Este delito alcanzó su climax en 2004, con 96 casos; en el 2008, llegaron hasta los 53; durante lo que va de 2009, suman 32
Apesar de que las cifras oficiales señalan que el delito de extorsión tiende a la baja, esta actividad aún causa zozobra entre los perjudicados por la solicitud de altas sumas de dinero a cambio del respeto de la vida o bienes materiales.
Édison Barrera, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), explica que este delito alcanzó su clímax en 2004 con 96 casos, llegando a 53 en 2008 y 32 durante este año. Por los casos suscitados, en lo que va de este año, se exigió el pago de un total de $1 491 200, pero los afectados no desembolsaron ni un centavo.
Las provincias más afectadas son Pichincha y Guayas, seguidas de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. En cambio, en San Lorenzo del Pailón, frontera norte de Esmeraldas, este delito se incrementó. En esta zona, grupos armados obligaron a propietarios y comerciantes a entregarles dinero mediante boletas o 'vacunas'.
A través de hojas volantes se detallaba el nombre de las personas encargadas de recoger el dinero, la cantidad que pedían, plazo de entrega, so pena de robo o asesinato.
Tres de estos presuntos extorsionadores fueron capturados el 26 de mayo pasado, por la Infantería de Marina de San Lorenzo. Ellos pertenecerían al grupo denominado 'Águilas Negras" de Colombia, según informó Lenín Sánchez, segundo comandante del Coopno.
Barrera señaló que este delito no es ejecutado por estas organizaciones delictivas, pues se ha comprobado que con mayor frecuencia actúan una o dos personas.
Auxiliadora G., comerciante de ropa, presentó la denuncia en la Fiscalía, pero recibió llamadas anónimas para que desistiera de la acusación. "Esto nos impide continuar con las indagaciones por el temor de la gente", comentó Juan Mina, nuevo jefe de la Policía Judicial de la provincia de Esmeraldas. Mientras, el 28 de agosto pasado, fueron capturados Juan Burbano y Tomás Trejo, por el robo de una motocicleta y al propietario le exigían $150 para devolverla a su dueña.
Uno de los escándalos que sacudió a la Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas fue la participación de tres agentes en el secuestro y extorsión del comerciante José Yela Cañar. El caso ocurrió el 21 de mayo en la vía a Quito. Los presuntos secuestradores exigieron $30 mil a Yela para liberarlo.
La Unase participó en el operativo y se descubrió que los gendarmes Mario Alarcón, Viterbo Gavilánez y Carlos Guagua, eran los cabecillas del secuestro. Los implicados permanecen detenidos en la cárcel No. 4 de Quito y 23 policías de la PJ de Santo Domingo fueron transferidos a otros comandos.
El 15 de octubre de 2008, las hermanas Laura, Juana y Mercedes Gualán Jiménez y su madre Rosa Jiménez Flores, fueron sorprendidas por seis delincuentes encapuchados, en el recinto Las Mercedes, vía a Toachi. Al no encontrar el dinero se robaron un automotor que lo abandonaron en la carretera a Los Bancos.
Para evitar ser víctima de los extorsionadores, el jefe de la Unase recomendó que las personas bajen su perfil económico. Por ejemplo, deben evitar la exposición a la opinión pública los ganadores de sorteos o loterías, ya que se presentan junto con sus datos personales, convirtiéndose en posibles víctimas.
Recomienda que en el primer intento de extorsión se comuniquen con la Policía Nacional, debido a que es habitual que los extorsionadores entreguen la amenaza para ver la reacción de la víctima. Si cede, entonces, el acoso continúa con mayor fuerza, pero desisten al comprobar el asesoramiento policial. (LFA-ET)
Extorsión o 'vacunas', 20 años en Carchi
Las primeras cartas de extorsión aparecieron en el Carchi hace dos décadas, producto de la influencia de la violencia y guerra interna que vive Colombia, según el sociólogo Jorge Cabezas.
Actualmente, este delito es común en esta provincia ecuatoriana, y mantiene en zozobra a la población.
"Esta práctica que busca presionar a las víctimas para que paguen las llamadas 'vacunas', que van de $1 000 a $10 mil, no es denunciada en muchos sectores", sostiene el fiscal Marlon Escobar.
El capitán Pablo Yacelga, de la Policía Judicial del Carchi, asegura que en Tulcán, en lo que va de 2009, han registrado cinco de estas denuncias. Sin embargo, se dijo preocupado por el aumento de esta amenaza en San Pedro de Huaca, Julio Andrade y sectores rurales.
Prósperos agricultores, ganaderos y comerciantes son blanco de bandas dedicadas a esto, integradas por colombianos y ecuatorianos.
Las misivas que reciben los afectados tienen logotipo de las FARC y se identifican con la Columna Comuneros del Sur. Empero, en San Pedro de Huaca aseguran que quienes firman esas cartas extorsivas son las llamadas "Águilas Negras", grupo disidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ante este fenómeno delictivo, el experto penalista Carlos Pozo Montesdeoca dice que las sanciones al tema del secuestro deben ser actualizadas, aunque "no es que la severidad de la pena suprima o elimine el delito, pero si disminuye".
