Contencioso deberá dirimir cuál empresa tiene la razón.
Las farmacéuticas "batallan" por captar el mercado nacional de la disfunción eréctil.
POR LA VÍA judicial, la empresa estadounidense Pfizer ha logrado sacar de circulación los productos de seis laboratorios, por la supuesta infracción de una patente de procedimiento.
Actualmente se venden el Viagra, Xex de Life (fotos), y Sildenafil de Nifa.
La comercialización de productos farmacológicos para la disfunción eréctil está cruzada de recursos de revisión, acusaciones de competencia desleal, silencios administrativos, pedidos de nulidad, medidas cautelares, amparos constitucionales y apelaciones.
Desde hace poco más de tres años, la farmacéutica estadounidense Pfizer, productora del Viagra, ha logrado sacar del mercado ecuatoriano a seis empresas competidoras. Esto ha sucedido por la vía de recursos legales.
Según el abogado de la multinacional, José Meythaler, la justicia se ha puesto de su lado tras comprobar que las otras empresas infringieron la patente de procedimiento para la preparación del citrato de sildenafil (principio activo del Viagra), otorgada a la Pfizer por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).
El abogado de la Asociación Ecuatoriana de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar) y de Acromax, uno de los laboratorios que retiró del mercado su producto Max, lo ve de otra manera. Señala que no es un problema de patentes sino una batalla comercial.
Sostiene que la Pfizer no puede admitir que un producto viejo, patentado antes de 1991 y creado originalmente como vasodilatador para las enfermedades circulatorias, principalmente anginas de pecho y cardiopatías, tenga competencia de otros laboratorios.
Salvador afirma que estos producen el mismo citrato de sildenafil, con procedimientos distintos y a costos mucho más razonables.
En todo caso, otros productos no han permanecido por mucho tiempo en las farmacias. El último en ser retirado fue Venux, del laboratorio Recalcín. Antes salieron Max (Acromax), Potencil (Medicament), Tripol (Rocknar), Sildenafil (Chalver), Erilin (MK).
Meythaler asegura que los recursos legales no buscan eliminar a los competidores, pero si estos son incapaces de demostrar que infringen nuestra patente, tienen que salir del mercado. expresa.
Esta es la historia de la guerra por un mercado que movería cerca de $6 millones anuales en el Ecuador. (AA/MCV)
Alafar acusa de presiones a todo nivel
IEPI DEMORA UN año y cinco meses en responder un pedido de "tutela administrativa"
La presidenta de Alafar, Juana Ramos, acusa a la Pfizer de ejercer presiones sobre los jueces, los miembros del IEPI, el Congreso Nacional o cualquier otra instancia para lograr sus propósitos.
Señala que la multinacional recurre a prácticas
anticompetitivas para sacar a sus competidores del mercado y afirma que estas se dan en los ámbitos administrativo y judicial.
Así, relata los problemas afrontados por Acromax, que retiró del mercado su producto Max, por una medida cautelar interpuesta por la Pfizer.
Todo esto, luego de que el 19 de octubre de 2004, el juez penal del Guayas, Ángel Rubio, acogió un amparo constitucional presentado por Acromax.
Esto se hizo ante el silencio administrativo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que no se pronunció durante un año y cinco meses sobre un pedido de tutela administrativa para que no se impidiera a Acromax producir y comercializar el Max.
El juez ordenó que el IEPI aceptara la tutela administrativa y añadió que el procedimiento usado para fabricar el Max era distinto al utilizado por Pfizer para el Viagra.
Desde entonces, según Ramos, las presiones ante jueces, abogados y funcionarios del IEPI no han cesado. Ella asegura que incluso ha intervenido la Embajada de los EEUU en favor de la Pfizer. (AA/MCV)
Un juez penal acoge amparo en materia civil
EL "MAX" dejó de venderse nueve meses antes de que el IEPI anulara resolución que favorecía a Acromax.
