Ibarra. 11 ene 2000. La reforma al reglamento de la Ley Forestal
vigente es el pilar de las nuevas reglas forestales. El jueves
se presentará el plan de desarrollo en Esmeraldas.
Ante la inoperancia del control forestal el Ministerio del
Ambiente tomo la sartén por el mango: desintegró el ex Inefan y
presentó la nueva Ley Forestal para que el Ejecutivo la envíe
como urgente al Congreso.
Mientras el trámite de la ley continúa, el Ministerio elaboró
reformas al reglamento de la Ley Forestal vigente. "No sabemos
cuánto demore en aprobarse la nueva ley. Hasta tanto, planteamos
estas reformas para que se integren partes del espíritu de la
propuesta al reglamento actual", afirmó Hans Thiel, director
forestal del Ministerio del Ambiente.
La propuesta va acompañada de acciones concretas. Por ejemplo,
este jueves se presentará, en Esmeraldas, la "Estrategia nacional
de desarrollo forestal sustentable del país". Escogimos presentar
en esta provincia por que es la zona más afectada por la
deforestación, allí se concentran los primeros esfuerzos de
control, agregó Thiel.
Los objetivos son: detener la tala del bosque nativo, conservar
los recursos dentro de las áreas protegidas (mediante las
alternativas de uso como el ecoturismo), restaurar las tierras
de aptitud forestal y adjudicar el patrimonio forestal a
comunidades ancestrales para que lo manejen.
El mecanismo para lograr estas metas es cambiando el papel del
Estado controlador y recaudador por uno de facilitador del manejo
forestal y vinculador de los comuneros en el negocio de la
conservación. Las ONGs realizarán la capacitación.
Con estas últimas decisiones se intenta deslegitimar un papel del
Estado "que se ha limitado a legalizar la explotación irracional
de los bosques",según Thiel. Una tala adecuada arroja, en
promedio, 30 metros cúbicos de madera por hectárea en un ciclo
de 20 años, pero en el Ministerio hay varios planes de manejo con
más de 150 metros cúbicos por hectárea. "Esto significa que
existen bosques de varios pisos para que el maderero, en
contubernio con el funcionario forestal, puedan legalizar madera
ilegal, o comprar a otros comerciantes".
Para romper este esquema de explotación y corrupción se exigirá
un manejo finca por finca mediante la creación del regente
forestal. De ello se responsabilizará un ingeniero forestal,
avalizado por el Ministerio del Ambiente.
El nuevo marco legal incluirá severas sanciones para reducir el
control, pero que cuando se detecte una falla (mediante un
sistema aleatorio de inspección) se aplicarán multas de hasta 250
millones de sucres, la actual es de un millón.
Además, se crea una nueva guardia forestal con un consorcio en
el que se unen varias ONGs: Jatun Sacha, Fundación Natura, el
proyecto Subir de Care, Maquipucuna, el Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio, la Comafors, entre otros.
Todo esto con la finalidad de crear un cuerpo de control
eficiente que se apoye con la fuerza pública. Los primeros pasos
se dieron con la Fundación Maquipucuna en el kilómetro 16 de la
vía Calacalí-Nanegalito. Ya se han realizado varios decomisos de
madera bajo este esquema.
Los puestos de control en San Mateo (vía a Borbón), La Marujita
(en Quinindé), en el kilómetro siete de la carretera Santo
Domingo-Quevedo, Baeza (Napo) y en Lita (en Imbabura) también
serán fortalecidos para cercar el flujo de madera.
La madera de la Amazonia sale por Baeza, la de Esmeraldas por
Lita y San Mateo. En cada uno de los puestos de control están dos
policías ambientales. A mediano plazo se incluirá un
representante de la sociedad civil, que será designado por los
madereros y ambientalistas, para garantizar más transparencia.
En los puestos de control se decomisará la madera y el producto
de su recaudación (por medio de remates de madera, camiones y
maquinaria) y esto servirá para alimentar un fideicomiso
mercantil administrado por una institución financiera. Con ese
dinero se cubrirá los gastos operativos de la guardia forestal,en
los bosques y en los puestos.
Con el actual reglamento esto se puede hacer. Un ejemplo son los
procesos de decomiso de madera en Imbabura. Este trámite se
demora dos o tres semanas una vez que se levanta el acta de
decomiso, pero "lo que les interesa a los madereros corruptos
que, incluso, coiman a los funcionarios, es que no les cojan y
no se emita el acta", dijo Thiel.
El otro puntal de la reforma al control es la eliminación de la
figura de árboles remanentes. Con esta se extraía toda la madera
de forma ilegal. El año pasado el 80 por ciento de la madera
salió bajo esta figura de las zonas de San Lorenzo y Borbón,
según datos del Ministerio del Ambiente.
