Las estadísticas de la Unase revelan que en 2009 se exigió el pago de $69 668 000. La Policía pide que entre las reformas penales se determine la extinción de dominio para desincentivar el secuestro y la reincidencia en este delito.
Entre enero y octubre de 2009, la cifra de personas secuestradas alcanzó a 25, de ellos 24 han sido resueltos exitosamente y uno está pendiente. En total, por su liberación se exigió el pago global de $69 668 000, de los cuales se ha pagado $79 000, indica Édison Barrera, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).
En los últimos días, la Unase participó en la liberación de José Armando Berrú de 64 años (46 días plagiado) y del empresario carchense Simón Lucero de 60 años (98 días secuestrado). En estos casos, por su liberación no se pagó ni se registró pérdida de vida alguna.
Barrera explica que existe una importante participación de extranjeros en los secuestros, especialmente los suscitados en la frontera norte, donde junto a ecuatorianos se ha encontrado a colombianos. En 2008 hubo un caso con ciudadanos chinos. Respecto a la participación de peruanos no se ha registrado casos, señala.
Indica que entre 2005 y 2007 se incrementó la industria del secuestro (ver cuadro) y luego se evidenció una tendencia a la baja. Estos casos que se dispararon desde 2000 son principalmente por motivaciones económicas, no ideológicas como ocurre en Colombia donde el nivel el secuestro es por lo menos 10 veces mayor al de Ecuador y en México la cifra es aun mayor (motivaciones económicas).
Comenta que en 2009, por los 25 casos de secuestro se exigió $69 668 000 en total, pero solo se pagó cerca del 1% de ese monto, en gran parte debido a la experiencia de la Unase.
secuestros en frontera En Tulcán, en la frontera con Colombia, el término secuestro no es nuevo. Este delito deja duras secuelas en las víctimas y genera temor y miedo en prósperos comerciantes, agricultores, empresarios y ganaderos.
Según investigadores de la Unase, estos delitos son cometidos por grupos delin
cuenciales que utilizan la fachada de grupos subversivos de Colombia.
Entre quienes han vivido el secuestro constan la ex diputada Mariana Obando, el ganadero Juan Villarreal y uno de sus hijos; el comerciante Silvio Mora; el agricultor de Montúfar Patricio Lucero, liberado en esta semana por la Unase; el juez Emilio Methles, en la población de Mira; el empresario turístico Juan Escobar, etc.
El boleteo -según las víctimas que piden reserva- es la antesala del plagio, quienes se resisten a cancelar las denominadas vacunas (cantidades de dinero que deben entregar bajo presión mensualmente) son sometidos.
Justamente, la intimidación y acoso de estos grupos delincuenciales hizo que varios ganaderos y agricultores abandonen sus propiedades ubicadas en la zona fronteriza de La Ensillada, Chapuel, El Consuelo, Veinte de Marzo, Tufiño y Urbina, en el cantón Tulcán.
Algo similar sucede en Espejo, Montúfar y, últimamente, en San Pedro de Huaca, donde incluso el ex alcalde Nilo Reascos y dos agricultores más recibieron misivas extorsivas.
El capitán Pablo Yacelga de la Policía Judicial, sostiene que en Huaca las amenazas podrían provenir del grupo delincuencial colombiano "Águilas Negras", integrado por disidentes de grupos paramilitares que han internacionalizado sus operaciones en el norte del Ecuador.
No obstante, el oficial asegura que los índices de extorsión y boleto han disminuido, según los registros que lleva la institución. No obstante, en la Fiscalía del Carchi afirman que la gente no quiere denunciar estos delitos, pese a que va en aumento.
El incremento de hechos delictivos en Pastaza, como el plagio de personas con fines de extorsión es un fenómeno notorio y hasta un secreto a voces, sin embargo, el agente fiscal Alejandro Cajas, de Asuntos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público de esta provincia amazónica, niega que haya un repunte de ese fenómeno en este año, como lo señalan datos estadísticos de la Policía Judicial Nacional.
Sobre los datos estadísticos que tiene la Policía, dijo que respeta los mismos pero que una cosa es haber receptado denuncias sobre plagios o secuestros y otra diferente el que hayan casos sentenciados.
Insistió en que no hay casos de plagio con sentencia ejecutoriada, aunque admitió que se han presentado algunas denuncias bajo esa figura, pero que responden a fugas con parejas sentimentales. (RC-EF-ET)
Edison Barrera, director de la Unase, considera que algunos secuestradores son reincidentes, por la debilidad de las penas.
Por ello plantea a jueces y fiscales el seguimiento de los casos. Además sugiere que entre las reformas penales se determine la extinción de dominio. Para que todos los bienes de los secuestradores sean extinguidos como en los casos de narcotráfico ya que cuando el delincuente sabe que no va a quedarse con el dinero, la idea de cometer el delito se disuade, manifiesta.