El amparo de Acromax fue presentado el sábado 18 de septiembre de 2004, ante el juez primero de lo Penal del Guayas, Ángel Rubio Game, quien lo admitió a trámite el día siguiente.
Por tratarse de materia civil, el caso debía presentarse ante un juez de lo Civil, dice el abogado de la Pfizer, José Meythaler.
El IEPI acogió el amparo a favor de Acromax en octubre de 2005, pero el 28 de marzo de 2006 declaró nula esa resolución.
El producto salió del mercado en junio de 2005, por una orden judicial que respondió a un recurso de Pfizer. (AA/MCV)
La CAN ordena retiro de la patente de producto
EL INSTITUTO DE Propiedad Intelectual confirió un título de segundo uso, prohibido por la Comunidad Andina
La presidenta de Alafar, Juana Ramos, dice que en 1996 el IEPI concedió a la Pfizer una patente de segundo uso. El procedimiento está prohibido en la Comunidad Andina(CAN).
Según Ramos, el hecho de que al Viagra, inicialmente concebido y patentado como medicamento vasodilatador se le diera un nuevo uso (disfunción eréctil), no ameritaba la concesión de una segunda patente.
Añade que tiempo después la CAN y el Tribunal Andino de Justicia ordenaron al Ecuador revocar la patente de producto otorgada a Pfizer. (AA/MCV)
Dos farmacéuticas, entre demandas y contrademandas
EL TRIBUNAL CONTENCIOSO Administrativo deberá decidir cuál de ellas tiene la razón. Viagra se vende, el Max ya no
José Mythaler, abogado de Pfizer
El abogado de la empresa Pfizer, José Meythaler, exhibe el Protocolo n.º PI 99-1598, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que acredita la patente de procedimiento para la preparación del citrato de sildenafil.
Por eso sostiene que la multinacional tiene la exclusividad del procedimiento de fabricación de ese componente activo del Viagra.
Así asegura que la patente no solo ampara el proceso de producción del sildenafil, sino también el producto obtenido.
Este se compone de la combinación del principio activo más los almidones o excipientes, explica.
Meythaler dice que el IEPI no le notificó la resolución de agosto de 2005, la cual acogía el recurso de amparo que otorgaba a Acromax una tutela administrativa. También establecía que el proceso de obtención del sildenafil seguido por su casa proveedora difería del utilizado por la Pfizer.
No obstante, el juez Ángel Rubio olvidó notificar a la Pfizer sobre la concesión del amparo, a pesar de que esta firma resultaba afectada, añade.
El abogado acusa a Acromax de haber incurrido en varias irregularidades para conseguir resoluciones favorables de los jueces guayaquileños.
Con documentos en mano, muestra que el pasado 7 de marzo, uno de los patrocinadores de Acromax, Washington Quezada, introdujo en la Sala de Sorteos de la Corte de Guayaquil ocho copias de una misma demanda por competencia desleal en contra de su representada.
Estas ingresaron entre las 08:21 y las 08:37 de ese día. Tras el sorteo, los casos fueron a los juzgados quinto, séptimo, octavo, noveno, vigésimo cuarto, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo primero de lo Civil.
El 15 de marzo, la titular del Juzgado nº. 31, Patricia Vintimilla, dictó medidas cautelares en contra de la Pfizer y el retiro del Viagra del mercado nacional. Un día después empezó la vacancia de los miembros de la Función Judicial de la Costa.
En medio de esto, el 28 de marzo, la directora nacional de Propiedad Industrial, Dana Abad, cambiaba su posición de acoger el amparo favorable a Acromax y declaraba nula su anterior resolución.
El argumento era que nunca la había hecho conocer a la Pfizer. Paralelamente, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciaba en igual sentido.
