Tras los destrozos ocasionados por el motÃn de abril último, las cárceles de Quito experimentan un ambiente de tranquilidad relativa. El 7 de mayo fueron trasladados al resto del paÃs 60 internos. Para algunos guÃas y
funcionarios con esta medida se tranquiliza a Pichincha pero se le crean otros problemas a las 15 prisiones adonde fueron llevados esos presos
El reacomodo del poder de las 20 bandas que existen dentro del ex penal GarcÃa Moreno se empieza a sentir por estos dÃas: la calma domina el ambiente, la droga circula sin trabas, las ventas ilÃcitas y legales han devuelto las ganancias a los propietarios de los negocios "limpios" y surgen nuevos "lÃderes" tras la repartición de 25 internos a diversas cárceles del resto del paÃs.
Algo similar ocurre en las cárceles Nº 3 y Nº 2 de Quito: "Si esto parece una escuela, a la hora del recreo", como dice Angel Vallejo, el presidente del Comité de Internos de la cárcel Nº 2, ubicada en la calle Ambato. De aquà fueron trasladados 14 internos y con ellos suman 60 de Quito, que el viernes 7 de mayo, en un gran operativo, fueron conducidos a 15 cárceles de todo Ecuador.
Algunos de los cabecillas del motÃn ocurrido entre el 6 y 14 de abril están contentos y sus familias tranquilas: llenaron sus cuentas particulares con el dinero obtenido de extorsionar a los grandes narcotraficantes o a los investigados por ese delito (César Fernández o los Reyes Torres, entre otros). Se dice que cada uno pagó entre $50 mil y $70 mil para que respetaran su vida, en los dÃas que los más violentos tenÃan bajo su control el ex penal GarcÃa Moreno.
Lo que para el Comité Nacional de Internos fue la lucha por la causa de los presos, para los cabecillas de los destrozos y destrucción el paro significó la ocasión especial para el ajuste de cuentas, extorsionar y reacomodar el poder en cada prisión, tras largos meses de tensiones por el incremento de la población carcelaria. Y para otros fue el momento para que los dirigentes del paro sacaran provecho personal y obtuviesen ganancias económicas inesperadas.
De hecho, el traslado de los 60 internos inquieta a todos. Una pregunta que se hacen policÃas, funcionarios y guÃas es con qué criterio se trasladó, por ejemplo, a uno de los más peligrosos delincuentes de Ecuador, Geovany Banchón, lÃder de la banda Petroecuador, a la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, si allà no se cuenta con las seguridades adecuadas. O, por qué se llevó a Guayaquil a Leslie González, un individuo de alta peligrosidad, si todo el mundo sabe que su banda está afincada en esa ciudad. O, por qué Janson Arroyo fue llevado a Macas si al dÃa siguiente apuñaló a otro interno. Y algo más: entre los trasladados están internos que fungieron de "colaboradores" de la PolicÃa y de la DNRS, a quienes se les puede asesinar en cualquiera de los reclusorios.
"Arreglamos las cosas en Pichincha y las desarreglamos en el resto del paÃs", dice un funcionario. O, como dice Vallejo: "Este tipo de protesta nunca es beneficioso, solo salen ganando los más violentos".
Si las autoridades están tranquilas, hay guÃas y presos que temen que el poder alcanzado por algunos dirigentes y jefes de bandas se convierta en la causa de futuros chantajes. Es decir, "si ahora se les permite salir a la calle a hacer las gestiones, mañana pueden amenazar con un paro si no se les permite hacer de las suyas al interior de las cárceles", dice un alto funcionario de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
El director de esa institución, Fernando Cassis, cree superado el problema, pero que los temas de fondo están pendientes y que una reforma estructural, que estarÃa en marcha para el próximo año, eliminarÃa los factores de riesgo de nuevos motines.
"Por suerte -dice Cassis- nos entregaron a tiempo el dinero para reparar los daños fÃsicos y hemos podido afrontar la seguridad inmediatamente". Y sobre la "reacomodación de fuerzas" al interior de las cárceles, el director de la DNRS considera que eso siempre sucederá en los centros penitenciarios.
Es más, el poder de las bandas Petroecuador (conocida asà por el espectacular asalto a la gasolinera de la estatal petrolera, ubicada en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro) y del "Comando" (Geovany Banchón) están más fuertes en el ex Penal. A ello se añade que los grupos que controlan la venta de droga no fueron tocados. La pregunta que circula entre los internos es: ¿si se toca a los "brujos" se tranquiliza la cárcel? Y ellos se responden: no. ¿Por qué? La droga en una prisión es como una medicina necesaria. Sin ella se alteran los nervios, los viciosos empiezan a desesperarse y comienzan las riñas y conflictos.
