El contrato por el servicio de la banda ancha en la telefónica de la Costa pone en evidencia el verdadero juego de los partidos políticos. En el medio, el Gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa es sometido a presiones de lado y lado.
¿Pacifictel será de ahora en adelante la joya de la corona de las élites políticas de Ecuador? Tras de ella están, en particular, dos sectores, que gracias a un "exabrupto" del diputado gobiernista Renán Borbúa, quedarían en evidencia.
Para quienes miran desde dentro y fuera, la crisis en Pacifictel radica en que las últimas decisiones importantes (como la firma de contratos millonarios y posterior anulación de varios de ellos) han relegado a personajes ligados al socialcristianismo y se ha privilegiado a sectores vinculados con el PRE y anteriores administradores; solo que con los últimos cambios (remoción de directivos) se intentaría revertir esa lógica, lo que explicaría las críticas roldosistas.
Comentaristas, editorialistas, diputados y dirigentes partidistas creen que esta puja generó un "cortocircuito" en las relaciones políticas del Gobierno, "al poner cara a cara" los intereses de esos dos sectores que han sido el sostén político de Lucio Gutiérrez y que pondrían en aprietos al propio presidente con la sugerencia de una causal de destitución por peculado en la firma del contrato con Nedetel, por la banda ancha y entrega de las instalaciones de Pacifictel.
El "círculo oscuro" del que habla Borbúa (Xavier Neira y el yerno de Febres Cordero, Miguel Orellana) manejaría "directamente contratos jugosos en las petroleras, Pacifictel, Andinatel y en todo donde hay mucho dinero". Exigido de pruebas, el diputado gobiernista solo dijo: "¿Cuándo el ladrón dice yo robé o cuándo deja pruebas?".
En cambio, Orellana y Neira lo tachan de mentiroso y algo más: "Febres Cordero no tiene "círculo oscuro" y Borbúa ha resguardado mi casa durante mucho tiempo y conoce el desarrollo de todas mis actividades lícitas, correctas y honestas encuadradas en la ley", dice Orellana.
Aunque todos los actores lo niegan, el espinoso tema de Pacifictel parece ser ahora el epílogo de un "mal reparto" de una empresa que en 2004 ha previsto un presupuesto de $350 millones y tendría, bien manejada, una rentabilidad de $150 millones anuales, sin descontar que sus 772 mil abonados pueden aumentar esa proyección si la calidad del servicio mejorara.
Según el contrato con Nedetel, Pacifictel iba a recibir por el servicio de banda ancha $12,6 millones en los siguientes cinco años. Pacifictel contempló llevar esto a la práctica sobre su propia infraestructura. Solo en Guayaquil, la empresa debía invertir más de $3,9 millones en la instalación de cinco anillos de fibra óptica SDH, para dar soporte técnico a esta operación.
Expertos y autoridades aseguran que en esa tecnología se juega el futuro del negocio de las telecomunicaciones. En cambio, los críticos de Pacifictel aseguraban que estaba cediendo un gran potencial con ese contrato. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano aseguró que el contrato perjudicaba a Pacifictel porque entregaba el negocio del futuro a otra empresa, con el riesgo de que se produzca un by pass oficial.
Fernando Larrea, delegado del presidente ante Pacifictel, argumenta que los informes del 8 y 24 de marzo pasados ya advirtieron la inconveniencia del acuerdo, pues significaba "casi un clon de Pacifictel. De seguirlo, fácilmente habría desaparecido la empresa y habrían quedado ellos".
En su defensa, Miguel Blum, presidente de Nedetel, dijo que no se contemplaba usar toda la infraestructura de Pacifictel, "solo se emplean dos hilos de fibra óptica oscura (subutilizada) de la red SDH, de los 48 instalados". Y anunció una demanda penal contra Pacifictel por daños y perjuicios por terminar el contrato unilateralmente.
Entonces, esto, que parecería un problema técnico, tiene un trasfondo político.
De hecho, algunos sectores partidistas se han hecho eco de las afirmaciones de Borbúa. Las voces que han aupado sus acusaciones provinieron del PRE. En palabras del diputado Ernesto Valle, los socialcristianos "no deben rasgarse las vestiduras si ahora tienen un gran aliado en Pacifictel". Se refiere a Alberto Pérez-Llona, presidente ejecutivo de la telefónica y del Directorio, quien, según una certificación de Secretaría del Congreso solicitada por Valle, fue asesor del ex diputado socialcristiano por el Guayas Mauricio Salem, del 2 de agosto al 31 de diciembre de 1999.