Cuando terminó la vacancia, el 10 de abril de 2006, la jueza Vintimilla revocó las medidas cautelares y el Viagra volvió a comercializarse. En su providencia, argumenta haber sido engañada e inducida al error. También pidió a la Fiscalía investigar la conducta del patrocinador de Acromax. (AA/MCV)
Ínigo Salvador, abogado de Acromax
El abogado Íñigo Salvador aclara que únicamente defiende a la empresa Acromax en los temas de propiedad intelectual, por lo que no se responsabiliza de las presuntas irregularidades cometidas en las presentaciones del recurso de amparo y las demandas de competencia desleal contra la Pfizer.
Explica que la patente de procedimiento le permite a la multinacional sacar del mercado a todos aquellos laboratorios que sigan un proceso igual al que utiliza la Pfizer.
Pero no puede hacerlo con los que siguen un procedimiento diferente para obtener el citrato de sildenafil. Ellos son perfectamente libres de comercializar sus productos, sostiene.
Salvador afirma que el procedimiento seguido por los laboratorios de la Argentina y la India, proveedores del sildenafil que usa Acromax para fabricar el Max, es distinto al de Pfizer.
Indica que esto consta en los documentos entregados al IEPI cuando se pidió la tutela administrativa.
Ante la posición de la Pfizer que, en una demanda presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo, reclama pruebas físicas que avalen la diferencia de procedimiento, Salvador replica que esto no es necesario porque la Ley de Propiedad Intelectual da valor a las pruebas documentales.
Según Salvador, ese alegato pretende mantener indefinidamente fuera del mercado al Max, porque un juicio en esa instancia no tiene un plazo de duración. Esto es competencia desleal, aduce.
De esta forma, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le corresponderá decidir si los procedimientos son iguales o distintos.
Al igual que Juana Ramos, de Alafar, Salvador, acusa a la Pfizer de haber ejercido presión ante los jueces, mediante amenazas y visitas en compañía de diputados y funcionarios de la Embajada de los EEUU.
Cuando BLANCO Y NEGRO le pidió pruebas de sus aseveraciones, dijo no poseer fotos ni videos, pero tengo los testimonios de la gente que recibió las visitas: abogados, jueces y personal del IEPI.
Como una evidencia de esa práctica comenta las resoluciones contrapuestas de la directora nacional de Propiedad Industrial, Dana Abad, quien acogió el amparo favorable a Acromax y luego se retractó.
Salvador aclara que la tutela administrativa presentada por Acromax no pretendía poner en duda los derechos de la Pfizer, sino demostrar que no se infringía su patente.
El abogado no pierde la esperanza de que el Max vuelva a comercializarse. Para ello, el IEPI tendría que dejar sin efecto la resolución que rechaza el pedido de Acromax. (AA/MCV)
El congreso nacional interviene en un lío privado; el iepi suspende a dos funcionarios
EL TITULAR DEL LEGISLATIVO, Wilfrido Lucero, pidió explicaciones al presidente del Instituto y una comisión investiga el desempeño de los vocales a raíz de una denuncia "reservada"
La batalla entre la Pfizer y Acromax también llegó al Congreso Nacional. El 21 de marzo, los abogados de la multinacional José Meythaler, Patricio Jijón Larco y José Alvear Icaza, denunciaron la actuación de la jueza n.º 31 de lo Civil del Guayas, Patricia Vintimilla, al presidente del Congreso, Wilfrido Lucero y otros diputados.
Uno de ellos, Luis Fernando Torres (PSC), pidió explicaciones al presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), César Dávila Torres. El legislador también presentó una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Mientras tanto, en el IEPI habría empezado una cacería de brujas, según indicaron miembros de la institución que pidieron omitir sus nombres.
Esto, a raíz de los pedidos de sanción presentados por uno de los abogados de la Pfizer, José Meythaler, contra la directora nacional de propiedad industrial, Dana Abad, por haberse allanado al amparo concedido a la firma Acromax por el juez Ángel Rubio, aunque luego se retractó.
