Mientras presentaban ayer la declaración de bienes, los magistrados empezaron a emitir criterios respecto a la organización interna de la Función Judicial. No se
ha definido si sesionarán después de la posesión, hoy.
Los 31 magistrados y 21 conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asumirán funciones hoy, luego de siete meses de que esa función del Estado ha permanecido cerrada, tras la destitución de la que se denominó Pichi Corte.
Ahora los miembros de la CSJ deberán definir la integración de las salas, tema básico de acuerdo a los casos relevantes pendientes de resolución.
La ceremonia será la oportunidad para que los magistrados tomen contacto y realicen los primeros acercamientos con miras a la estructuración interna, antes de iniciar
funciones. Por el momento no hay definiciones, pues no todos los magistrados se conocen, pero se barajan escenarios sobre la mecánica que adoptarán para instalar
la primera sesión, en la que la prioridad, según varios de los jueces, será elegir a la máxima autoridad del tribunal de justicia.
Sobre ese tema, ayer se dejaron ver algunas posturas, aunque el magistrado José Vicente Troya dijo que por ser el candidato que obtuvo el mayor puntaje durante la selección del Comité Calificador, podría optar por la presidencia de la Corte.
Por esa misma razón, señaló, asumirá la iniciativa para convocar a una sesión del pleno, probablemente para mañana, luego de participar en los actos de posesión.
Troya, según fuentes judiciales, de acuerdo con las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Función, es el primer magistrado nombrado por lo que le corresponderá asumir la calidad de presidente subrogante y será el encargado de
convocar a la primera sesión de la CSJ.
El criterio de Troya respecto a la presidencia no es compartido por magistrados como Eduardo Franco Loor, quien consideró que los 31 magistrados están en posibilidad de ser titulares de esa Función del Estado.
Franco Loor sostuvo que Troya tampoco deberá ocuparse de convocar al Tribunal, pues durante la ceremonia tomarán contactos y posiblemente decidan instalarse en el edificio de la CSJ hoy.
Mientras, el magistrado Hernán Salgado Pesantes reconoció los méritos de Troya y su capacidad de convocar a la sesión, Héctor Cabrera Suárez, coincidió con Franco Loor
en la necesidad de acudir al edificio de la CSJ, tras la posesión, para nombrar autoridades y conseguir consensos para la conformación de las 10 Salas Especializadas.
Según Cabrera Suárez, las decisiones deberán adoptarse sobre la base de los criterios mayoritarios de los magistrados, pues en el caso de la designación del
presidente de la CSJ todos tienen posibilidades. Aplaudió la iniciativa de Troya para convocarlos a la primera sesión del pleno.
Para el magistrado Marco Antonio Guzmán la tarea prioritaria será la distribución de las Salas Especializadas; posteriormente, dijo, se procederá a la elección del presidente del Tribunal.
Una eventual reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) también deberá ser analizada por el pleno, sostuvo Guzmán, al afirmar que las reformas
judiciales no contemplan el tema.
Cabrera Suárez cree que la renovación del CNJ es un mandato legal que deberá adoptarse, igual que resoluciones sobre los procesos represados y prescritos en los
últimos siete meses.
Con estas posiciones, los magistrados iniciaron la carrera por captar la presidencia de la CSJ, así como, integrar las Salas Especializadas.
Entre ayer y las 09h30 de hoy los magistrados debían presentar un escrito de aceptación del cargo y su declaración juramentada de bienes, ante la secretaria del
Comité. Hasta las 18h10 lo habían hecho los 31 magistrados y 13 conjueces, que aún tienen plazo hasta antes de la posesión.
Casos pendientes
CASO BUCARAM
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá resolver el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación en los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados, en contra del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz (PRE); estos juicios estuvieron antes en la Segunda Sala de lo Penal.
En esa misma sala también está pendiente un proceso contra el ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, por presunto peculado.
CASO NOBOA
Los juicios que se le siguen al ex presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, por un presunto peculado cometido durante la negociación de la deuda
externa y por supuestas inversiones irregulares en Filanbanco y Banco del Pacífico, también deberán ser evacuadas por el próximo presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
Estos casos habían sido tramitados en la Primera y Segunda Salas de lo Penal de la CSJ. Noboa se encuentra actualmente con arresto domiciliario.
