La suspensión de las sesiones extra del Congreso Nacional afectó el bolsillo de los legisladores. En 10 meses dejarían de percibir $16 mil. La medida de Omar Quintana es una forma de presión para exigir trabajo, ante la poca productvidad de los tres meses de 2005. El presidente del Congreso afirma que no es por el ahorro sino una medida de exigencia necesaria. Para la oposición, es parte de un plan para hacerlo el juego al Gobierno.
Efecto Quintana desconcierta
contrario a la tradición legislativa, ha sido ratificado el personal de contrato, no solo de cupos de diputados sino de diversas dependencias. Solo las comisiones tendrán personal de "mayoría institucional"
El jueves 17 de marzo de 2005, a las 09:00, un grupo de empleados legislativos se acercó hasta el despacho del presidente del Congreso, Omar Quintana, para entregarle una placa y hacerle un reconocimiento público. Hasta esa fecha, el titular del Parlamento había ratificado a casi todo el personal de contrato.
Así, la burocracia legislativa dejó constancia de su agradecimiento por un gesto que no dejó de llamar la atención, pues desde el 5 de enero de 2005, cuando fue elegido presidente Quintana, circularon versiones sobre un cambio brusco en la dirección de esta Función, para supuestamente favorecer al roldosismo. Y más, porque la decisión no fue discrecional y se incluyó en este beneficio a empleados y trabajadores de todos los bloques legislativos.
Salvo el personal de las 13 de 17 comisiones especializadas (siete por cada una), que será llenado con empleados de los bloques de la mayoría institucional (afín al Gobierno), el resto de departamentos tendrá los mismos empleados. Las plazas serán cubiertas hasta llegar al número de los contratos de trabajo firmados el año anterior, de 1 184. O tal vez unas 40 personas menos, según el ofrecimiento de Quintana, que será un ahorro adicional.
Pero este movimiento atípico en el circuito legislativo no fue lo único sorpresivo. Una semana antes, apoyado en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), Omar Quintana dispuso la suspensión de las convocatorias a sesiones extraordinarias del Pleno del Congreso, que se realizan por la tarde los días martes, miércoles y jueves.
El efecto financiero de esa decisión constituía un ahorro para el Estado de $105 mil por semana, $420 mil al mes en promedio. Es decir que, hasta la fecha, el Congreso le ha evitado un gasto al país de $315 mil de tres semanas de sesiones vespertinas no realizadas.
El efecto político de esa medida, en cambio, fue el disgusto manifiesto de los diputados, incluso de la propia bancada del PRE a la que pertenece el presidente del Congreso, pues los ingresos netos de los legisladores se verán reducidos ostensiblemente. El golpe fue directo al bolsillo, dice un legislador roldosista cercano a Quintana.
Hasta antes de la suspensión de las sesiones "extra", un diputado de provincia recibía un promedio de ingresos mensuales de $2 900. De ellos, $1 600 correspondían a las dietas por sesiones extraordinarias. Es decir, al año, los diputados dejarían de percibir por los 10 meses de sesiones $16 mil.
Entre la oposición, el mensaje de Quintana estaba claramente definido: debilitarla y más "al no tener participación en la administración pública. En cambio, la situación de los aliados del Gobierno es distinta, pues tienen cuota política para sus militantes por sus acuerdos, aunque eso no se reconozca", dijo un diputado opositor.
La suspensión de las sesiones extraordinarias tuvo como argumento la poca productividad de los diputados y el hecho de que, durante las sesiones extraordinarias, el Pleno ha servido más como un escenario para "las peleas y los insultos" que para el debate legislativo.
El balance habla por sí mismo. De la agenda propuesta por Quintana para 90 días, el Congreso refleja un entrampamiento en el campo legislativo: de una veintena de proyectos en carpeta (entre nuevos y reformas legales), apenas tres han sido aprobados, junto a ocho resoluciones.
Quintana dice sentirse en deuda con el país. Por eso decidió suspender la sesiones extraordinarias, lo que considera es un perjuicio para el país, a pesar del ahorro que eso significa, pues -a su juicio- "los diputados no están para ahorrar sino para producir". La medida se mantendrá mientras persista la improductividad legislativa en el Pleno.
