La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año realizada en Panamá del 11 al 14 de marzo, analizó la situación de la libertad de prensa en el Ecuador y emitió un informe en el que se deja constancia de que los ataques del Gobierno hacia la prensa fueron cada vez más duros y frecuentes durante este período. Los medios han sido acusados de ser los orquestadores y conductores de la oposición al régimen.
En el informe se observa que el Reglamento que expidió la Presidencia para la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que había sido considerado un logro importante, es cuestionado porque se lo considera atentatorio contra la libertad de información y contra la Constitución. Según analistas, tiene defectos de fondo y de forma que hacen que la aplicación de la ley se vuelva imposible.
El 12 de enero, el presidente Lucio Gutiérrez expidió el reglamento de la Ley en vigencia desde el 18 de mayo de 2004.
La mayor crítica es que el reglamento puede convertirse en el principal obstáculo en el momento de buscar información pública, ya que incorpora de forma inconstitucional excepciones al acceso a la información que no están contempladas en la ley ni en la Constitución. Según el documento, las excepciones deben ser calificadas como tales por los funcionarios públicos en función al potencial daño que, a su juicio, su difusión pueda causar al Estado.
Según la Constitución, un reglamento no puede oponerse al contenido de una ley. Los dos posibles caminos para modificarlo son: 1) que el presidente de la República lo cambie; y 2) que el Tribunal Constitucional, en manos del Gobierno, lo declare inconstitucional.
El informe también deja constancia, de que en los últimos meses ha subido el tono de la violencia verbal del Gobierno contra la prensa y que el país está viviendo una ola de violencia y amedrentamiento, con el recuento de varios casos:
-En diciembre, Gutiérrez calificó como "exagerada" la libertad de prensa que hay en el Ecuador y negó que hubiera persecusión a periodistas.
-El 30 de enero, el presidente acusó a varios periodistas de "miserables, testaferros, podridos, sinvergüenzas, aniñados". A más de las actuaciones del presidente, los funcionarios Carlos Arboleda y Bolívar González son los portadores visibles de la violencia verbal contra la prensa.
-En febrero, el Gobierno inició una especie de campaña pública de cobranza de deudas. En dicha campaña se acusó a periodistas que, supuestamente, las tienen con la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Carlos Arboleda, gerente de la AGD, acusó al director de Diario Hoy, de Quito, Jaime Mantilla, por una garantía otorgada a un tercero; y al periodista de Ecuavisa, Carlos Vera, por el contrato de arrendamiento de la casa en donde vive, firmado con un tercero. Pese a estas acusaciones la AGD no ha realizado ninguna gestión de cobro de estas supuestas obligaciones.
Más tarde, Arboleda ofició a la Superintendencia de Compañías solicitando que se investigara a todas las empresas en las que Mantilla constara como accionista, funcionario, directivo o empleado. Añadía, en su escrito, la solicitud para que esas empresas fueran intervenidas en sus libros sociales.
Mantilla envió una carta a Gutiérrez en donde denunciaba, con documentos anexos, que era objeto de persecución. El presidente se comprometió a investigar y contestar la carta por escrito, lo que aún no ha sucedido.
-El 16 de enero, el director de radio Atalaya, de Guayaquil, Andrés Mendoza Paladines, denunció que la Oficina de Seguridad Pública intentó ejercer un "acto de censura". Un agente comenzó a preguntar a los empleados si la radio era de los partidos Roldosista Ecuatoriano o Social Cristiano.
-El periodista de Hoy Orlando Perez fue atacado por encapuchados, quienes, encañonándolo le advirtieron que, si continuaba escribiendo en contra de entidades de Gobierno, lo matarían.
-El diario La Hora Manabita, de Portoviejo, denunció que el 22 de diciembre el periodista Geovanny Benavides fue agredido por el guardaespaldas del director ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM).
-El 26 de enero y el 16 de febrero, el ministro de Gobierno prohibió que helicópteros contratados por los medios sobrevolaran Guayaquil y Quito, respectivamente para cubrir las marchas que la oposición y la sociedad hacían contra el régimen. Esta prohibición no tiene precedentes. Según las autoridades aeronáuticas, la prohibición era técnica, ya que el espacio aéreo estaría siendo utilizado por otras naves de seguridad pública. En una campaña publicitaria, el Gobierno sí mostró sus tomas aéreas, aparentemente realizadas desde aviones de seguridad.