CASO MAHUAD
En la primera sala de lo Penal está pendiente el caso que se sigue en contra del ex presidente de la República, Jamil Mahuad, acusado de ocasionar una crisis económica
en 1999 con el denominado feriado bancario.
La acusación contra Mahuad fue de sabotaje a la producción, cometido a través de una disposición gubernamental que determinó el congelamiento de depósitos bancarios durante ese año.
CASO DAHIK
El proceso contra el ex vicepresidente Alberto Dahik también deberá ser resuelto por la presidencia de la CSJ.
Antes se encontraba en la Segunda Sala de lo Penal, que ya había declarado la validez del proceso al confirmar la convocatoria a juicio plenario en su contra. Su caso (como Noboa y Bucaram) pasó a la presidencia de la CSJ presidida por Guillermo Castro, quien anuló los juicios. Dahik retornó de Costa Rica en abril, pero estuvo solo tres días.
CASO FILANBANCO
El llamado caso Filanbanco, un voluminoso juicio de más de 26 mil fojas, se encuentra actualmente en la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ.
El proceso fue iniciado por un presunto peculado bancario y falsedad de estados financieros por parte de los ex administradores privados del banco, Roberto y William Isaías Dassum (Filanbanco). En esa misma sala se encuentran los juicios que se siguen en contra de Fernando Aspiazu (Banco del Progreso).
LUCIO GUTIÉRREZ
En la Fiscalía reposan demandas en contra del ex presidente Lucio Gutiérrez, por supuestas represiones durante las jornadas de protesta en abril que determinaron su derrocamiento. De determinarlo así la Fiscal, estas pasarán a la CSJ.
Gutiérrez se encuentra detenido en el penal García Moreno, acusado de atentar contra la seguridad del Estado; esa orden de prisión fue emitida por la Corte Superior de Pichincha.
Ejecutivo avaló la selección de la Suprema
El Gobierno está conforme con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia CSJ), al menos así lo dejó ver ayer el presidente Alfredo Palacio, en una reunión
con el titular del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque.
Aunque en la mañana Duque dijo que textualmente el Presidente reconoce que a pesar de no ser el procedimiento constitucional, el país no puede seguir privado de la
Corte Suprema de Justicia y que a veces para volver a entrar en el camino del respeto a la democracia y la institucionalidad se puede optar por un camino heterodoxo que por lo pronto llene ese vacío, en la tarde en comunicado aclaró que el mandatario jamás habló de una inconstitucionalidad y que si él lo mencionó en su
diálogo con la prensa, tras su encuentro con el Jefe de Estado, fue un lapsus.
Invitados
Entre tanto, varios representantes de los organismos internacionales que vigilaron el proceso de selección de magistrados de la CSJ llegaron ayer para asistir a la
ceremonia de posesión de los 31 jueces y 21 conjueces.
El evento se realizará a las 10h00 en el Salón de la Ciudad, ubicado en el centro histórico, y está previsto que asistan, entre otros, el presidente de la República,
Alfredo Palacio; el titular del Congreso, Wilfrido Lucero (ID); el procurador General del Estado, José María Borja; presidentes de cortes superiores; algunos alcaldes y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Ayer arribaron representantes de la OEA y de la ONU. Comité extenderá su trabajo al menos una semana más
Con el objeto de organizar la documentación y el archivo histórico que recoge la experiencia de la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuatro vocales del Comité de Calificación extenderán al menos por una semana el trabajo del organismo.
Según el presidente del Comité, Carlos Estarellas, en ese lapso ordenarán la documentación que recopilaron durante los cinco meses que duró el proceso de selección de jueces, el que será entregado a la nueva CSJ.
Estos días laborarán sin percibir sueldos y tampoco tendrán movilización, pues el Consejo Nacional de la Judicatura remitió una comunicación a los choferes de los
comisionados ordenándoles retirar el servicio, tras la posesión de los magistrados.
Dejarán ordenada la documentación, pese a que las reformas judiciales disponen que el Comité deberá disolverse automáticamente, cuando cumplan el objetivo para el que fueron nombrados.
Con la labor cumplida, dijo Estarellas, el Comité no tendrá injerencia en ese Tribunal.
Mientras, a los magistrados de la nueva Corte les esperan en carpeta alrededor de 1.600 casos represados, que ingresaron desde abril pasado hasta el 29 de agosto.
