Entrevista
Catalina Botero Marino
Quién es: relatora especial para la libertad de expresión, organismo de la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH)
Como una apasionada por la justicia, define Jorge Cardona Alzate, del diario El Espectador de Colombia, a Catalina Botero Marino, en un perfil publicado a mediados de 2008, cuando ella asumió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamerticana de Derechos Humanos (CIDH). La agenda de esta abogada colombiana es intensa. En las últimas semanas viajó a Europa, Costa Rica y Honduras. En este último país analizó la crítica situación por el asesinato de seis periodistas en lo que va de este año. Pero, se dio un tiempo para responder, vía correo electrónico, esta entrevista con Diario HOY, a propósito de la edición especial de aniversario. En el diálogo, Botero identifica varios hechos que ponen en riesgo la libertad de expresión en el continente: la impunidad de crímenes a periodistas y la falta de protección eficaz a comunicadores en riesgo, la vigencia de leyes que criminalizan la expresión crítica o de normas de reacción desproporcionadas ante la protesta social, regulaciones ambiguas sobre la publicidad oficial, y otras que premian a medios cercanos a los gobiernos y castigan a los críticos o independientes, que son mecanismos de censura indirecta.
¿Qué es para usted la libertad de prensa?
Es una forma de la libertad de expresión, instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.
¿Entonces son inherentes la una a la otra?
La libertad de prensa es la libertad de expresión ejercida por los medios.
¿Cuál es el diagnóstico de la Relatoría sobre el respeto a estas libertades?
El balance de las últimas dos décadas en las Américas tiene activos que no pueden ser desestimados, pero también presenta graves desafíos que deben ser afrontados a tiempo, con rigor y seriedad.
¿Qué destaca como activos?
Que la mayoría de los Estados de la región consagran la libertad de expresión como un derecho fundamental y han derogado delitos como el desacato. La expedición de leyes de acceso a la información ha sido vigorosa y avanza. De manera más incipiente, hay iniciativas para revisar las leyes de radiodifusión y la asignación de la publicidad oficial, para prevenir la censura indirecta y promover la diversidad y el pluralismo en los medios.
¿Y los desafíos pendientes?
El primer problema es la impunidad de los crímenes de periodistas y la falta de mecanismos para proteger eficazmente a los comunicadores en riesgo. El segundo es la existencia de leyes que criminalizan la expresión crítica, como los delitos de prensa, las leyes de injuria de los símbolos patrios o las normas que establecen una reacción desproporcionada frente a la protesta social. El tercero es la existencia de regulaciones ambiguas o deficientes que permiten el uso de los recursos públicos (como la publicidad oficial) o regulación estatal para premiar a medios cercanos a los gobiernos y castigar a los medios críticos o independientes (la llamada censura indirecta).
¿Cómo está el acceso a la información?
Si bien hay un importante esfuerzo de promulgación de leyes, aún faltan normas de implementación y campañas sostenidas de capacitación para romper la cultura del secretismo que por años imperó en la región.
¿Cuáles son los países que más preocupan?
Han sido objeto de especial atención durante 2009 los incluidos en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, a decir Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela. Así como México, por el alto nivel de violación del derecho a la vida de los periodistas, por parte del crimen organizado.
Hace poco, en el Ecuador, la Asamblea aprobó una disposición que obliga a los medios a rendir cuentas, a través de un consejo afín al Gobierno. ¿Qué opina?
Estamos estudiando dicha disposición.
En contraste, de acuerdo con información oficial, apenas el 10% de entes públicos cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Cómo ve esta situación?
Es importante recordarles a los Estados de las Américas la obligación de implementar adecuadamente el derecho de acceso a la información.
Fundamedios y la Secretaría de Comunicación invitaron a la Relatoría a visitar el Ecuador, para que aporte en el debate del Proyecto de Ley de Comunicación. ¿Tiene previsto hacerlo?
Hemos recibido invitaciones de distintos sectores y hemos participado en distintas etapas de la discusión.
