Quito (Ecuador). 05 nov 95. Las autoridades dejaron sin
esclarecer numerosos casos de violación de los derechos
humanos documentados en años anteriores, señala el "Informe
95" de Aministía Internacional en relación a lo sucedido en el
Ecuador durante 1994.
El Informe también resalta que "siguieron recibiéndose
informes de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas
de seguridad." En especial se menciona el caso de 30 personas
-29 de ellas de origen colombiano- que fueron torturadas y
amenazadas de muerte tras ser detenidas por el Ejército en
diciembre de 1993 como consecuencia de una emboscada que días
antes habían tendido guerrilleros colombianos a una patrulla
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
También se señala diversos casos de violencia contra los
indígenas luego de que el Gobierno promulgara la Ley Agraria
y se desataran actos de protesta contra ella.
El informe hace énfasis en la impunidad en la que están
quedando numerosos casos de violaciones a los derechos humanos
como el de la muerte, luego de ser golpeado por la policía, de
Oscar Aguilera López (ocurrida en 1993) o el de la muerte en
1993 de siete personas a manos de fuerzas de seguridad.
El informe también menciona la lentitud judicial en el
juzgamiento de la tortura y muerte de la profesora Consuelo
Benavides a manos de varios miembros del ejército, la marina y
la policía.
A continuación, el texto completo del Informe 95 de AI.
"Según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad
torturaron y maltrataron a muchos detenidos. El proceso
judicial en un caso de "desaparición" terminó con la condena
de siete agentes de policía. Siguieron sin resolverse
numerosos casos sobre violaciones de derechos humanos
documentados en años anteriores."
En marzo, las autoridades anunciaron que la Policía Judicial,
de reciente creación, había iniciado su actividad en la
capital, Quito, y en la ciudad de Guayaquil, y que
gradualmente se implantaría en el resto del país (véanse
Informes de Amnistía Internacional de 1992 a 1994).
Sin embargo, según los informes recibidos, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia declaró en julio que la Policía
Judicial todavía no había empezado a funcionar y que su
existencia sólo se encontraba recogida en el Código de
Procedimiento Penal. A fines de año estaba documentado el
comienzo de la actividad de la Policía Judicial en Quito.
En junio, el presidente Sixto Durán Ballén promulgó una ley
agraria que, al parecer, afectaba de forma negativa a los
derechos sociales de la tierra de que disfrutaban los
indígenas. La ley provocó numerosas protestas de estos,
incluidas la ocupación de instalaciones públicas y la
interrupción del tráfico en la carretera Panamericana.
Según informes, durante los primeros días de las protestas,
varias personas murieron en enfrentamientos entre los
indígenas y los comerciantes o los grupos paramilitares
organizados por los terratenientes. Posteriormente, el
presidente declaró el estado de excepción y movilizó al
ejército para acallar las protestas.
En septiembre, el presidente Durán Ballén promulgó un decreto
por el que se encargaba el ejército de la planificación y la
realización de las operaciones contra la delincuencia junto a
la Policía Nacional.
Siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos por
parte de las fuerzas de seguridad. Según estos informes, 30
personas -todas menos una, ciudadanos colombianos- fueron
torturadas y amenazadas de muerte tras ser detenidas por el
ejército a finales de diciembre de 1993. Las detenciones se
produjeron en relación con una emboscada tendida por la
guerrilla colombiana a una patrulla fronteriza ecuatoriana en
el río Putumayo, en la que murieron 11 personas entre policías
y soldados. Diecinueve detenidos habían quedado en libertad
al cabo de 48 horas y el ejército mantuvo recluidos a 11 en
régimen de incomunicación entre seis y 10 días.
A estos 11 detenidos los vendaron los ojos, les propinaron
patadas, los colgaron, los rociaron con gases, los bañaron con
creolina, les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron
a simulacros de ejecución. Carmen Bolaños Mora, la única
mujer detenida, fue violada hasta que perdió el conocimiento.
Los 11 detenidos, antes de pasar a custodia policial,
admitieron bajo tortura haber participado en la emboscada. A
finales de agosto cuatro de los 11 detenidos fueron liberados
por un juez, que resolvió que no había fundamentos para
procesarlos. Los abogados expertos en casos de derechos
humanos que representaban a los siete detenidos restantes
defendieron su inocencia.
El 12 de abril, Oscar Soto y el refugiado colombiano John
Kennedy García Petevi fueron detenidos en Quito por la policía
y acusados de haber cometido delitos. Según informes,
golpearon a Oscar Soto con dureza mientras le interrogaban.
