las pesquisas, la Inspectoría encontró que en varias jefaturas provinciales quemaron las bases de datos de licencias (en papel) y otros documentos, en algunos casos desde 1987 hasta 2005.
Así, un interesado puede denunciar la pérdida de un documento obtenido en esa época.
Consultado sobre la incineración, el director de Tránsito de Cotopaxi, Marcelo Echeverría, manifestó que en esa dependencia quemaron documentos anteriores al año 2000, pues la Ley permite incinerarlos cada lustro. Anota que toda la información de licencias está concentrada en Quito, en el archivo central de la DNT.
También indica que ahora esa información es manejada por la empresa Trans Tools en un sistema de red que permite mejorar la atención a los usuarios. Reitera que lo incinerado son documentos de respaldo a escala provincial. De esto se elaboró un acta, con la participación de personal policial. (AA/PC)
En el país circulan 5 235 buses interprovinciales, el CNT otorga 26.609 frecuencias de recorrido
En la ruta Quito-Ambato se registran 12 viajes por hora; cada unidad compite por captar el mayor número de pasajeros en la vía
Otro factor que incide en el alto número de accidentes es el exceso de frecuencias otorgadas a las cooperativas de transporte interprovincial, por el Consejo Nacional de Tránsito (CNT).
Esto provoca que los conductores viajen a grandes velocidades para captar el mayor número de pasajeros.
Hasta abril de 2006 se concedieron 26 609 frecuencias a las cooperativas. Estas han puesto en circulación 5 235 buses en las carreteras del país.
Según fuentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), hubo un tiempo en que las frecuencias eran otorgadas previo el pago de coimas a los miembros del CNT.
Desde la Terminal Terrestre Cumandá, en la capital, salen buses a cada momento hacia un mismo destino. BLANCO Y NEGRO verificó que en la ruta Quito-Ambato, las unidades parten cada cinco minutos, desde las 05:00 hasta las 23:00; esto representa un total de 276 viajes diarios.
Hacia Santo Domingo de los Colorados salen buses cada 10 minutos, desde las 03:00 hasta las 22:00. Esto significa 114 viajes cada día.
Asimismo, en la ruta Quito-Ibarra, los vehículos parten cada 20 minutos, desde las 05:35 hasta las 20:45; aquí se tienen 60 viajes diarios.
El gerente de la Fenacotip, Marcelo Gavilanes, manifiesta que hace ocho años ese gremio pidió al CNT suspender la entrega de frecuencias.
Explica que la medida sería más rentable para los propietarios de los carros porque estos dejarían de viajar semivacíos y además cuidarían mejor sus unidades.
Recién en abril de este año, el CNT planteó la realización de un estudio para racionalizar las frecuencias en las rutas Quito-Ambato-Puyo-Tena; Quito-Ibarra-Tulcán, y, Quito-Santo Domingo-Guayaquil.
Según el cronograma, el estudio debió haber concluido alrededor del pasado 22 de septiembre. No obstante, hace tres semanas el CNT contrató a la consultora León & Godoy para que efectúe un estudio pormenorizado de las diferentes rutas y frecuencias. Los resultados podrían estar listos dentro de seis meses.
Un estudio del CNT demuestra que la demanda es mucho menor que la oferta. (LVA)
"La orden de incinerar salió de Auditoría Interna"
Un total de 3.138 carpetas de licencias de los años 2000 a 2004 fueron destruidas; una acta lo certifica
En la provincia del Chimborazo, un total de 3.138 carpetas de licencias profesionales de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que contenían los documentos habilitantes de los ciudadanos que las obtuvieron, fueron incineradas el 12 de octubre del año anterior.
Ese día también fueron destruidas 10 cajas de cartón que contenían los documentos de las brevetaciones de licencias tipo B y Sportman, otorgadas entre 2001 y 2005.
Igual suerte corrieron los documentos de soporte que sirvieron para otorgar duplicados de licencias, en caso de pérdidas, entre 2001 y 2005.
Cuatro cajas contenían denuncias de pérdida de licencias, copias de cédulas de identidad, récords policiales y certificaciones de los juzgados de tránsito.
El jefe Provincial de Tránsito, Marco Custode, dice que solo cumplió la orden de incinerar impartida por la oficina de Auditoria Interna de la DNT, nosotros teníamos que obedecerla, explica.
Añade que, en su calidad de jefe Provincial, se limitó a avalar la quema de los documentos y firmar el acta correspondiente junto al sargento Héctor Segura, ex jefe del Archivo de Licencias.
Este último actualmente está detenido en la cárcel de Riobamba por haber otorgado una licencia profesional tipo E a su hijo Héctor Segura Bermeo.
Custode relata que el 4 de octubre de 2005 la auditora Mercedes González sugirió la incineración de los documentos y de 406 placas en mal estado, en el oficio n.º 2005-008-42-AI-DNT.
El fiscal de Chimborazo, Franklin Ocaña, dice que la quema de documentos afectó las investigaciones. Esto dificulta determinar con exactitud las formas cómo se entregaron las licencias adulteradas. Ocaña tuvo que recurrir a las fichas de brevetación y de canjes de licencias para probar los delitos, por los que ha dictado tres instrucciones fiscales. (JP)
"Archivos deben guardarse al menos cinco años"
El delegado de la Regional VI de la Contraloría, Humberto Gallegos, anuncia una investigación del caso
El delegado de la Regional VI de Contraloría, en Chimborazo, Humberto Gallegos, se mostró extrañado por la incineración de los documentos e indicó que investigará el caso.