¿Es la autorregulación la mejor opción?
Sí, y -bajo los estándares interamericanos- es la única opción. Sin duda, la actividad periodística debe regirse por estándares éticos pero estos, en ningún caso, pueden ser impuestos por el Estado, tal como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, en su principio 6.
¿Qué implican los estándares éticos?
El desarrollo de un periodismo de calidad, que cumpla cabalmente el importante papel que le toca jugar en una sociedad democrática. Eso requiere de principios éticos, pero estos deben ser producto del debate dentro de la comunidad periodística, sin injerencias estatales de ningún tipo. En eso consiste la autorregulación.
¿La comunicación es un bien público o un derecho?
La libertad de expresión es un derecho fundamental, no una concesión de los Estados.
¿Qué falencias advierte en la prensa latinoamericana?
Eso no es labor de la Relatoría Especial. Sin embargo, las propias organizaciones de prensa han mencionado de manera recurrente la importancia de someter el ejercicio del periodismo a reglas éticas muy exigentes para cumplir la función que le está asignada en una sociedad democrática.
¿Cree que el poder magnifica a los errores de la prensa?
Las relaciones de los distintos gobiernos con la prensa no son siempre iguales, aunque en la mayoría de casos existe una tensión natural entre la prensa más crítica y los funcionarios que se sienten afectados. La importancia en esta dinámica es garantizar el derecho de los funcionarios a controvertir la información que consideran inadecuada, dentro de los estrictos límites que les imponen el derecho a la libertad de expresión de los medios y sus obligaciones como gobernantes.
La libertad de expresión debe tener límites, ¿cuáles son? ¿Quién los fija?
Puede estar sujeta a responsabilidades ulteriores fijadas por la ley para asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicos. Las limitaciones estatales a la libertad de expresión deben estar definidas en forma precisa y clara, a través de una ley en sentido formal y material; deben perseguir objetivos autorizados por la Convención Americana de Derechos Humanos; y deben ser necesarias en una sociedad democrática...
¿Ayuda la judicialización de la opinión?
El uso de los medios coercitivos del Estado para imponer una visión única del mundo y desalentar una deliberación vigorosa y abierta sobre asuntos de relevancia pública es incompatible con los principios que orientan los regímenes democráticos y con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.
En el Ecuador hay varios periodistas sentenciados por opiniones o coberturas informativas, ¿eso amenaza las libertades y, por consecuencia, a la democracia?
El uso del Derecho Penal, especialmente por parte de funcionarios públicos, tiene un gravísimo efecto silenciador que puede restringir no solo el debate democrático sino el derecho de la sociedad a recibir información plural y suficiente sobre temas de relevancia pública. El Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH lo señala claramente.
El periodismo se ha convertido en profesión de alto riesgo. Reportes internacionales revelan cifras alarmantes. ¿Es reversible la situación? ¿Qué recomienda?
La Relatoría Especial exhorta a los Estados a conducir de manera eficaz las investigaciones sobre los crímenes de comunicadores y a que adopten, cuanto antes, medidas para proteger el libre ejercicio del periodismo.
¿Cuáles?
El fortalecimiento de instituciones, la federalización de los delitos contra periodistas, si es el caso, e implementar mecanismos para garantizar la vida e integridad de los comunicadores en riesgo. La cooperación bilateral y multilateral debe enfocar esfuerzos y recursos a la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Hay que impulsar la investigación y la solidaridad internacional en la acogida de comunicadores o defensores desplazados, solos o con sus familias, por causa de sus opiniones o denuncias.
Abogada colombiana. Graduada en la Universidad de los Andes a finales de los ochenta, cuando en su país iniciaba una cruzada por la paz, ante la amenaza de la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Fue parte del grupo fundador del periódico 6 y 7, y de Séptima Papeleta, movimiento que propuso una revolución pacífica en Colombia.
Tiene un postgrado en Derecho Administrativo y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (España).