Los defensores de los derechos humanos que le visitaron el 24
de abril en el Centro de Detención Provisional, al que fue
trasladado, informaron de que su torso mostraba extensas
contusiones. Una radiografía practicada a mediados de mayo
mostraba que tenía una costilla fracturada.
Según informes, John Kennedy García fue obligado a firmar una
declaración autoincriminatoria y a acusar a un defensor de los
derechos humanos independiente, así como a un representante
del alto comisionado de la Naciones Unidas por los Refugiados
en Ecuador, de ayudar e incitar a los refugiados colombianos a
cometer delitos.
Según informes, el 22 de junio, durante unas operaciones
militares destinadas a acallar las protestas contra la nueva
ley agraria, numerosos indígenas fueron golpeados por
efectivos del ejército después de refugiarse en un convento de
Guamote, en la provincia de Chimborazo. Según estos informes,
les obligaron a concentrarse en el patio del convento, donde
les golpearon y, posteriormente, les colocaron al borde de una
quebrada. Algunos sufrieron lesiones graves cuando, en
circunstancias no aclaradas, se despeñaron por la quebrada.
Una investigación policial sobre el caso de Luis Olmedo
Aguilera López -que murió en 1993, según informes, unos días
después de ser golpeado por la policía (véase Informe 1994 de
Amnistía Internacional)-, concluyó que su muerte s había
debido a causas naturales. Sin embargo según parece, no se
abrió ninguna investigación independiente de los hechos.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete
oficiales de la Policía Nacional, incluidos dos generales y un
director en retiro, a penas de prisión que variaban entre 2 y
16 años por el secuestro, tortura y asesinato de los hermanos
Restrepo, que "desaparecieron" en 1988 (véase los Informes de
Amnistía Internacional de 1992 a 1994). Los abogados que
representaban a los siete condenados anunciaron que
recurrirían contra las sentencias. La Corte Suprema de
Justicia ordenó el enjuiciamiento de otros tres oficiales por
haber obstaculizado las investigaciones del caso.
Las autoridades dejaron sin esclarecer numerosos casos de
violación de los derechos humanos documentados en años
anteriores. En febrero, el fiscal general responsabilizó a
varios miembros del ejército, la armada y la policía de la
detención arbitraria y la tortura de Serapio Ordóñez y
Consuelo Benavides, y el homicidio de esta última, en 1985.
Dos ministros de Defensa del gobierno del ex presidente León
Febres Cordero fueron acusados de estar implicados en el
encubrimiento del caso. La instrucción del sumario no había
concluido al finalizar el año (véanse Informes anteriores de
Amnistía Internacional).
Al parecer no se avanzó en las investigaciones sobre la
muerte, ocurrida en 1993, de siete personas a manos de las
fuerzas de seguridad (véase Informe de 1994).
Amnistía Internacional instó al gobierno a emprender una
investigación judicial imparcial y exhaustiva sobre la
presunta tortura de 30 personas detenidas en el río Putumayo,
y de Oscar Soto y John Kennedy García Petevi. Las autoridades
respondieron únicamente al primer caso, afirmando que sólo se
había detenido a 12 "subversivos" y que "en ningún momento se
los había presionado, torturado ni violado sus derechos
humanos". En junio, la organización hizo un llamamiento a las
autoridades para que garantizasen que las fuerzas de seguridad
respetarían escrupulosamente las normas internacionales sobre
derechos humanos cuando tuvieran que reprimir las protestas de
los indígenas contra la ley agraria; también instó a que se
investigasen de inmediato las denuncias de violaciones de
derechos humanos. Las autoridades informaron a Amnistía
Internacional de que las conversaciones con los indígenas y
otras organizaciones habían supuesto al fin pacífico de las
protestas, pero no hicieron referencia a las denuncias de que
numerosos indígenas que participaban en las protestas de
Guamote habían sido golpeados."
Qué es Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial de
voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores
violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.
El trabajo de AI, en especial, se dirige hacia la obtención de
la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se
juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos,
conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación
de la tortura y otros tratos crueles a los presos; y, poner
fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones.
AI también denuncia y se opone a los abusos y actos de
violencia de los grupos de oposición. La organización se
declara imparcial e independiente de todo gobierno, ideología
política y credo religioso.
Para mantener su independencia, se financia con las donaciones
y suscripciones de sus miembros en todo el mundo, sin aceptar
donaciones de ningún gobierno.
AI cuenta con más de 1 millón 100 mil miembros, suscriptores y
simpatizantes repartidos en más de 170 países y territorios.
