Quito. 25 mar 98. En esta última entrega del informe del
International Finance Corporation (IFC), organismo que trabaja
con el Conam en la privatización de las dos telefónicas
estatales, se define y se justifica la estrategia para
capturar la atención de las grandes operadoras
internacionales.

Luego del fracaso de la subasta de Emetel, este Diario
presenta los argumentos que el IFC hizo para valorar, uno por
uno, los principales "endulzantes" (estímulos o atractivos
financieros y de servicios) que debería introducir el Conam en
las bases para la realización del segundo intento -el
definitivo- de venta del 35 por ciento de las acciones de las
empresas Andinatel y Pacifictel.

Entre los atractivos adicionales, el IFC menciona varios de
gran trascendencia, si finalmente se realiza la operación del
23 de abril próximo. (El presidente del Conam, Rodrigo Paz, ha
ratificado esta fecha, y añadió que cuatro días antes se
conocerá concretamente cuáles y cuántas operadoras participan
en la subasta).

El IFC destaca entre los principales endulzantes: el ya
publicitado pago por administración (managment fee) a la (s)
operadora (s) ganadora (s); la ampliación de la canasta de
servicios, es decir, la entrega de permisos y de licencias
para los mercados de telefonía celular, televisión por cable y
otros servicios agregados de telecomunicaciones. El organismo
no ignora tampoco el tema del reajuste de tarifas ante las
limitaciones del mercado ecuatoriano, entre otros.

En un plano más amplio, ese organismo del Banco Mundial
sostiene una política más flexible y recomienda no cerrarse a
la banda. En otras palabras, el IFC sostiene que es posible
que el Conam puede manejar espacios suficientes "para incluir
nuevos endulzantes en caso de que el paquete no parezca
atractivo".

¿Qué hacer si, por cualquier motivo, la segunda subasta
fracasa el 23 de abril?

El IFC se hizo esta pregunta en su estudio interno. Lo que
cabe, según su respuesta categórica, es: "Tener un respaldo en
caso de que no se pueda llevar la segunda subasta a su fin: un
acuerdo negociado o la suspensión hasta el próximo Gobierno.
Hasta febrero de 1998, la única opción factible es un acuerdo
negociado. Si el Conam opta por cancelar el proceso de
subasta, sería conveniente tener un plan para anunciar
inmediatamente el comienzo de las negociaciones (...) Incluso
si las negociaciones comienzan en febrero, se corre el riesgo
de que se prolonguen hasta el próximo gobierno".

Para enfrentar esta eventualidad -apostando a la tesis de que
la segunda subasta es posible, de acuerdo con las nuevas
condiciones de las bases-, el IFC recomienda que el Conam se
aboque a las tareas de buscar más postores potenciales y no
condicionarse, de alguna manera, solo a dos potenciales
compradores de las acciones de Andinatel y Pacifictel.

Su argumento al respecto es simple, pero de peso: "el contacto
con otros postores es importante para mantener la
transparencia de la transacción".

El celular permite mantenerse en la punta

El fundamento para la solicitud de licencias son las
consideraciones estratégicas efectuadas a la luz de los
rápidos cambios tecnológicos en la industria. Para los
inversionistas, la ausencia de una licencia para celulares
disminuye sus opciones tecnológicas y su riesgo percibido. Y
ello en razón de que nadie sabe cuál tecnología prevalecerá.

En Ecuador, actualmente, existen dos licencias para celulares.
Por ello parecería que hay algunos problemas técnicos -y quizá
legales o políticos- para proveer este endulzante.
Específicamente, las bandas celulares A y B en los 800MHz
están siendo utilizadas por tales compañías, mientras que la
banda PCS en los 2GHz está en uso parcial de las FF.AA. El
Conatel es el regulador de esta área.

Desde el punto de vista tecnológico, hay dos alternativas para
el Conatel: o bien puede solicitar a las FF.AA. mover su
sistema de microondas a otras frecuencias, o puede conceder
una licencia GSM 900 Mhz. Eloy Vidal ha discutido esta última
opción con Conatel y su reacción inicial fue positiva.

Consideramos que sería la alternativa más rápida de
implementar, pues las FF.AA. están representadas en el Consejo
de Conatel. Más aún, la alternativa tendría un atractivo
particular para los postores europeos, debido a su
familiaridad con la tecnología GSM 900.

La única desventaja competitiva sería un falta de capacidad de
resonancia ("roaming") fuera de Ecuador, pues la mayoría de
los demás sistemas celulares estarán basados en AMPS. Esta
circunstancia, sin embargo, tendrá un efecto marginal en el
número de clientes.

La devaluación sí afecta al precio base

Entre las diversas razones para prestar atención al precio
base de la subasta se pueden señalar las siguientes.

(1) A la luz de la crisis de los mercados emergentes, los
inversionistas potenciales pueden haber incrementado su tasa
de descuento. (2) Gerasin efectuó sus cálculos en sucres y,
desde que el precio fue anunciado, se ha verificado una
depreciación del 5 por ciento en la moneda ecuatoriana. Esto
se traduce en un decremento de USD 50 millones en el precio
base. (3) En una conferencia de prensa, el Presidente del
Conatel mencionó que, según parecerían sugerir los resultados
del 19 de noviembre, el precio base puede haber sido demasiado
alto para atraer a postores competitivos. (4)
Desafortunadamente, el fracaso de la primera subasta
proporcionó a los postores más influencia. (5) El "precio base
político" de USD 3 billones ha sido finalmente dejado en
suspenso. (6) Los problemas con la privatización de las
comunicaciones en Guatemala podrían sugerir un cambio adverso
en el mercado.