La primera denuncia llegó el 17 de marzo pasado y el presidente del IEPI la trasladó al vocal Luis Alberto Vera.
El funcionario informó que la directora no había incumplido ninguna ley y que se había limitado a acoger el amparo otorgado por Rubio.
La segunda denuncia llegó por parte de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI), pero esta vez en contra de Vera y Abad.
Mediante comunicaciones internas a cuyas copias tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, ellos se quejan de que esta fue entregada secretamente a los miembros del consejo directivo IEPI, menos a ellos que son los denunciados.
En ese marco se conformó una comisión para que analizara el desempeño de ambos funcionarios, quienes han impugnado el procedimiento porque desde el inicio, es decir cuando ingresó la denuncia, no se hizo por órgano regular. También alegan violaciones a sus derechos constitucionales porque el IEPI ordenó la investigación fundado en información secreta.
El pasado 2 de mayo, el consejo directivo del IEPI designó a los miembros de las dos salas de la institución. Las designaciones de Vera y Abad quedaron en suspenso.
El presidente del Instituto, César Dávila, no quiso hablar con BLANCO Y NEGRO sobre el tema, dijo que eso le correspondía a otra instancia.
De todo este lío, el IEPI salió mal parado. Tanto los voceros de la Pfizer como de Acromax lo acusan de falta de capacidad para manejar los problemas de la propiedad intelectual. (AA)
Según Alafar, la actuación de la legislatura obedece a presiones de la multinacional
Según la presidenta de Alafar, Juana Ramos, la intervención del Congreso en este caso demostraría las presiones ejercidas por la Pfizer sobre el IEPI. Según ella, la firma actúa así en todos los países donde opera.
Esto lo niega el gerente de la empresa en el Ecuador, Juan Alfonso Díaz, quien afirma que la Pfizer ha mantenido los principios éticos desde su fundación hace 150 años.
De última hora, el Diario La República de Lima, reportó ayer que el negociador del TLC y defensor peruano de la mesa de propiedad intelectual, Allan Angell Besondes, pasó a formar parte de esa multinacional. (AA)
PUNTO DE VISTA
Un batalla comercial involucra a políticos
Tienen razón quienes han señalado que uno de los temas más delicados de los acuerdos de libre comercio entre las naciones es el de la propiedad intelectual.
Y es que el uso de patentes significa inmensas cifras de dinero, espacios de poder y control del mercado hasta el infinito.
Para quienes dudaban de este aserto, bastaría con mirar lo que está ocurriendo con la comercialización del sildenafil, en el Ecuador, para que se convenzan de que lo referente a la propiedad intelectual es de enorme sensibilidad en un mundo de comercio interdependiente como el que vivimos.
Este informe de BLANCO y NEGRO saca a la luz una real batalla legal que está enfrentando a la multinacional Pfizer con Acromax, disputándose el mercado nacional del Viagra.
El asunto legal es de tal magnitud que ha movido a jueces y a la justicia en general, que ha avanzado hasta el Tribunal Constitucional y ha llegado hasta el Congreso Nacional.
En efecto, abogados de una de las partes en conflicto han logrado la intervención no solo de algún influyente diputado, sino del propio presidente del Congreso, con la finalidad de que influencien en las decisiones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que debe dirimir en este caso.
La disputa entre las dos empresas farmacéuticas se remonta a la sustancia del fármaco que se comercializa bajo el nombre de Viagra, pero cuyo principio es el sildenafil, que no solo lo produce la Pfizer, sino también Acromax que, por ahora, está impedida de fabricarla.
Las sospechas de que la Pfizer estaría haciendo uso de su poder habría sacado del mercado seis farmacéuticas, parece motivar a Acromax, que, sin embargo, también ha actuado al filo de la ley con varias demandas sobre un mismo caso.
Por todo esto, ninguna de las empresas parece dispuesta a ceder, y, al contrario se muestran firmes en el campo de batalla de esta disputa comercial. (TFF))(BLANCO Y NEGRO)
Las farmacéuticas "batallan" por captar el mercado nacional de la disfunción eréctil.
