Quito. 14 feb 2001. El acuerdo entre el Gobierno y los indígenas prevé
una mesa de diálogo para la seguridad social.

La reforma a la seguridad social, otro tema que tendrá que esperar el
resultado de las mesas de diálogo entre el Gobierno y los delegados
indígenas, sufrió ayer una nueva postergación en el Congreso.

Los sectores indígenas recordaron que el tema es parte de las mesas de
diálogo acordadas con el Gobierno, cuyas resoluciones, anotaron, deberán
ser priorizadas por el régimen. Por tanto, el proyecto de reformas de la
Comisión Interventora queda, nuevamente, rezagado.

Auki Tituaña, cabeza de la Comisión Mediadora que permitió la negociación
entre el régimen y los indígenas, expresó que su sector, además de pedir
al Ejecutivo el retiro del Congreso del proyecto de la Ley de Seguridad
Social, demandan que se suspenda la labor de la Comisión Interventora del
IESS.

Coincidió en anotar que "si el Gobierno es sensato, la experiencia de las
semanas anteriores debe animarlo a abrir diálogos eficientes sobre el
tema seguridad social".

A decir de Tituaña, si bien no hay un propuesta completa sobre la
seguridad social de parte de los indígenas, sí existe una posición
definida contra la privatización del IESS.

Para el vicepresidente de la Conaie, Ricardo Ulcuango, lo primero es el
consenso, para que luego el tema sea aprobado en el Parlamento, pues "de
no cumplirse aquello, se estarían violentando los acuerdos".

Ulcuango anunció que se ha conformado una Comisión de Defensa de la
Seguridad Social liderada por la diputada Nina Pacari y representantes
como el dirigente Jorge Loor, con el fin de "mantenerse vigilantes sobre
el tema".

La reforma a la seguridad social, como la reforma tributaria, evidencian
la necesidad de apresurar la conformación de las mesas de diálogos. (PM)

Legalizar las tierras

Los diputados de Pachakutik Nina Pacari y Gilberto Talahua, acompañados
de varios dirigentes de comunidades indígenas de Chimborazo, se reunieron
ayer con el presidente de la República, Gustavo Noboa. Solicitaron al
mandatario que disponga se agilice el trámite de legalización de un
predio ubicado en el cantón Alausí que, desde hace más de veinte años, es
reclamado en propiedad por varias comunidades indígenas chimboracences y
que actualmente pertenece al Ministerio de Agricultura.

El jefe de Estado se comprometió a estudiar el caso en los próximos
quince días. (PACH)

- Tarjeta para comprar el gas popular

El gas de uso doméstico (GLP) tendrá un distintivo para las comunidades
indígenas y población pobre de este país.

Petroecuador y su filial Petrocomercial esperan poner en ejecución el
plan, en el plazo de seis meses.

Actualmente se estudian varios escenarios y alternativas para focalizar
el subsidio a las personas que realmente lo necesitan, dijo el gerente de
Petrocomercial, Vicente Alarcón.

Una de las opciones: entregar una tarjeta anual con cupo para retirar un
cilindro por mes. La bombona podría ser más pequeña y de distinto color a
las que actualmente comercializan las compañías Agip (color azul), y
Duragas (anaranjada), que son las que dominan el mercado nacional, se
informó. (TH)

En Congreso tampoco existe un consenso

El proyecto de Ley de Seguridad Social reposa en el Congreso hace año y
medio sin que hasta ahora se haya logrado el debate del informe. El tema
ha constado en el Orden del Día desde un mes atrás, sin embargo, la falta
de consenso político ha postergado su tratamiento. Los legisladores
definirán hoy el mecanismo de análisis del informe que podrá ser:
artículo por artículo o el texto completo en un solo debate.

Las reformas para la Seguridad Social fueron planteadas como necesarias
en la Constitución de 1998, para esto se dispuso la creación de una
Comisión Interventora en el IESS encargada para el efecto. En 1999 el
informe de la Comisión Interventora fue enviado a la Comisión de
Codificación del Congreso para su depuración, pero además el Congreso
creó una comisión multipartidista para recibir las observaciones al
informe. Aquí se recibieron más de 800 observaciones por parte de los
legisladores a los 340 artículos del proyecto, según lo dio a conocer el
diputado Reinaldo Páez titular de este órgano legislativo.

Para Paéz, el informe debe analizarse en el Pleno, artículo por artículo,
porque hay muchas observaciones y además porque hay un plan alternativo
presentado por los trabajadores del IESS. (ACG)

Indios y Gobierno se preparan

Indígenas, Gobierno, mediadores, cada uno por su lado, adelantan acciones
con miras a dar seguimiento al acuerdo logrado el 7 de febrero.

La Conaie anunció para el próximo martes la realización de una asamblea
en Quito, con el fin de definir sus representantes a las mesas de
diálogo. Ayer, la Feine efectuó una evaluación de la reciente
movilización; en tanto, se planifica para el viernes una reunión entre
los dirigentes de todas las organizaciones indias.

Por su parte, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador (Codenpe), a través de su secretario ejecutivo, Luis
Maldonado, ha presentado al Gobierno una propuesta de creación de una
comisión permanente para darle operatividad, a mediano y largo plazo, a
la política estatal en favor del sector.

Esta comisión interna del régimen, que trabajaría más allá del reciente
acuerdo entre el Gobierno y los indígenas, estaría conformada por Luis
Maldonado; Luisa Molina de Fabre, encargada de la Secretaría General de
la Presidencia; y Maximiliano Donoso, subsecretario de Gobierno.

Sin embargo, Maldonado aclaró que la creación de esta comisión aún está
en estudio por parte del presidente. Auki Tituaña, de la Comisión de
Enlace, manifestó que el papel de quienes mediaron, será el de
observadores del cumplimiento de los acuerdos. Esto, mientras el ministro
Manrique, aseguró que en esta semana quedarán conformadas las mesas de
diálogo. (PM)

Levantan el estado de emergencia nacional

El viernes anterior se derogó el decreto mediante el cual el pasado 2 de
febrero se estableció el estado de emergencia en el país. Sin embargo,
apenas ayer se conoció de esta resolución.

Al parecer "la falta de coordinación entre la asesoría jurídica de la
Presidencia y la Dirección de Comunicación", habría sido la causa para
que no se difundiera la decisión del levantamiento de la emergencia,
según lo señaló Yolanda Paredes, representante legal de Carondelet.

La funcionaria hizo pública la resolución cuando coincidentemente en el
Juzgado Vigésimo de lo Penal de Pichincha se tramitaba una solicitud de
amparo en contra de la declaración de la emergencia. (PACH) (Diario Hoy)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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