Según el secretario encargado de la CSJ, Honorato Jara, entre estas causas se contabilizan 392 penales, 481 laborales, 243 civiles y 62 administrativas. Además,
dijo, existen 21 juicios prescritos en la Segunda Sala Penal de la CSJ y cerca de 61 en la Primera.
En los meses que no funcionó la Corte, los funcionarios judiciales crearon una base de datos de consulta.
APUNTE
El vocal del Comité de Calificación, Bolívar Torres, aclaró que no fue él quien insultó al presidente del organismo, Carlos Estarellas, a quien alguien calificó de
senil.
Dijo que esas fueron unas voces que se escucharon en la sala de sesiones, el lunes pasado.
Aumentan las demandas seccionales
El ministro Galo Chiriboga, los pedidos de los entes locales se relacionan con los próximos comicios.
Las demandas de los gobiernos seccionales son la nueva amenaza política que tiene el Gobierno, que sospecha que los paros y medidas de hecho provinciales tienen una
estrecha relación con el próximo proceso electoral.
Así lo advirtió el ministro de Gobierno (e), Galo Chiriboga, para quien las exigencias provinciales de las últimas semanas si bien son legítimas, no podrán ser atendidas en su totalidad por el Ejecutivo.
Desde que el presidente de la República, Alfredo Palacio, asumió el poder, al menos iez provincias (Manabí, Cotopaxi, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Loja, Esmeraldas,
Orellana, Sucumbíos, El Oro y Carchi), han obtenido del Gobierno una respuesta favorable a sus pedidos de financiamiento estatal para obras y proyectos de
infraestructura.
El monto de estos compromisos, según reveló el propio régimen la semana pasada, ascendería a $ 560 millones.
Esta situación ha despertado el interés de otras provincias que, como Imbabura y Chimborazo, exigen del Ejecutivo un tratamiento similar.
Es más, el tráfico vehicular en las carreteras de Imbabura se paralizó desde el pasado lunes para exigir financiamiemto para el canal de riego de Pesillo, mientras
que las autoridades chimboracenses amenazan con un paro indefinido de actividades hasta lograr del régimen la entrega de $ 20 millones ($10 millones para el Consejo
Provincial y $ 1 millón para cada uno de los diez municipios) para impulsar obras.
El Gobierno dice estar consciente de que es un problema que irá creciendo a medida que se acerque el proceso electoral y por ello Chiriboga aseguró que buena parte de
los pedidos seccionales comienzan a ser la plataforma electoral de quienes están interesados en captar o renovar una representación política.
Advirtió que si bien el Gobierno está dispuesto a cumplir con los compromisos adquiridos, aclara que no se podrá exagerar en sus ofrecimientos ni sobrepasar la realidad financiera del Estado.
Si el dinero no está, no habrá más de lo que presupuestariamente les corresponde a las provincias y si hay más paros, estos se tendrán que resolver por otra vía,
señaló el funcionario. Explicó que la situación se complicará más si el Congreso asigna a los organismos seccionales más recursos de los que corresponde.
Para Chiriboga, la actitud de ciertas autoridades provinciales y la de los legisladores que quieren destinar mayores recursos a los gobiernos locales están directamente relacionadas con la promoción electoral.
Comisión tratará el pedido de consulta
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso se reunirá hoy a las 09h00, para tratar como único punto de la agenda la resolución del pedido de la calificación de urgente de la consulta popular solicitada por el presidente de la República, Alfredo Palacio.
Ayer no acudió el procurador general del Estado, José María Borja, de quien los diputados de la citada comisión legislativa esperaban un criterio jurídico respecto
del pedido formulado por el Primer Mandatario.
El pedido de calificación de urgente de la consulta popular cumple hoy un mes en el Parlamento.
El Ejecutivo solicitó que el Congreso Nacional se pronuncie sobre la urgencia de convocar a una consulta popular, a fin de que la ciudadanía se pronuncie si se instala una Asamblea Constituyente o Constitucional.
Los diputados han discutido este tema por cuatro semanas y en la Comisión existe un criterio casi mayoritario de negar la urgencia, alegando que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional por cuanto tanto la Asamblea Constitucional como la Constituyente no están contempladas en la actual Carta Política. Además, según los
legisladores, en el estatuto que se agrega en el pedido le otorga facultades legislativas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando esa potestad le corresponde solamente al Parlamento.
