Raúl Moscoso, abogado y ambientalista; Diego Cano, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) y el analista Fernando Villavicencio, denunciaron ayer, en rueda de prensa, que la adjudicación del campo Marginal Armadillo (CMA) al consorcio petrolero Gran Colombia, y su inminente explotación, supondrá el exterminio de los pueblos no contactados que habitan en la zona.
De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MA), cerca del campo, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (PNY), la reserva natural más importante del Ecuador, se encontrarían indígenas Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
Moscoso dijo que la Subsecretaría de Ambiente, a inicios de este año, autorizó el ingreso de un grupo de técnicos a la zona, para la realización de estudios ambientales, "resguardados por un grupo armado para que se los proteja de posibles enfrentamientos con habitantes en aislamiento voluntario. Esto podría generar encuentros violentos con el clan Armadillo", aseguró.
Advirtió que, en este caso, el Gobierno no puede ampararse en el artículo 407 de la Constitución, el cual prohibe actividades extractivas en áreas protegidas y establece que, para hacerlo, debe pedir autorización de la Asamblea y convocar a una consulta popular.
"No se puede consultar a la gente sobre si debe exterminar a un grupo humano", enfatizó al tiempo que recordó que aquello violaría tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado ecuatoriano.
Villavicencio acusó ayer al presidente Rafael Correa de ordenar la adjudicación del CMA. "El 19 de mayo de 2008, en una sesión del Directorio Político de Petroecuador, el presidente, pese a conocer todos los antecedentes jurídicos y técnicos de este caso, dispuso la adjudicación del campo Armadillo a quien meses atrás llamó gángster", dijo en referencia a José Dapelo, accionista de Ecuavital, empresa que es parte del consorcio Gran Colombia.
Además, según Villavicencio, el contralmirante Luis Jaramillo, ex presidente de Petroecuador, habría favorecido al consorcio, mediante una declaratoria de fuerza mayor en el sistema Petroecuador, amparada en la cual, en caso de no poder explorar y explotar, la empresa podría demandar al Estado y exigir una millonaria indemnización. (SH-MEVO)
De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MA), cerca del campo, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (PNY), la reserva natural más importante del Ecuador, se encontrarían indígenas Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
Moscoso dijo que la Subsecretaría de Ambiente, a inicios de este año, autorizó el ingreso de un grupo de técnicos a la zona, para la realización de estudios ambientales, "resguardados por un grupo armado para que se los proteja de posibles enfrentamientos con habitantes en aislamiento voluntario. Esto podría generar encuentros violentos con el clan Armadillo", aseguró.
Advirtió que, en este caso, el Gobierno no puede ampararse en el artículo 407 de la Constitución, el cual prohibe actividades extractivas en áreas protegidas y establece que, para hacerlo, debe pedir autorización de la Asamblea y convocar a una consulta popular.
"No se puede consultar a la gente sobre si debe exterminar a un grupo humano", enfatizó al tiempo que recordó que aquello violaría tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado ecuatoriano.
Villavicencio acusó ayer al presidente Rafael Correa de ordenar la adjudicación del CMA. "El 19 de mayo de 2008, en una sesión del Directorio Político de Petroecuador, el presidente, pese a conocer todos los antecedentes jurídicos y técnicos de este caso, dispuso la adjudicación del campo Armadillo a quien meses atrás llamó gángster", dijo en referencia a José Dapelo, accionista de Ecuavital, empresa que es parte del consorcio Gran Colombia.
Además, según Villavicencio, el contralmirante Luis Jaramillo, ex presidente de Petroecuador, habría favorecido al consorcio, mediante una declaratoria de fuerza mayor en el sistema Petroecuador, amparada en la cual, en caso de no poder explorar y explotar, la empresa podría demandar al Estado y exigir una millonaria indemnización. (SH-MEVO)
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