La Corte Suprema de Justicia anunciará hoy las sanciones adoptadas contra los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, Germánico Maya y José Robayo, quienes fueron destituidos el martes en la noche, junto con otros cinco judiciales.
Extraoficialmente se conoció que Maya y Robayo fueron destituidos por decisión del Pleno de la Corte, a pesar de los recursos de amparo que habÃan presentado. Según confirmó a este Diario un magistrado que pidió la reserva, a Maya y Robayo se les aplicó el artÃculo 8 de la ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que prevé la separación del cargo por inhabilidad declarada por la Corte Suprema.
Los jueces habrÃan tomado en cuenta también el antecedente de la destitución del ex vocal de la Judicatura Ricardo Vaca, quien fue separado por la anterior Corte, a la que se enfrentó.
También se destituyó, según la misma fuente, a los presidentes de las cortes superiores de Quito, Alberto Moscoso, y Cuenca, Hugo Darquea. Se defenestró también a los ministros de la Corte de Quito Fernando Cazares y Alberto Palacios, quien denunció presiones del magistrado Efrén Gavilánez y del hacendado Leonidas Plaza Somers en su contra.
La misma medida se habrÃa adoptado en contra de Olmedo Castro, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, pero no se tomó una decisión contra Luis Muñoz, titular de la Fenaje.
Según la fuente, el caso de Muñoz se discutió acaloradamente. Hubo un grupo de magistrados que pidió destituirlo por medio de una resolución de la Corte, pero esta posibilidad no tuvo apoyo debido al hecho de que Muñoz es un empleado administrativo de un juzgado de lo Laboral. Por ello, se acordó que sea el Consejo de la Judicatura el que decida la suerte del lÃder sindical.
Los magistrados, sin embargo, hicieron un pacto de silencio, empezando por el propio presidente de la Corte. Guillermo Castro Dáger no quiso pronunciarse sobre lo actuado, y precisó que recién hoy la Corte terminará su sesión (que no está clausurada sino suspendida) y anunciará oficialmente las sanciones y la base legal. La Corte se reunirá en la mañana.
La medida cambia totalmente el panorama en el Consejo de la Judicatura, lo que permitirÃa llamar a concurso para llenar, al menos, 400 vacantes, el nombramiento de los delegados distritales del Consejo de la Judicatura y una posible reestructuración de las cortes superiores.
Con la salida de Maya y Robayo, Castro logra el control de por lo menos seis de los siete votos, ya que se alinean con el presidente de la Suprema Jaime RodrÃguez, Bayardo Poveda, Felipe Granda, Marcial AlcÃvar (alterno de Maya cercano al PRE), Alejandro Carrión y Ramiro Aguilar. El único voto en contra de Castro serÃa el de Alfonso Salazar, alterno de Robayo, quien también es de la Fenaje.
Ayer, los destituidos no fueron oficialmente notificados, pero preparaban ya su defensa legal. Maya anticipó que presentará demandas penales en contra de los jueces de la Suprema, pidiendo inclusive el embargo de sus bienes. También anunció que los destituidos no acatarán la resolución de la Corte, y que presentarán demandas internacionales en el Sistema Interamericano de la OEA.
El dirigente Luis Muñoz, por su parte, denunció el robo y destrucción de su vehÃculo, responsabiliza al Gobierno y anuncia la radicalización del paro judicial.
Mientras tanto, en el caso de la recusación de Guillermo Castro Dáger, el titular de la Corte dijo que los juicios en contra de Bucaram ya están en el archivo, y que recibió ayer la segunda de tres boletas de Francisco Ycaza para que comparezca. Anticipó que Ycaza ya no tiene nada que hacer en el juicio de Bucaram, debido a que ya se han negado todos los recursos y no proceden más apelaciones. En todo caso, aseguró que presentará mañana el informe requerido por el presidente subrogante.
Hoy, mientras tanto, la FiscalÃa General reconocerá la denuncia de la ProcuradurÃa y el Foro de Abogados, que solicitaron un juicio contra Castro Dáger, por prevaricato.