El diputado Marco Proaño Maya (ex PRE), miembro de la Comisión, dijo que desde ayer comenzó a redactarse el informe y se respaldará el documento siempre y cuando se incluya la recomendación para que el Ejecutivo vuelva a remitir al Congreso el pedido de consulta.
Pero, advirtió, deben incorporarse los textos de reforma constitucional en las preguntas para que, en caso de ser aprobados por la ciudadanía, automáticamente
sean incorporados a la Constitución.
Voceros del Gobierno anunciaron el pasado lunes que insistirán en el pedido de que se realice la consulta popular, sin adelantar alternativas; ese día, incluso el mandatario Alfredo Palacio no quiso referirse al tema cuando se le consultó si enviará un decreto al TSE para convocar a consulta.
Villacís asegura que nueva CSJ está en poder de la actual mayoría parlamentaria
El diputado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, no duda en afirmar que la nueva Corte Suprema de Justicia estará manejada por los socialcristianos, Izquierda Democrática, Pachakutik y Democracia Popular.
Villacís asegura que el control de la función judicial siempre ha sido disputado por los partidos políticos, pero cuando un grupo lo controla es constitucional,
pero cuando es otro grupo, ahí si es inconstitucional.
El diputado emepedista se refiere a que la Corte de 1997 estaba conformada por jueces afines al PSC, ID y Pachakutik, pero cuando la mayoría gutierrista la cesó y conformó una nueva, la lideraban partidarios del MPD, Sociedad Patriótica, Prian y PRE, función judicial que fue declarada inconstitucional por el Congreso.
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM En Guayaquil), Villacís indicó que la nueva CSJ puede sufrir una demanda de inconstitucionalidad luego de que Tribunal
Constitucional (TC) sea instaurado.
La base legal para la denuncia sería que la CSJ debe conformarse por lo que explica la Constitución, es decir, por la fórmula de cooptación, y no a través de un Comité
Calificador. Eso podría entrabar un nuevo problema de marco jurídico, precisó Villacís.
Sin embargo, Villacís no se muestra muy optimista. De seguro que el TC también va a estar liderado por los grupos políticos de siempre, ya que tiene el control del
Congreso y por ende de los demás organismos del Estado.
ha definido si sesionarán después de la posesión, hoy.
Los 31 magistrados y 21 conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asumirán funciones hoy, luego de siete meses de que esa función del Estado ha permanecido cerrada, tras la destitución de la que se denominó Pichi Corte.
Ahora los miembros de la CSJ deberán definir la integración de las salas, tema básico de acuerdo a los casos relevantes pendientes de resolución.
La ceremonia será la oportunidad para que los magistrados tomen contacto y realicen los primeros acercamientos con miras a la estructuración interna, antes de iniciar
funciones. Por el momento no hay definiciones, pues no todos los magistrados se conocen, pero se barajan escenarios sobre la mecánica que adoptarán para instalar
la primera sesión, en la que la prioridad, según varios de los jueces, será elegir a la máxima autoridad del tribunal de justicia.
Sobre ese tema, ayer se dejaron ver algunas posturas, aunque el magistrado José Vicente Troya dijo que por ser el candidato que obtuvo el mayor puntaje durante la selección del Comité Calificador, podría optar por la presidencia de la Corte.
Por esa misma razón, señaló, asumirá la iniciativa para convocar a una sesión del pleno, probablemente para mañana, luego de participar en los actos de posesión.
Troya, según fuentes judiciales, de acuerdo con las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Función, es el primer magistrado nombrado por lo que le corresponderá asumir la calidad de presidente subrogante y será el encargado de
convocar a la primera sesión de la CSJ.
El criterio de Troya respecto a la presidencia no es compartido por magistrados como Eduardo Franco Loor, quien consideró que los 31 magistrados están en posibilidad de ser titulares de esa Función del Estado.
Franco Loor sostuvo que Troya tampoco deberá ocuparse de convocar al Tribunal, pues durante la ceremonia tomarán contactos y posiblemente decidan instalarse en el edificio de la CSJ hoy.
Mientras, el magistrado Hernán Salgado Pesantes reconoció los méritos de Troya y su capacidad de convocar a la sesión, Héctor Cabrera Suárez, coincidió con Franco Loor
en la necesidad de acudir al edificio de la CSJ, tras la posesión, para nombrar autoridades y conseguir consensos para la conformación de las 10 Salas Especializadas.