El homicidio cometido, el viernes 7 de mayo, contra Carlos Rodrigo Manzano Espinoza, de 35 años, inculpado del asesinato del policÃa Humberto Armijos, da una pista de que todavÃa hay cuentas pendientes. Contra él pesaban acusaciones de haber asesinado, durante el motÃn, a los internos del ex penal José Quiñónez y Manuel Oña.
Pasado el paro y el motÃn, un grupo de internos preparó el crimen contra Manzano. Lo esperaron en la madrugada a que saliera de su celda. Lo inmovilizaron y le clavaron 27 puñaladas. Con ello, se dice, los grupos en crecimiento, lanzaron el siguiente mensaje: "El valiente vive hasta que el cobarde quiere".
Con estos hechos, además, se afirmó una "ley de la cana": el poder de una banda solo sirve para ella cuando no fastidia al resto de bandas. Claro, grupos leales a "Loco Fredy", a Ayovà o a Criollo están "cómodos, pues no se alteraron su rutina ni sus negocios", cuenta un guÃa: "Ellos no se metieron con el resto, porque saben que en un motÃn cualquiera busca protagonismo y poder".
De todo eso, el director de esta prisión, Méntor Albán, no tiene conocimiento. "No sé, eso corresponde a otras instancias", solo atina a decir, además de comentar que tiene todo bajo control.
Frente a eso, Washington Grueso, el presidente del Comité Nacional de Internos, dice que la situación se ha normalizado y que la salida de algunos presos a otras cárceles obedeció a su mal comportamiento durante el paro. Reconoce que no se puede tener todo el control frente a grupos que viven de la extorsión permanente. Su percepción es que su organización se puso al frente del paro, porque ya se desbordó la demanda carcelaria y se pasó a la delincuencial.
De todos modos, él, como Angel Vallejo, dirigente de la cárcel Nº 2, cree que para superar este tipo de problemas, el Gobierno debe definir como polÃtica de Estado la rehabilitación social.
¿Y hasta que ello ocurra? "Sostener el liderazgo por convicción ideológica, por los derechos de los presos", afirma Grueso, y dice tener bastante apoyo de un grupo de internos que solo quiere trabajar y cumplir sus penas en paz. También comenta que es aborrecido por otros que siempre vivirán al margen de la legalidad. Y sobre el reacomodo de fuerzas, reconoce que sÃ, pero que será transitorio. (OP)
"Para aumentar las penas hay que mejorar las cárceles"
En la situación actual se vuelve tensa la vida diaria en la prisiones si crece la población
El monto total de los daños en las instalaciones las cárceles de Quito suma $120 mil y el Ministerio de Gobierno transfirió $200 mil, como una ayuda de emergencia. El saldo de $80 mil será utilizado para comprar computadoras y material para la administración.
La duda mayor era cómo restablecer la documentación destruida en las oficinas de la cárcel Nº 3 de Quito que sufrieron destrozos, robos y desaparición de documentos y archivos.
Para el director de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DNRS), Fernando Cassis, el problema está superado: se trabajó con el Consejo Nacional de la Judicatura, se revisaron los procesos y archivos y de ese modo se restablecerá la información sobre la situación de los presos, sus juicios y documentos de respaldo.
Es que con la desaparición de documentos se generó la duda de que podrÃan fraguarse libertades y hasta desapariciones de detenidos.
Como consta en el gráfico adjunto, los destrozos fueron desde huecos en las paredes, rotura del alcantarillado y servicios higiénicos. El costo de la reparación en el ex penal GarcÃa Moreno suma alrededor de $37 mil; en la cárcel Nº 3, $21 mil; en la Nº 2, $8 399, según los datos proporcionados por el Departamento de Construcciones de la DNRS.
Por suerte, dice el director de la cárcel Nº 2, Johny Berrezueta, en este centro las oficinas están separadas de las celdas y patios y se pudieron proteger documentos y bienes. Pero de los destrozos no se libró el bar del Comité de Internos, denominado Tiwintza. Berrezueta y el presidente de ese Comité, Angel Vallejo, coinciden que la destrucción fue obra de los llamados "polillas", los que más provecho sacan de los motines. Hasta ahora no se lo puede reparar completamente, lo mismo que no se ha podido reponer todo el instrumental de los Departamentos Médico y Odontológico. ¿Y si hay una emergencia médica? Berrezueta responde: "Nos tenemos que apoyar con el 911, no queda más". Tampoco se recupera la computadora del Departamento de Bienestar Social.
