La Habana. El Gobierno de Colombia y las FARC concluyeron hoy la primera ronda de diálogo de 2013 con "aproximaciones" en el problema de la tierra, aunque aún mantienen diferencias "notables" y "de fondo" sobre ese primer punto de la agenda de conversaciones para alcanzar la paz.
En el ciclo que se abrió el pasado 14 de enero, los negociadores del Gobierno y guerrilla han analizado la cuestión agraria y existen coincidencias en aspectos como la necesidad de erradicar la pobreza rural o de transformar el campo colombiano con programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, señalaron las partes en un comunicado conjunto.
También coinciden en que esos programas integrales regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad de la tierra y aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural.
"Hay coincidencias en el anhelo de transformar el campo aunque también subsisten diferencias notables", ratificó por su parte Humberto de la Calle, exvicepresidente de Colombia y jefe de los delegados del Gobierno en el proceso de paz, que tiene su sede permanente en La Habana.
Para superar esas diferencias en aras a alcanzar la paz, De la Calle apostó por "situarse más allá de los propios intereses y ser capaz de ver el futuro" y señaló que el Gobierno "es consciente de la necesidad de cerrar la brecha" del mundo rural "mediante la transformación del campo".
En líneas generales, las conversaciones en este último periodo han avanzado "en un clima de respeto y de diálogo amplio", según el Gobierno, y "a buen ritmo", incluso "acelerado", en opinión de las FARC.
Las partes comenzaron a estudiar las 550 propuestas sobre la cuestión de la tierra que resultaron del foro celebrado en Bogotá el pasado diciembre, como uno de los mecanismos de participación ciudadana acordados por la mesa de diálogo.
La guerrilla ha puesto sobre la mesa diez "propuestas mínimas" como la creación de un fondo de tierras de 20 millones de hectáreas para superar la estructura latifundista y democratizar la propiedad agraria; la puesta en marcha de una nueva política tributaria, la elaboración de un catastro alternativo o el reconocimiento político de los campesinos.
El problema rural está en el origen del conflicto armado que desde hace casi medio siglo padece Colombia, donde el 52 por ciento de la tierra está en manos del 1,15 por ciento de los propietarios, lo que hace de este país suramericano uno de los más desiguales del mundo.
Otro de los hitos que marcó este nuevo ciclo de conversaciones fue el fin de la tregua de dos meses que declararon las FARC en noviembre al arrancar en La Habana los diálogos formales de paz.
El 20 de enero concluyó ese alto el fuego unilateral de la guerrilla que sigue reclamando al Gobierno un cese bilateral de las hostilidades o la regularización del conflicto para atenuar su impacto.
El Gobierno de Juan Manuel Santos rechaza declarar un alto el fuego, se mantiene en la postura de que las Fuerzas Armadas continúen defendiendo la integridad y patrimonio de los colombianos "y solo habrá cese al fuego cuando se hayan alcanzado los acuerdos definitivos" de paz con la guerrilla, según insistió hoy en La Habana Humberto de la Calle.
"Queremos la paz, sí, pero no a cualquier costo, no al costo de que, como producto de las conversaciones, la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra", advirtió el jefe de los negociadores del Ejecutivo.
En los once días de este ciclo de diálogos, las partes se reunieron también con representantes de los Gobiernos de Venezuela y Chile, países acompañantes del proceso, a quienes informaron de los avances de unas conversaciones donde actúan como garantes Cuba y Noruega.
También mantuvieron encuentros con los portavoces de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, con quienes evaluaron los resultados y conclusiones del foro agrario de Bogotá.
Después de un receso de seis días, los delegados de Juan Manuel Santos y los de la guerrilla se volverán a sentar en la mesa de negociación del Palacio de Convenciones de La Habana el jueves 31 de enero. (EFE)
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