La otra lectura de esa "improductividad" tiene otro sentido. El diputado opositor (ID) Andrés Páez señala que la coyuntura política ha impuesto la discusión alrededor de la restitución del estado de derecho, que obliga a una lucha política dentro del Pleno para cesar a la Corte de facto. Eso explica, dice, que no se haya avanzado en la tarea legislativa, "más allá que la agenda de Quintana privilegiaba temas del Gobierno y excluía a los de la oposición".
Pero las decisiones de Quintana no se quedaron en el plano administrativo. También tiene una idea mediática. Y, en eso, está su golpe de efecto con relación al trabajo de los medios, que hasta la gestión anterior del socialdemócrata Guillermo Landázuri sufrió ciertas restricciones, como el impedimento para que los reporteros accedieran a la Sala de Sesiones. Hoy, todos los periodistas acreditados tienen acceso.
Para la oposición, las intenciones son obvias: "manejar la imagen en favor del discurso oficialista". Quintana las resume en dos circunstancias: transparentar la tarea legislativa y documentar el bloqueo que acusa a la oposición del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Un bloqueo que refleja, según él, el manejo de la administración pública desde 1981.
El cambio de la Escolta Legislativa, dispuesto por Quintana, también entraría en esa lógica, pues en ella habían miembros con más de 15 años de servicio en esa dependencia policial para el control interno y externo de recinto legislativo. Esta decisión se dio tras la toma de los equipos de audio en la sala del Pleno por parte de integrantes del grupo de oposición, la semana pasada, cuando Quintana clausuró la sesión.
En muchas ocasiones, en su calidad de diputado, la Escolta impidió que Quintana se acercara a Landázuri para hacerle sus reclamos por la forma de dirigir las sesiones. Quintana asegura que no hay resentimientos sino solo una medida por incumpliento. (LB)
LA PRESIÓN DESDE LA CURUL
"Barajo y labia" son medidos
La Presidencia del Congreso prepara un informe del tiempo de asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno.
Los datos parciales revelan casos de diputados que asisten al Pleno por pocos minutos (15, 20 ó 30), a partir de lo cual justifican su asistencia a las sesiones y les sirve para el cobro de sus dietas.
La información, por el momento, se prefiere manejar con reserva hasta que no sea sistematizada completamente. Esto está apoyado en el trabajo de los fedatarios, que ha sido ratificado.
Quintana, incluso, habla de realizar una sugerencia al Gobierno, para que se prohíba el trámite de cualquier gestión de los diputados en las dependencias públicas los días martes, miércoles y jueves, que son los días que se realizan las sesiones del Congreso. "Puede ser legítimo que se preocupen de sus provincias o electores, pero la primera obligación es el trabajo legislativo", dice el presidente del Congreso.
Otra presión viene de la medición del tiempo que toman los diputados para hablar en el Pleno. Un balance parcial desde el 5 de enero de 2005 señala que la oposición tuvo la palabra 33 horas y 57 minutos, contra 32 horas y 55 minutos del bloque oficialista. Para Quintana, eso muestra un manejo equitativo y democrático de los tiempos.
Los diputados que han ocupado más tiempo: Carlos González (4h 18"), Wilfrido Lucero (3h 21"), Segundo Serrano (2h 39") y Ramiro Rivera (2h 35"). (LB)
¿Plan es neutralizar opositores?
Incidentes de la sesión del martes pasado elevaron el nivel de enfrentamiento entre el oficialismo y los bloques opuestos al régimen. En la ID hay la convicción de que Quintana tiene que dejar su cargo
"El ahorro es bueno, pero tiene que justificarse, pues no vale que por ese ahorro el país pierda más de lo que puede lograrse con trabajo". De esa forma, el diputado roldosista Iván López comenta la decisión de su coideario Omar Quintana de suspender las sesiones "extra".
¿Es una medida de presión para propiciar una mayor participación o simplemente es una maniobra para resaltar una labor? Quintana tiene su propia versión: "Nadie puede exigir si no trabaja", dice.
En la oposición hay dos interpretaciones. Por un lado está la decisión de justificar "la incapacidad". "Si es por el aspecto económico, la decisión puede entenderse; pero si el argumento es que no hay temáticas para tratar, la decisión solo refleja la incapacidad para el manejo legislativo", dice la socialcristiana Cinthya Viteri.
