PANAMÃ. Panamá rechazó hoy extraditar a Colombia a la ex jefa de los disueltos servicios secretos de ese paÃs (DAS), MarÃa del Pilar Hurtado, reclamada para ser juzgada por presunto espionaje, anunció la cancillerÃa, al ratificarle el asilo polÃtico.
"Se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición", informó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
La negativa se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos polÃticos o comunes conexos con los polÃticos", subrayó.
El gobierno panameño decidió mantener el asilo otorgado por Panamá a Hurtado desde 2010, aduciendo que, conforme a la Convención, "todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanÃa, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente".
La ex jefa de los servicios secretos colombianos está vinculada a una investigación por escuchas ilegales realizadas por el DAS contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, polÃticos de oposición y periodistas crÃticos al gobierno del ex presidente Ãlvaro Uribe (2002-2010).
Hurtado, quien dirigió el DAS entre 2007 y 2008, es acusada por la FiscalÃa de su paÃs de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilÃcita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La cancillerÃa panameña, que recibió en diciembre pasado la solicitud de extradición, señaló que el asilo se desarrolla con "vigorosidad" en América Latina, para brindar "protección a los perseguidos polÃticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática".
"El gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y polÃtica de los pueblos de la región, mantiene su decisión" de dar asilo a Hurtado, conforme también a la "tradición" del Estado panameño, según la nota oficial.
En Panamá están asilados los ex gobernantes Jorge Serrano ElÃas (Guatemala, 1990-1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1996-1997) y el ex general haitiano Raoul Cedras (1991-1994). En el pasado estuvieron Juan Domingo Perón (Argentina), Paz Zamora (Bolivia), Raúl Haya de la Torre (Perú) y el Sha de Irán, recordó la cancillerÃa.
Hace una semana, el secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el colombiano Luis Pérez, dijo que "concederle asilo polÃtico a una persona que ha violado derechos humanos y que ha sido perseguidora polÃtica en lugar de perseguida polÃtica es un gran exabrupto".
"Es un atentado contra los derechos de las vÃctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantÃas de no repetición. Pero (además) es un atentado contra la democracia, la institucionalidad y la justicia colombiana", expresó.
En 2010, Pérez acusó a Hurtado ante la justicia de Panamá de ser responsable de delitos de "lesa humanidad" durante su gestión al frente del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), suprimido el 31 de octubre de 2011 por decreto del gobierno colombiano.(AFP)
"Se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición", informó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
La negativa se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos polÃticos o comunes conexos con los polÃticos", subrayó.
El gobierno panameño decidió mantener el asilo otorgado por Panamá a Hurtado desde 2010, aduciendo que, conforme a la Convención, "todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanÃa, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente".
La ex jefa de los servicios secretos colombianos está vinculada a una investigación por escuchas ilegales realizadas por el DAS contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, polÃticos de oposición y periodistas crÃticos al gobierno del ex presidente Ãlvaro Uribe (2002-2010).
Hurtado, quien dirigió el DAS entre 2007 y 2008, es acusada por la FiscalÃa de su paÃs de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilÃcita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La cancillerÃa panameña, que recibió en diciembre pasado la solicitud de extradición, señaló que el asilo se desarrolla con "vigorosidad" en América Latina, para brindar "protección a los perseguidos polÃticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática".
"El gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y polÃtica de los pueblos de la región, mantiene su decisión" de dar asilo a Hurtado, conforme también a la "tradición" del Estado panameño, según la nota oficial.
En Panamá están asilados los ex gobernantes Jorge Serrano ElÃas (Guatemala, 1990-1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1996-1997) y el ex general haitiano Raoul Cedras (1991-1994). En el pasado estuvieron Juan Domingo Perón (Argentina), Paz Zamora (Bolivia), Raúl Haya de la Torre (Perú) y el Sha de Irán, recordó la cancillerÃa.
Hace una semana, el secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el colombiano Luis Pérez, dijo que "concederle asilo polÃtico a una persona que ha violado derechos humanos y que ha sido perseguidora polÃtica en lugar de perseguida polÃtica es un gran exabrupto".
"Es un atentado contra los derechos de las vÃctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantÃas de no repetición. Pero (además) es un atentado contra la democracia, la institucionalidad y la justicia colombiana", expresó.
En 2010, Pérez acusó a Hurtado ante la justicia de Panamá de ser responsable de delitos de "lesa humanidad" durante su gestión al frente del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), suprimido el 31 de octubre de 2011 por decreto del gobierno colombiano.(AFP)
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