-El periodista Carlos Vera denunció el 3 de febrero la existencia de una orden de prisión en su contra emitida por las Fuerzas Armadas por supuestas violaciones a las normas del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), situación no contemplada en la legislación.
-El 4 de febrero, un explosivo fue activado en la puerta de radio Canela, de Macas, Morona Santiago. Wilson Cabrera, director de la emisora, acusó al Gobierno del atentado.
-El 12 de febrero, Gutiérrez se autocalificó como "dictócrata", que, según define, es aquél que es un dictador para las oligarquías y un demócrata para el pueblo.
En la práctica, el presidente concentra en su Gobierno el control de los tres poderes del Estado, ya que a más de tener mayoría en el Congreso Nacional, sobre la base de la coalición de tres partidos políticos, a través de este lideró un cambio total de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Casi todos los medios han sostenido que Ecuador se mantiene fuera del orden de la Constitución.
En este período, varios políticos han acusado al Gobierno de haber ordenado ataques físicos contra ellos o sus familiares como una forma de reprimir su libertad de expresión. Entre estos pueden citarse los siguientes casos:
-El 15 de diciembre, el local de la empresa del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Blasco Peñaherrera, crítico del Gobierno, fue tiroteada.
-El 12 de enero, la residencia del diputado Alfonso Harb, de la oposición, fue tiroteada.
-El 26 de enero, el ex vicepresidente de la República León Roldós Aguilera fue golpeado en la Universidad Central del Ecuador, en Quito luego de una charla en donde criticó fuertemente al Gobierno.
-El 2 de febrero, la casa de la madre del concejal de Quito, Antonio Ricaurte, opositor al Gobierno, fue tiroteada.
-En febrero, el coronel Patricio Acosta, ex ministro del régimen, denunció persecución política, acusando al presidente de haber ordenado que se lo mantuviera en vigilancia.
-El 5 de marzo el diputado Enrique Ayala, columnista de El Comercio, de Quito, salió ileso de un ataque desde dos vehículos que lo interceptaron y dispararon.
-El 7 de marzo, el frente "Cero Corrupción", ligado al Gobierno, asaltó las oficinas de Participación Ciudadana, organismo civil de defensa de la Constitución. Pintaron leyendas en contra de su director, César Montúfar, que también es columnista de El Comercio.
-En materia judicial, en agosto de 2004, Diego Orellana, coeditor de la revista El observador, de Cuenca, fue condenado por la justicia a pagar $20 mil tras el juicio que le ganó el alcalde de esa ciudad, Fernando Cordero Cueva, acusándolo por difamación.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha preparado el anteproyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que aún no ha entrado al Congreso, pero que ya ha sido parcialmente rechazado. Ante las muchas críticas sus autores han manifestado estar dispuestos a discutirlo, aclarando que es un simple borrador. El proyecto dispone que, en casos de emergencia nacional, las FFAA deben asumir el control de los medios electrónicos y los servicios de telecomunicaciones.
Entre otros puntos, prohíbe el uso de la radio y la televisión contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Además, crea el Comité de Contenidos, que se encargará de revisar lo que difundan o publiquen los medios de comunicación.
Resoluciones y reacciones a las observaciones de la Sociedad Interamericana de prensa
Resoluciones de la SIP sobre Ecuador enviadas a Gutiérrez
La Sociedad Interamericana de Prensa, considerando:
- Que en los últimos meses se ha registrado una considerable cantidad de hechos que amenazan directamente la libertad de expresión y de prensa.
-Que varios medios de comunicación y periodistas han recibido presiones por haber emitido informaciones y opiniones sobre temas públicos.
-Que varios instrumentos internacionales y la Constitución Política del Estado prevén el derecho a la información y la libertad de expresión.
-Que el actual presidente de la República, Lucio Gutiérrez, suscribió la Declaración de Chapultepec en 2003.
-Que el principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
La reunión de medio año del organismo resuelve:
-Exhortar al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y demás autoridades a observar los preceptos constitucionales y los compromisos asumidos con la prensa libre.
-Solicitar al presidente de la SIP, Alejandro Miró, que conforme una misión de observación para que viaje al Ecuador a investigar el estado en el que se encuentra la libertad de expresión y de prensa.