POR LA VÍA judicial, la empresa estadounidense Pfizer ha logrado sacar de circulación los productos de seis laboratorios, por la supuesta infracción de una patente de procedimiento.
Actualmente se venden el Viagra, Xex de Life (fotos), y Sildenafil de Nifa.
La comercialización de productos farmacológicos para la disfunción eréctil está cruzada de recursos de revisión, acusaciones de competencia desleal, silencios administrativos, pedidos de nulidad, medidas cautelares, amparos constitucionales y apelaciones.
Desde hace poco más de tres años, la farmacéutica estadounidense Pfizer, productora del Viagra, ha logrado sacar del mercado ecuatoriano a seis empresas competidoras. Esto ha sucedido por la vía de recursos legales.
Según el abogado de la multinacional, José Meythaler, la justicia se ha puesto de su lado tras comprobar que las otras empresas infringieron la patente de procedimiento para la preparación del citrato de sildenafil (principio activo del Viagra), otorgada a la Pfizer por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).
El abogado de la Asociación Ecuatoriana de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar) y de Acromax, uno de los laboratorios que retiró del mercado su producto Max, lo ve de otra manera. Señala que no es un problema de patentes sino una batalla comercial.
Sostiene que la Pfizer no puede admitir que un producto viejo, patentado antes de 1991 y creado originalmente como vasodilatador para las enfermedades circulatorias, principalmente anginas de pecho y cardiopatías, tenga competencia de otros laboratorios.
Salvador afirma que estos producen el mismo citrato de sildenafil, con procedimientos distintos y a costos mucho más razonables.
En todo caso, otros productos no han permanecido por mucho tiempo en las farmacias. El último en ser retirado fue Venux, del laboratorio Recalcín. Antes salieron Max (Acromax), Potencil (Medicament), Tripol (Rocknar), Sildenafil (Chalver), Erilin (MK).
Meythaler asegura que los recursos legales no buscan eliminar a los competidores, pero si estos son incapaces de demostrar que infringen nuestra patente, tienen que salir del mercado. expresa.
Esta es la historia de la guerra por un mercado que movería cerca de $6 millones anuales en el Ecuador. (AA/MCV)
Alafar acusa de presiones a todo nivel
IEPI DEMORA UN año y cinco meses en responder un pedido de "tutela administrativa"
La presidenta de Alafar, Juana Ramos, acusa a la Pfizer de ejercer presiones sobre los jueces, los miembros del IEPI, el Congreso Nacional o cualquier otra instancia para lograr sus propósitos.
Señala que la multinacional recurre a prácticas
anticompetitivas para sacar a sus competidores del mercado y afirma que estas se dan en los ámbitos administrativo y judicial.
Así, relata los problemas afrontados por Acromax, que retiró del mercado su producto Max, por una medida cautelar interpuesta por la Pfizer.
Todo esto, luego de que el 19 de octubre de 2004, el juez penal del Guayas, Ángel Rubio, acogió un amparo constitucional presentado por Acromax.
Esto se hizo ante el silencio administrativo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que no se pronunció durante un año y cinco meses sobre un pedido de tutela administrativa para que no se impidiera a Acromax producir y comercializar el Max.
El juez ordenó que el IEPI aceptara la tutela administrativa y añadió que el procedimiento usado para fabricar el Max era distinto al utilizado por Pfizer para el Viagra.
Desde entonces, según Ramos, las presiones ante jueces, abogados y funcionarios del IEPI no han cesado. Ella asegura que incluso ha intervenido la Embajada de los EEUU en favor de la Pfizer. (AA/MCV)
Un juez penal acoge amparo en materia civil
EL "MAX" dejó de venderse nueve meses antes de que el IEPI anulara resolución que favorecía a Acromax.
