Un día de marchas cuesta $1 millón y medio


Publicado el 19/Febrero/2005 | 00:00

La marcha de la Asamblea de Quito se financió con aportes de empresarios y con los fondos de las 60 organizaciones participantes. En total, se calcula que se gastó alrededor de $100 mil. La antimarcha, de Sociedad Patriótica
destinó unos $750 mil solo en movilización desde varias provincias. A todo eso hay que sumar los gastos de ambas en publicidad en televisión, radio y prensa escrita. El cálculo apromoximado total llegaría a $1 500 mil

El traslado sale caro para SP

El Director Nacional de Sociedad Patriótica asegura que los gastos de la movilización pro Gobierno corrieron solo de los aportes de los militantes del partido. Nadie se responsabiliza por los "bonos"

A la hora de medir el apoyo en favor del régimen en la marcha del 16 de febrero, los cálculos desbordan las expectativas de los organizadores, algo que contrasta, en cambio, con los datos que entregan a la hora del balance del costo de la movilización, en donde las cifras son minimizadas y la responsabilidad del acto se endosa a los dirigentes locales que ‘aportaron’ en números diferentes con sus partidarios.
Así, el director nacional de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, en la mañana del 16, habló de 150 mil personas que iban a llegar para respaldar al presidente. Su cuñado, el coronel Napoleón Villa, también lanzó similar estimación al ver unirse en la Plaza Grande (Venezuela y Chile) las nutridas marchas que llegaban desde la Básilica y El Tejar, a las 11:00. Menos moderado fue el cálculo del subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, quien dijo que fácilmente tendrían 250 mil personas; 50 mil más de la estimación de Sociedad Patriótica, hecha tras la marcha.
En todo caso, la concurrencia fue masiva, sobre todo de quienes llegaron de varios puntos del país, lo que abre algunas interrogantes sobre cuánto costó movilizarles, quién pagó la factura y quién estuvo al mando.
Si se toman como referencia las cifras dadas por Gilmar Gutiérrez, quien estuvo al frente de la organización, el costo de la movilización podría estimarse en $750 mil; eso considerando el costo promedio por persona de $5, que dijo el alcalde de Tena, Washington Varela, les había costado trasladar a 1 500 personas desde esa ciudad, en 20 buses, cuando solo la tarifa normal de transporte desde Tena a Quito o desde Quito a Tena vale $6.
El promedio está en ese rango. La delegación de Tena resulta un punto intermedio entre las delegaciones más grandes que llegaron desde Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, en donde el costo del transporte es mayor al de Tena (entre $7 y $9), y aquellas que vinieron desde Santo Domingo de los Colorados, Chimborazo o Tungurahua, que tienen costos de desplazamientos entre $2 y $3.
Según datos entregados el 6 de febrero por la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (Emsat), a las 11:00 de ese día se reportó el ingreso de 500 buses, entre fletados y de línea rutinaria.
A esa hora, los policías apostados en El Tejar habían contabilizado 300 buses llenos de marchistas pro Gobierno. De esos, 80 habrían salido desde Los Ríos, por propia versión de Gustavo Compi, dirigente de SP en esa provincia, quien señaló a la prensa que todo estuvo autofinanciado con aportes de los militantes.
Otros 32 buses llegaron de Manabí, con la oferta de recibir $15, según las versiones de las personas que se identificaban con esas delegaciones. Por otro lado, estaban 110 buses de Santo Domingo, reportados en origen por Orlando Benalcázar, quien dijo que se contrató la movilización por $5 000, bajo ofrecimiento de dar a los participantes una comida, sánduche y cola. De Ambato, se reportaron 32 buses y de Esmeraldas, otros 20. El resto correspondería a los de otros puntos del país. Eso no incluye los buses apostados en las inmediaciones del Parque El Arbolito.
¿De dónde salió el dinero? Gilmar Gutiérrez asegura que fueron de los aportes de los militantes. No fue un aporte especial, dice, pese a que esa versión surgió entre quienes dijeron ser empleados gubernamentales.
Aunque el pago de un ‘bono’ por participar en la marcha fue negado por todos los organizadores, en la movilización fue notoria la repartición de dinero en efectivo. Hubo, por ejemplo, gente con distintivos de la Pisullí que reclamaban entre $5 y $10.
En unos casos, como lo reseñaron las crónicas de televisión, varias delegaciones, en particular de las comunidades indígenas de Cotopaxi y Tungurahua, llegaron por su cuenta, bajo el compromiso del Gobierno de apoyar con obras y un refrigerio.
Otro gasto que resultó un misterio fue el show artístico que duró siete horas, al pie de Carondelet, el día de la marcha. El secretario de comunicación, Iván Oña, dijo que ese gasto corrió por cuenta de SP, que también distribuyó entre sus militantes 100 mil banderas plásticas con la imagen del presidente y la tricolor nacional. Una fuente de SP aseguró que toda eso no costó más de $20 mil.
Según el subsecretario González, la logística para atender a las personas que le confirmaron a él su presencia (unas 80 mil personas) le costó $8 000, que incluye 100 mil panes, agua y café, la merienda y el hospedaje de un grupo menor de 500 personas que llegó la víspera de la marcha. (LB)