Cree que las penas deben ser dictadas por jueces probos, para evitar su propagación, pues indica que la extorsión es un delito que debe ser castigado con reclusión menor y para los casos de reincidencia, reclusión mayor. (RC)
Apesar de que las cifras oficiales señalan que el delito de extorsión tiende a la baja, esta actividad aún causa zozobra entre los perjudicados por la solicitud de altas sumas de dinero a cambio del respeto de la vida o bienes materiales.
Édison Barrera, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), explica que este delito alcanzó su clímax en 2004 con 96 casos, llegando a 53 en 2008 y 32 durante este año. Por los casos suscitados, en lo que va de este año, se exigió el pago de un total de $1 491 200, pero los afectados no desembolsaron ni un centavo.
Las provincias más afectadas son Pichincha y Guayas, seguidas de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. En cambio, en San Lorenzo del Pailón, frontera norte de Esmeraldas, este delito se incrementó. En esta zona, grupos armados obligaron a propietarios y comerciantes a entregarles dinero mediante boletas o 'vacunas'.
A través de hojas volantes se detallaba el nombre de las personas encargadas de recoger el dinero, la cantidad que pedían, plazo de entrega, so pena de robo o asesinato.
Tres de estos presuntos extorsionadores fueron capturados el 26 de mayo pasado, por la Infantería de Marina de San Lorenzo. Ellos pertenecerían al grupo denominado 'Águilas Negras" de Colombia, según informó Lenín Sánchez, segundo comandante del Coopno.
Barrera señaló que este delito no es ejecutado por estas organizaciones delictivas, pues se ha comprobado que con mayor frecuencia actúan una o dos personas.
Auxiliadora G., comerciante de ropa, presentó la denuncia en la Fiscalía, pero recibió llamadas anónimas para que desistiera de la acusación. "Esto nos impide continuar con las indagaciones por el temor de la gente", comentó Juan Mina, nuevo jefe de la Policía Judicial de la provincia de Esmeraldas. Mientras, el 28 de agosto pasado, fueron capturados Juan Burbano y Tomás Trejo, por el robo de una motocicleta y al propietario le exigían $150 para devolverla a su dueña.
Policías involucrados
Uno de los escándalos que sacudió a la Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas fue la participación de tres agentes en el secuestro y extorsión del comerciante José Yela Cañar. El caso ocurrió el 21 de mayo en la vía a Quito. Los presuntos secuestradores exigieron $30 mil a Yela para liberarlo.
La Unase participó en el operativo y se descubrió que los gendarmes Mario Alarcón, Viterbo Gavilánez y Carlos Guagua, eran los cabecillas del secuestro. Los implicados permanecen detenidos en la cárcel No. 4 de Quito y 23 policías de la PJ de Santo Domingo fueron transferidos a otros comandos.
El 15 de octubre de 2008, las hermanas Laura, Juana y Mercedes Gualán Jiménez y su madre Rosa Jiménez Flores, fueron sorprendidas por seis delincuentes encapuchados, en el recinto Las Mercedes, vía a Toachi. Al no encontrar el dinero se robaron un automotor que lo abandonaron en la carretera a Los Bancos.
PREVENCIóN
Para evitar ser víctima de los extorsionadores, el jefe de la Unase recomendó que las personas bajen su perfil económico. Por ejemplo, deben evitar la exposición a la opinión pública los ganadores de sorteos o loterías, ya que se presentan junto con sus datos personales, convirtiéndose en posibles víctimas.
Recomienda que en el primer intento de extorsión se comuniquen con la Policía Nacional, debido a que es habitual que los extorsionadores entreguen la amenaza para ver la reacción de la víctima. Si cede, entonces, el acoso continúa con mayor fuerza, pero desisten al comprobar el asesoramiento policial. (LFA-ET)
Extorsión o 'vacunas', 20 años en Carchi
Las primeras cartas de extorsión aparecieron en el Carchi hace dos décadas, producto de la influencia de la violencia y guerra interna que vive Colombia, según el sociólogo Jorge Cabezas.
Actualmente, este delito es común en esta provincia ecuatoriana, y mantiene en zozobra a la población.
"Esta práctica que busca presionar a las víctimas para que paguen las llamadas 'vacunas', que van de $1 000 a $10 mil, no es denunciada en muchos sectores", sostiene el fiscal Marlon Escobar.
El capitán Pablo Yacelga, de la Policía Judicial del Carchi, asegura que en Tulcán, en lo que va de 2009, han registrado cinco de estas denuncias. Sin embargo, se dijo preocupado por el aumento de esta amenaza en San Pedro de Huaca, Julio Andrade y sectores rurales.
Prósperos agricultores, ganaderos y comerciantes son blanco de bandas dedicadas a esto, integradas por colombianos y ecuatorianos.
Las misivas que reciben los afectados tienen logotipo de las FARC y se identifican con la Columna Comuneros del Sur. Empero, en San Pedro de Huaca aseguran que quienes firman esas cartas extorsivas son las llamadas "Águilas Negras", grupo disidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ante este fenómeno delictivo, el experto penalista Carlos Pozo Montesdeoca dice que las sanciones al tema del secuestro deben ser actualizadas, aunque "no es que la severidad de la pena suprima o elimine el delito, pero si disminuye".
Cree que las penas deben ser dictadas por jueces probos, para evitar su propagación, pues indica que la extorsión es un delito que debe ser castigado con reclusión menor y para los casos de reincidencia, reclusión mayor. (RC)
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