Pero el roldosista afirmó que esa influencia no es nueva. En el gobierno de Gustavo Noboa, "era público y notorio que su secretario particularísimo, Juan José Vivas, tenía vinculaciones en las telefónicas y que para mantenerse en el cargo tuvo que ceder parte de la torta a los jerarcas del PSC".
Siendo así, tendría sentido lo que cree el diputado socialcristiano Luis Almeida: que el contrato con Nedetel, por la banda ancha, "no es más que una empresa paralela" y otra concesión que hizo Mauricio Galindo, ex presidente de Pacifictel, ahora prófugo, a un "sistema de reparto" que se inauguró en 1998, desde cuando se detectó un promedio de 1 200 compras con costos excesivos y el aumento de personal.
En esa cadena de corrupción en el que nada tiene que ver el PSC, según Luis Almeida, hay muchas personas que deben ser investigadas. Desde las administraciones de los gobiernos de Fabián Alarcón hasta la actual, en la que cree que ha tenido fuerte injerencia Renán Borbúa.
El diputado socialcristiano señaló como el eje de ese círculo a Fernando Viteri, representante de Nedetel, de quien dijo que fue colocado por el ex presidente del Congreso, Juan José Pons, como asesor en Pacifictel (aseguró que se le dio nombramiento). "Fue su controlador, su ojo seco, luego se adueñó de otros administradores hasta llegar a Mauricio Galindo...".
Incluso, a Viteri, en Guayaquil, se lo relaciona con el PRE por su cercanía a Héctor Solórzano y a varios dirigentes roldosistas. Por eso tiene explicación: el nombramiento de Hugo Quevedo hijo como presidente de Pacifictel, aunque en el cargo no duró más de 24 días.
En este juego de acusaciones, el roldosista Omar Quintana demandó al diputado Almeida para que dijera quién está detrás de los carrier (empresas que dan servicio de comunicación a firmas privadas). "Hay que investigar al ex alcalde del PRE, Harry Soria", dijo Almeida y reconoció que puede haber involucrados en estos negocios gente de todas las tendencias políticas.
Pero las cosas no quedan ahí, en la puja, Almeida todavía juega con la carta de un juicio por peculado que podría involucrar al presidente Lucio Gutiérrez en el tema Nedetel. El diputado socialcristiano cree que Lucio Gutiérrez no tiene nada que ver con ese contrato. Sin embargo, adelantó a BLANCO Y NEGRO que presentará una denuncia por peculado por la suscripción de ese contrato de la banda ancha otorgado a esa empresa, suscrito el 4 de febrero de este año en Carondelet y "que lleva la firma del presidente como testigo de honor". (OP/LB)
En escena varias empresas "muy vinculadas políticamente"
Los representantes de las firmas oferentes plantean sus cuestionamientos a Pacifictel
El interés político, la presión de los grandes grupos dedicados a las telecomunicaciones y los "bypasseros" reinan en Pacifictel. De hecho, los representantes de Alona, Oasis y Nedetel consideran que esa es la única causa para que estas empresas, hoy, no puedan cumplir sus acuerdas con la telefónica estatal y sean acusados de sobreprecio y contratos fraudulentos.
Miguel Blum, representante de Nedetel (empresa cuestionada por un supuesto contrato sobrevalorado y que ofrece el servicio de banda ancha para la transmisión de voz, videoconferencias e imágenes), es directo: los cuestionamientos perjudican los intereses de empresas como TV Cable, del grupo Isaías; de Ecuador Telecom, de Ernesto Estrada (familiar del ex presidente León Febres Cordero), y de Transtelco.
"El negocio de transmisión de datos es millonario y por él, Pacifictel recibió en 2003 menos de $50 mil, mientras que los proyectados con Nedetel, al año, superan los $12 millones", explicó Blum.
Otra prueba en torno al tema es la instalación del sistema SinlieView que Alona ubicó en el procesador de Pacifictel, el 1º de agosto de 2002, por $4,8 millones. Este tenía como fin el aporte de un programa para la creación de una base datos con toda la información de los clientes, en la que se registrarían la identificación, el número de teléfonos por usuarios, los minutos consumidos, todo dedicado a eliminar los by pass y la piratería.