Para ser miembro de Amnistía Internacional, usted se puede
contactar con la sección ecuatoriana ubicada en la 10 de
agosto #645 Of. 806, casilla 17-15-240-C, Quito. (Social)
(Diario HOY) (9A)
esclarecer numerosos casos de violación de los derechos
humanos documentados en años anteriores, señala el "Informe
95" de Aministía Internacional en relación a lo sucedido en el
Ecuador durante 1994.
El Informe también resalta que "siguieron recibiéndose
informes de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas
de seguridad." En especial se menciona el caso de 30 personas
-29 de ellas de origen colombiano- que fueron torturadas y
amenazadas de muerte tras ser detenidas por el Ejército en
diciembre de 1993 como consecuencia de una emboscada que días
antes habían tendido guerrilleros colombianos a una patrulla
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
También se señala diversos casos de violencia contra los
indígenas luego de que el Gobierno promulgara la Ley Agraria
y se desataran actos de protesta contra ella.
El informe hace énfasis en la impunidad en la que están
quedando numerosos casos de violaciones a los derechos humanos
como el de la muerte, luego de ser golpeado por la policía, de
Oscar Aguilera López (ocurrida en 1993) o el de la muerte en
1993 de siete personas a manos de fuerzas de seguridad.
El informe también menciona la lentitud judicial en el
juzgamiento de la tortura y muerte de la profesora Consuelo
Benavides a manos de varios miembros del ejército, la marina y
la policía.
A continuación, el texto completo del Informe 95 de AI.
"Según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad
torturaron y maltrataron a muchos detenidos. El proceso
judicial en un caso de "desaparición" terminó con la condena
de siete agentes de policía. Siguieron sin resolverse
numerosos casos sobre violaciones de derechos humanos
documentados en años anteriores."
En marzo, las autoridades anunciaron que la Policía Judicial,
de reciente creación, había iniciado su actividad en la
capital, Quito, y en la ciudad de Guayaquil, y que
gradualmente se implantaría en el resto del país (véanse
Informes de Amnistía Internacional de 1992 a 1994).
Sin embargo, según los informes recibidos, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia declaró en julio que la Policía
Judicial todavía no había empezado a funcionar y que su
existencia sólo se encontraba recogida en el Código de
Procedimiento Penal. A fines de año estaba documentado el
comienzo de la actividad de la Policía Judicial en Quito.
En junio, el presidente Sixto Durán Ballén promulgó una ley
agraria que, al parecer, afectaba de forma negativa a los
derechos sociales de la tierra de que disfrutaban los
indígenas. La ley provocó numerosas protestas de estos,
incluidas la ocupación de instalaciones públicas y la
interrupción del tráfico en la carretera Panamericana.
Según informes, durante los primeros días de las protestas,
varias personas murieron en enfrentamientos entre los
indígenas y los comerciantes o los grupos paramilitares
organizados por los terratenientes. Posteriormente, el
presidente declaró el estado de excepción y movilizó al
ejército para acallar las protestas.
En septiembre, el presidente Durán Ballén promulgó un decreto
por el que se encargaba el ejército de la planificación y la
realización de las operaciones contra la delincuencia junto a
la Policía Nacional.
Siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos por
parte de las fuerzas de seguridad. Según estos informes, 30
personas -todas menos una, ciudadanos colombianos- fueron
torturadas y amenazadas de muerte tras ser detenidas por el
ejército a finales de diciembre de 1993. Las detenciones se
produjeron en relación con una emboscada tendida por la
guerrilla colombiana a una patrulla fronteriza ecuatoriana en
el río Putumayo, en la que murieron 11 personas entre policías
y soldados. Diecinueve detenidos habían quedado en libertad
al cabo de 48 horas y el ejército mantuvo recluidos a 11 en
régimen de incomunicación entre seis y 10 días.
A estos 11 detenidos los vendaron los ojos, les propinaron
patadas, los colgaron, los rociaron con gases, los bañaron con
creolina, les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron
a simulacros de ejecución. Carmen Bolaños Mora, la única
mujer detenida, fue violada hasta que perdió el conocimiento.
Los 11 detenidos, antes de pasar a custodia policial,
admitieron bajo tortura haber participado en la emboscada. A
finales de agosto cuatro de los 11 detenidos fueron liberados
por un juez, que resolvió que no había fundamentos para
procesarlos. Los abogados expertos en casos de derechos
humanos que representaban a los siete detenidos restantes
defendieron su inocencia.
El 12 de abril, Oscar Soto y el refugiado colombiano John
Kennedy García Petevi fueron detenidos en Quito por la policía
y acusados de haber cometido delitos. Según informes,
golpearon a Oscar Soto con dureza mientras le interrogaban.
Los defensores de los derechos humanos que le visitaron el 24
de abril en el Centro de Detención Provisional, al que fue
trasladado, informaron de que su torso mostraba extensas
contusiones. Una radiografía practicada a mediados de mayo
mostraba que tenía una costilla fracturada.