En donde más se destruyó material de oficina, archivos y documentos, fue en la cárcel Nº 3. Cassis asegura que con el trabajo del personal administrativo ya se ha podido restablecer el orden, aunque con muchas dificultades pues se tuvo que utilizar el tiempo de trabajo normal para tareas de reparación.
Lo que está en debate entre las autoridades, dirigentes de los presos, guÃas penintenciarios y funcionarios es cómo prevenir para no volver a vivir un paro y un motÃn como el de abril. Todos coinciden en algo: no se pueden aumentar las penas para frenar la delincuencia sin tomar en consideración el estado de la prisión a la que se lleva a los presos.
El propio Cassis reconoce que si un interno sentenciado a 25 años va a permanecer ese tiempo en prisión, las condiciones fÃsicas y el proceso de rehabilitación deben ser completamente distintos a los que se usan para otro sentenciado a 10 años. Igual criterio manejan los guÃas: es otro el tratamiento de seguridad con un preso que sabe que pasará, posiblemente, el resto de sus dÃas entre cuatro paredes que otro que sueña con salir pronto. (OP)
Un lÃder que recupera poder y afirma su imagen pública
El presidente del Comité Nacional de Internos recibe apoyo y también resistencias
No deja de rascarse la ceja derecha. Apenas si sonrÃe. Su seriedad se pierde cuando habla de su vida como analista en sistemas celulares y redes, de sus dos hijos, que ahora viven en Portugal junto a su madre, de su enamoramiento con su actual novia, a quien conoció en prisión, de sus sueños para cuando salga libre, en un año y dos meses, tras cumplir una pena de cuatro años y seis meses.
Eso sÃ, frunce el ceño si se "invaden" los terrenos de su condición de preso, de sentenciado por asociación ilÃcita y plagio, de lÃder del ex Penal GarcÃa Moreno, de "privilegiado" por tener la "libertad" de salir a la calle. Por eso no es difÃcil encontrarlo, cualquier dÃa de la semana, en los pasillos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), de los juzgados o del Congreso Nacional.
Washington Grueso, de 38 años, de vestir elegante, bien pulcro y con camisas impecablemente planchadas, es el presidente nacional del Comité Nacional de Internos, que en los dÃas del paro carcelario, entre el 6 y 26 de abril, puso en primera plana la realidad carcelaria. Y es, al mismo tiempo, el centro de la polémica de sus compañeros de reclusorio y un foco de atención de la PolicÃa y guÃas penitenciarios, por su "peligrosidad, manejo de gente violenta y su poder de influencia ante ciertas autoridades", como comenta un guÃa.
Unos lo tienen como un gran amigo que resuelve problemas y vela por el bienestar de todos. Otros, "sus enemigos", observan en su trabajo un afán individual por velar por sus intereses personales.
Es más, un guÃa cuenta que Grueso perdió poder dentro del ex Penal con el motÃn y ahora lo recuperó con la salida de algunos de sus "competidores". Incluso, se rumora que la lista de los 60 internos enviados a otras cárceles fue elaborada por él. AsÃ, se sacó de encima a quienes podÃan estorbar su anhelo de "gobernar" en la cárcel, tener gloria, influencia y, según algunos, fama, que le dará dinero al salir libre.
Confiesa que vive de asesorar a la empresa Diproit. Por eso recibe mensualmente, según él, una donación de $300. Otras personas del ex Penal dicen que es un experto en "limpiar" celulares robados.
En los tres años de su segunda prisión, aprendió la lógica del "capo" carcelario: primero arrimarse a un jefe fuerte, saber con quién aliarse, a quién no fastidiar o respetar y, luego, dejar sentir su fuerza sin llegar a golpear, extorsionar, además de tener buenos contactos afuera. (OP).
SE DIJO
El traslado de presos a otras cárceles es una medida para proteger la integridad de los mismos internos y la seguridad de esas prisiones
Fernando Cassis, director nacional de Rehabilitación Social
Nunca son buenos estos paros porque dejan muchas secuelas que lamentar, como la muerte de compañeros y destrozos por todas partes
Angel Vallejo, presidente del Comité de Internos de la cárcel Nº 2 de Quito
A veces la droga se convierte en una "medicina" que tranquiliza a los presos. Lo contrario es vivir alterados y con una enorme tensión.