"A Pacifictel no le interesa que funcione y desde allí las trabas son diversas", explicó Mauricio Torres, representante de Alona, al mismo tiempo que aclaró que para que el software que ellos instalaron funcione se requiere de un sistema de mediación que transmita las llamadas con esta base de datos. Pacifictel hasta la fecha no ha buscado un proveedor y en su momento, según Torres, exigió la creación de una base de datos adicional dentro del sistema de mediación.
El apoderado de Oasis Technologies International, Javier Henriques, también coincide en que los intereses políticos predominan en la empresa estatal. Afirma que, pese de haber invertido $5 millones (de un total de $10 millones que reza en el acuerdo) y de tener 3 000 líneas aptas el servicio en Guayaquil, no han podido comercializarse y se mantienen en el repartidor de Pacifictel intocables.
El servicio que ofrece Oasis a Pacifictel consiste en la implementación del Sistema de Ganancia de Pares para (42 mil) líneas telefónicas, con un beneficio económico del 46%, mientras que la telefónica estatal recibiría el 54% del total del servicio y tráfico comercializados.
"Pero no quieren venderlas y ahora nos han paralizado el trabajo", explicó Ricardo Manosalvas, director de Oasis, quien también reconoce que ellos fueron los únicos en ofertar este servicio a Pacifictel.
"Es difícil dar nombres y apellidos, pero creemos que hay intereses en el interior de Pacifictel, porque el uso de nuestra tecnología, que implica el incremento del número de líneas telefónicas, limita la disponibilidad de líneas que tiene la telefónica y elimina las llamadas clandestinas", puntualizó Henriques.
Ahora, las tres empresas esperan la notificación formal de Pacifictel del término de los contratos de manera unilateral. Eso sí, no están dispuestos a ser perjudicados y demandarán a la telefónica.
Los conflictos de interés no solo lo confirman los representantes de las tres empresas en litigio con Pacifictel, sino un ex miembro del Directorio.
Augusto Alvarado García, que desde los primeros días de marzo de 2004 tiene orden de prisión junto a 18 personas más por la contratación de seguros La Unión, está arrepentido de haber ofrecido su servicio a la telefónica estatal y hoy, con algo de cuidado para no ser aprehendido, pero sin esconderse: dice ser inocente.
"Escogimos a la compañía La Unión por ser la opción más económica y se lo hizo dentro de un concurso con la autorización del Fondo de Solidaridad", explica, desde la clandestinidad.
El Directorio, presidido por Jorge Ripalda, desechó a la empresa Atlas, porque no cumplía los requisitos, a Rocafuerte porque pedía por el servicio de seguro un monto de $9,4 millones, mientras que La Unión, la suma de $4,7 millones.
"Y los seis miembros del Directorio de ese entonces y que cumplió sus funciones hasta el 8 de julio de 2002 nada tuvimos que ver en la nueva ampliación del contrato con La Unión. Y ahora somos perseguidos indiscriminadamente dentro de un mismo paquete por un supuesto delito en este año", dijo Alvarado. (NMCH)
Los problemas técnicos acarrean elevados costos económicos
Los informes de la telefónica indican que las llamadas clandestinas perjudican en $70 millones
Las denuncias por supuesta contratación fraudulenta en contra de Alona, Oasis y Nedetel dejan al descubierto serios problemas técnicos dentro de Pacifictel, pero también perjuicios económicos.
Los primeros, de acuerdo con un informe de Revenne Assurance, de Arthun Andersen, en 2001, son dos debilidades: exceso de personal (que superaba las 2 000 personas) y la falta de un proceso de facturación convergente y automatizado.
En el informe de BLANCO Y NEGRO del 1º de enero de 2004, se reveló que la empresa había destinado un total de $7 442 927 al pago de anticipos, préstamos al personal, vacaciones no gozadas, viáticos, horas extras, terminación de relaciones laborales y contratación de nuevo personal.
El último informe de Pacifictel señala que los 22 carriers registraron una deuda de $42,5 millones. Hace dos semanas, las obligaciones de 19 carriers sumaban $30,8 millones.
Actualmente, la telefónica recoge los impulsos o cada llamada de las centrales y los registra de manera manual, lo que facilita las llamadas clandestinas o la creación de by pass.