El amparo de Acromax fue presentado el sábado 18 de septiembre de 2004, ante el juez primero de lo Penal del Guayas, Ángel Rubio Game, quien lo admitió a trámite el día siguiente.
Por tratarse de materia civil, el caso debía presentarse ante un juez de lo Civil, dice el abogado de la Pfizer, José Meythaler.
El IEPI acogió el amparo a favor de Acromax en octubre de 2005, pero el 28 de marzo de 2006 declaró nula esa resolución.
El producto salió del mercado en junio de 2005, por una orden judicial que respondió a un recurso de Pfizer. (AA/MCV)
La CAN ordena retiro de la patente de producto
EL INSTITUTO DE Propiedad Intelectual confirió un título de segundo uso, prohibido por la Comunidad Andina
La presidenta de Alafar, Juana Ramos, dice que en 1996 el IEPI concedió a la Pfizer una patente de segundo uso. El procedimiento está prohibido en la Comunidad Andina(CAN).
Según Ramos, el hecho de que al Viagra, inicialmente concebido y patentado como medicamento vasodilatador se le diera un nuevo uso (disfunción eréctil), no ameritaba la concesión de una segunda patente.
Añade que tiempo después la CAN y el Tribunal Andino de Justicia ordenaron al Ecuador revocar la patente de producto otorgada a Pfizer. (AA/MCV)
Dos farmacéuticas, entre demandas y contrademandas
EL TRIBUNAL CONTENCIOSO Administrativo deberá decidir cuál de ellas tiene la razón. Viagra se vende, el Max ya no
José Mythaler, abogado de Pfizer
El abogado de la empresa Pfizer, José Meythaler, exhibe el Protocolo n.º PI 99-1598, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que acredita la patente de procedimiento para la preparación del citrato de sildenafil.
Por eso sostiene que la multinacional tiene la exclusividad del procedimiento de fabricación de ese componente activo del Viagra.
Así asegura que la patente no solo ampara el proceso de producción del sildenafil, sino también el producto obtenido.
Este se compone de la combinación del principio activo más los almidones o excipientes, explica.
Meythaler dice que el IEPI no le notificó la resolución de agosto de 2005, la cual acogía el recurso de amparo que otorgaba a Acromax una tutela administrativa. También establecía que el proceso de obtención del sildenafil seguido por su casa proveedora difería del utilizado por la Pfizer.
No obstante, el juez Ángel Rubio olvidó notificar a la Pfizer sobre la concesión del amparo, a pesar de que esta firma resultaba afectada, añade.
El abogado acusa a Acromax de haber incurrido en varias irregularidades para conseguir resoluciones favorables de los jueces guayaquileños.
Con documentos en mano, muestra que el pasado 7 de marzo, uno de los patrocinadores de Acromax, Washington Quezada, introdujo en la Sala de Sorteos de la Corte de Guayaquil ocho copias de una misma demanda por competencia desleal en contra de su representada.
Estas ingresaron entre las 08:21 y las 08:37 de ese día. Tras el sorteo, los casos fueron a los juzgados quinto, séptimo, octavo, noveno, vigésimo cuarto, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo primero de lo Civil.
El 15 de marzo, la titular del Juzgado nº. 31, Patricia Vintimilla, dictó medidas cautelares en contra de la Pfizer y el retiro del Viagra del mercado nacional. Un día después empezó la vacancia de los miembros de la Función Judicial de la Costa.
En medio de esto, el 28 de marzo, la directora nacional de Propiedad Industrial, Dana Abad, cambiaba su posición de acoger el amparo favorable a Acromax y declaraba nula su anterior resolución.
El argumento era que nunca la había hecho conocer a la Pfizer. Paralelamente, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciaba en igual sentido.