Prueba de ello, dice la legisladora, es que la Comisión de lo Civil y Penal, que antes presidía, entregó 121 informes sobre proyectos legales para que fueran analizados por el Pleno.
Entre los temas "gruesos" está las reformas relativas a la penalización de la pornografía infantil. Una reforma que se incluyó en la agenda de 90 días de Quintana y no se trata.
La otra arista del problema son las sospechas de la oposición de que Quintana únicamente busca dar golpes de efecto en su idea de defender "la concentración de poderes del Gobierno y de sus aliados".
Esa opción es compartida por completo por Viteri y el socialdemácrata Andrés Páez. En ese contexto se explican los problemas suscitados el pasado martes, cuando Omar Quintana clausuró la sesión sin constatar el quórum y apenas 20 minutos después de la hora de la convocatoria.
Aunque Quintana defiende su postura, acusando a los diputados por su impuntualidad, Paéz asegura que todo estaba programado para bloquear el tratamiento de la terna para fiscal general. Sesión en la que Quintana se mantuvo pese a convocar para el día siguiente, "con el ánimo de no dejar que la mayoría de ese momento puediera instalarse".
Para el diputado Jorge Guamán (PK), el tratamiento de una agenda no consensuada demuestra una dirección impulsada por la arbitrariedad. A lo que se añaden otras decisiones, como la de cambiar a la escolta legislativa para neutralizar a los opositores". (LB)
En la bitácora del presidente
El bloque de la Izquierda Democrática ha planteado la necesidad de remover de su función al presidente del Congreso, por considerar que actúa con la predisposición de atender a rajatabla los intereses del Gobierno.
La opción no es compartida por otros sectores. Se acusa de que hay muchos interesados en la ID para reclamar ese cargo. Ese partido reivindica ser la segunda fuerza política.
Militantes del PRE consideran que Omar Quintana ha concentrado muchas decisiones importantes.
También se habla de que Quintana, ex dirigente deportivo, le imprime un estilo empresarial a su gestión. No niega ese enfoque pero dice que los tiempos modernos exigen técnicas adecuadas.
En la Presidencia del Congreso trabajan 12 personas. La mano derecha de Quintana es Guillermo Tafur. Juntos han contestado 1 036 oficios.
Quintana tiene un plan de viajes al exterior de los diputados para que asistan a seminarios y aporten en el debate de temas clave, en lugar de que vayan los ministros. Será democrática la delegación, asegura.
En 10 días, el Congreso emitirá dos cadenas nacionales para explicar estos temas. (LB))
La segunda etapa de reconstrucción no va
Omar Quintana dio hasta el 5 de mayo al contratista para que entregue el Salón del Pleno. Ofrece una fiscalización para analizar el contrato y los costos
El presidente del Congreso Nacional, Omar Quintana, tomó una resolución radical con respecto a la reconstrucción del Palacio Legislativo: dio plan al contratista hasta el 8 de mayo para que se termine y entregue la primera etapa, esto es el Salón de Sesiones con todas las instalaciones previstas.
Esa medida tuvo un antecedente: el cronograma de trabajo establecía que la Sala de Sesiona iba a ser terminada y entregada al final del cronograma. Una situación que ha Quintana le pareció extraña cuando se empapó del asunto, pues el interés de la autoridad legislativa es que las sesiones vuelvan a ese espacio.
En la Sala de Sesiones está integrado un sistema digitalizado para la votación electrónica con pantalla. La primera fase incluye las adecuaciones para la Presidencia y las dos vicepresidencias.
El plazo dado por Quintana ha acelerado los trabajos o, al menos, ha revertido el orden. En el cumplimiento de esta tarea habría habido el compromiso del contratista de trabajar durante todos los fines de semana, lo cual fue verificado por el propio Quintana en una sorpresiva visita al lugar, el domingo pasado, aunque en este caso se encontró que no estaban laborando.
Aunque el presidente del Congreso no certifica que esté en un plan de indagación sobre el contrato firmado por su antecesor, Guillermo Landázuri, da pistas de que el proyecto iniciado no le convenció. Una prueba de ello es la decisión de no avanzar en proyección prevista para la segunda etapa, que era la inversión de alrededor de $6 millones para la construcción de los estacionamientos y el nuevo cuartel para la Escolta Legislativa.