El abc de los honorarios de administración

En vista de la experiencia reciente en otros países
latinoamericanos, los inversionistas no están satisfechos por
la naturaleza "indirecta" de los honorarios de administración
contenidos en las ordenanzas de Andinatel/Pacifictel. Estas
disposiciones permiten, a través del voto mayoritario simple
en el Consejo, establecer contratos con las subsidiarias hasta
ciertos límites.

Los inversionistas poseerán el 35 por ciento de la compañía y,
por lo tanto, recibirán la porción de dividendos
correspondiente. Sin embargo, esta porción no refleja el
esfuerzo implicado. Y el tiempo no ha sido proporcionado sobre
una base pro rata por los otros accionistas, quizá menos los
trabajadores (quienes tendrán que mejorar su productividad),
pero particularmente el Fondo de Solidaridad. Adicionalmente,
los trabajadores de Emetel ya se benefician de un pago
correspondiente al 15 por ciento de las ganancias netas de
operación.

Esta circunstancia, comparada con otros países, aminora aún
más el valor de la compañía para los inversionistas.

Para compensar esto parcialmente, en nuestro modelo
conservador basado en las ganancias netas de operación, hemos
calculado los honorarios por administración previos a la
deducción del 15 por ciento para los trabajadores.

Los postores han solicitado honorarios por administración
calculados sobre los ingresos. La demanda de un honorario
equivalente al 8 ó 9 por ciento de los ingresos, efectuadas
por Telefónica y, eventualmente, también por Stet, es poco
razonable. Por otra parte, la decisión del Gobierno
ecuatoriano de mantener las tarifas relativamente bajas y de
dividir la concesión (y por tanto de reducir las economías de
escala) confiere apoyo al argumento según el cual el paquete
global de honorarios requerido por los inversionistas podría
ser más alto que lo usual en América Latina.

Canasta de servicios: el otro gran imán

En un discurso en Nueva York, el Presidente de Telefónica de
España delineó una estrategia para su compañía en la cual se
contempla inversiones en compañías de Tv cable y multimedia.
He ahí la razón del interés de los postores en una licencia de
cable ecuatoriana.

Un operador que desee proveer estos servicios tiene que hacer
una solicitud al Conatel o al Conartel y obtener una licencia
para operación. Aunque no existe ninguna restricción para
obtener la licencia, los operadores no perciben el proceso
como sencillo. Ellos quisieran ver las licencias y los
permisos para diferentes servicios de valor agregado (SAV),
incluidos en el contrato de concesión, incluyendo Tv cable,
servicios de Internet y de trasmisión de datos, y cualquier
otro servicio relevante para el mercado ecuatoriano. Este
cambio puede efectuarlo fácilmente el Gobierno y no implica un
costo adicional. Así los inversionistas podrán estar seguros
que, desde el primer día de operaciones, pueden desplegar SAV
para incrementar sus ingresos.

El Gobierno tiene tres formas alternativas para manejar esta
solicitud: (1) no concederla, (2) indicar que las operadoras
deben aplicar pero que serán precalificadas o (3) incluirla en
el paquete.

Puesto que la licencia se emite sin costo, la tercera opción
parecería no implicar problema comercial alguno. Sin embargo,
y dado que ha sido concedida gratuitamente en Ecuador en otras
ocasiones, los postores probablemente no disminuirán de manera
significativa sus otras demandas a pesar de la inclusión de la
licencia. Consecuentemente, si por razones domésticas, la
alternativa segunda es la más fácil, la recomendamos.

El alza de tarifas sería un buen atractivo...

En conversaciones precedentes se mencionó que Ecuador había
decidido optar por tarifas más bajas y que, consecuentemente,
estaría preparado para tomar un precio de venta más bajo.
Hemos señalado ya que las tarifas ecuatorianas están
considerablemente más abajo de aquellas que otros países
latinoamericanos tenían cuando efectuaron sus privatizaciones.

No es sorprendente que, dada la combinación de tarifas bajas y
un bajo PIB per cápita, los ingresos ecuatorianos por línea
sean también igualmente bajos.

Un incremento en las tarifas básicas puede tener un impacto
significativo "en los números", como dijo Telefónica.
Adicionalmente, los reglamentos FCC sobre tarifas
internacionales entrarán en vigencia mucho más rápido de lo
previsto, estableciendo los USD 0.19 por minuto.

Dado que en Ecuador la razón entre las llamadas que entran y
las que salen es de 6 a 1, y dada la fuerte dependencia actual
que tiene Emetel de los negocios internacionales (65% de los
ingresos), es posible que un plan de rebalanceo de cinco años
pueda ser difícil de implementar.

Políticamente también pueden presentarse dificultades en su
implementación: en caso de que las tasas de facturación
declinen más pronunciadamente de lo previsto hasta la fecha,
el mecanismo de rebalanceo demandaría ajustes más rápidos en
las tarifas locales. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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