Cuando terminó la vacancia, el 10 de abril de 2006, la jueza Vintimilla revocó las medidas cautelares y el Viagra volvió a comercializarse. En su providencia, argumenta haber sido engañada e inducida al error. También pidió a la Fiscalía investigar la conducta del patrocinador de Acromax. (AA/MCV)
Ínigo Salvador, abogado de Acromax
El abogado Íñigo Salvador aclara que únicamente defiende a la empresa Acromax en los temas de propiedad intelectual, por lo que no se responsabiliza de las presuntas irregularidades cometidas en las presentaciones del recurso de amparo y las demandas de competencia desleal contra la Pfizer.
Explica que la patente de procedimiento le permite a la multinacional sacar del mercado a todos aquellos laboratorios que sigan un proceso igual al que utiliza la Pfizer.
Pero no puede hacerlo con los que siguen un procedimiento diferente para obtener el citrato de sildenafil. Ellos son perfectamente libres de comercializar sus productos, sostiene.
Salvador afirma que el procedimiento seguido por los laboratorios de la Argentina y la India, proveedores del sildenafil que usa Acromax para fabricar el Max, es distinto al de Pfizer.
Indica que esto consta en los documentos entregados al IEPI cuando se pidió la tutela administrativa.
Ante la posición de la Pfizer que, en una demanda presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo, reclama pruebas físicas que avalen la diferencia de procedimiento, Salvador replica que esto no es necesario porque la Ley de Propiedad Intelectual da valor a las pruebas documentales.
Según Salvador, ese alegato pretende mantener indefinidamente fuera del mercado al Max, porque un juicio en esa instancia no tiene un plazo de duración. Esto es competencia desleal, aduce.
De esta forma, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le corresponderá decidir si los procedimientos son iguales o distintos.
Al igual que Juana Ramos, de Alafar, Salvador, acusa a la Pfizer de haber ejercido presión ante los jueces, mediante amenazas y visitas en compañía de diputados y funcionarios de la Embajada de los EEUU.
Cuando BLANCO Y NEGRO le pidió pruebas de sus aseveraciones, dijo no poseer fotos ni videos, pero tengo los testimonios de la gente que recibió las visitas: abogados, jueces y personal del IEPI.
Como una evidencia de esa práctica comenta las resoluciones contrapuestas de la directora nacional de Propiedad Industrial, Dana Abad, quien acogió el amparo favorable a Acromax y luego se retractó.
Salvador aclara que la tutela administrativa presentada por Acromax no pretendía poner en duda los derechos de la Pfizer, sino demostrar que no se infringía su patente.
El abogado no pierde la esperanza de que el Max vuelva a comercializarse. Para ello, el IEPI tendría que dejar sin efecto la resolución que rechaza el pedido de Acromax. (AA/MCV)
El congreso nacional interviene en un lío privado; el iepi suspende a dos funcionarios
EL TITULAR DEL LEGISLATIVO, Wilfrido Lucero, pidió explicaciones al presidente del Instituto y una comisión investiga el desempeño de los vocales a raíz de una denuncia "reservada"
La batalla entre la Pfizer y Acromax también llegó al Congreso Nacional. El 21 de marzo, los abogados de la multinacional José Meythaler, Patricio Jijón Larco y José Alvear Icaza, denunciaron la actuación de la jueza n.º 31 de lo Civil del Guayas, Patricia Vintimilla, al presidente del Congreso, Wilfrido Lucero y otros diputados.
Uno de ellos, Luis Fernando Torres (PSC), pidió explicaciones al presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), César Dávila Torres. El legislador también presentó una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Mientras tanto, en el IEPI habría empezado una cacería de brujas, según indicaron miembros de la institución que pidieron omitir sus nombres.
Esto, a raíz de los pedidos de sanción presentados por uno de los abogados de la Pfizer, José Meythaler, contra la directora nacional de propiedad industrial, Dana Abad, por haberse allanado al amparo concedido a la firma Acromax por el juez Ángel Rubio, aunque luego se retractó.
La primera denuncia llegó el 17 de marzo pasado y el presidente del IEPI la trasladó al vocal Luis Alberto Vera.