-Solicitar al presidente de la República que suspenda los ataques y presiones contra periodistas y medios de información independientes.
Reglamento de la Ley de Acceso
En las resoluciones sobre transparencia de la información, el organismo resolvió solicitar al Presidente de la República que reforme el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recientemente emitido, pues su contenido anula el propósito y razón de la ley al crear excepciones discrecionales no contempladas en la misma.
Gobierno niega hechos descritos en el informe
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Iván Oña envió una carta a la SIP en la que asegura que las resoluciones "han sido adoptadas con base a una profunda desinformación o a criterios interesados, vertidos por los dueños de los medios de comunicación que representaron a mi país en la mencionada asamblea".
En la misiva, Oña asegura "que el Gobierno abre sus puertas para recibir a tan ilustres visitantes" y compromete su "apoyo absoluto para los diálogos e investigaciones" que efectúe la comisión.
Oña negó que, en el Ecuador, se hubieran presentado "hechos que amenacen directamente la libertad de expresión y de prensa" y afirmó que, en su país, nadie "puede dar testimonio de que existan esas amenazas, salvo que se pretenda hablar con falsedad para desprestigiar al Gobierno".
Desmintió que funcionarios hubieran "presionado a medios de comunicación o periodistas por sus opiniones sobre temas públicos", y aseguró que, en el Ecuador, sucede todo lo contrario de lo que los delegados han denunciado ante la SIP.
"Todos los días se encuentran expresiones insultantes al jefe del Estado, como dictador, tirano, déspota, sin que los emisores de esos calificativos sean amonestados", dijo Oña.
Con ello, agregó, se demuestra que existe "una gran tolerancia por parte del Gobierno para sus críticos".
El portavoz del Gobierno reprochó la queja de que Gutiérrez "ataque o presione a periodistas y medios de información independientes".
"Para el Gobierno del Ecuador, es una prioridad el respeto a la Constitución Política del Estado y a los instrumentos internacionales sobre el tema de la libertad de expresión y pensamiento", señaló Oña en la carta. "Con estos antecedentes, proclamamos ante América y el mundo que el Gobierno del Ecuador no tiene ni una sola causa o razón para tener la menor vergüenza respecto a la libertad de expresión" en el país, concluye la misiva.
En el informe se observa que el Reglamento que expidió la Presidencia para la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que había sido considerado un logro importante, es cuestionado porque se lo considera atentatorio contra la libertad de información y contra la Constitución. Según analistas, tiene defectos de fondo y de forma que hacen que la aplicación de la ley se vuelva imposible.
El 12 de enero, el presidente Lucio Gutiérrez expidió el reglamento de la Ley en vigencia desde el 18 de mayo de 2004.
La mayor crítica es que el reglamento puede convertirse en el principal obstáculo en el momento de buscar información pública, ya que incorpora de forma inconstitucional excepciones al acceso a la información que no están contempladas en la ley ni en la Constitución. Según el documento, las excepciones deben ser calificadas como tales por los funcionarios públicos en función al potencial daño que, a su juicio, su difusión pueda causar al Estado.
Según la Constitución, un reglamento no puede oponerse al contenido de una ley. Los dos posibles caminos para modificarlo son: 1) que el presidente de la República lo cambie; y 2) que el Tribunal Constitucional, en manos del Gobierno, lo declare inconstitucional.
El informe también deja constancia, de que en los últimos meses ha subido el tono de la violencia verbal del Gobierno contra la prensa y que el país está viviendo una ola de violencia y amedrentamiento, con el recuento de varios casos:
-En diciembre, Gutiérrez calificó como "exagerada" la libertad de prensa que hay en el Ecuador y negó que hubiera persecusión a periodistas.
-El 30 de enero, el presidente acusó a varios periodistas de "miserables, testaferros, podridos, sinvergüenzas, aniñados". A más de las actuaciones del presidente, los funcionarios Carlos Arboleda y Bolívar González son los portadores visibles de la violencia verbal contra la prensa.