Este descontrol paulatino ha originado a la telefónica un perjuicio de $70 millones al año. Con el fin de terminar con ello, se contrató los servicio de Alona, para que creara un programa informático que registrase los ingresos de llamadas.
El sistema está instalado desde el 1º de agosto de 2002, pero para funcionar requiere de un sistema de mediación que permite que las llamadas pasen al otro sistema y queden registradas.
La implementación del proceso de facturación convergente y automatizado permitirá la recuperación de la cartera actual que posee Pacifictel y que supera los $69 millones, ya que -según Mauricio Torres, de Alona- cada usuario sería debidamente identificado y constaría el número de líneas que posee la clientela, así como permitiría realizar una recategorización del servicio.
Hoy, la telefónica -mediante el comisionado presidencial, Fernando Larrea- busca recuperar la deuda de 82 mil morosos, al contratar los servicios de la Universidad de Guayaquil; por ahora, el proceso es analizado por los técnicos del plantel educativo debido a que hay problemas de identificación de los morosos.
Paralelamente, con las demandas queda en evidencia que Pacifictel, a marzo de 2003, cuenta con un lucro cesante anual por consumo telefónico y falta de planta externa de $21,2 millones, que corresponden a 52 mil líneas que no se pueden vender por falta de pares primario y secundario, lo que altera los planes de expansión impuestos por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel). Ahora, la telefónica posee más de 60 mil líneas que espera comercializar. (NMCH)
DE LA CAJA CHICA A LA BOLSA CALIENTE
4 de marzo de 2004: El juez décimo de lo Penal del Guayas, Edgar Salazar, dicta órdenes de prisión contra el capitán Mauricio Galindo, presidente ejecutivo de Pacifictel, y 17 personas más.
8 de marzo de 2004: El entonces presidente del Directorio, Hugo Quevedo, anunció que Mauricio Galindo pidió una licencia por 30 días.
9 al 23 de marzo de 2004: La telefónica Pacifictel cambió dos veces de presidente ejecutivo.
23 de marzo de 2004: El directorio de Pacifictel designó a Alberto Pérez Llona l nuevo presidente encargado de la telefónica estatal, pese a que es cuestionado por haber emitido un informe favorable a la aseguradora La Unión cuando era broker de la empresa Coversa.
25 de marzo de 2004: El presidente subrogante del Directorio de Pacifictel, Alberto Pérez-Llona, informó la cancelación del contrato de seguros con la empresa de Seguros La Unión.
26 de marzo de 2004: El diputado del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida efectuó nuevas denuncias contra Pacifictel, sobre un supuesto perjuicio por alrededor de $40 millones en la concesión de la banda ancha con la compañía Nedetel.
31 de marzo de 2004: Pasadas las 17:00, el primer mandatario, Lucio Gutiérrez, se reunió con el Directorio de Pacifictel, en Guayaquil, y puso en marcha el plan de contingencia.
1º de abril de 2004: El presidente Lucio Gutiérrez llevó al ex subsecretario de Gobierno Fernando Larrea, para que investigara, como su representante personal, los casos de corrupción en la telefónica estatal Pacifictel.
4 de abril de, 2004: Mauricio Galindo, sobre quien pesa una orden de prisión, renunció a la Presidencia Ejecutiva de la empresa.
5 de abril de 2004: El representante del presidente Lucio Gutiérrez, Fernando Larrea, anuncia que Pacifictel da por terminados tres contratos que la empresa firmó con Oasis, Nedetel y Alona.
6 de abril de 2004: La Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) anunció la intervención de la empresa Pacifictel por no cumplir los índices de calidad, y Fernando Larrea denunció que el diputado socialcristiano Luis Almeida mantiene siete contratos por $1 115 520 cancelados y que no se renovarían.
7 de abril de 2004: El juez primero de lo Penal del Guayas, Angel Rubio, dictó orden de prisión preventiva contra los ex presidentes ejecutivo y del Directorio de Pacifictel, Mauricio Galindo y David Jaramillo, respectivamente.