Según Cabrera Suárez, las decisiones deberán adoptarse sobre la base de los criterios mayoritarios de los magistrados, pues en el caso de la designación del
presidente de la CSJ todos tienen posibilidades. Aplaudió la iniciativa de Troya para convocarlos a la primera sesión del pleno.
Para el magistrado Marco Antonio Guzmán la tarea prioritaria será la distribución de las Salas Especializadas; posteriormente, dijo, se procederá a la elección del presidente del Tribunal.
Una eventual reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) también deberá ser analizada por el pleno, sostuvo Guzmán, al afirmar que las reformas
judiciales no contemplan el tema.
Cabrera Suárez cree que la renovación del CNJ es un mandato legal que deberá adoptarse, igual que resoluciones sobre los procesos represados y prescritos en los
últimos siete meses.
Con estas posiciones, los magistrados iniciaron la carrera por captar la presidencia de la CSJ, así como, integrar las Salas Especializadas.
Entre ayer y las 09h30 de hoy los magistrados debían presentar un escrito de aceptación del cargo y su declaración juramentada de bienes, ante la secretaria del
Comité. Hasta las 18h10 lo habían hecho los 31 magistrados y 13 conjueces, que aún tienen plazo hasta antes de la posesión.
Casos pendientes
CASO BUCARAM
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá resolver el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación en los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados, en contra del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz (PRE); estos juicios estuvieron antes en la Segunda Sala de lo Penal.
En esa misma sala también está pendiente un proceso contra el ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, por presunto peculado.
CASO NOBOA
Los juicios que se le siguen al ex presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, por un presunto peculado cometido durante la negociación de la deuda
externa y por supuestas inversiones irregulares en Filanbanco y Banco del Pacífico, también deberán ser evacuadas por el próximo presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
Estos casos habían sido tramitados en la Primera y Segunda Salas de lo Penal de la CSJ. Noboa se encuentra actualmente con arresto domiciliario.
CASO MAHUAD
En la primera sala de lo Penal está pendiente el caso que se sigue en contra del ex presidente de la República, Jamil Mahuad, acusado de ocasionar una crisis económica
en 1999 con el denominado feriado bancario.
La acusación contra Mahuad fue de sabotaje a la producción, cometido a través de una disposición gubernamental que determinó el congelamiento de depósitos bancarios durante ese año.
CASO DAHIK
El proceso contra el ex vicepresidente Alberto Dahik también deberá ser resuelto por la presidencia de la CSJ.
Antes se encontraba en la Segunda Sala de lo Penal, que ya había declarado la validez del proceso al confirmar la convocatoria a juicio plenario en su contra. Su caso (como Noboa y Bucaram) pasó a la presidencia de la CSJ presidida por Guillermo Castro, quien anuló los juicios. Dahik retornó de Costa Rica en abril, pero estuvo solo tres días.
CASO FILANBANCO
El llamado caso Filanbanco, un voluminoso juicio de más de 26 mil fojas, se encuentra actualmente en la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ.
El proceso fue iniciado por un presunto peculado bancario y falsedad de estados financieros por parte de los ex administradores privados del banco, Roberto y William Isaías Dassum (Filanbanco). En esa misma sala se encuentran los juicios que se siguen en contra de Fernando Aspiazu (Banco del Progreso).
LUCIO GUTIÉRREZ
En la Fiscalía reposan demandas en contra del ex presidente Lucio Gutiérrez, por supuestas represiones durante las jornadas de protesta en abril que determinaron su derrocamiento. De determinarlo así la Fiscal, estas pasarán a la CSJ.
Gutiérrez se encuentra detenido en el penal García Moreno, acusado de atentar contra la seguridad del Estado; esa orden de prisión fue emitida por la Corte Superior de Pichincha.
Ejecutivo avaló la selección de la Suprema
El Gobierno está conforme con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia CSJ), al menos así lo dejó ver ayer el presidente Alfredo Palacio, en una reunión
con el titular del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque.