El funcionario informó que la directora no había incumplido ninguna ley y que se había limitado a acoger el amparo otorgado por Rubio.
La segunda denuncia llegó por parte de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI), pero esta vez en contra de Vera y Abad.
Mediante comunicaciones internas a cuyas copias tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, ellos se quejan de que esta fue entregada secretamente a los miembros del consejo directivo IEPI, menos a ellos que son los denunciados.
En ese marco se conformó una comisión para que analizara el desempeño de ambos funcionarios, quienes han impugnado el procedimiento porque desde el inicio, es decir cuando ingresó la denuncia, no se hizo por órgano regular. También alegan violaciones a sus derechos constitucionales porque el IEPI ordenó la investigación fundado en información secreta.
El pasado 2 de mayo, el consejo directivo del IEPI designó a los miembros de las dos salas de la institución. Las designaciones de Vera y Abad quedaron en suspenso.
El presidente del Instituto, César Dávila, no quiso hablar con BLANCO Y NEGRO sobre el tema, dijo que eso le correspondía a otra instancia.
De todo este lío, el IEPI salió mal parado. Tanto los voceros de la Pfizer como de Acromax lo acusan de falta de capacidad para manejar los problemas de la propiedad intelectual. (AA)
Según Alafar, la actuación de la legislatura obedece a presiones de la multinacional
Según la presidenta de Alafar, Juana Ramos, la intervención del Congreso en este caso demostraría las presiones ejercidas por la Pfizer sobre el IEPI. Según ella, la firma actúa así en todos los países donde opera.
Esto lo niega el gerente de la empresa en el Ecuador, Juan Alfonso Díaz, quien afirma que la Pfizer ha mantenido los principios éticos desde su fundación hace 150 años.
De última hora, el Diario La República de Lima, reportó ayer que el negociador del TLC y defensor peruano de la mesa de propiedad intelectual, Allan Angell Besondes, pasó a formar parte de esa multinacional. (AA)
PUNTO DE VISTA
Un batalla comercial involucra a políticos
Tienen razón quienes han señalado que uno de los temas más delicados de los acuerdos de libre comercio entre las naciones es el de la propiedad intelectual.
Y es que el uso de patentes significa inmensas cifras de dinero, espacios de poder y control del mercado hasta el infinito.
Para quienes dudaban de este aserto, bastaría con mirar lo que está ocurriendo con la comercialización del sildenafil, en el Ecuador, para que se convenzan de que lo referente a la propiedad intelectual es de enorme sensibilidad en un mundo de comercio interdependiente como el que vivimos.
Este informe de BLANCO y NEGRO saca a la luz una real batalla legal que está enfrentando a la multinacional Pfizer con Acromax, disputándose el mercado nacional del Viagra.
El asunto legal es de tal magnitud que ha movido a jueces y a la justicia en general, que ha avanzado hasta el Tribunal Constitucional y ha llegado hasta el Congreso Nacional.
En efecto, abogados de una de las partes en conflicto han logrado la intervención no solo de algún influyente diputado, sino del propio presidente del Congreso, con la finalidad de que influencien en las decisiones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que debe dirimir en este caso.
La disputa entre las dos empresas farmacéuticas se remonta a la sustancia del fármaco que se comercializa bajo el nombre de Viagra, pero cuyo principio es el sildenafil, que no solo lo produce la Pfizer, sino también Acromax que, por ahora, está impedida de fabricarla.
Las sospechas de que la Pfizer estaría haciendo uso de su poder habría sacado del mercado seis farmacéuticas, parece motivar a Acromax, que, sin embargo, también ha actuado al filo de la ley con varias demandas sobre un mismo caso.
Por todo esto, ninguna de las empresas parece dispuesta a ceder, y, al contrario se muestran firmes en el campo de batalla de esta disputa comercial. (TFF))(BLANCO Y NEGRO)
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