Las cuentas de la oposición

Para la Gerencia operativa, el rubro más fuerte fue contratar 150 buses para traer simpatizantes desde los cantones y poblados aledaños de Quito. El otro fue la compra de 7 500 metros de tela tricolor.

El viernes 4 de febrero, Gustavo Darquea fue "contratado" como gerente operativo de la Asamblea de Quito para organizar la marcha del pasado 16 de febrero.
Con la experiencia en 14 campañas electorales (10 en el Ecuador y 4 en el exterior), Darquea fue muy pragmático: "Calculé que no sobrepasaría de los 80 mil manifestantes y me equivoqué". Para ello, coordinó con su equipo operativo de 20 personas (con los cuales trabajó en la última campaña electoral de Paco Moncayo), a las que se sumaron 40 de las 60 organizaciones que conforman la Asamblea de Quito.
Darquea, como otros representantes de esas organizaciones, reconoce que muchos pusieron de su bolsillo los aportes. El concejal Antonio Ricaurte, por ejemplo, cuenta que aportó con $600 para comprar banderas, unas chompas y algunas telas. El "Seco", un animador de conciertos y actos políticos, no cobró por el levantamiento de la tarima. Solo la noche anterior, Darquea sacó $20 de su bolsillo para comprar tarrinas de arroz con pollo y café.
Una fuente del Municipio comentó que, en los días previos a la marcha, los fondos no salían y se discutió la posibilidad de obtenerlos del Cabildo, pero un concejal se opuso y comenzó la "pasada del sombrero" y empezaron a resolverse algunas dificultades operativas.
Los miembros de Participación Ciudadana sacaron de su caja chica para la elaboración de carteles y en todo gastaron alrededor de $2 500 y los de Ruptura 25, $140. Todo ello sin tomar en cuenta el costo de un día laborable "perdido". La Empresa Eléctrica de Quito colaboró gratuitamente en la colocación de las banderas, pendones y pancartas a lo largo de la calle Guayaquil y en la Plaza de San Francisco.
Al igual que otras organizaciones, como algunas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito, dieron un día libre a sus empleados; Darquea hizo lo mismo con los suyos y no cobró por la organización y ejecución de la marcha. Por ello, explica, no se puede calcular el costo real. De hecho, aclara: "A mí no me dieron dinero, todo se fue cancelando conforme la gente demandaba algo y se encargaba a alguien para buscar el financista o aportante concreto".
Al hacer un cálculo, en su equipo operativo no se gastó más de $20 mil: "Pero todavía no tenemos un cálculo definitivo". El rubro más fuerte fue movilizar a personas de los poblados y cantones aledaños a la ciudad: en 150 buses llegaron alrededor de 10 mil.
El costo, "sin entregar refrigerio ni pagar por la participación", si en promedio cada bus cobró $150, la Asamblea de Quito desembolsó $22 500.
El otro rubro fuerte fue el de las banderas gigantes. Se utilizaron 7 500 metros, a $1,50 el metro, el costo final fue de $11 250, sin contar el pago de la costura, que estuvo a cargo de Bordinsa y no cobró por ello.
Por otro lado, cada organización barrial, simpatizante de Paco Moncayo y que participó activamente en la campaña electoral de la Izquierda Democrática, aportó con sus propios recursos, como lo hicieron los del barrio Conocoto. Ellos contrataron a la banda de pueblo La Campiña y le pagaron $160 por cinco horas. A la Gran Banda, traída por el Gobierno, desde Pelileo, le pagaron $350, sin transporte ni refrigerio.
Un cálculo aproximado, tras varias consultas, hablaría de que en la marcha de la Asamblea de Quito, se destinaron unos $100 mil sin contar la publicidad en los medios. (OP)