César Morales, director general de AsesorÃa JurÃdica del Ministerio Público, recibirá las acusaciones de esos dos sectores. Posteriormente, decidirá si realiza una indagación previa o una instrucción fiscal del tema.
¿Desde qué momento procesal la sala deberÃa conocer el juicio?
âLa sala debe conocer lo que ya se despachóâ
âLa demanda de recusación no puede ser denegada, y le corresponderá al presidente subrogante, Francisco Ycaza, despachar y conceder el recurso. Con ello, la sala de lo Penal -en la que recaiga la demanda por sorteo- deberá conocer lo que esté por despacharse y lo que ya haya sido despachado.
El recurso tiene dos efectos jurÃdicos: desde el momento en que se le da trámite, el juez recusado pierde la competencia de manera transitoria; en caso de concederse la recusación, entonces ese juez ya pierde definitivamente el conocimiento de la causa.
Eso significa que, eventualmente, pueden volverse a poner en vigencia las órdenes de prisión si la sala Penal efectivamente concede los recursos y anula las providencias dictadas por Castro Dágerâ.
Iván Castro Patiño, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil.
âEl juez decide cuando resuelva la recusaciónâ
âEl Dr. Francisco Ycaza debe conocer todo el expediente.
Según el Código de Procedimiento Civil, la recusación suspende el trámite de los juicios contra Abdalá Bucaram hasta que se resuelva la demanda. ¿Esto significa que los fallos a favor de Bucaram son nulos y el ex mandatario puede ser apresado o no?
No, hasta que no se resuelva sobre la recusación, y entonces el juez deberá decidir.
No debemos olvidar que estos procesos son netamente polÃticos, y que, lamentablemente, tendrán un manejo polÃtico, muchas veces marginando el sentido de la ley, muchas veces a favor o en contra.
Para sustentar ello debemos observar el Código de Procedimiento Civil en sus artÃculos 880, 881, 890, 904 y 299â.
Xavier Arosemena Camacho, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad EspÃritu Santo.
âLa solución depende del soporte polÃticoâ
âEl conocer o no todo el expediente o solo el último recurso y la providencia de Castro Dáger anulando los juicios, depende de la sala en que recaiga el caso. Yo creo que la nulidad no era procedente.
En consecuencia, muy bien podrÃa desconocerse el auto de nulidad dictado por el presidente de la Suprema y el proceso volverÃa a estar en el mismo estado en que estaba al momento en que Castro dictó el auto de nulidad. El otro escenario es simplemente aceptar la declaratoria de nulidad y conocer el proceso desde el inicio.
Sin embargo, la providencia de Castro es solo un auto de nulidad, pero no ha resuelto el juicio, porque no ha absuelto a Abdalá Bucaram... El asunto está tan politizado que ninguna alternativa tendrá sostenibilidad si no es con un soporte polÃtico fuerteâ.
Alfredo Ruiz, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
âEl PSC y la ID quieren 17 juecesâ
El secretario de Comunicación, Iván Oña, hizo la acusación contra los dos principales partidos de la oposición, al evaluar el desarrollo de la paralización de la Asamblea de Pichincha. âFelicito al pueblo quiteño por no plegar al paro convocadoâ por la ID.
âLamentablemente, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, de la información que yo tengo -porque yo no he manejado el tema y serÃa de preguntarle al ministro de Gobierno-, han pedido diecisiete jueces para ellosâ.
Oña aseguró que con ello âvolvemos a lo anterior, al estado del Partido Social Cristiano y ese no es el objetivoâ.
Ante el reiterativo cuestionamiento de un periodista de que ese estado no es solo de la Corte anterior sino también de la actual, Oña solo aseguró que por eso el Presidente ha dicho que los actuales magistrados son temporales.
âEmplazo a Oña a que dé nombresâ
El jefe del bloque socialcristiano, León Febres Cordero, reaccionó con indignación y rechazó las aseveraciones del secretario de Comunicación Iván Oña.
Febres Cordero lo emplazó a que pruebe con nombres y apellidos quién o quiénes, a nombre de su agrupación polÃtica, habrÃan presionado por una supuesta troncha judicial. âCon nuestra proverbial decencia polÃtica estamos demostrando la total coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. En cambio, Oña, al igual que su jefe (Lucio Gutiérrez) no tiene empacho en mentir, y cuando se lo emplaza esconde sus mentiras con el silencio. Son simples pretextos para tratar de justificar el doble discurso del Gobiernoâ.