Aunque en la mañana Duque dijo que textualmente el Presidente reconoce que a pesar de no ser el procedimiento constitucional, el país no puede seguir privado de la
Corte Suprema de Justicia y que a veces para volver a entrar en el camino del respeto a la democracia y la institucionalidad se puede optar por un camino heterodoxo que por lo pronto llene ese vacío, en la tarde en comunicado aclaró que el mandatario jamás habló de una inconstitucionalidad y que si él lo mencionó en su
diálogo con la prensa, tras su encuentro con el Jefe de Estado, fue un lapsus.
Invitados
Entre tanto, varios representantes de los organismos internacionales que vigilaron el proceso de selección de magistrados de la CSJ llegaron ayer para asistir a la
ceremonia de posesión de los 31 jueces y 21 conjueces.
El evento se realizará a las 10h00 en el Salón de la Ciudad, ubicado en el centro histórico, y está previsto que asistan, entre otros, el presidente de la República,
Alfredo Palacio; el titular del Congreso, Wilfrido Lucero (ID); el procurador General del Estado, José María Borja; presidentes de cortes superiores; algunos alcaldes y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Ayer arribaron representantes de la OEA y de la ONU. Comité extenderá su trabajo al menos una semana más
Con el objeto de organizar la documentación y el archivo histórico que recoge la experiencia de la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuatro vocales del Comité de Calificación extenderán al menos por una semana el trabajo del organismo.
Según el presidente del Comité, Carlos Estarellas, en ese lapso ordenarán la documentación que recopilaron durante los cinco meses que duró el proceso de selección de jueces, el que será entregado a la nueva CSJ.
Estos días laborarán sin percibir sueldos y tampoco tendrán movilización, pues el Consejo Nacional de la Judicatura remitió una comunicación a los choferes de los
comisionados ordenándoles retirar el servicio, tras la posesión de los magistrados.
Dejarán ordenada la documentación, pese a que las reformas judiciales disponen que el Comité deberá disolverse automáticamente, cuando cumplan el objetivo para el que fueron nombrados.
Con la labor cumplida, dijo Estarellas, el Comité no tendrá injerencia en ese Tribunal.
Mientras, a los magistrados de la nueva Corte les esperan en carpeta alrededor de 1.600 casos represados, que ingresaron desde abril pasado hasta el 29 de agosto.
Según el secretario encargado de la CSJ, Honorato Jara, entre estas causas se contabilizan 392 penales, 481 laborales, 243 civiles y 62 administrativas. Además,
dijo, existen 21 juicios prescritos en la Segunda Sala Penal de la CSJ y cerca de 61 en la Primera.
En los meses que no funcionó la Corte, los funcionarios judiciales crearon una base de datos de consulta.
APUNTE
El vocal del Comité de Calificación, Bolívar Torres, aclaró que no fue él quien insultó al presidente del organismo, Carlos Estarellas, a quien alguien calificó de
senil.
Dijo que esas fueron unas voces que se escucharon en la sala de sesiones, el lunes pasado.
Aumentan las demandas seccionales
El ministro Galo Chiriboga, los pedidos de los entes locales se relacionan con los próximos comicios.
Las demandas de los gobiernos seccionales son la nueva amenaza política que tiene el Gobierno, que sospecha que los paros y medidas de hecho provinciales tienen una
estrecha relación con el próximo proceso electoral.
Así lo advirtió el ministro de Gobierno (e), Galo Chiriboga, para quien las exigencias provinciales de las últimas semanas si bien son legítimas, no podrán ser atendidas en su totalidad por el Ejecutivo.
Desde que el presidente de la República, Alfredo Palacio, asumió el poder, al menos iez provincias (Manabí, Cotopaxi, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Loja, Esmeraldas,
Orellana, Sucumbíos, El Oro y Carchi), han obtenido del Gobierno una respuesta favorable a sus pedidos de financiamiento estatal para obras y proyectos de
infraestructura.
El monto de estos compromisos, según reveló el propio régimen la semana pasada, ascendería a $ 560 millones.
Esta situación ha despertado el interés de otras provincias que, como Imbabura y Chimborazo, exigen del Ejecutivo un tratamiento similar.
Es más, el tráfico vehicular en las carreteras de Imbabura se paralizó desde el pasado lunes para exigir financiamiemto para el canal de riego de Pesillo, mientras
que las autoridades chimboracenses amenazan con un paro indefinido de actividades hasta lograr del régimen la entrega de $ 20 millones ($10 millones para el Consejo
Provincial y $ 1 millón para cada uno de los diez municipios) para impulsar obras.