Según Quintana, era un gasto muy oneroso que no se justificaba. En su lugar tiene proyectado la adecuación de un edificio exlusivo para las oficinas de los diputados, que era una opción considerada para una tercera etapa del plan de reconstrucción.
El costo de la primera etapa es de aproximadamente $8 millones. Este incluye la rehabilitación completa del edificio del Palacio Legislativo. El plazo previsto en el contrato es de ocho meses, contados a partir de enero de este año.
El cambio de planes ordenado por la Presidencia del Congreso obligó al contratista y a los planificadores a reprogramar las tareas, al mando de Flavio Carranco, empleado del el Fondo de Salvamento en comisión de servicios.
La idea originaria de la reconstrucción fue adecuar un espacio en la perspectiva del proyecto Plaza de la República, concebido por el Municipio Metropilitano. La pregunta entre los técnicos es si ahora se respetarán esos conceptos iniciales. (LB).
ANALISIS
¿Por qué la sociedad no pide cuentas
El Congreso Nacional casi siempre está en deuda con sus electores. Y no porque los diputados no asistan a las sesiones ordinarias o a las comisiones. Dedican demasiado tiempo a la confrontación política y muy poco a la tarea legislativa.
Aunque suena obvio, el hecho impide la aprobación de leyes y cuerpos jurídicos que armonicen la realidad contemporánea con la legislación requerida y, a la vez, favorece el espectáculo político sin beneficio de inventario para el país.
¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que sea recurrente la crítica al poder Legislativo? ¿Por qué no hay un cambio positivo? Quizá la naturaleza confrontacional de nuestra política, la ausencia de una fiscalización y auditoría regular y desde la ciudadanía electora, sin descontar la calidad de los diputados, serían las pautas para responder esas preguntas y afrontar los problemas que empobrecen la democracia.
Es impensable en nuestra tradición política una solicitud masiva (como sí ocurre con el presidente de la República) de cesación de funciones de los diputados por ineficiencia y baja calidad de la gestión. Por eso, también, no existe disciplina ni absoluta responsabilidad de los legisladores. Están prevalidos de que su actuación linda con la impunidad, en el mejor sentido de la palabra.
Por eso, quizás, ahora sea más sensato criticar a la sociedad civil, a la ciudadanía en general por la irresponsabilidad de mantener, financiar y pagar a 100 diputados que no cumplen a cabalidad la tarea encomendada. (OP)(Blanco y Negro)
Efecto Quintana desconcierta
contrario a la tradición legislativa, ha sido ratificado el personal de contrato, no solo de cupos de diputados sino de diversas dependencias. Solo las comisiones tendrán personal de "mayoría institucional"
El jueves 17 de marzo de 2005, a las 09:00, un grupo de empleados legislativos se acercó hasta el despacho del presidente del Congreso, Omar Quintana, para entregarle una placa y hacerle un reconocimiento público. Hasta esa fecha, el titular del Parlamento había ratificado a casi todo el personal de contrato.
Así, la burocracia legislativa dejó constancia de su agradecimiento por un gesto que no dejó de llamar la atención, pues desde el 5 de enero de 2005, cuando fue elegido presidente Quintana, circularon versiones sobre un cambio brusco en la dirección de esta Función, para supuestamente favorecer al roldosismo. Y más, porque la decisión no fue discrecional y se incluyó en este beneficio a empleados y trabajadores de todos los bloques legislativos.
Salvo el personal de las 13 de 17 comisiones especializadas (siete por cada una), que será llenado con empleados de los bloques de la mayoría institucional (afín al Gobierno), el resto de departamentos tendrá los mismos empleados. Las plazas serán cubiertas hasta llegar al número de los contratos de trabajo firmados el año anterior, de 1 184. O tal vez unas 40 personas menos, según el ofrecimiento de Quintana, que será un ahorro adicional.
Pero este movimiento atípico en el circuito legislativo no fue lo único sorpresivo. Una semana antes, apoyado en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), Omar Quintana dispuso la suspensión de las convocatorias a sesiones extraordinarias del Pleno del Congreso, que se realizan por la tarde los días martes, miércoles y jueves.
El efecto financiero de esa decisión constituía un ahorro para el Estado de $105 mil por semana, $420 mil al mes en promedio. Es decir que, hasta la fecha, el Congreso le ha evitado un gasto al país de $315 mil de tres semanas de sesiones vespertinas no realizadas.