14 de abril de 2004: El ex presidente ejecutivo de Pacifictel capitán Mauricio Galindo pidió su baja de la institución militar para asumir directamente su defensa y no involucrar a las FFAA en las supuestas irregularidades en la firma de un contrato de seguros entre Pacifictel y la aseguradora La Unión. (NMCH) (BLANCO Y NEGRO)
¿Pacifictel será de ahora en adelante la joya de la corona de las élites políticas de Ecuador? Tras de ella están, en particular, dos sectores, que gracias a un "exabrupto" del diputado gobiernista Renán Borbúa, quedarían en evidencia.
Para quienes miran desde dentro y fuera, la crisis en Pacifictel radica en que las últimas decisiones importantes (como la firma de contratos millonarios y posterior anulación de varios de ellos) han relegado a personajes ligados al socialcristianismo y se ha privilegiado a sectores vinculados con el PRE y anteriores administradores; solo que con los últimos cambios (remoción de directivos) se intentaría revertir esa lógica, lo que explicaría las críticas roldosistas.
Comentaristas, editorialistas, diputados y dirigentes partidistas creen que esta puja generó un "cortocircuito" en las relaciones políticas del Gobierno, "al poner cara a cara" los intereses de esos dos sectores que han sido el sostén político de Lucio Gutiérrez y que pondrían en aprietos al propio presidente con la sugerencia de una causal de destitución por peculado en la firma del contrato con Nedetel, por la banda ancha y entrega de las instalaciones de Pacifictel.
El "círculo oscuro" del que habla Borbúa (Xavier Neira y el yerno de Febres Cordero, Miguel Orellana) manejaría "directamente contratos jugosos en las petroleras, Pacifictel, Andinatel y en todo donde hay mucho dinero". Exigido de pruebas, el diputado gobiernista solo dijo: "¿Cuándo el ladrón dice yo robé o cuándo deja pruebas?".
En cambio, Orellana y Neira lo tachan de mentiroso y algo más: "Febres Cordero no tiene "círculo oscuro" y Borbúa ha resguardado mi casa durante mucho tiempo y conoce el desarrollo de todas mis actividades lícitas, correctas y honestas encuadradas en la ley", dice Orellana.
Aunque todos los actores lo niegan, el espinoso tema de Pacifictel parece ser ahora el epílogo de un "mal reparto" de una empresa que en 2004 ha previsto un presupuesto de $350 millones y tendría, bien manejada, una rentabilidad de $150 millones anuales, sin descontar que sus 772 mil abonados pueden aumentar esa proyección si la calidad del servicio mejorara.
Según el contrato con Nedetel, Pacifictel iba a recibir por el servicio de banda ancha $12,6 millones en los siguientes cinco años. Pacifictel contempló llevar esto a la práctica sobre su propia infraestructura. Solo en Guayaquil, la empresa debía invertir más de $3,9 millones en la instalación de cinco anillos de fibra óptica SDH, para dar soporte técnico a esta operación.
Expertos y autoridades aseguran que en esa tecnología se juega el futuro del negocio de las telecomunicaciones. En cambio, los críticos de Pacifictel aseguraban que estaba cediendo un gran potencial con ese contrato. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano aseguró que el contrato perjudicaba a Pacifictel porque entregaba el negocio del futuro a otra empresa, con el riesgo de que se produzca un by pass oficial.
Fernando Larrea, delegado del presidente ante Pacifictel, argumenta que los informes del 8 y 24 de marzo pasados ya advirtieron la inconveniencia del acuerdo, pues significaba "casi un clon de Pacifictel. De seguirlo, fácilmente habría desaparecido la empresa y habrían quedado ellos".
En su defensa, Miguel Blum, presidente de Nedetel, dijo que no se contemplaba usar toda la infraestructura de Pacifictel, "solo se emplean dos hilos de fibra óptica oscura (subutilizada) de la red SDH, de los 48 instalados". Y anunció una demanda penal contra Pacifictel por daños y perjuicios por terminar el contrato unilateralmente.
Entonces, esto, que parecería un problema técnico, tiene un trasfondo político.
De hecho, algunos sectores partidistas se han hecho eco de las afirmaciones de Borbúa. Las voces que han aupado sus acusaciones provinieron del PRE. En palabras del diputado Ernesto Valle, los socialcristianos "no deben rasgarse las vestiduras si ahora tienen un gran aliado en Pacifictel". Se refiere a Alberto Pérez-Llona, presidente ejecutivo de la telefónica y del Directorio, quien, según una certificación de Secretaría del Congreso solicitada por Valle, fue asesor del ex diputado socialcristiano por el Guayas Mauricio Salem, del 2 de agosto al 31 de diciembre de 1999.