Testimonio de un guÃa penitenciario)
(BLANCO Y NEGRO)
funcionarios con esta medida se tranquiliza a Pichincha pero se le crean otros problemas a las 15 prisiones adonde fueron llevados esos presos
El reacomodo del poder de las 20 bandas que existen dentro del ex penal GarcÃa Moreno se empieza a sentir por estos dÃas: la calma domina el ambiente, la droga circula sin trabas, las ventas ilÃcitas y legales han devuelto las ganancias a los propietarios de los negocios "limpios" y surgen nuevos "lÃderes" tras la repartición de 25 internos a diversas cárceles del resto del paÃs.
Algo similar ocurre en las cárceles Nº 3 y Nº 2 de Quito: "Si esto parece una escuela, a la hora del recreo", como dice Angel Vallejo, el presidente del Comité de Internos de la cárcel Nº 2, ubicada en la calle Ambato. De aquà fueron trasladados 14 internos y con ellos suman 60 de Quito, que el viernes 7 de mayo, en un gran operativo, fueron conducidos a 15 cárceles de todo Ecuador.
Algunos de los cabecillas del motÃn ocurrido entre el 6 y 14 de abril están contentos y sus familias tranquilas: llenaron sus cuentas particulares con el dinero obtenido de extorsionar a los grandes narcotraficantes o a los investigados por ese delito (César Fernández o los Reyes Torres, entre otros). Se dice que cada uno pagó entre $50 mil y $70 mil para que respetaran su vida, en los dÃas que los más violentos tenÃan bajo su control el ex penal GarcÃa Moreno.
Lo que para el Comité Nacional de Internos fue la lucha por la causa de los presos, para los cabecillas de los destrozos y destrucción el paro significó la ocasión especial para el ajuste de cuentas, extorsionar y reacomodar el poder en cada prisión, tras largos meses de tensiones por el incremento de la población carcelaria. Y para otros fue el momento para que los dirigentes del paro sacaran provecho personal y obtuviesen ganancias económicas inesperadas.
De hecho, el traslado de los 60 internos inquieta a todos. Una pregunta que se hacen policÃas, funcionarios y guÃas es con qué criterio se trasladó, por ejemplo, a uno de los más peligrosos delincuentes de Ecuador, Geovany Banchón, lÃder de la banda Petroecuador, a la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, si allà no se cuenta con las seguridades adecuadas. O, por qué se llevó a Guayaquil a Leslie González, un individuo de alta peligrosidad, si todo el mundo sabe que su banda está afincada en esa ciudad. O, por qué Janson Arroyo fue llevado a Macas si al dÃa siguiente apuñaló a otro interno. Y algo más: entre los trasladados están internos que fungieron de "colaboradores" de la PolicÃa y de la DNRS, a quienes se les puede asesinar en cualquiera de los reclusorios.
"Arreglamos las cosas en Pichincha y las desarreglamos en el resto del paÃs", dice un funcionario. O, como dice Vallejo: "Este tipo de protesta nunca es beneficioso, solo salen ganando los más violentos".
Si las autoridades están tranquilas, hay guÃas y presos que temen que el poder alcanzado por algunos dirigentes y jefes de bandas se convierta en la causa de futuros chantajes. Es decir, "si ahora se les permite salir a la calle a hacer las gestiones, mañana pueden amenazar con un paro si no se les permite hacer de las suyas al interior de las cárceles", dice un alto funcionario de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
El director de esa institución, Fernando Cassis, cree superado el problema, pero que los temas de fondo están pendientes y que una reforma estructural, que estarÃa en marcha para el próximo año, eliminarÃa los factores de riesgo de nuevos motines.
"Por suerte -dice Cassis- nos entregaron a tiempo el dinero para reparar los daños fÃsicos y hemos podido afrontar la seguridad inmediatamente". Y sobre la "reacomodación de fuerzas" al interior de las cárceles, el director de la DNRS considera que eso siempre sucederá en los centros penitenciarios.
Es más, el poder de las bandas Petroecuador (conocida asà por el espectacular asalto a la gasolinera de la estatal petrolera, ubicada en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro) y del "Comando" (Geovany Banchón) están más fuertes en el ex Penal. A ello se añade que los grupos que controlan la venta de droga no fueron tocados. La pregunta que circula entre los internos es: ¿si se toca a los "brujos" se tranquiliza la cárcel? Y ellos se responden: no. ¿Por qué? La droga en una prisión es como una medicina necesaria. Sin ella se alteran los nervios, los viciosos empiezan a desesperarse y comienzan las riñas y conflictos.