El efecto político de esa medida, en cambio, fue el disgusto manifiesto de los diputados, incluso de la propia bancada del PRE a la que pertenece el presidente del Congreso, pues los ingresos netos de los legisladores se verán reducidos ostensiblemente. El golpe fue directo al bolsillo, dice un legislador roldosista cercano a Quintana.
Hasta antes de la suspensión de las sesiones "extra", un diputado de provincia recibía un promedio de ingresos mensuales de $2 900. De ellos, $1 600 correspondían a las dietas por sesiones extraordinarias. Es decir, al año, los diputados dejarían de percibir por los 10 meses de sesiones $16 mil.
Entre la oposición, el mensaje de Quintana estaba claramente definido: debilitarla y más "al no tener participación en la administración pública. En cambio, la situación de los aliados del Gobierno es distinta, pues tienen cuota política para sus militantes por sus acuerdos, aunque eso no se reconozca", dijo un diputado opositor.
La suspensión de las sesiones extraordinarias tuvo como argumento la poca productividad de los diputados y el hecho de que, durante las sesiones extraordinarias, el Pleno ha servido más como un escenario para "las peleas y los insultos" que para el debate legislativo.
El balance habla por sí mismo. De la agenda propuesta por Quintana para 90 días, el Congreso refleja un entrampamiento en el campo legislativo: de una veintena de proyectos en carpeta (entre nuevos y reformas legales), apenas tres han sido aprobados, junto a ocho resoluciones.
Quintana dice sentirse en deuda con el país. Por eso decidió suspender la sesiones extraordinarias, lo que considera es un perjuicio para el país, a pesar del ahorro que eso significa, pues -a su juicio- "los diputados no están para ahorrar sino para producir". La medida se mantendrá mientras persista la improductividad legislativa en el Pleno.
La otra lectura de esa "improductividad" tiene otro sentido. El diputado opositor (ID) Andrés Páez señala que la coyuntura política ha impuesto la discusión alrededor de la restitución del estado de derecho, que obliga a una lucha política dentro del Pleno para cesar a la Corte de facto. Eso explica, dice, que no se haya avanzado en la tarea legislativa, "más allá que la agenda de Quintana privilegiaba temas del Gobierno y excluía a los de la oposición".
Pero las decisiones de Quintana no se quedaron en el plano administrativo. También tiene una idea mediática. Y, en eso, está su golpe de efecto con relación al trabajo de los medios, que hasta la gestión anterior del socialdemócrata Guillermo Landázuri sufrió ciertas restricciones, como el impedimento para que los reporteros accedieran a la Sala de Sesiones. Hoy, todos los periodistas acreditados tienen acceso.
Para la oposición, las intenciones son obvias: "manejar la imagen en favor del discurso oficialista". Quintana las resume en dos circunstancias: transparentar la tarea legislativa y documentar el bloqueo que acusa a la oposición del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Un bloqueo que refleja, según él, el manejo de la administración pública desde 1981.
El cambio de la Escolta Legislativa, dispuesto por Quintana, también entraría en esa lógica, pues en ella habían miembros con más de 15 años de servicio en esa dependencia policial para el control interno y externo de recinto legislativo. Esta decisión se dio tras la toma de los equipos de audio en la sala del Pleno por parte de integrantes del grupo de oposición, la semana pasada, cuando Quintana clausuró la sesión.
En muchas ocasiones, en su calidad de diputado, la Escolta impidió que Quintana se acercara a Landázuri para hacerle sus reclamos por la forma de dirigir las sesiones. Quintana asegura que no hay resentimientos sino solo una medida por incumpliento. (LB)
LA PRESIÓN DESDE LA CURUL
"Barajo y labia" son medidos
La Presidencia del Congreso prepara un informe del tiempo de asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno.
Los datos parciales revelan casos de diputados que asisten al Pleno por pocos minutos (15, 20 ó 30), a partir de lo cual justifican su asistencia a las sesiones y les sirve para el cobro de sus dietas.
La información, por el momento, se prefiere manejar con reserva hasta que no sea sistematizada completamente. Esto está apoyado en el trabajo de los fedatarios, que ha sido ratificado.