Según informes, John Kennedy García fue obligado a firmar una
declaración autoincriminatoria y a acusar a un defensor de los
derechos humanos independiente, así como a un representante
del alto comisionado de la Naciones Unidas por los Refugiados
en Ecuador, de ayudar e incitar a los refugiados colombianos a
cometer delitos.
Según informes, el 22 de junio, durante unas operaciones
militares destinadas a acallar las protestas contra la nueva
ley agraria, numerosos indígenas fueron golpeados por
efectivos del ejército después de refugiarse en un convento de
Guamote, en la provincia de Chimborazo. Según estos informes,
les obligaron a concentrarse en el patio del convento, donde
les golpearon y, posteriormente, les colocaron al borde de una
quebrada. Algunos sufrieron lesiones graves cuando, en
circunstancias no aclaradas, se despeñaron por la quebrada.
Una investigación policial sobre el caso de Luis Olmedo
Aguilera López -que murió en 1993, según informes, unos días
después de ser golpeado por la policía (véase Informe 1994 de
Amnistía Internacional)-, concluyó que su muerte s había
debido a causas naturales. Sin embargo según parece, no se
abrió ninguna investigación independiente de los hechos.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete
oficiales de la Policía Nacional, incluidos dos generales y un
director en retiro, a penas de prisión que variaban entre 2 y
16 años por el secuestro, tortura y asesinato de los hermanos
Restrepo, que "desaparecieron" en 1988 (véase los Informes de
Amnistía Internacional de 1992 a 1994). Los abogados que
representaban a los siete condenados anunciaron que
recurrirían contra las sentencias. La Corte Suprema de
Justicia ordenó el enjuiciamiento de otros tres oficiales por
haber obstaculizado las investigaciones del caso.
Las autoridades dejaron sin esclarecer numerosos casos de
violación de los derechos humanos documentados en años
anteriores. En febrero, el fiscal general responsabilizó a
varios miembros del ejército, la armada y la policía de la
detención arbitraria y la tortura de Serapio Ordóñez y
Consuelo Benavides, y el homicidio de esta última, en 1985.
Dos ministros de Defensa del gobierno del ex presidente León
Febres Cordero fueron acusados de estar implicados en el
encubrimiento del caso. La instrucción del sumario no había
concluido al finalizar el año (véanse Informes anteriores de
Amnistía Internacional).
Al parecer no se avanzó en las investigaciones sobre la
muerte, ocurrida en 1993, de siete personas a manos de las
fuerzas de seguridad (véase Informe de 1994).
Amnistía Internacional instó al gobierno a emprender una
investigación judicial imparcial y exhaustiva sobre la
presunta tortura de 30 personas detenidas en el río Putumayo,
y de Oscar Soto y John Kennedy García Petevi. Las autoridades
respondieron únicamente al primer caso, afirmando que sólo se
había detenido a 12 "subversivos" y que "en ningún momento se
los había presionado, torturado ni violado sus derechos
humanos". En junio, la organización hizo un llamamiento a las
autoridades para que garantizasen que las fuerzas de seguridad
respetarían escrupulosamente las normas internacionales sobre
derechos humanos cuando tuvieran que reprimir las protestas de
los indígenas contra la ley agraria; también instó a que se
investigasen de inmediato las denuncias de violaciones de
derechos humanos. Las autoridades informaron a Amnistía
Internacional de que las conversaciones con los indígenas y
otras organizaciones habían supuesto al fin pacífico de las
protestas, pero no hicieron referencia a las denuncias de que
numerosos indígenas que participaban en las protestas de
Guamote habían sido golpeados."
Qué es Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial de
voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores
violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.
El trabajo de AI, en especial, se dirige hacia la obtención de
la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se
juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos,
conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación
de la tortura y otros tratos crueles a los presos; y, poner
fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones.
AI también denuncia y se opone a los abusos y actos de
violencia de los grupos de oposición. La organización se
declara imparcial e independiente de todo gobierno, ideología
política y credo religioso.
Para mantener su independencia, se financia con las donaciones
y suscripciones de sus miembros en todo el mundo, sin aceptar
donaciones de ningún gobierno.
AI cuenta con más de 1 millón 100 mil miembros, suscriptores y
simpatizantes repartidos en más de 170 países y territorios.
Para ser miembro de Amnistía Internacional, usted se puede
contactar con la sección ecuatoriana ubicada en la 10 de
agosto #645 Of. 806, casilla 17-15-240-C, Quito. (Social)
(Diario HOY) (9A)
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