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Catalina Botero Marino
Quién es: relatora especial para la libertad de expresión, organismo de la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH)
Como una apasionada por la justicia, define Jorge Cardona Alzate, del diario El Espectador de Colombia, a Catalina Botero Marino, en un perfil publicado a mediados de 2008, cuando ella asumió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamerticana de Derechos Humanos (CIDH). La agenda de esta abogada colombiana es intensa. En las últimas semanas viajó a Europa, Costa Rica y Honduras. En este último país analizó la crítica situación por el asesinato de seis periodistas en lo que va de este año. Pero, se dio un tiempo para responder, vía correo electrónico, esta entrevista con Diario HOY, a propósito de la edición especial de aniversario. En el diálogo, Botero identifica varios hechos que ponen en riesgo la libertad de expresión en el continente: la impunidad de crímenes a periodistas y la falta de protección eficaz a comunicadores en riesgo, la vigencia de leyes que criminalizan la expresión crítica o de normas de reacción desproporcionadas ante la protesta social, regulaciones ambiguas sobre la publicidad oficial, y otras que premian a medios cercanos a los gobiernos y castigan a los críticos o independientes, que son mecanismos de censura indirecta.
¿Qué es para usted la libertad de prensa?
Es una forma de la libertad de expresión, instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.
¿Entonces son inherentes la una a la otra?
La libertad de prensa es la libertad de expresión ejercida por los medios.
¿Cuál es el diagnóstico de la Relatoría sobre el respeto a estas libertades?
El balance de las últimas dos décadas en las Américas tiene activos que no pueden ser desestimados, pero también presenta graves desafíos que deben ser afrontados a tiempo, con rigor y seriedad.
¿Qué destaca como activos?
Que la mayoría de los Estados de la región consagran la libertad de expresión como un derecho fundamental y han derogado delitos como el desacato. La expedición de leyes de acceso a la información ha sido vigorosa y avanza. De manera más incipiente, hay iniciativas para revisar las leyes de radiodifusión y la asignación de la publicidad oficial, para prevenir la censura indirecta y promover la diversidad y el pluralismo en los medios.
¿Y los desafíos pendientes?
El primer problema es la impunidad de los crímenes de periodistas y la falta de mecanismos para proteger eficazmente a los comunicadores en riesgo. El segundo es la existencia de leyes que criminalizan la expresión crítica, como los delitos de prensa, las leyes de injuria de los símbolos patrios o las normas que establecen una reacción desproporcionada frente a la protesta social. El tercero es la existencia de regulaciones ambiguas o deficientes que permiten el uso de los recursos públicos (como la publicidad oficial) o regulación estatal para premiar a medios cercanos a los gobiernos y castigar a los medios críticos o independientes (la llamada censura indirecta).
¿Cómo está el acceso a la información?
Si bien hay un importante esfuerzo de promulgación de leyes, aún faltan normas de implementación y campañas sostenidas de capacitación para romper la cultura del secretismo que por años imperó en la región.
¿Cuáles son los países que más preocupan?
Han sido objeto de especial atención durante 2009 los incluidos en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, a decir Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela. Así como México, por el alto nivel de violación del derecho a la vida de los periodistas, por parte del crimen organizado.
Hace poco, en el Ecuador, la Asamblea aprobó una disposición que obliga a los medios a rendir cuentas, a través de un consejo afín al Gobierno. ¿Qué opina?
Estamos estudiando dicha disposición.
En contraste, de acuerdo con información oficial, apenas el 10% de entes públicos cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Cómo ve esta situación?
Es importante recordarles a los Estados de las Américas la obligación de implementar adecuadamente el derecho de acceso a la información.
Fundamedios y la Secretaría de Comunicación invitaron a la Relatoría a visitar el Ecuador, para que aporte en el debate del Proyecto de Ley de Comunicación. ¿Tiene previsto hacerlo?
Hemos recibido invitaciones de distintos sectores y hemos participado en distintas etapas de la discusión.