Quintana, incluso, habla de realizar una sugerencia al Gobierno, para que se prohíba el trámite de cualquier gestión de los diputados en las dependencias públicas los días martes, miércoles y jueves, que son los días que se realizan las sesiones del Congreso. "Puede ser legítimo que se preocupen de sus provincias o electores, pero la primera obligación es el trabajo legislativo", dice el presidente del Congreso.
Otra presión viene de la medición del tiempo que toman los diputados para hablar en el Pleno. Un balance parcial desde el 5 de enero de 2005 señala que la oposición tuvo la palabra 33 horas y 57 minutos, contra 32 horas y 55 minutos del bloque oficialista. Para Quintana, eso muestra un manejo equitativo y democrático de los tiempos.
Los diputados que han ocupado más tiempo: Carlos González (4h 18"), Wilfrido Lucero (3h 21"), Segundo Serrano (2h 39") y Ramiro Rivera (2h 35"). (LB)
¿Plan es neutralizar opositores?
Incidentes de la sesión del martes pasado elevaron el nivel de enfrentamiento entre el oficialismo y los bloques opuestos al régimen. En la ID hay la convicción de que Quintana tiene que dejar su cargo
"El ahorro es bueno, pero tiene que justificarse, pues no vale que por ese ahorro el país pierda más de lo que puede lograrse con trabajo". De esa forma, el diputado roldosista Iván López comenta la decisión de su coideario Omar Quintana de suspender las sesiones "extra".
¿Es una medida de presión para propiciar una mayor participación o simplemente es una maniobra para resaltar una labor? Quintana tiene su propia versión: "Nadie puede exigir si no trabaja", dice.
En la oposición hay dos interpretaciones. Por un lado está la decisión de justificar "la incapacidad". "Si es por el aspecto económico, la decisión puede entenderse; pero si el argumento es que no hay temáticas para tratar, la decisión solo refleja la incapacidad para el manejo legislativo", dice la socialcristiana Cinthya Viteri.
Prueba de ello, dice la legisladora, es que la Comisión de lo Civil y Penal, que antes presidía, entregó 121 informes sobre proyectos legales para que fueran analizados por el Pleno.
Entre los temas "gruesos" está las reformas relativas a la penalización de la pornografía infantil. Una reforma que se incluyó en la agenda de 90 días de Quintana y no se trata.
La otra arista del problema son las sospechas de la oposición de que Quintana únicamente busca dar golpes de efecto en su idea de defender "la concentración de poderes del Gobierno y de sus aliados".
Esa opción es compartida por completo por Viteri y el socialdemácrata Andrés Páez. En ese contexto se explican los problemas suscitados el pasado martes, cuando Omar Quintana clausuró la sesión sin constatar el quórum y apenas 20 minutos después de la hora de la convocatoria.
Aunque Quintana defiende su postura, acusando a los diputados por su impuntualidad, Paéz asegura que todo estaba programado para bloquear el tratamiento de la terna para fiscal general. Sesión en la que Quintana se mantuvo pese a convocar para el día siguiente, "con el ánimo de no dejar que la mayoría de ese momento puediera instalarse".
Para el diputado Jorge Guamán (PK), el tratamiento de una agenda no consensuada demuestra una dirección impulsada por la arbitrariedad. A lo que se añaden otras decisiones, como la de cambiar a la escolta legislativa para neutralizar a los opositores". (LB)
En la bitácora del presidente
El bloque de la Izquierda Democrática ha planteado la necesidad de remover de su función al presidente del Congreso, por considerar que actúa con la predisposición de atender a rajatabla los intereses del Gobierno.
La opción no es compartida por otros sectores. Se acusa de que hay muchos interesados en la ID para reclamar ese cargo. Ese partido reivindica ser la segunda fuerza política.
Militantes del PRE consideran que Omar Quintana ha concentrado muchas decisiones importantes.
También se habla de que Quintana, ex dirigente deportivo, le imprime un estilo empresarial a su gestión. No niega ese enfoque pero dice que los tiempos modernos exigen técnicas adecuadas.
En la Presidencia del Congreso trabajan 12 personas. La mano derecha de Quintana es Guillermo Tafur. Juntos han contestado 1 036 oficios.
Quintana tiene un plan de viajes al exterior de los diputados para que asistan a seminarios y aporten en el debate de temas clave, en lugar de que vayan los ministros. Será democrática la delegación, asegura.