Febres Cordero dijo que âlos socialcristianos estamos luchando por principios y por el retorno al estado de Derecho, grosera y torpemente violado por Lucio Gutiérrez y sus acólitos, al tomarse por asalto la Corte Suprema de Justicia y los tribunales Constitucional y Supremo Electoralâ.
La oposición insistirá en cese
Pese a que el Parlamento se encuentra dividido en dos grupos de 50 legisladores, cada uno, la sesión permanente para discutir la situación de la Corte se mantiene abierta y tendrá que continuar hasta que haya una decisión de mayorÃa. Por eso, ambos sectores pulen sus propuestas en busca de los votos necesarios para aprobarlas.
Del lado de la oposición no se descartó insistir en una propuesta de resolución para permitir el trámite del proyecto concertado por este sector. La intención es que el proyecto de reformas a la ley Orgánica de la Función Judicial se apruebe en una sola discusión. Esto se hará aprovechando el segundo debate pendiente de la ley de Cooptación de Wilfrido Lucero (ID).
Los representantes de ese sector legislativo siguieron las conversaciones para concertar un mecanismo que permita acercamientos con otros legisladores y asà conseguir el voto que les falta. Los diálogos se inclinaron otra vez hacia el G7. Pero en caso de que esta intención falle, la oposición está dispuesta a formular una nueva propuesta.
Aunque esta aún no está redactada, la idea conversada ayer es que el Congreso decida el trámite de un proyecto intermedio que pueda obtener el respaldo de una mayorÃa de diputados.
Esta iniciativa se canalizarÃa a través de una resolución que en un primer punto contenga la cesación inmediata de la Corte.
El segundo punto contemplarÃa una disposición para que todos los proyectos de reforma pasen a conocimiento de una comisión legislativa que los unifique y proponga un informe para primer debate. Adicionalmente se propondrÃa la declaratoria de urgencia para ser tramitado en 15 dÃas.
La alternativa la discutieron ayer representantes del PSC -de donde nació la propuesta-, la ID, Pachakutik, la DP y socialistas. Ellos anunciaron el respaldo de los independientes Ãdgar Ortiz y Luis MejÃa, y del roldosista Marco Proaño. Pero la discusión de hoy dependerá del número de diputados presentes en el pleno, ya que muchos de ellos regresaron a sus provincias el martes y hoy podrÃan no regresar si en Quito se mantienen las movilizaciones que intenten llegar al Parlamento.
Precisamente, los socialcristianos Pascual del Cioppo, Alfonso Harb y Xavier Sandoval indicaron que todo dependÃa de los acontecimientos de ayer, los cuales los siguieron con detenimiento. Sandoval recordó que aún no han recibido convocatoria a sesión; mientras que Del Cioppo dijo que no están dispuestos a ir una sesión permanente sin mayorÃa. Para Harb, incluso, aún falta decidir si el problema se resolverá en las calles o en el Parlamento.
El régimen retoma la consulta
En un nuevo mensaje televisivo, el primer mandatario responsabilizó otra vez a la ID del entrampamiento legislativo del martes pasado, que impidió cambiar la Corte Suprema.
Lucio Gutiérrez sostuvo âque los vivÃsimos de la ID quisieron aprobar un proyecto de Ley en un segundo debate, sin haberlo discutido en el primeroâ. Esa fue la explicación que dio el jefe de Estado para justificar que su bloque institucional no votó por lo que denominó âproyecto de ley inconstitucionalâ.
En sus crÃticas incluyó al Partido Social Cristiano. Lo responsabilizó de la libertad de varios banqueros. âLa Corte Suprema âfebres-borjistaâ está liberando a los banqueros acusados de corrupción y han dejado libre al banquero Miranda, liberaron con juicio al banquero Aspiazu, liberaron de un juicio al banquero Peñafiel, liberaron al Guerrero Febres, eso es lo que quiere hacer la oposiciónâ.