El homicidio cometido, el viernes 7 de mayo, contra Carlos Rodrigo Manzano Espinoza, de 35 años, inculpado del asesinato del policÃa Humberto Armijos, da una pista de que todavÃa hay cuentas pendientes. Contra él pesaban acusaciones de haber asesinado, durante el motÃn, a los internos del ex penal José Quiñónez y Manuel Oña.
Pasado el paro y el motÃn, un grupo de internos preparó el crimen contra Manzano. Lo esperaron en la madrugada a que saliera de su celda. Lo inmovilizaron y le clavaron 27 puñaladas. Con ello, se dice, los grupos en crecimiento, lanzaron el siguiente mensaje: "El valiente vive hasta que el cobarde quiere".
Con estos hechos, además, se afirmó una "ley de la cana": el poder de una banda solo sirve para ella cuando no fastidia al resto de bandas. Claro, grupos leales a "Loco Fredy", a Ayovà o a Criollo están "cómodos, pues no se alteraron su rutina ni sus negocios", cuenta un guÃa: "Ellos no se metieron con el resto, porque saben que en un motÃn cualquiera busca protagonismo y poder".
De todo eso, el director de esta prisión, Méntor Albán, no tiene conocimiento. "No sé, eso corresponde a otras instancias", solo atina a decir, además de comentar que tiene todo bajo control.
Frente a eso, Washington Grueso, el presidente del Comité Nacional de Internos, dice que la situación se ha normalizado y que la salida de algunos presos a otras cárceles obedeció a su mal comportamiento durante el paro. Reconoce que no se puede tener todo el control frente a grupos que viven de la extorsión permanente. Su percepción es que su organización se puso al frente del paro, porque ya se desbordó la demanda carcelaria y se pasó a la delincuencial.
De todos modos, él, como Angel Vallejo, dirigente de la cárcel Nº 2, cree que para superar este tipo de problemas, el Gobierno debe definir como polÃtica de Estado la rehabilitación social.
¿Y hasta que ello ocurra? "Sostener el liderazgo por convicción ideológica, por los derechos de los presos", afirma Grueso, y dice tener bastante apoyo de un grupo de internos que solo quiere trabajar y cumplir sus penas en paz. También comenta que es aborrecido por otros que siempre vivirán al margen de la legalidad. Y sobre el reacomodo de fuerzas, reconoce que sÃ, pero que será transitorio. (OP)
"Para aumentar las penas hay que mejorar las cárceles"
En la situación actual se vuelve tensa la vida diaria en la prisiones si crece la población
El monto total de los daños en las instalaciones las cárceles de Quito suma $120 mil y el Ministerio de Gobierno transfirió $200 mil, como una ayuda de emergencia. El saldo de $80 mil será utilizado para comprar computadoras y material para la administración.
La duda mayor era cómo restablecer la documentación destruida en las oficinas de la cárcel Nº 3 de Quito que sufrieron destrozos, robos y desaparición de documentos y archivos.
Para el director de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DNRS), Fernando Cassis, el problema está superado: se trabajó con el Consejo Nacional de la Judicatura, se revisaron los procesos y archivos y de ese modo se restablecerá la información sobre la situación de los presos, sus juicios y documentos de respaldo.
Es que con la desaparición de documentos se generó la duda de que podrÃan fraguarse libertades y hasta desapariciones de detenidos.
Como consta en el gráfico adjunto, los destrozos fueron desde huecos en las paredes, rotura del alcantarillado y servicios higiénicos. El costo de la reparación en el ex penal GarcÃa Moreno suma alrededor de $37 mil; en la cárcel Nº 3, $21 mil; en la Nº 2, $8 399, según los datos proporcionados por el Departamento de Construcciones de la DNRS.
Por suerte, dice el director de la cárcel Nº 2, Johny Berrezueta, en este centro las oficinas están separadas de las celdas y patios y se pudieron proteger documentos y bienes. Pero de los destrozos no se libró el bar del Comité de Internos, denominado Tiwintza. Berrezueta y el presidente de ese Comité, Angel Vallejo, coinciden que la destrucción fue obra de los llamados "polillas", los que más provecho sacan de los motines. Hasta ahora no se lo puede reparar completamente, lo mismo que no se ha podido reponer todo el instrumental de los Departamentos Médico y Odontológico. ¿Y si hay una emergencia médica? Berrezueta responde: "Nos tenemos que apoyar con el 911, no queda más". Tampoco se recupera la computadora del Departamento de Bienestar Social.