Comenta que una mayor inversión en la Unidad, para infraestructura y dispositivos tecnológicos contribuiría a mejorar el nivel operativo y reducir tiempos de acción. (ET)
Entre enero y octubre de 2009, la cifra de personas secuestradas alcanzó a 25, de ellos 24 han sido resueltos exitosamente y uno está pendiente. En total, por su liberación se exigió el pago global de $69 668 000, de los cuales se ha pagado $79 000, indica Édison Barrera, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).
En los últimos días, la Unase participó en la liberación de José Armando Berrú de 64 años (46 días plagiado) y del empresario carchense Simón Lucero de 60 años (98 días secuestrado). En estos casos, por su liberación no se pagó ni se registró pérdida de vida alguna.
Barrera explica que existe una importante participación de extranjeros en los secuestros, especialmente los suscitados en la frontera norte, donde junto a ecuatorianos se ha encontrado a colombianos. En 2008 hubo un caso con ciudadanos chinos. Respecto a la participación de peruanos no se ha registrado casos, señala.
Indica que entre 2005 y 2007 se incrementó la industria del secuestro (ver cuadro) y luego se evidenció una tendencia a la baja. Estos casos que se dispararon desde 2000 son principalmente por motivaciones económicas, no ideológicas como ocurre en Colombia donde el nivel el secuestro es por lo menos 10 veces mayor al de Ecuador y en México la cifra es aun mayor (motivaciones económicas).
Comenta que en 2009, por los 25 casos de secuestro se exigió $69 668 000 en total, pero solo se pagó cerca del 1% de ese monto, en gran parte debido a la experiencia de la Unase.
secuestros en frontera En Tulcán, en la frontera con Colombia, el término secuestro no es nuevo. Este delito deja duras secuelas en las víctimas y genera temor y miedo en prósperos comerciantes, agricultores, empresarios y ganaderos.
Según investigadores de la Unase, estos delitos son cometidos por grupos delin
cuenciales que utilizan la fachada de grupos subversivos de Colombia.
Entre quienes han vivido el secuestro constan la ex diputada Mariana Obando, el ganadero Juan Villarreal y uno de sus hijos; el comerciante Silvio Mora; el agricultor de Montúfar Patricio Lucero, liberado en esta semana por la Unase; el juez Emilio Methles, en la población de Mira; el empresario turístico Juan Escobar, etc.
El boleteo -según las víctimas que piden reserva- es la antesala del plagio, quienes se resisten a cancelar las denominadas vacunas (cantidades de dinero que deben entregar bajo presión mensualmente) son sometidos.
Justamente, la intimidación y acoso de estos grupos delincuenciales hizo que varios ganaderos y agricultores abandonen sus propiedades ubicadas en la zona fronteriza de La Ensillada, Chapuel, El Consuelo, Veinte de Marzo, Tufiño y Urbina, en el cantón Tulcán.
Algo similar sucede en Espejo, Montúfar y, últimamente, en San Pedro de Huaca, donde incluso el ex alcalde Nilo Reascos y dos agricultores más recibieron misivas extorsivas.
El capitán Pablo Yacelga de la Policía Judicial, sostiene que en Huaca las amenazas podrían provenir del grupo delincuencial colombiano "Águilas Negras", integrado por disidentes de grupos paramilitares que han internacionalizado sus operaciones en el norte del Ecuador.
No obstante, el oficial asegura que los índices de extorsión y boleto han disminuido, según los registros que lleva la institución. No obstante, en la Fiscalía del Carchi afirman que la gente no quiere denunciar estos delitos, pese a que va en aumento.
Plagios en Pastaza
El incremento de hechos delictivos en Pastaza, como el plagio de personas con fines de extorsión es un fenómeno notorio y hasta un secreto a voces, sin embargo, el agente fiscal Alejandro Cajas, de Asuntos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público de esta provincia amazónica, niega que haya un repunte de ese fenómeno en este año, como lo señalan datos estadísticos de la Policía Judicial Nacional.
Sobre los datos estadísticos que tiene la Policía, dijo que respeta los mismos pero que una cosa es haber receptado denuncias sobre plagios o secuestros y otra diferente el que hayan casos sentenciados.
Insistió en que no hay casos de plagio con sentencia ejecutoriada, aunque admitió que se han presentado algunas denuncias bajo esa figura, pero que responden a fugas con parejas sentimentales. (RC-EF-ET)
Reincidencia por debilidad de penas
Edison Barrera, director de la Unase, considera que algunos secuestradores son reincidentes, por la debilidad de las penas.
Por ello plantea a jueces y fiscales el seguimiento de los casos. Además sugiere que entre las reformas penales se determine la extinción de dominio. Para que todos los bienes de los secuestradores sean extinguidos como en los casos de narcotráfico ya que cuando el delincuente sabe que no va a quedarse con el dinero, la idea de cometer el delito se disuade, manifiesta.
Comenta que una mayor inversión en la Unidad, para infraestructura y dispositivos tecnológicos contribuiría a mejorar el nivel operativo y reducir tiempos de acción. (ET)
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