LAS SECUELAS

Tres actos fallaron

De lo previsto inicialmente, la marcha de la Asamblea de Quito no pudo concretar la participación de las bandas de guerra de los colegios: el Mejía se negó rotundamente, la del Juan Montalvo no devolvió la llamada y la del colegio Cayambe no pudo llegar porque ya no ingresó a Quito.
El grupo Biciacción, que había sido propuesto para abrir la marcha con decenas de bicicletas, también negó su presencia y participación.
A eso se añade la "jalada" de no haber puesto la pantalla gigante en la Plaza de Santo Domingo para los participantes que ya no cupieron en la de San Francisco. (OP)

La disputa política tuvo alto costo en los medios

La línea principal del régimen fue deslegitimar a la oposición con ataques a sus principales figuras. Desde el otro lado, también se utilizó la imagen de Gutiérrez

Los gastos de publicidad del Gobierno aumentaron entre 10% y 15% durante los días previos y el de las marchas del 16 de febrero. Es decir, un incremento de dos y tres cuñas en los spots publicitarios en radio y televisión, dijo ayer Iván Oña, secretario de Comunicación.
Según el funcionario, la promoción del régimen en los medios de comunicación corresponde a los paquetes permenentes que mantiene el Gobierno en medios audivisuales, cuyos costos oscilan entre los $80 mil y $100 mil al mes.
Según un reporte de la empresa Infomedio, difundida ayer en El Universo, el Gobierno elevó su publicidad en casi un 900% el pasado mes.
El reporte señala que, en diciembre, el régimen gastó $104 727 en 2 449 avisos en diversos medios, mientras que, en enero, destinó $905 146 en 11 679 anuncios.
El principal medio fue la radio, que, en el mes anterior, sirvió para contrarrestar la convocatoria a la "Marcha Blanca", en Guayaquil.
En los días de las marchas, la publicidad del Gobierno ha ido acompañada de una estrategia para deslegitimar, desde sus diversos voceros, las protestas de la oposición. La cabeza de esa táctica ha sido Gilmar Gutiérrez, con su triple función: director supremo de SP, jefe de bloque del partido de Gobierno y hermano del presidente.
A su cargo estuvieron los anuncios de realizar la contramarcha y la de cambiar la fecha cuando la oposición así lo decidió. Todo eso con una línea dura y confrontacional.
En cambio, de parte de la Asamblea de Quito, se contrató publicidad en la televisión, cuyos costos, desde los canales, no se dieron a conocer. Sin embargo, extraoficialmente, se conoció que alrededor de $100 mil se gastaron en cuñas de radio, televisión y en la publicación de comunicados en los principales periódicos. Una parte de esos gastos se costeó con aportes de la Cámara de Comercio de Quito y de personas que mantuvieron la reserva y también con espacios concedidos por algunos medios. (OP/LB)

PUNTO DE VISTA

El precio de la política es muy alto

Para los vendedores ambulantes es una buena oportunidad económica la lucha política y la confrontación en las calles. Lo mismo se podría decir para algunas empresas y entidades que ingresan a "aportar" con sus ofertas para vender banderas, hojas volantes, pancartas, servicios de audio, movilización y comida, entre otros rubros.
Pero los verdaderos gastos, costos y perjuicios son el traslado de decenas de miles de personas, a las que ya no se las reconoce como ciudadanos activos y como sujetos de pensamiento sino como clientes oportunos para cada necesidad y coyuntura política.
De acuerdo con los detalles de este informe, alrededor de medio millón de personas se involucró en las marchas del miércoles pasado. Muchas de ellas dejaron de trabajar, otros aprovecharon la ocasión para hacer su agosto y algunos más todavía tienen cuentas por cobrar. Se interumpió la producción y una buena parte del comercio. Todo ello sin descontar que los estudiantes perdieron dos días de clase y con ello muchos días de su futuro.
Entonces, surgen varias dudas. ¿Es válido y justificado socialmente todo el espectáculo que genera la disputa política? ¿El gasto que genera se retribuye en el bienestar de la mayoría de ciudadanos? ¿Es posible producir hechos políticos productivos, con todo ese gasto, sin afectar a la estabilidad social, a la producción y al bienestar general?
Visto así, el negocio fue pésimo para el país y muy redituable para unos pocos. (OP) (Blanco y Negro)

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