-En febrero, el Gobierno inició una especie de campaña pública de cobranza de deudas. En dicha campaña se acusó a periodistas que, supuestamente, las tienen con la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Carlos Arboleda, gerente de la AGD, acusó al director de Diario Hoy, de Quito, Jaime Mantilla, por una garantía otorgada a un tercero; y al periodista de Ecuavisa, Carlos Vera, por el contrato de arrendamiento de la casa en donde vive, firmado con un tercero. Pese a estas acusaciones la AGD no ha realizado ninguna gestión de cobro de estas supuestas obligaciones.
Más tarde, Arboleda ofició a la Superintendencia de Compañías solicitando que se investigara a todas las empresas en las que Mantilla constara como accionista, funcionario, directivo o empleado. Añadía, en su escrito, la solicitud para que esas empresas fueran intervenidas en sus libros sociales.
Mantilla envió una carta a Gutiérrez en donde denunciaba, con documentos anexos, que era objeto de persecución. El presidente se comprometió a investigar y contestar la carta por escrito, lo que aún no ha sucedido.
-El 16 de enero, el director de radio Atalaya, de Guayaquil, Andrés Mendoza Paladines, denunció que la Oficina de Seguridad Pública intentó ejercer un "acto de censura". Un agente comenzó a preguntar a los empleados si la radio era de los partidos Roldosista Ecuatoriano o Social Cristiano.
-El periodista de Hoy Orlando Perez fue atacado por encapuchados, quienes, encañonándolo le advirtieron que, si continuaba escribiendo en contra de entidades de Gobierno, lo matarían.
-El diario La Hora Manabita, de Portoviejo, denunció que el 22 de diciembre el periodista Geovanny Benavides fue agredido por el guardaespaldas del director ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM).
-El 26 de enero y el 16 de febrero, el ministro de Gobierno prohibió que helicópteros contratados por los medios sobrevolaran Guayaquil y Quito, respectivamente para cubrir las marchas que la oposición y la sociedad hacían contra el régimen. Esta prohibición no tiene precedentes. Según las autoridades aeronáuticas, la prohibición era técnica, ya que el espacio aéreo estaría siendo utilizado por otras naves de seguridad pública. En una campaña publicitaria, el Gobierno sí mostró sus tomas aéreas, aparentemente realizadas desde aviones de seguridad.
-El periodista Carlos Vera denunció el 3 de febrero la existencia de una orden de prisión en su contra emitida por las Fuerzas Armadas por supuestas violaciones a las normas del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), situación no contemplada en la legislación.
-El 4 de febrero, un explosivo fue activado en la puerta de radio Canela, de Macas, Morona Santiago. Wilson Cabrera, director de la emisora, acusó al Gobierno del atentado.
-El 12 de febrero, Gutiérrez se autocalificó como "dictócrata", que, según define, es aquél que es un dictador para las oligarquías y un demócrata para el pueblo.
En la práctica, el presidente concentra en su Gobierno el control de los tres poderes del Estado, ya que a más de tener mayoría en el Congreso Nacional, sobre la base de la coalición de tres partidos políticos, a través de este lideró un cambio total de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Casi todos los medios han sostenido que Ecuador se mantiene fuera del orden de la Constitución.
En este período, varios políticos han acusado al Gobierno de haber ordenado ataques físicos contra ellos o sus familiares como una forma de reprimir su libertad de expresión. Entre estos pueden citarse los siguientes casos:
-El 15 de diciembre, el local de la empresa del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Blasco Peñaherrera, crítico del Gobierno, fue tiroteada.
-El 12 de enero, la residencia del diputado Alfonso Harb, de la oposición, fue tiroteada.
-El 26 de enero, el ex vicepresidente de la República León Roldós Aguilera fue golpeado en la Universidad Central del Ecuador, en Quito luego de una charla en donde criticó fuertemente al Gobierno.
-El 2 de febrero, la casa de la madre del concejal de Quito, Antonio Ricaurte, opositor al Gobierno, fue tiroteada.
-En febrero, el coronel Patricio Acosta, ex ministro del régimen, denunció persecución política, acusando al presidente de haber ordenado que se lo mantuviera en vigilancia.
-El 5 de marzo el diputado Enrique Ayala, columnista de El Comercio, de Quito, salió ileso de un ataque desde dos vehículos que lo interceptaron y dispararon.
-El 7 de marzo, el frente "Cero Corrupción", ligado al Gobierno, asaltó las oficinas de Participación Ciudadana, organismo civil de defensa de la Constitución. Pintaron leyendas en contra de su director, César Montúfar, que también es columnista de El Comercio.