Gallegos explicó que los documentos públicos deben preservarse en los archivos institucionales un mínimo de cinco años.
Según la investigación del fiscal Franklin Ocaña, en las jefaturas de Tránsito de Chimborazo, Tungurahua y Pichincha, se entregaron 8 000 licencias fraudulentas, por el mecanismo de denuncia de pérdida; también estableció que los interesados pagaban entre $700 y $1 500 por cada uno de los trámites. (JP)
Fenacotip se opone a que las aseguradoras enjuicien a los responsables de accidentes
En caso de que el presidente Palacio no acoja las observaciones de los transportistas, ellos impugnarán judicialmente el reglamento. También analizarían la posibilidad de hacer un paro.
Ni los accidentados en Papallacta ni el autobús en el que viajaban estaban asegurados; los deudos enfrentan un futuro con dolor y sin dinero
El miércoles pasado, la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República envió al jefe de Estado, Alfredo Palacio, el reglamento para la aplicación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Esa normativa estuvo lista en diciembre de 2005 y fue elaborada por el ex subsecretario de Transporte, Alejandro Lasso.
En esos días, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) manifestó su oposición al reglamento en la forma en que estaba concebido. Poco tiempo después, Lasso dejó el cargo.
El principal reparo de la Federación se refiere al artículo 19 del reglamento que (de entrar en vigencia) obligaría al responsable de haber causado un accidente a pagar a la aseguradora el monto del daño producido.
Así, la compañía podría demandar al asegurado, es decir al conductor y al propietario del vehículo.
Esto consta en un oficio enviado al presidente de la República, Alfredo Palacio, el pasado 31 de enero. Allí, los dirigentes señalaron que el 90% de los accidentes se produce por responsabilidad directa de los conductores, de acuerdo a las estadísticas.
Con esa base argumentaron que al tener las compañías aseguradoras la facultad de enjuiciar a los responsables se desnaturalizaría el contrato del seguro.
El pasado miércoles, el gerente de la Fenacotip, Marcelo Gavilanes, dijo que las cooperativas de transporte cuentan con un seguro de responsabilidad civil, con un tope de $6 000 en caso de muerte.
También reconoció que no todas lo tienen, por lo que solo esas deberían contratar el SOAT.
Advirtió que en caso de que el reglamento se publique sin sus observaciones, la Fenacotip lo impugnará legalmente; incluso la asamblea de la Federación analizaría la posibilidad de realizar un paro. (LVA/AA)
Los accidentes de tránsito ocurren a diario y el Gobierno demora la firma del reglamento
El SOAT plantea hasta $3 000 por muerte
El SOAT propone la cobertura de los 750 mil vehículos que circulan en el país (la cifra es del CNT). Plantea una indemnización tope de $3 000 por muerte ocurrida hasta seis meses después del accidente.
Otra de hasta $1 500 por invalidez total o parcial; $375 por pérdida de la visión de un ojo; $750 por pérdida del sentido de ambos oídos, $750 por la pérdida completa de una pierna.
Por la pérdida del brazo o de la mano derecha, $900; por el brazo y la mano izquierda $750.
También contempla una indemnización de hasta $2 000 por gastos médicos de una persona; $400 por gastos funerarios; $50 por gasto de transporte y movilización de cada víctima.
La Presidencia firmaría el SOAT hasta el próximo jueves. (LVA)
PUNTO DE VISTA
La corrupción mata en las calles
Solo en lo que va del año han ocurrido un promedio de 30 accidentes de tránsito por día, lo que ha significado la muerte de 912 personas.
Según los informes de la Policía, entre las principales causas de las tragedias están desde la impericia e imprudencia del conductor hasta el mal estado de las vías, pero ninguno habla de la corrupción, que debería estar como una causa principal de los accidentes en las carreteras.
Desde el año pasado, BLANCO Y NEGRO ha presentado tres informes que han revelado cómo una red de corrupción ha entregado licencias a personas que no han cumplido ningún requisito técnico para estar al frente de un volante. En esa trama están implicados desde jueces hasta policías.
Los familiares de las víctimas de los accidentes, con obvias razones, plantearon juicios a la cúpula de la transportación, porque con la adulteración de las bases de datos de licencias de la Dirección de Tránsito una persona que nunca tuvo autorización para manejar podía hacer la denuncia de la pérdida del documento en una Comisaría y las direcciones provinciales le daban un duplicado.
Ahora resulta que en un hecho por demás insólito, en plena investigación, las jefaturas provinciales de tránsito se han dedicado a quemar las bases de datos de las licencias entregadas.
Solo en la provincia del Chimborazo, según revela BLANCO Y NEGRO, un total de 3 138 carpetas de licencias profesionales entregadas entre 2000 y 2004 fueron incineradas el 12 de octubre del año anterior.
La Policía necesita dar muestras de que está en un proceso de autodepuración y eso lo logrará solo si saca de sus filas a todos los involucrados en la entrega de licencias adulteradas para que sean enjuiciados por la justicia común.
No es posible que gente sin ninguna preparación siga al frente del volante, porque en cualquier momento puede ser la protagonista de otra tragedia que dejaría en la desolación a otros hogares.(Blanco y Negro)
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