¿Es la autorregulación la mejor opción?
Sí, y -bajo los estándares interamericanos- es la única opción. Sin duda, la actividad periodística debe regirse por estándares éticos pero estos, en ningún caso, pueden ser impuestos por el Estado, tal como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, en su principio 6.
¿Qué implican los estándares éticos?
El desarrollo de un periodismo de calidad, que cumpla cabalmente el importante papel que le toca jugar en una sociedad democrática. Eso requiere de principios éticos, pero estos deben ser producto del debate dentro de la comunidad periodística, sin injerencias estatales de ningún tipo. En eso consiste la autorregulación.
¿La comunicación es un bien público o un derecho?
La libertad de expresión es un derecho fundamental, no una concesión de los Estados.
¿Qué falencias advierte en la prensa latinoamericana?
Eso no es labor de la Relatoría Especial. Sin embargo, las propias organizaciones de prensa han mencionado de manera recurrente la importancia de someter el ejercicio del periodismo a reglas éticas muy exigentes para cumplir la función que le está asignada en una sociedad democrática.
¿Cree que el poder magnifica a los errores de la prensa?
Las relaciones de los distintos gobiernos con la prensa no son siempre iguales, aunque en la mayoría de casos existe una tensión natural entre la prensa más crítica y los funcionarios que se sienten afectados. La importancia en esta dinámica es garantizar el derecho de los funcionarios a controvertir la información que consideran inadecuada, dentro de los estrictos límites que les imponen el derecho a la libertad de expresión de los medios y sus obligaciones como gobernantes.
La libertad de expresión debe tener límites, ¿cuáles son? ¿Quién los fija?
Puede estar sujeta a responsabilidades ulteriores fijadas por la ley para asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicos. Las limitaciones estatales a la libertad de expresión deben estar definidas en forma precisa y clara, a través de una ley en sentido formal y material; deben perseguir objetivos autorizados por la Convención Americana de Derechos Humanos; y deben ser necesarias en una sociedad democrática...
¿Ayuda la judicialización de la opinión?
El uso de los medios coercitivos del Estado para imponer una visión única del mundo y desalentar una deliberación vigorosa y abierta sobre asuntos de relevancia pública es incompatible con los principios que orientan los regímenes democráticos y con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.
En el Ecuador hay varios periodistas sentenciados por opiniones o coberturas informativas, ¿eso amenaza las libertades y, por consecuencia, a la democracia?
El uso del Derecho Penal, especialmente por parte de funcionarios públicos, tiene un gravísimo efecto silenciador que puede restringir no solo el debate democrático sino el derecho de la sociedad a recibir información plural y suficiente sobre temas de relevancia pública. El Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH lo señala claramente.
El periodismo se ha convertido en profesión de alto riesgo. Reportes internacionales revelan cifras alarmantes. ¿Es reversible la situación? ¿Qué recomienda?
La Relatoría Especial exhorta a los Estados a conducir de manera eficaz las investigaciones sobre los crímenes de comunicadores y a que adopten, cuanto antes, medidas para proteger el libre ejercicio del periodismo.
¿Cuáles?
El fortalecimiento de instituciones, la federalización de los delitos contra periodistas, si es el caso, e implementar mecanismos para garantizar la vida e integridad de los comunicadores en riesgo. La cooperación bilateral y multilateral debe enfocar esfuerzos y recursos a la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Hay que impulsar la investigación y la solidaridad internacional en la acogida de comunicadores o defensores desplazados, solos o con sus familias, por causa de sus opiniones o denuncias.
Así soy yo
Abogada colombiana. Graduada en la Universidad de los Andes a finales de los ochenta, cuando en su país iniciaba una cruzada por la paz, ante la amenaza de la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Fue parte del grupo fundador del periódico 6 y 7, y de Séptima Papeleta, movimiento que propuso una revolución pacífica en Colombia.
Tiene un postgrado en Derecho Administrativo y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (España).
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