Al finalizar su intervención, volvió a evaluar el paro de la provincia de Pichincha. âCreo que es el momento de reflexionar, el pueblo ha dicho no más parosâ.
En horas de la noche, por su parte, el ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, sostuvo que mantuvo conversaciones con el bloque institucional para cesar la Corte, a más tardar el próximo martes.
Asimismo, el régimen se alista a romper el cordón umbilical que une la ley reformatoria de la Función Judicial con la consulta popular.
El tándem (ley orgánica-plebiscito ratificatorio) corre grave riesgo tras lo ocurrido en el Congreso el último martes. Según el subsecretario de Gobierno Ãdison Carrera, esa serÃa una de las alternativas del Gobierno, una vez que el proyecto enviado por el Ejecutivo para cambiar la Corte no ha conseguido salir del conflicto legislativo.
âEl Gobierno podrÃa retomar su proyecto original, es decir una consulta popular que le permita a la mayorÃa de la población manifestarse sobre temas importantes como el de la Corte Suprema de Justiciaâ.
Por tal razón, como sostuvo el ministro Ayerve, el presidente Lucio Gutiérrez solicitó al titular del Parlamento, Omar Quintana, que llame a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley del Ejecutivo que reforma el sistema de cooptación y establece un mecanismo para, en teorÃa, âdespolitizarâ la Corte Suprema de Justicia.
âEl Presidente le ha solicitado al presidente del Congreso Nacional que si hasta el jueves (hoy) no se resuelve el problema, convoque a reuniones extraordinarias. Ojalá este pedido pueda ser atendidoâ.
Al parecer, si el Congreso no resuelve el problema, el siguiente paso lo darÃa el Ejecutivo para buscar la declaratoria de urgencia para su consulta popular, cuyo proyecto fue presentado en enero pasado.
Asà se explica que Ayerve siga intentando la alternativa âmás amplia de consenso de la representación polÃtica del paÃsâ, cuando el bloque institucional podrÃa cesar a la Corte sin los votos opositores.
Sostuvo que el Gobierno insistirá en el diálogo y descartó una mediación de la Iglesia, como se habÃa mencionado últimamente, como un mecanismo para reducir las tensiones.
Extraoficialmente se conoció que Maya y Robayo fueron destituidos por decisión del Pleno de la Corte, a pesar de los recursos de amparo que habÃan presentado. Según confirmó a este Diario un magistrado que pidió la reserva, a Maya y Robayo se les aplicó el artÃculo 8 de la ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que prevé la separación del cargo por inhabilidad declarada por la Corte Suprema.
Los jueces habrÃan tomado en cuenta también el antecedente de la destitución del ex vocal de la Judicatura Ricardo Vaca, quien fue separado por la anterior Corte, a la que se enfrentó.
También se destituyó, según la misma fuente, a los presidentes de las cortes superiores de Quito, Alberto Moscoso, y Cuenca, Hugo Darquea. Se defenestró también a los ministros de la Corte de Quito Fernando Cazares y Alberto Palacios, quien denunció presiones del magistrado Efrén Gavilánez y del hacendado Leonidas Plaza Somers en su contra.
La misma medida se habrÃa adoptado en contra de Olmedo Castro, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, pero no se tomó una decisión contra Luis Muñoz, titular de la Fenaje.
Según la fuente, el caso de Muñoz se discutió acaloradamente. Hubo un grupo de magistrados que pidió destituirlo por medio de una resolución de la Corte, pero esta posibilidad no tuvo apoyo debido al hecho de que Muñoz es un empleado administrativo de un juzgado de lo Laboral. Por ello, se acordó que sea el Consejo de la Judicatura el que decida la suerte del lÃder sindical.
Los magistrados, sin embargo, hicieron un pacto de silencio, empezando por el propio presidente de la Corte. Guillermo Castro Dáger no quiso pronunciarse sobre lo actuado, y precisó que recién hoy la Corte terminará su sesión (que no está clausurada sino suspendida) y anunciará oficialmente las sanciones y la base legal. La Corte se reunirá en la mañana.
