José Gallardo, ¿víctima de retaliación?


Publicado el 25/Febrero/2005 | 00:00

A sus 69 años, José Gallardo Román es un personaje reconocido a escala nacional e internacional. Fue una figura clave en el proceso de paz con el Perú, porque comandó el Frente Político en la Guerra del Cenepa (1995) y participó en las negociaciones para la firma del Tratado de Paz de Itamaraty (1998).
En las Fuerzas Armadas, Gallardo, quien es oriundo del cantón Piñas (El Oro), es recordado, especialmente, por su trayectoria académica. Estudió de 1956 a 1960 en el colegio militar Eloy Alfaro, donde "fue el más distinguido estudiante" a decir del ex embajador Mauricio Gándara, quien fue su compañero de estudios por tres años. Además, ocupó, entre otros cargos, la titularidad en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre (1992), en la Inspectoría General y en la Dirección de Personal de la Fuerza Terrestre. En 1995, fue nombrado ministro de Defensa por el ex presidente Sixto Durán Ballén, mientras ocupaba el cargo de comandante general del Ejército.
Según Luis Hernández, también estratega del Cenepa, el ex secretario de Estado demostró su íntegridad y sus principios democráticos. "Como su secretario privado en el Ministerio de Defensa, tuve la oportunidad de evidenciar que es un ser humano probo. Recuerdo que procuraba no cobrar viáticos ni subsitencias cuando iba a un recinto militar", asegura.
Luego de retirarse de la vida castrense, en 1996, Gallardo fue candidato a la Presidencia de la República. En 1998 volvió a la política y fue elegido diputado por El Oro. A ese cargo renunció para responder al llamado del ex mandatario Jamil Mahuad, quien lo titularizó nuevamente en el Ministerio de Defensa.
A partir de ese año se acercó a los movimientos sociales. Sus últimas apariciones públicas se registraron entre diciembre del año pasado y enero último, cuando expresó su rechazo por los cambios en la Corte Suprema de Justicia y se solidarizó con el ex vicepresidente León Roldós por la agresión que sufriera en la Universidad Central.
Esas participaciones, a decir de sus amigos y familiares, sirvieron como justificativo para reactivar la orden judicial rechazada por el ex presidente de la Corte Suprema, Armando Bermeo, en el caso de la compra de armamento bélico a Argentina en 1995.
Marco Granja, jurista allegado a Gallardo, sostiene que, pese a esa retaliación política, el general de Ejército dará un ejemplo de honorabilidad y dignidad.
"Enfrentará el proceso legal sin acudir a la petición de arresto domiciliario o declararse en rebeldía", dijo. (PJC)

Recobra libertad

El vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, dispuso ayer la inmediata libertad del ex ministro de Defensa, José Gallardo, en base al art. 93 de la Constitución que le da esa potestad al alcalde cuando "el detenido no fuere presentado a la audiencia de Hábeas Corpus". A las 20:30, Gallardo abandonó el Batallón de Inteligencia Militar 29. Señaló que si el presidente de la Corte Suprema de justicia de facto, Guillermo Castro, vuelve a dictar una orden en su contra se volverá a declarar en rebeldía. (GC-MAR)




El proceso se inició por denuncia del PRE

La causa se ventila en la Corte Suprema de Justicia de facto

El 21 de noviembre de 2003 la ex fiscal Mariana Yépez dictó la instrucción fiscal en contra del ex ministro de Defensa José Gallardo, del ex jefe del Comando Conjunto, Víctor Bayas y otros, luego de la denuncia presentada por el PRE.
La investigación fue iniciada por el agente fiscal Carlos Morales, quien solicitó al juez competente que dictara la prisión preventiva en contra de Gallardo. Por el fuero de Corte, el proceso subió en consulta a la fiscal Mariana Yépez.
El subrogante Alfredo Alvear ratificó lo actuado por Morales y pidió la prisión del ex ministro, la misma que fue negada por el ex presidente de la Corte Armando Bermeo.
En el dictámen fiscal se acusó a Gallardo, Bayas y otros por el presunto delito de peculado en la compra de armas a la Argentina y por poner en riesgo a los uniformados en el conflicto del Cenepa.
Para León Roldós, abogado de Gallardo, la orden de prisión preventiva dictada el miércoles por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, Guillermo Castro, es parte de una retaliación en contra del ex ministro. Marco Granja, otro de los abogados de Gallardo, dijo que en el contrato se establecía la responsabilidad absoluta de Bayas en lo relacionado a la contratación de la provisión de armas. (MAR)