Pero el roldosista afirmó que esa influencia no es nueva. En el gobierno de Gustavo Noboa, "era público y notorio que su secretario particularísimo, Juan José Vivas, tenía vinculaciones en las telefónicas y que para mantenerse en el cargo tuvo que ceder parte de la torta a los jerarcas del PSC".
Siendo así, tendría sentido lo que cree el diputado socialcristiano Luis Almeida: que el contrato con Nedetel, por la banda ancha, "no es más que una empresa paralela" y otra concesión que hizo Mauricio Galindo, ex presidente de Pacifictel, ahora prófugo, a un "sistema de reparto" que se inauguró en 1998, desde cuando se detectó un promedio de 1 200 compras con costos excesivos y el aumento de personal.
En esa cadena de corrupción en el que nada tiene que ver el PSC, según Luis Almeida, hay muchas personas que deben ser investigadas. Desde las administraciones de los gobiernos de Fabián Alarcón hasta la actual, en la que cree que ha tenido fuerte injerencia Renán Borbúa.
El diputado socialcristiano señaló como el eje de ese círculo a Fernando Viteri, representante de Nedetel, de quien dijo que fue colocado por el ex presidente del Congreso, Juan José Pons, como asesor en Pacifictel (aseguró que se le dio nombramiento). "Fue su controlador, su ojo seco, luego se adueñó de otros administradores hasta llegar a Mauricio Galindo...".
Incluso, a Viteri, en Guayaquil, se lo relaciona con el PRE por su cercanía a Héctor Solórzano y a varios dirigentes roldosistas. Por eso tiene explicación: el nombramiento de Hugo Quevedo hijo como presidente de Pacifictel, aunque en el cargo no duró más de 24 días.
En este juego de acusaciones, el roldosista Omar Quintana demandó al diputado Almeida para que dijera quién está detrás de los carrier (empresas que dan servicio de comunicación a firmas privadas). "Hay que investigar al ex alcalde del PRE, Harry Soria", dijo Almeida y reconoció que puede haber involucrados en estos negocios gente de todas las tendencias políticas.
Pero las cosas no quedan ahí, en la puja, Almeida todavía juega con la carta de un juicio por peculado que podría involucrar al presidente Lucio Gutiérrez en el tema Nedetel. El diputado socialcristiano cree que Lucio Gutiérrez no tiene nada que ver con ese contrato. Sin embargo, adelantó a BLANCO Y NEGRO que presentará una denuncia por peculado por la suscripción de ese contrato de la banda ancha otorgado a esa empresa, suscrito el 4 de febrero de este año en Carondelet y "que lleva la firma del presidente como testigo de honor". (OP/LB)
En escena varias empresas "muy vinculadas políticamente"
Los representantes de las firmas oferentes plantean sus cuestionamientos a Pacifictel
El interés político, la presión de los grandes grupos dedicados a las telecomunicaciones y los "bypasseros" reinan en Pacifictel. De hecho, los representantes de Alona, Oasis y Nedetel consideran que esa es la única causa para que estas empresas, hoy, no puedan cumplir sus acuerdas con la telefónica estatal y sean acusados de sobreprecio y contratos fraudulentos.
Miguel Blum, representante de Nedetel (empresa cuestionada por un supuesto contrato sobrevalorado y que ofrece el servicio de banda ancha para la transmisión de voz, videoconferencias e imágenes), es directo: los cuestionamientos perjudican los intereses de empresas como TV Cable, del grupo Isaías; de Ecuador Telecom, de Ernesto Estrada (familiar del ex presidente León Febres Cordero), y de Transtelco.
"El negocio de transmisión de datos es millonario y por él, Pacifictel recibió en 2003 menos de $50 mil, mientras que los proyectados con Nedetel, al año, superan los $12 millones", explicó Blum.
Otra prueba en torno al tema es la instalación del sistema SinlieView que Alona ubicó en el procesador de Pacifictel, el 1º de agosto de 2002, por $4,8 millones. Este tenía como fin el aporte de un programa para la creación de una base datos con toda la información de los clientes, en la que se registrarían la identificación, el número de teléfonos por usuarios, los minutos consumidos, todo dedicado a eliminar los by pass y la piratería.