La medida cambia totalmente el panorama en el Consejo de la Judicatura, lo que permitirÃa llamar a concurso para llenar, al menos, 400 vacantes, el nombramiento de los delegados distritales del Consejo de la Judicatura y una posible reestructuración de las cortes superiores.
Con la salida de Maya y Robayo, Castro logra el control de por lo menos seis de los siete votos, ya que se alinean con el presidente de la Suprema Jaime RodrÃguez, Bayardo Poveda, Felipe Granda, Marcial AlcÃvar (alterno de Maya cercano al PRE), Alejandro Carrión y Ramiro Aguilar. El único voto en contra de Castro serÃa el de Alfonso Salazar, alterno de Robayo, quien también es de la Fenaje.
Ayer, los destituidos no fueron oficialmente notificados, pero preparaban ya su defensa legal. Maya anticipó que presentará demandas penales en contra de los jueces de la Suprema, pidiendo inclusive el embargo de sus bienes. También anunció que los destituidos no acatarán la resolución de la Corte, y que presentarán demandas internacionales en el Sistema Interamericano de la OEA.
El dirigente Luis Muñoz, por su parte, denunció el robo y destrucción de su vehÃculo, responsabiliza al Gobierno y anuncia la radicalización del paro judicial.
Mientras tanto, en el caso de la recusación de Guillermo Castro Dáger, el titular de la Corte dijo que los juicios en contra de Bucaram ya están en el archivo, y que recibió ayer la segunda de tres boletas de Francisco Ycaza para que comparezca. Anticipó que Ycaza ya no tiene nada que hacer en el juicio de Bucaram, debido a que ya se han negado todos los recursos y no proceden más apelaciones. En todo caso, aseguró que presentará mañana el informe requerido por el presidente subrogante.
Hoy, mientras tanto, la FiscalÃa General reconocerá la denuncia de la ProcuradurÃa y el Foro de Abogados, que solicitaron un juicio contra Castro Dáger, por prevaricato.
César Morales, director general de AsesorÃa JurÃdica del Ministerio Público, recibirá las acusaciones de esos dos sectores. Posteriormente, decidirá si realiza una indagación previa o una instrucción fiscal del tema.
¿Desde qué momento procesal la sala deberÃa conocer el juicio?
âLa sala debe conocer lo que ya se despachóâ
âLa demanda de recusación no puede ser denegada, y le corresponderá al presidente subrogante, Francisco Ycaza, despachar y conceder el recurso. Con ello, la sala de lo Penal -en la que recaiga la demanda por sorteo- deberá conocer lo que esté por despacharse y lo que ya haya sido despachado.
El recurso tiene dos efectos jurÃdicos: desde el momento en que se le da trámite, el juez recusado pierde la competencia de manera transitoria; en caso de concederse la recusación, entonces ese juez ya pierde definitivamente el conocimiento de la causa.
Eso significa que, eventualmente, pueden volverse a poner en vigencia las órdenes de prisión si la sala Penal efectivamente concede los recursos y anula las providencias dictadas por Castro Dágerâ.
Iván Castro Patiño, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil.
âEl juez decide cuando resuelva la recusaciónâ
âEl Dr. Francisco Ycaza debe conocer todo el expediente.
Según el Código de Procedimiento Civil, la recusación suspende el trámite de los juicios contra Abdalá Bucaram hasta que se resuelva la demanda. ¿Esto significa que los fallos a favor de Bucaram son nulos y el ex mandatario puede ser apresado o no?
No, hasta que no se resuelva sobre la recusación, y entonces el juez deberá decidir.
No debemos olvidar que estos procesos son netamente polÃticos, y que, lamentablemente, tendrán un manejo polÃtico, muchas veces marginando el sentido de la ley, muchas veces a favor o en contra.
Para sustentar ello debemos observar el Código de Procedimiento Civil en sus artÃculos 880, 881, 890, 904 y 299â.
Xavier Arosemena Camacho, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad EspÃritu Santo.
âLa solución depende del soporte polÃticoâ
âEl conocer o no todo el expediente o solo el último recurso y la providencia de Castro Dáger anulando los juicios, depende de la sala en que recaiga el caso. Yo creo que la nulidad no era procedente.