"La orden de prisión fue ilegal e ilegítima"

Aldhu y Roldós plantearon el pedido de hábeas corpus

El alcalde de Quito, Paco Moncayo, recibió ayer dos pedidos de hábeas corpus a favor del ex ministro de Defensa, José Gallardo.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) y el ex vicepresidente de la República, León Roldos, llegaron al Municipio acompañados por un grupo de ciudadanos que calificaron a la orden de detención como "una acción de persecución política, de acoso ilegítimo y de abuso de autoridad".
La defensa de Gallardo esbozó tres argumentos para viabilizar su pedido: la ilegitimidad de la actual Corte Suprema de Justicia, porque se tomó la decisión en base a una retaliación política y porque la orden de prisión se basa en el Código de Procedimiento Penal vigente, desde 2000, cuando la Constitución señala que nadie puede ser juzgado sino por ley prexistente.
"Eso demuestra lo burdo y lo político del acto", dijo León Roldós Aguilera, quien también pidió que la notificación de la libertad sea remitida al ministro de Defensa, debido a que José Gallardo fue trasladado a un recinto militar de Quito. Paco Moncayo convocó a la audiencia para las 17:00 de ayer, con el objeto de resolver el exhorto "en el menor tiempo posible". Luego se excusó y delegó a Andrés Vallejo para que resolviera. (GC)




FFAA garantizan integridad de Gallardo

Como gerente del BEDE, investigó a 14 militantes del PRE

El ministro de Defensa, Nelson Herrera, y el comandante general del Ejército, Luis Aguas, descartaron que existiera fraccionamiento o malestar al interior de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de la detención del general José Gallardo.
"La institución está absolutamente cohesionada", sostuvo Herrera. Añadió que se trata de un caso jurídico y que él solo está acatando las disposiciones legales de la República y los reglamentos militares. "Espero que a quienes les corresponda hacer justicia cumplan sin involucrar a las FFAA, porque esa no es nuestra misión", añadió.
En ese mismo sentido se pronuncio Aguas: "Al Ejército ecuatoriano le asiste el deber de entregar los derechos que le corresponden a un general de la República", dijo.
La defensa de Gallardo, por su parte, asegura que la detención dispuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, Guillermo Castro, en contra del ex ministro de Defensa José Gallardo, es una retaliación política del PRE por haber investigado los actos de corrupción del Gobierno bucaramista.
Gallardo, mientras fue gerente del Banco del Estado (BEDE) en 1997, investigó a unos 14 miembros roldosistas por presuntas irregularidades.
El cargo lo desempeñó durante el Gobierno del presidente interino Fabián Alarcón Rivera.
A inicios de los años 90, Gallardo fue ministro de Defensa por casi cuatro años y vivió de cerca el conflicto con el Perú.
Recibió 14 condecoraciones de países como Francia, Colombia y Bolivia. Participó como candidato a la Presidencia de la República en 1996 y no apoyó la candidatura del ex presidente Abdalá Bucaram, quien ganó la Presidencia precisamente ese año. (GC-MAR)

Iglesia respalda

La Iglesia Católica dio un respaldo moral a José Gallardo, detenido ayer por orden de la Corte de facto.
Vicente Cisneros, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dijo que "ha dolido muchísimo" ese apresamiento. Añadió que se espera que "en este caso prime la justicia". Enfatizó que Gallardo "es un cristiano íntegro, que goza de su reconocimiento por ser una persona correcta". Por ello, solicitó que "no se le quite la oportunidad de defenderse". (PJC)