-En materia judicial, en agosto de 2004, Diego Orellana, coeditor de la revista El observador, de Cuenca, fue condenado por la justicia a pagar $20 mil tras el juicio que le ganó el alcalde de esa ciudad, Fernando Cordero Cueva, acusándolo por difamación.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha preparado el anteproyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que aún no ha entrado al Congreso, pero que ya ha sido parcialmente rechazado. Ante las muchas críticas sus autores han manifestado estar dispuestos a discutirlo, aclarando que es un simple borrador. El proyecto dispone que, en casos de emergencia nacional, las FFAA deben asumir el control de los medios electrónicos y los servicios de telecomunicaciones.
Entre otros puntos, prohíbe el uso de la radio y la televisión contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Además, crea el Comité de Contenidos, que se encargará de revisar lo que difundan o publiquen los medios de comunicación.
Resoluciones y reacciones a las observaciones de la Sociedad Interamericana de prensa
Resoluciones de la SIP sobre Ecuador enviadas a Gutiérrez
La Sociedad Interamericana de Prensa, considerando:
- Que en los últimos meses se ha registrado una considerable cantidad de hechos que amenazan directamente la libertad de expresión y de prensa.
-Que varios medios de comunicación y periodistas han recibido presiones por haber emitido informaciones y opiniones sobre temas públicos.
-Que varios instrumentos internacionales y la Constitución Política del Estado prevén el derecho a la información y la libertad de expresión.
-Que el actual presidente de la República, Lucio Gutiérrez, suscribió la Declaración de Chapultepec en 2003.
-Que el principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
La reunión de medio año del organismo resuelve:
-Exhortar al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y demás autoridades a observar los preceptos constitucionales y los compromisos asumidos con la prensa libre.
-Solicitar al presidente de la SIP, Alejandro Miró, que conforme una misión de observación para que viaje al Ecuador a investigar el estado en el que se encuentra la libertad de expresión y de prensa.
-Solicitar al presidente de la República que suspenda los ataques y presiones contra periodistas y medios de información independientes.
Reglamento de la Ley de Acceso
En las resoluciones sobre transparencia de la información, el organismo resolvió solicitar al Presidente de la República que reforme el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recientemente emitido, pues su contenido anula el propósito y razón de la ley al crear excepciones discrecionales no contempladas en la misma.
Gobierno niega hechos descritos en el informe
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Iván Oña envió una carta a la SIP en la que asegura que las resoluciones "han sido adoptadas con base a una profunda desinformación o a criterios interesados, vertidos por los dueños de los medios de comunicación que representaron a mi país en la mencionada asamblea".
En la misiva, Oña asegura "que el Gobierno abre sus puertas para recibir a tan ilustres visitantes" y compromete su "apoyo absoluto para los diálogos e investigaciones" que efectúe la comisión.
Oña negó que, en el Ecuador, se hubieran presentado "hechos que amenacen directamente la libertad de expresión y de prensa" y afirmó que, en su país, nadie "puede dar testimonio de que existan esas amenazas, salvo que se pretenda hablar con falsedad para desprestigiar al Gobierno".
Desmintió que funcionarios hubieran "presionado a medios de comunicación o periodistas por sus opiniones sobre temas públicos", y aseguró que, en el Ecuador, sucede todo lo contrario de lo que los delegados han denunciado ante la SIP.
"Todos los días se encuentran expresiones insultantes al jefe del Estado, como dictador, tirano, déspota, sin que los emisores de esos calificativos sean amonestados", dijo Oña.
Con ello, agregó, se demuestra que existe "una gran tolerancia por parte del Gobierno para sus críticos".
El portavoz del Gobierno reprochó la queja de que Gutiérrez "ataque o presione a periodistas y medios de información independientes".
"Para el Gobierno del Ecuador, es una prioridad el respeto a la Constitución Política del Estado y a los instrumentos internacionales sobre el tema de la libertad de expresión y pensamiento", señaló Oña en la carta. "Con estos antecedentes, proclamamos ante América y el mundo que el Gobierno del Ecuador no tiene ni una sola causa o razón para tener la menor vergüenza respecto a la libertad de expresión" en el país, concluye la misiva.
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