En consecuencia, muy bien podrÃa desconocerse el auto de nulidad dictado por el presidente de la Suprema y el proceso volverÃa a estar en el mismo estado en que estaba al momento en que Castro dictó el auto de nulidad. El otro escenario es simplemente aceptar la declaratoria de nulidad y conocer el proceso desde el inicio.
Sin embargo, la providencia de Castro es solo un auto de nulidad, pero no ha resuelto el juicio, porque no ha absuelto a Abdalá Bucaram... El asunto está tan politizado que ninguna alternativa tendrá sostenibilidad si no es con un soporte polÃtico fuerteâ.
Alfredo Ruiz, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
âEl PSC y la ID quieren 17 juecesâ
El secretario de Comunicación, Iván Oña, hizo la acusación contra los dos principales partidos de la oposición, al evaluar el desarrollo de la paralización de la Asamblea de Pichincha. âFelicito al pueblo quiteño por no plegar al paro convocadoâ por la ID.
âLamentablemente, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, de la información que yo tengo -porque yo no he manejado el tema y serÃa de preguntarle al ministro de Gobierno-, han pedido diecisiete jueces para ellosâ.
Oña aseguró que con ello âvolvemos a lo anterior, al estado del Partido Social Cristiano y ese no es el objetivoâ.
Ante el reiterativo cuestionamiento de un periodista de que ese estado no es solo de la Corte anterior sino también de la actual, Oña solo aseguró que por eso el Presidente ha dicho que los actuales magistrados son temporales.
âEmplazo a Oña a que dé nombresâ
El jefe del bloque socialcristiano, León Febres Cordero, reaccionó con indignación y rechazó las aseveraciones del secretario de Comunicación Iván Oña.
Febres Cordero lo emplazó a que pruebe con nombres y apellidos quién o quiénes, a nombre de su agrupación polÃtica, habrÃan presionado por una supuesta troncha judicial. âCon nuestra proverbial decencia polÃtica estamos demostrando la total coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. En cambio, Oña, al igual que su jefe (Lucio Gutiérrez) no tiene empacho en mentir, y cuando se lo emplaza esconde sus mentiras con el silencio. Son simples pretextos para tratar de justificar el doble discurso del Gobiernoâ.
Febres Cordero dijo que âlos socialcristianos estamos luchando por principios y por el retorno al estado de Derecho, grosera y torpemente violado por Lucio Gutiérrez y sus acólitos, al tomarse por asalto la Corte Suprema de Justicia y los tribunales Constitucional y Supremo Electoralâ.
La oposición insistirá en cese
Pese a que el Parlamento se encuentra dividido en dos grupos de 50 legisladores, cada uno, la sesión permanente para discutir la situación de la Corte se mantiene abierta y tendrá que continuar hasta que haya una decisión de mayorÃa. Por eso, ambos sectores pulen sus propuestas en busca de los votos necesarios para aprobarlas.
Del lado de la oposición no se descartó insistir en una propuesta de resolución para permitir el trámite del proyecto concertado por este sector. La intención es que el proyecto de reformas a la ley Orgánica de la Función Judicial se apruebe en una sola discusión. Esto se hará aprovechando el segundo debate pendiente de la ley de Cooptación de Wilfrido Lucero (ID).
Los representantes de ese sector legislativo siguieron las conversaciones para concertar un mecanismo que permita acercamientos con otros legisladores y asà conseguir el voto que les falta. Los diálogos se inclinaron otra vez hacia el G7. Pero en caso de que esta intención falle, la oposición está dispuesta a formular una nueva propuesta.
Aunque esta aún no está redactada, la idea conversada ayer es que el Congreso decida el trámite de un proyecto intermedio que pueda obtener el respaldo de una mayorÃa de diputados.
Esta iniciativa se canalizarÃa a través de una resolución que en un primer punto contenga la cesación inmediata de la Corte.
El segundo punto contemplarÃa una disposición para que todos los proyectos de reforma pasen a conocimiento de una comisión legislativa que los unifique y proponga un informe para primer debate. Adicionalmente se propondrÃa la declaratoria de urgencia para ser tramitado en 15 dÃas.