El Gobierno dice estar consciente de que es un problema que irá creciendo a medida que se acerque el proceso electoral y por ello Chiriboga aseguró que buena parte de
los pedidos seccionales comienzan a ser la plataforma electoral de quienes están interesados en captar o renovar una representación política.
Advirtió que si bien el Gobierno está dispuesto a cumplir con los compromisos adquiridos, aclara que no se podrá exagerar en sus ofrecimientos ni sobrepasar la realidad financiera del Estado.
Si el dinero no está, no habrá más de lo que presupuestariamente les corresponde a las provincias y si hay más paros, estos se tendrán que resolver por otra vía,
señaló el funcionario. Explicó que la situación se complicará más si el Congreso asigna a los organismos seccionales más recursos de los que corresponde.
Para Chiriboga, la actitud de ciertas autoridades provinciales y la de los legisladores que quieren destinar mayores recursos a los gobiernos locales están directamente relacionadas con la promoción electoral.
Comisión tratará el pedido de consulta
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso se reunirá hoy a las 09h00, para tratar como único punto de la agenda la resolución del pedido de la calificación de urgente de la consulta popular solicitada por el presidente de la República, Alfredo Palacio.
Ayer no acudió el procurador general del Estado, José María Borja, de quien los diputados de la citada comisión legislativa esperaban un criterio jurídico respecto
del pedido formulado por el Primer Mandatario.
El pedido de calificación de urgente de la consulta popular cumple hoy un mes en el Parlamento.
El Ejecutivo solicitó que el Congreso Nacional se pronuncie sobre la urgencia de convocar a una consulta popular, a fin de que la ciudadanía se pronuncie si se instala una Asamblea Constituyente o Constitucional.
Los diputados han discutido este tema por cuatro semanas y en la Comisión existe un criterio casi mayoritario de negar la urgencia, alegando que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional por cuanto tanto la Asamblea Constitucional como la Constituyente no están contempladas en la actual Carta Política. Además, según los
legisladores, en el estatuto que se agrega en el pedido le otorga facultades legislativas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando esa potestad le corresponde solamente al Parlamento.
El diputado Marco Proaño Maya (ex PRE), miembro de la Comisión, dijo que desde ayer comenzó a redactarse el informe y se respaldará el documento siempre y cuando se incluya la recomendación para que el Ejecutivo vuelva a remitir al Congreso el pedido de consulta.
Pero, advirtió, deben incorporarse los textos de reforma constitucional en las preguntas para que, en caso de ser aprobados por la ciudadanía, automáticamente
sean incorporados a la Constitución.
Voceros del Gobierno anunciaron el pasado lunes que insistirán en el pedido de que se realice la consulta popular, sin adelantar alternativas; ese día, incluso el mandatario Alfredo Palacio no quiso referirse al tema cuando se le consultó si enviará un decreto al TSE para convocar a consulta.
Villacís asegura que nueva CSJ está en poder de la actual mayoría parlamentaria
El diputado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, no duda en afirmar que la nueva Corte Suprema de Justicia estará manejada por los socialcristianos, Izquierda Democrática, Pachakutik y Democracia Popular.
Villacís asegura que el control de la función judicial siempre ha sido disputado por los partidos políticos, pero cuando un grupo lo controla es constitucional,
pero cuando es otro grupo, ahí si es inconstitucional.
El diputado emepedista se refiere a que la Corte de 1997 estaba conformada por jueces afines al PSC, ID y Pachakutik, pero cuando la mayoría gutierrista la cesó y conformó una nueva, la lideraban partidarios del MPD, Sociedad Patriótica, Prian y PRE, función judicial que fue declarada inconstitucional por el Congreso.
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM En Guayaquil), Villacís indicó que la nueva CSJ puede sufrir una demanda de inconstitucionalidad luego de que Tribunal
Constitucional (TC) sea instaurado.
La base legal para la denuncia sería que la CSJ debe conformarse por lo que explica la Constitución, es decir, por la fórmula de cooptación, y no a través de un Comité
Calificador. Eso podría entrabar un nuevo problema de marco jurídico, precisó Villacís.
Sin embargo, Villacís no se muestra muy optimista. De seguro que el TC también va a estar liderado por los grupos políticos de siempre, ya que tiene el control del
Congreso y por ende de los demás organismos del Estado.
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