Para talar árboles los finqueros solo debían presentar la
escritura que les acreditaba como dueños de un predio y se les
autorizaba a talar hasta 20 árboles. Con este mecanismo sale gran
cantidad de madera ilegal. Con las reformas esto se elimina y
ahora tienen que rendir cuenta de cada trozo de madera que sale
de los bosques.
Madera decomisada en Ibarra
Las continuas denuncias sobre deforestación en el norte de
Esmeraldas y en la cuenca del río Mira obligaron a reforzar la
vigilancia. Solamente, en los controles de Lita y Yahuarcocha,
en Imbabura, se confiscaron, entre el 10 de noviembre último y
el 6 de enero, 18 cargamentos que transportaban ilegalmente
madera procedente de esta zona.
Las confiscaciones suman 243 metros cúbicos de madera que
permanecen retenidos, en los patios del Ministerio de Agricultura
de esa provincia, hasta que se ventilen los juicios. Las piezas
suman un costo de 75 millones de sucres. Hasta noviembre se
remataron 67 metros cúbicos de maderas por un valor, aproximado,
de 23 millones de sucres. Las principales especies decomisadas
son: chanul, macarey, laurel, eucalipto, copal, y pambil.
Según Lenin Paspuel, coordinador de bosques de Imbabura, en la
mayoría de casos las detenciones se realizan por la alteración
de las guías de movilización, caducidad o por transportar maderas
diferentes a las señaladas o con exceso de volumen. Entre los
implicados están desde pequeños madereros hasta empresas como
Plywood y Setrafor.
Cada cargamento tiene un costo mínimo de tres o cuatro millones
de sucres y el destino es generalmente Quito. Aunque miembros del
ex Inefan y del Ejército han realizado capturas en la frontera
con Colombia. Uno de los casos más sonados ocurrió el 5 de
noviembre cuando se detuvo, en el puente de Rumichaca, a un
camión que transportaba caoba, por un valor de 10 millones de
sucres. La captura se amparó en el artículo 10 de la Ley de
Exportaciones que prohíbe la salida de esta madera del país.
También están vedadas el chanul, cedro, cucharillo, guayacán y
nogal. Según Paspuel, la Ley Forestal es blanda. Para la
movilización de madera entre Lita e Ibarra hay un plazo de 24
horas, mientras que entre San Lorenzo y Quito es de 48 horas.
Pero se facilitan 72 horas más por cualquier eventualidad. "Esto
permite que con una misma guía se movilicen dos y hasta tres
cargamentos, burlando los controles". (Texto tomado de El
Comercio)
vigente es el pilar de las nuevas reglas forestales. El jueves
se presentará el plan de desarrollo en Esmeraldas.
Ante la inoperancia del control forestal el Ministerio del
Ambiente tomo la sartén por el mango: desintegró el ex Inefan y
presentó la nueva Ley Forestal para que el Ejecutivo la envíe
como urgente al Congreso.
Mientras el trámite de la ley continúa, el Ministerio elaboró
reformas al reglamento de la Ley Forestal vigente. "No sabemos
cuánto demore en aprobarse la nueva ley. Hasta tanto, planteamos
estas reformas para que se integren partes del espíritu de la
propuesta al reglamento actual", afirmó Hans Thiel, director
forestal del Ministerio del Ambiente.
La propuesta va acompañada de acciones concretas. Por ejemplo,
este jueves se presentará, en Esmeraldas, la "Estrategia nacional
de desarrollo forestal sustentable del país". Escogimos presentar
en esta provincia por que es la zona más afectada por la
deforestación, allí se concentran los primeros esfuerzos de
control, agregó Thiel.
Los objetivos son: detener la tala del bosque nativo, conservar
los recursos dentro de las áreas protegidas (mediante las
alternativas de uso como el ecoturismo), restaurar las tierras
de aptitud forestal y adjudicar el patrimonio forestal a
comunidades ancestrales para que lo manejen.
El mecanismo para lograr estas metas es cambiando el papel del
Estado controlador y recaudador por uno de facilitador del manejo
forestal y vinculador de los comuneros en el negocio de la
conservación. Las ONGs realizarán la capacitación.
Con estas últimas decisiones se intenta deslegitimar un papel del
Estado "que se ha limitado a legalizar la explotación irracional
de los bosques",según Thiel. Una tala adecuada arroja, en
promedio, 30 metros cúbicos de madera por hectárea en un ciclo
de 20 años, pero en el Ministerio hay varios planes de manejo con
más de 150 metros cúbicos por hectárea. "Esto significa que
existen bosques de varios pisos para que el maderero, en
contubernio con el funcionario forestal, puedan legalizar madera
ilegal, o comprar a otros comerciantes".
Para romper este esquema de explotación y corrupción se exigirá
un manejo finca por finca mediante la creación del regente
forestal. De ello se responsabilizará un ingeniero forestal,
avalizado por el Ministerio del Ambiente.
