El fiscal Carlos Jiménez y los jueces Francisco Revelo y Daniel Méndez, todos de la jurisdicción de Sucumbíos, gozan de protección policial desde el jueves
Un comando de supuestos paramilitares tenían planificado atentar contra la vida del fiscal Carlos Jiménez y los jueces Francisco Revelo y Daniel Méndez, quienes han conocido y han dado trámite al juicio que se lleva en Sucumbíos por el asesinato de 26 personas en el bombardeo al campamento de Angostura, ocurrido el 1.º de marzo de 2008. Así lo revela Inteligencia militar.
Al respecto, hay un parte policial, fechado el 22 de octubre de 2009, en el cual un miembro de la Policía Judicial de Nueva Loja indica que el miércoles 21 de este mes, alrededor de las 17:30, el fiscal Felipe Villota recibió una llamada telefónica de parte de Inteligencia militar.
El contacto fue para denunciar que desde hace tres o cuatro días se encuentran en la ciudad de Nueva Loja (Sucumbíos), personas desconocidas que "quieren atentar este fin de semana contra la vida de los abogados Carlos Jiménez, fiscal de Sucumbíos; Francisco Revelo, juez Tercero de Garantías Penales; Daniel Méndez, juez Primero de Garantías Penales y sus familias".
Esta denuncia fue conocida por varios representantes de la Fiscalía de Quito, quienes se habrían comunicado con el comandante de Policía de la jurisdicción de donde nace la denuncia para pedirle que se adoptasen las medidas de seguridad respectivas.
Al momento, los tres funcionarios de justicia afectados se encuentran con vigilancia policial hasta nueva disposición.
Amedrentamiento. Una fuente de la Fiscalía, que pidió la reserva, dijo que con medidas de presión buscan evitar que continúen las investigaciones y así parar la decisión de los jueces. Sin embargo, se informó que las averiguaciones continuarán tal como estaban previstas, por lo menos de parte de la Fiscalía.
Funcionarios de esa institución dejaron entrever su preocupación porque sobre las dos últimas vinculaciones al caso "Angostura", tanto de Óscar Naranjo, director de la Policía de Colombia; y Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército de ese país, no se dictó orden de prisión preventiva.
Walter Lombieda, defensor público de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, y de Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, ha pedido la sustitución de las medidas cautelares.
En torno al pronunciamiento del juez Revelo con relación a Naranjo y Montoya, comentó que el juez argumentó que no se cumplían los requisitos del Código Penal y de la Constitución para ordenar la detención. (MP)
Bogotá. El Gobierno de Colombia reiteró ayer que no acepta la jurisdicción extraterritorial del juez de Sucumbíos, que vinculó el jueves al director de la Policía y al ex comandante del Ejército de Colombia, Óscar Naranjo y a Mario Montoya con el bombardeo al campamento de Angostura.
El canciller Jaime Bermúdez reiteró la postura del Ejecutivo frente a las nuevas implicaciones. Hace varias semanas, se vinculó en el caso al jefe militar Freddy Padilla y al ex ministro de Defensa Juan M. Santos.
Según Gabriel Silva, ministro de Defensa, el juez actúa por fuera de los principios de la ley internacional y son decisiones irracionales, erráticas, politizadas.
"He recomendado a las autoridades ecuatorianas que se haga una investigación sobre las motivaciones y los móviles que hay detrás de lo que ha hecho este juez y lo que viene haciendo", advirtió. (EFE-AFP)
Un comando de supuestos paramilitares tenían planificado atentar contra la vida del fiscal Carlos Jiménez y los jueces Francisco Revelo y Daniel Méndez, quienes han conocido y han dado trámite al juicio que se lleva en Sucumbíos por el asesinato de 26 personas en el bombardeo al campamento de Angostura, ocurrido el 1.º de marzo de 2008. Así lo revela Inteligencia militar.
Al respecto, hay un parte policial, fechado el 22 de octubre de 2009, en el cual un miembro de la Policía Judicial de Nueva Loja indica que el miércoles 21 de este mes, alrededor de las 17:30, el fiscal Felipe Villota recibió una llamada telefónica de parte de Inteligencia militar.
El contacto fue para denunciar que desde hace tres o cuatro días se encuentran en la ciudad de Nueva Loja (Sucumbíos), personas desconocidas que "quieren atentar este fin de semana contra la vida de los abogados Carlos Jiménez, fiscal de Sucumbíos; Francisco Revelo, juez Tercero de Garantías Penales; Daniel Méndez, juez Primero de Garantías Penales y sus familias".
Esta denuncia fue conocida por varios representantes de la Fiscalía de Quito, quienes se habrían comunicado con el comandante de Policía de la jurisdicción de donde nace la denuncia para pedirle que se adoptasen las medidas de seguridad respectivas.
Al momento, los tres funcionarios de justicia afectados se encuentran con vigilancia policial hasta nueva disposición.
Amedrentamiento. Una fuente de la Fiscalía, que pidió la reserva, dijo que con medidas de presión buscan evitar que continúen las investigaciones y así parar la decisión de los jueces. Sin embargo, se informó que las averiguaciones continuarán tal como estaban previstas, por lo menos de parte de la Fiscalía.
Funcionarios de esa institución dejaron entrever su preocupación porque sobre las dos últimas vinculaciones al caso "Angostura", tanto de Óscar Naranjo, director de la Policía de Colombia; y Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército de ese país, no se dictó orden de prisión preventiva.
Walter Lombieda, defensor público de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, y de Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, ha pedido la sustitución de las medidas cautelares.
En torno al pronunciamiento del juez Revelo con relación a Naranjo y Montoya, comentó que el juez argumentó que no se cumplían los requisitos del Código Penal y de la Constitución para ordenar la detención. (MP)
Colombia rechaza implicaciones
Bogotá. El Gobierno de Colombia reiteró ayer que no acepta la jurisdicción extraterritorial del juez de Sucumbíos, que vinculó el jueves al director de la Policía y al ex comandante del Ejército de Colombia, Óscar Naranjo y a Mario Montoya con el bombardeo al campamento de Angostura.
El canciller Jaime Bermúdez reiteró la postura del Ejecutivo frente a las nuevas implicaciones. Hace varias semanas, se vinculó en el caso al jefe militar Freddy Padilla y al ex ministro de Defensa Juan M. Santos.
Según Gabriel Silva, ministro de Defensa, el juez actúa por fuera de los principios de la ley internacional y son decisiones irracionales, erráticas, politizadas.
"He recomendado a las autoridades ecuatorianas que se haga una investigación sobre las motivaciones y los móviles que hay detrás de lo que ha hecho este juez y lo que viene haciendo", advirtió. (EFE-AFP)
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