"A Pacifictel no le interesa que funcione y desde allí las trabas son diversas", explicó Mauricio Torres, representante de Alona, al mismo tiempo que aclaró que para que el software que ellos instalaron funcione se requiere de un sistema de mediación que transmita las llamadas con esta base de datos. Pacifictel hasta la fecha no ha buscado un proveedor y en su momento, según Torres, exigió la creación de una base de datos adicional dentro del sistema de mediación.
El apoderado de Oasis Technologies International, Javier Henriques, también coincide en que los intereses políticos predominan en la empresa estatal. Afirma que, pese de haber invertido $5 millones (de un total de $10 millones que reza en el acuerdo) y de tener 3 000 líneas aptas el servicio en Guayaquil, no han podido comercializarse y se mantienen en el repartidor de Pacifictel intocables.
El servicio que ofrece Oasis a Pacifictel consiste en la implementación del Sistema de Ganancia de Pares para (42 mil) líneas telefónicas, con un beneficio económico del 46%, mientras que la telefónica estatal recibiría el 54% del total del servicio y tráfico comercializados.
"Pero no quieren venderlas y ahora nos han paralizado el trabajo", explicó Ricardo Manosalvas, director de Oasis, quien también reconoce que ellos fueron los únicos en ofertar este servicio a Pacifictel.
"Es difícil dar nombres y apellidos, pero creemos que hay intereses en el interior de Pacifictel, porque el uso de nuestra tecnología, que implica el incremento del número de líneas telefónicas, limita la disponibilidad de líneas que tiene la telefónica y elimina las llamadas clandestinas", puntualizó Henriques.
Ahora, las tres empresas esperan la notificación formal de Pacifictel del término de los contratos de manera unilateral. Eso sí, no están dispuestos a ser perjudicados y demandarán a la telefónica.
Los conflictos de interés no solo lo confirman los representantes de las tres empresas en litigio con Pacifictel, sino un ex miembro del Directorio.
Augusto Alvarado García, que desde los primeros días de marzo de 2004 tiene orden de prisión junto a 18 personas más por la contratación de seguros La Unión, está arrepentido de haber ofrecido su servicio a la telefónica estatal y hoy, con algo de cuidado para no ser aprehendido, pero sin esconderse: dice ser inocente.
"Escogimos a la compañía La Unión por ser la opción más económica y se lo hizo dentro de un concurso con la autorización del Fondo de Solidaridad", explica, desde la clandestinidad.
El Directorio, presidido por Jorge Ripalda, desechó a la empresa Atlas, porque no cumplía los requisitos, a Rocafuerte porque pedía por el servicio de seguro un monto de $9,4 millones, mientras que La Unión, la suma de $4,7 millones.
"Y los seis miembros del Directorio de ese entonces y que cumplió sus funciones hasta el 8 de julio de 2002 nada tuvimos que ver en la nueva ampliación del contrato con La Unión. Y ahora somos perseguidos indiscriminadamente dentro de un mismo paquete por un supuesto delito en este año", dijo Alvarado. (NMCH)
Los problemas técnicos acarrean elevados costos económicos
Los informes de la telefónica indican que las llamadas clandestinas perjudican en $70 millones
Las denuncias por supuesta contratación fraudulenta en contra de Alona, Oasis y Nedetel dejan al descubierto serios problemas técnicos dentro de Pacifictel, pero también perjuicios económicos.
Los primeros, de acuerdo con un informe de Revenne Assurance, de Arthun Andersen, en 2001, son dos debilidades: exceso de personal (que superaba las 2 000 personas) y la falta de un proceso de facturación convergente y automatizado.
En el informe de BLANCO Y NEGRO del 1º de enero de 2004, se reveló que la empresa había destinado un total de $7 442 927 al pago de anticipos, préstamos al personal, vacaciones no gozadas, viáticos, horas extras, terminación de relaciones laborales y contratación de nuevo personal.
El último informe de Pacifictel señala que los 22 carriers registraron una deuda de $42,5 millones. Hace dos semanas, las obligaciones de 19 carriers sumaban $30,8 millones.
Actualmente, la telefónica recoge los impulsos o cada llamada de las centrales y los registra de manera manual, lo que facilita las llamadas clandestinas o la creación de by pass.