El nuevo marco legal incluirá severas sanciones para reducir el
control, pero que cuando se detecte una falla (mediante un
sistema aleatorio de inspección) se aplicarán multas de hasta 250
millones de sucres, la actual es de un millón.
Además, se crea una nueva guardia forestal con un consorcio en
el que se unen varias ONGs: Jatun Sacha, Fundación Natura, el
proyecto Subir de Care, Maquipucuna, el Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio, la Comafors, entre otros.
Todo esto con la finalidad de crear un cuerpo de control
eficiente que se apoye con la fuerza pública. Los primeros pasos
se dieron con la Fundación Maquipucuna en el kilómetro 16 de la
vía Calacalí-Nanegalito. Ya se han realizado varios decomisos de
madera bajo este esquema.
Los puestos de control en San Mateo (vía a Borbón), La Marujita
(en Quinindé), en el kilómetro siete de la carretera Santo
Domingo-Quevedo, Baeza (Napo) y en Lita (en Imbabura) también
serán fortalecidos para cercar el flujo de madera.
La madera de la Amazonia sale por Baeza, la de Esmeraldas por
Lita y San Mateo. En cada uno de los puestos de control están dos
policías ambientales. A mediano plazo se incluirá un
representante de la sociedad civil, que será designado por los
madereros y ambientalistas, para garantizar más transparencia.
En los puestos de control se decomisará la madera y el producto
de su recaudación (por medio de remates de madera, camiones y
maquinaria) y esto servirá para alimentar un fideicomiso
mercantil administrado por una institución financiera. Con ese
dinero se cubrirá los gastos operativos de la guardia forestal,en
los bosques y en los puestos.
Con el actual reglamento esto se puede hacer. Un ejemplo son los
procesos de decomiso de madera en Imbabura. Este trámite se
demora dos o tres semanas una vez que se levanta el acta de
decomiso, pero "lo que les interesa a los madereros corruptos
que, incluso, coiman a los funcionarios, es que no les cojan y
no se emita el acta", dijo Thiel.
El otro puntal de la reforma al control es la eliminación de la
figura de árboles remanentes. Con esta se extraía toda la madera
de forma ilegal. El año pasado el 80 por ciento de la madera
salió bajo esta figura de las zonas de San Lorenzo y Borbón,
según datos del Ministerio del Ambiente.
Para talar árboles los finqueros solo debían presentar la
escritura que les acreditaba como dueños de un predio y se les
autorizaba a talar hasta 20 árboles. Con este mecanismo sale gran
cantidad de madera ilegal. Con las reformas esto se elimina y
ahora tienen que rendir cuenta de cada trozo de madera que sale
de los bosques.
Madera decomisada en Ibarra
Las continuas denuncias sobre deforestación en el norte de
Esmeraldas y en la cuenca del río Mira obligaron a reforzar la
vigilancia. Solamente, en los controles de Lita y Yahuarcocha,
en Imbabura, se confiscaron, entre el 10 de noviembre último y
el 6 de enero, 18 cargamentos que transportaban ilegalmente
madera procedente de esta zona.
Las confiscaciones suman 243 metros cúbicos de madera que
permanecen retenidos, en los patios del Ministerio de Agricultura
de esa provincia, hasta que se ventilen los juicios. Las piezas
suman un costo de 75 millones de sucres. Hasta noviembre se
remataron 67 metros cúbicos de maderas por un valor, aproximado,
de 23 millones de sucres. Las principales especies decomisadas
son: chanul, macarey, laurel, eucalipto, copal, y pambil.
Según Lenin Paspuel, coordinador de bosques de Imbabura, en la
mayoría de casos las detenciones se realizan por la alteración
de las guías de movilización, caducidad o por transportar maderas
diferentes a las señaladas o con exceso de volumen. Entre los
implicados están desde pequeños madereros hasta empresas como
Plywood y Setrafor.
Cada cargamento tiene un costo mínimo de tres o cuatro millones
de sucres y el destino es generalmente Quito. Aunque miembros del
ex Inefan y del Ejército han realizado capturas en la frontera
con Colombia. Uno de los casos más sonados ocurrió el 5 de
noviembre cuando se detuvo, en el puente de Rumichaca, a un
camión que transportaba caoba, por un valor de 10 millones de
sucres. La captura se amparó en el artículo 10 de la Ley de
Exportaciones que prohíbe la salida de esta madera del país.
También están vedadas el chanul, cedro, cucharillo, guayacán y
nogal. Según Paspuel, la Ley Forestal es blanda. Para la
movilización de madera entre Lita e Ibarra hay un plazo de 24
horas, mientras que entre San Lorenzo y Quito es de 48 horas.
Pero se facilitan 72 horas más por cualquier eventualidad. "Esto
permite que con una misma guía se movilicen dos y hasta tres
cargamentos, burlando los controles". (Texto tomado de El
Comercio)
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