En donde más se destruyó material de oficina, archivos y documentos, fue en la cárcel Nº 3. Cassis asegura que con el trabajo del personal administrativo ya se ha podido restablecer el orden, aunque con muchas dificultades pues se tuvo que utilizar el tiempo de trabajo normal para tareas de reparación.
Lo que está en debate entre las autoridades, dirigentes de los presos, guÃas penintenciarios y funcionarios es cómo prevenir para no volver a vivir un paro y un motÃn como el de abril. Todos coinciden en algo: no se pueden aumentar las penas para frenar la delincuencia sin tomar en consideración el estado de la prisión a la que se lleva a los presos.
El propio Cassis reconoce que si un interno sentenciado a 25 años va a permanecer ese tiempo en prisión, las condiciones fÃsicas y el proceso de rehabilitación deben ser completamente distintos a los que se usan para otro sentenciado a 10 años. Igual criterio manejan los guÃas: es otro el tratamiento de seguridad con un preso que sabe que pasará, posiblemente, el resto de sus dÃas entre cuatro paredes que otro que sueña con salir pronto. (OP)
Un lÃder que recupera poder y afirma su imagen pública
El presidente del Comité Nacional de Internos recibe apoyo y también resistencias
No deja de rascarse la ceja derecha. Apenas si sonrÃe. Su seriedad se pierde cuando habla de su vida como analista en sistemas celulares y redes, de sus dos hijos, que ahora viven en Portugal junto a su madre, de su enamoramiento con su actual novia, a quien conoció en prisión, de sus sueños para cuando salga libre, en un año y dos meses, tras cumplir una pena de cuatro años y seis meses.
Eso sÃ, frunce el ceño si se "invaden" los terrenos de su condición de preso, de sentenciado por asociación ilÃcita y plagio, de lÃder del ex Penal GarcÃa Moreno, de "privilegiado" por tener la "libertad" de salir a la calle. Por eso no es difÃcil encontrarlo, cualquier dÃa de la semana, en los pasillos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), de los juzgados o del Congreso Nacional.
Washington Grueso, de 38 años, de vestir elegante, bien pulcro y con camisas impecablemente planchadas, es el presidente nacional del Comité Nacional de Internos, que en los dÃas del paro carcelario, entre el 6 y 26 de abril, puso en primera plana la realidad carcelaria. Y es, al mismo tiempo, el centro de la polémica de sus compañeros de reclusorio y un foco de atención de la PolicÃa y guÃas penitenciarios, por su "peligrosidad, manejo de gente violenta y su poder de influencia ante ciertas autoridades", como comenta un guÃa.
Unos lo tienen como un gran amigo que resuelve problemas y vela por el bienestar de todos. Otros, "sus enemigos", observan en su trabajo un afán individual por velar por sus intereses personales.
Es más, un guÃa cuenta que Grueso perdió poder dentro del ex Penal con el motÃn y ahora lo recuperó con la salida de algunos de sus "competidores". Incluso, se rumora que la lista de los 60 internos enviados a otras cárceles fue elaborada por él. AsÃ, se sacó de encima a quienes podÃan estorbar su anhelo de "gobernar" en la cárcel, tener gloria, influencia y, según algunos, fama, que le dará dinero al salir libre.
Confiesa que vive de asesorar a la empresa Diproit. Por eso recibe mensualmente, según él, una donación de $300. Otras personas del ex Penal dicen que es un experto en "limpiar" celulares robados.
En los tres años de su segunda prisión, aprendió la lógica del "capo" carcelario: primero arrimarse a un jefe fuerte, saber con quién aliarse, a quién no fastidiar o respetar y, luego, dejar sentir su fuerza sin llegar a golpear, extorsionar, además de tener buenos contactos afuera. (OP).
SE DIJO
El traslado de presos a otras cárceles es una medida para proteger la integridad de los mismos internos y la seguridad de esas prisiones
Fernando Cassis, director nacional de Rehabilitación Social
Nunca son buenos estos paros porque dejan muchas secuelas que lamentar, como la muerte de compañeros y destrozos por todas partes
Angel Vallejo, presidente del Comité de Internos de la cárcel Nº 2 de Quito
A veces la droga se convierte en una "medicina" que tranquiliza a los presos. Lo contrario es vivir alterados y con una enorme tensión.
Testimonio de un guÃa penitenciario)
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