Este descontrol paulatino ha originado a la telefónica un perjuicio de $70 millones al año. Con el fin de terminar con ello, se contrató los servicio de Alona, para que creara un programa informático que registrase los ingresos de llamadas.
El sistema está instalado desde el 1º de agosto de 2002, pero para funcionar requiere de un sistema de mediación que permite que las llamadas pasen al otro sistema y queden registradas.
La implementación del proceso de facturación convergente y automatizado permitirá la recuperación de la cartera actual que posee Pacifictel y que supera los $69 millones, ya que -según Mauricio Torres, de Alona- cada usuario sería debidamente identificado y constaría el número de líneas que posee la clientela, así como permitiría realizar una recategorización del servicio.
Hoy, la telefónica -mediante el comisionado presidencial, Fernando Larrea- busca recuperar la deuda de 82 mil morosos, al contratar los servicios de la Universidad de Guayaquil; por ahora, el proceso es analizado por los técnicos del plantel educativo debido a que hay problemas de identificación de los morosos.
Paralelamente, con las demandas queda en evidencia que Pacifictel, a marzo de 2003, cuenta con un lucro cesante anual por consumo telefónico y falta de planta externa de $21,2 millones, que corresponden a 52 mil líneas que no se pueden vender por falta de pares primario y secundario, lo que altera los planes de expansión impuestos por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel). Ahora, la telefónica posee más de 60 mil líneas que espera comercializar. (NMCH)
DE LA CAJA CHICA A LA BOLSA CALIENTE
4 de marzo de 2004: El juez décimo de lo Penal del Guayas, Edgar Salazar, dicta órdenes de prisión contra el capitán Mauricio Galindo, presidente ejecutivo de Pacifictel, y 17 personas más.
8 de marzo de 2004: El entonces presidente del Directorio, Hugo Quevedo, anunció que Mauricio Galindo pidió una licencia por 30 días.
9 al 23 de marzo de 2004: La telefónica Pacifictel cambió dos veces de presidente ejecutivo.
23 de marzo de 2004: El directorio de Pacifictel designó a Alberto Pérez Llona l nuevo presidente encargado de la telefónica estatal, pese a que es cuestionado por haber emitido un informe favorable a la aseguradora La Unión cuando era broker de la empresa Coversa.
25 de marzo de 2004: El presidente subrogante del Directorio de Pacifictel, Alberto Pérez-Llona, informó la cancelación del contrato de seguros con la empresa de Seguros La Unión.
26 de marzo de 2004: El diputado del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida efectuó nuevas denuncias contra Pacifictel, sobre un supuesto perjuicio por alrededor de $40 millones en la concesión de la banda ancha con la compañía Nedetel.
31 de marzo de 2004: Pasadas las 17:00, el primer mandatario, Lucio Gutiérrez, se reunió con el Directorio de Pacifictel, en Guayaquil, y puso en marcha el plan de contingencia.
1º de abril de 2004: El presidente Lucio Gutiérrez llevó al ex subsecretario de Gobierno Fernando Larrea, para que investigara, como su representante personal, los casos de corrupción en la telefónica estatal Pacifictel.
4 de abril de, 2004: Mauricio Galindo, sobre quien pesa una orden de prisión, renunció a la Presidencia Ejecutiva de la empresa.
5 de abril de 2004: El representante del presidente Lucio Gutiérrez, Fernando Larrea, anuncia que Pacifictel da por terminados tres contratos que la empresa firmó con Oasis, Nedetel y Alona.
6 de abril de 2004: La Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) anunció la intervención de la empresa Pacifictel por no cumplir los índices de calidad, y Fernando Larrea denunció que el diputado socialcristiano Luis Almeida mantiene siete contratos por $1 115 520 cancelados y que no se renovarían.
7 de abril de 2004: El juez primero de lo Penal del Guayas, Angel Rubio, dictó orden de prisión preventiva contra los ex presidentes ejecutivo y del Directorio de Pacifictel, Mauricio Galindo y David Jaramillo, respectivamente.
14 de abril de 2004: El ex presidente ejecutivo de Pacifictel capitán Mauricio Galindo pidió su baja de la institución militar para asumir directamente su defensa y no involucrar a las FFAA en las supuestas irregularidades en la firma de un contrato de seguros entre Pacifictel y la aseguradora La Unión. (NMCH) (BLANCO Y NEGRO)
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