En 10 días, el Congreso emitirá dos cadenas nacionales para explicar estos temas. (LB))
La segunda etapa de reconstrucción no va
Omar Quintana dio hasta el 5 de mayo al contratista para que entregue el Salón del Pleno. Ofrece una fiscalización para analizar el contrato y los costos
El presidente del Congreso Nacional, Omar Quintana, tomó una resolución radical con respecto a la reconstrucción del Palacio Legislativo: dio plan al contratista hasta el 8 de mayo para que se termine y entregue la primera etapa, esto es el Salón de Sesiones con todas las instalaciones previstas.
Esa medida tuvo un antecedente: el cronograma de trabajo establecía que la Sala de Sesiona iba a ser terminada y entregada al final del cronograma. Una situación que ha Quintana le pareció extraña cuando se empapó del asunto, pues el interés de la autoridad legislativa es que las sesiones vuelvan a ese espacio.
En la Sala de Sesiones está integrado un sistema digitalizado para la votación electrónica con pantalla. La primera fase incluye las adecuaciones para la Presidencia y las dos vicepresidencias.
El plazo dado por Quintana ha acelerado los trabajos o, al menos, ha revertido el orden. En el cumplimiento de esta tarea habría habido el compromiso del contratista de trabajar durante todos los fines de semana, lo cual fue verificado por el propio Quintana en una sorpresiva visita al lugar, el domingo pasado, aunque en este caso se encontró que no estaban laborando.
Aunque el presidente del Congreso no certifica que esté en un plan de indagación sobre el contrato firmado por su antecesor, Guillermo Landázuri, da pistas de que el proyecto iniciado no le convenció. Una prueba de ello es la decisión de no avanzar en proyección prevista para la segunda etapa, que era la inversión de alrededor de $6 millones para la construcción de los estacionamientos y el nuevo cuartel para la Escolta Legislativa.
Según Quintana, era un gasto muy oneroso que no se justificaba. En su lugar tiene proyectado la adecuación de un edificio exlusivo para las oficinas de los diputados, que era una opción considerada para una tercera etapa del plan de reconstrucción.
El costo de la primera etapa es de aproximadamente $8 millones. Este incluye la rehabilitación completa del edificio del Palacio Legislativo. El plazo previsto en el contrato es de ocho meses, contados a partir de enero de este año.
El cambio de planes ordenado por la Presidencia del Congreso obligó al contratista y a los planificadores a reprogramar las tareas, al mando de Flavio Carranco, empleado del el Fondo de Salvamento en comisión de servicios.
La idea originaria de la reconstrucción fue adecuar un espacio en la perspectiva del proyecto Plaza de la República, concebido por el Municipio Metropilitano. La pregunta entre los técnicos es si ahora se respetarán esos conceptos iniciales. (LB).
ANALISIS
¿Por qué la sociedad no pide cuentas
El Congreso Nacional casi siempre está en deuda con sus electores. Y no porque los diputados no asistan a las sesiones ordinarias o a las comisiones. Dedican demasiado tiempo a la confrontación política y muy poco a la tarea legislativa.
Aunque suena obvio, el hecho impide la aprobación de leyes y cuerpos jurídicos que armonicen la realidad contemporánea con la legislación requerida y, a la vez, favorece el espectáculo político sin beneficio de inventario para el país.
¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que sea recurrente la crítica al poder Legislativo? ¿Por qué no hay un cambio positivo? Quizá la naturaleza confrontacional de nuestra política, la ausencia de una fiscalización y auditoría regular y desde la ciudadanía electora, sin descontar la calidad de los diputados, serían las pautas para responder esas preguntas y afrontar los problemas que empobrecen la democracia.
Es impensable en nuestra tradición política una solicitud masiva (como sí ocurre con el presidente de la República) de cesación de funciones de los diputados por ineficiencia y baja calidad de la gestión. Por eso, también, no existe disciplina ni absoluta responsabilidad de los legisladores. Están prevalidos de que su actuación linda con la impunidad, en el mejor sentido de la palabra.
Por eso, quizás, ahora sea más sensato criticar a la sociedad civil, a la ciudadanía en general por la irresponsabilidad de mantener, financiar y pagar a 100 diputados que no cumplen a cabalidad la tarea encomendada. (OP)(Blanco y Negro)
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