Las armas llegaron en tres embarques

Ecuador compró 8 000 fusiles FAL y 75 toneladas de proyectiles

El General José Gallardo es acusado por la Corte de facto de participar en el contrato de compra de armamento a la Argentina, en el año de 1995, lo cual, supuestamente, irrogó perjuicios económicos al Estado ecuatoriano.
Sobre este tema, las autoridades militares prefirieron, desde un principio, realizar aclaraciones puntuales. La postura oficial es que el Ecuador no compró armas de Gobierno a Gobierno, sino a través de la firma Prodefensa, dirigida por el ecuatoriano Roberto Sassen, según lo publicó BLANCO y NEGRO en la edición del 26 de mayo de 1996.
El escándalo estalló el 6 de marzo de 1995, cuando, apenas silenciadas las armas en la cuenca alta del Cenepa, el Perú denunció que Argentina había vendido fusiles al Ecuador, en pleno conflicto.
Tres días después, el diario argentino El Clarín publicó una investigación donde revelaba que las armas habían salido con el visto bueno de las autoridades militares argentinas. Y que el cargamento, que aparentemente iba para Venezuela, terminó quedándose en Guayaquil.
Las armas, 8 000 fusiles FAL y 75 toneladas de proyectiles, se las compró a Prodefensa, en tres cargamentos. Un cuarto envío no pudo salir de la Argentina porque estalló el escándalo. Las FFAA admitieron que conocían todos los detalles de la operación.
El primer embarque se dio el 17 de febrero de 1995 en un avión de la empresa norteamericana Fine Air, que llegó a Guayaquil un día después de firmada el Acta de Paz de Itamaraty. El 18 de febrero de 1995 llegó el segundo envío.
Los fusiles no contaban con el juego de limpieza ni con las bayonetas. El tercer embarque llegó el 3 de noviembre del mismo año, pero fue rechazado "por extemporáneo". (MA)

El monto pagado

La cifra que pagó finalmente el Ecuador no se conoce. Pero el ministro de Defensa de la Argentina, Óscar Camilión, admitió ante el Senado de su país que la empresa estatal Fabricaciones Militares recibió $8,4 millones de pesos (el peso argentino estaba a la par del dólar norteamericano) por 8 000 FAL y ocho millones de proyectiles.
Al final, lo que se confirmó, es que el Ecuador recuperó $9 millones, es decir, alrededor de $660 mil más de lo que había pagado. (MA)


Moncayo: "Detención fue represalia de Bucaram"

Lucio Gutiérrez dijo que la situación del general Gallardo "debe ser investigada"

El alcalde de Quito, Paco Moncayo, rechazó la detención de José Gallardo.
Señaló que se trata de un acto cobarde y miserable. "Esa es la venganza que viene desde Panamá, en contra de quienes hemos sido motivo del odio del sátrapa", dijo, refiréndose al ex presidente Abdalá Bucaram.
El Gobierno, por su parte, mostró ayer su preocupación por la detención del ex ministro de Defensa, José Gallardo. El presidente se reunió por la mañana con el ministro de Gobierno, Xavier Ledesma y con el secretario de la Administración, Óscar Ayerve, para analizar el tema.
Enseguida, los dos funcionarios mantuvieron un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, Guillermo Castro.
El titular de la Corte ingresó a las 12:10 por la cochera norte de Carondelet. Según trascendió, hablaron de las implicaciones políticas generadas por las provindencias emitidas el miércoles en contra de los generales, en servicio pasivo, José Gallardo y Víctor Bayas.
Gutiérrez, durante la ceremonia de condecoración de la Cooperativa San Francisco de Asis, en un corto discurso, se refirió a la Función Judicial.
"Es necesario que el pueblo recupere la justicia que actualmente está en manos de la partidocracia política y de los grupos hegemónicos", precisó el mandatario. (GC)


Legisladores rechazan la medida por ser arbitraria

La oposición hace esfuerzos para cambiar a la Corte de facto lo más pronto posible

El apresamiento del ex ministro de Defensa, José Gallardo, fue calificado como una vendetta política.
Así lo indicó el legislador Ramiro Rivera (DP), criterio que fue compartido por los bloques de la oposición del Congreso Nacional.
El diputado Antonio Posso (PK) advirtió que este tipo de acciones pueden sentar precedente para que en un futuro el presidente Lucio Gutiérrez sea enjuiciado. Además, denunció que Gallardo "sufre injustamente una burda persecución política".
Por su parte, Mario Touma (PRE) afirmó que la detención de Gallardo es legal. Incluso la consideró tardía porque, sobre el mismo tema, el ex presidente de Argentia, Carlos Menem, ya fue juzgado en su país.
Para Alfredo Serrano (PSC) el general José Gallardo "es víctima de una agresión miserable" y, a nombre de su partido, se solidarizó con el ex ministro de Defensa.
Wilfrido Lucero (ID) también rechazó la detención del general José Gallardo por ilegal y arbitraria.
Entre tanto, el diputado Carlos Vallejo del Prian reprochó la acción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sostuvo: "Si la Corte que nosotros nombramos sirve para perseguir, entonces debería ser cambiada".
La oposición espera eso, que la Corte de facto sea sustituida de inmediato. (GFS)

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