La alternativa la discutieron ayer representantes del PSC -de donde nació la propuesta-, la ID, Pachakutik, la DP y socialistas. Ellos anunciaron el respaldo de los independientes Ãdgar Ortiz y Luis MejÃa, y del roldosista Marco Proaño. Pero la discusión de hoy dependerá del número de diputados presentes en el pleno, ya que muchos de ellos regresaron a sus provincias el martes y hoy podrÃan no regresar si en Quito se mantienen las movilizaciones que intenten llegar al Parlamento.
Precisamente, los socialcristianos Pascual del Cioppo, Alfonso Harb y Xavier Sandoval indicaron que todo dependÃa de los acontecimientos de ayer, los cuales los siguieron con detenimiento. Sandoval recordó que aún no han recibido convocatoria a sesión; mientras que Del Cioppo dijo que no están dispuestos a ir una sesión permanente sin mayorÃa. Para Harb, incluso, aún falta decidir si el problema se resolverá en las calles o en el Parlamento.
El régimen retoma la consulta
En un nuevo mensaje televisivo, el primer mandatario responsabilizó otra vez a la ID del entrampamiento legislativo del martes pasado, que impidió cambiar la Corte Suprema.
Lucio Gutiérrez sostuvo âque los vivÃsimos de la ID quisieron aprobar un proyecto de Ley en un segundo debate, sin haberlo discutido en el primeroâ. Esa fue la explicación que dio el jefe de Estado para justificar que su bloque institucional no votó por lo que denominó âproyecto de ley inconstitucionalâ.
En sus crÃticas incluyó al Partido Social Cristiano. Lo responsabilizó de la libertad de varios banqueros. âLa Corte Suprema âfebres-borjistaâ está liberando a los banqueros acusados de corrupción y han dejado libre al banquero Miranda, liberaron con juicio al banquero Aspiazu, liberaron de un juicio al banquero Peñafiel, liberaron al Guerrero Febres, eso es lo que quiere hacer la oposiciónâ.
Al finalizar su intervención, volvió a evaluar el paro de la provincia de Pichincha. âCreo que es el momento de reflexionar, el pueblo ha dicho no más parosâ.
En horas de la noche, por su parte, el ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, sostuvo que mantuvo conversaciones con el bloque institucional para cesar la Corte, a más tardar el próximo martes.
Asimismo, el régimen se alista a romper el cordón umbilical que une la ley reformatoria de la Función Judicial con la consulta popular.
El tándem (ley orgánica-plebiscito ratificatorio) corre grave riesgo tras lo ocurrido en el Congreso el último martes. Según el subsecretario de Gobierno Ãdison Carrera, esa serÃa una de las alternativas del Gobierno, una vez que el proyecto enviado por el Ejecutivo para cambiar la Corte no ha conseguido salir del conflicto legislativo.
âEl Gobierno podrÃa retomar su proyecto original, es decir una consulta popular que le permita a la mayorÃa de la población manifestarse sobre temas importantes como el de la Corte Suprema de Justiciaâ.
Por tal razón, como sostuvo el ministro Ayerve, el presidente Lucio Gutiérrez solicitó al titular del Parlamento, Omar Quintana, que llame a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley del Ejecutivo que reforma el sistema de cooptación y establece un mecanismo para, en teorÃa, âdespolitizarâ la Corte Suprema de Justicia.
âEl Presidente le ha solicitado al presidente del Congreso Nacional que si hasta el jueves (hoy) no se resuelve el problema, convoque a reuniones extraordinarias. Ojalá este pedido pueda ser atendidoâ.
Al parecer, si el Congreso no resuelve el problema, el siguiente paso lo darÃa el Ejecutivo para buscar la declaratoria de urgencia para su consulta popular, cuyo proyecto fue presentado en enero pasado.
Asà se explica que Ayerve siga intentando la alternativa âmás amplia de consenso de la representación polÃtica del paÃsâ, cuando el bloque institucional podrÃa cesar a la Corte sin los votos opositores.
Sostuvo que el Gobierno insistirá en el diálogo y descartó una mediación de la Iglesia, como se habÃa mencionado últimamente, como un mecanismo para reducir las tensiones.
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