En el caso del ex ministro de Gobierno y Seguridad Gustavo Larrea, se dice que tenía "mucho interés" por ir a Angostura
Aunque los comisionados de Angostura no pronunciaron nombres de funcionarios o ex funcionarios del Gobierno vinculados con las
FARC, en su informe ratifican muchas de las cosas difundidas por los medios de comunicación. Francisco Huerta, representante de la comisión, aclaró que no encontraron vínculos directos Gobierno-FARC, sino ex funcionarios-guerrilla. El más comprometido es
José I. Chauvin, ex subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno.
En la página 106 del informe, se señala que Chauvin "está fuertemente ligado con el
narcotráfico y la guerrilla de las FARC" y que actúa bajo la cubierta de defensor de los
derechos humanos. Luego de hacer un compendio de su actividad, resaltan que se "relaciona con el guerrillero Freddy Castillo" como producto de su trabajo en la frontera (Sucumbíos, Ecuador y Putumayo, Colombia).
Otro de los involucrados es el general (r) René Vargas, ex embajador del Ecuador en Venezuela. De acuerdo con el documento, habría admitido que trató con uno de los hermanos
Ostaiza por dos ocasiones. Los Ostaiza están enjuiciados por tráfico de drogas de las FARC.
El documento añade que la hacienda de Vargas, ubicada en Bocana del Búa, fue arrendada a un sujeto conocido como "Casimiro". Sin embargo, según las investigaciones, se determinó que se trataba de Oliden Solarte, jefe financiero del Frente 48 de las FARC, que también está vinculado con los hermanos Ostaiza.
Agrega: "Una fuente humana informó sobre presuntas irregularidades cometidas en la Embajada del Ecuador en Venezuela por parte de Vargas". Sucintamente, son extorsiones a particulares a nombre de las FARC.
También se nombra a la asambleísta de
AP María Augusta Calle. Sobre ella, se hace referencia a las fotos en las que aparece junto a Nubia Calderón y Raúl Reyes, que murió en el bombardeo a Angostura. En otras fotos, está con Simón Trinidad y Rodrigo Granda.
En cuanto a Gerardo Rubio, funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI), se señala que tuvo protagonismo en lo administrativo, protocolar y operativo del segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), realizado en Quito, a fines de febrero de 2008.
Jorge Brito también consta en el informe. Se dice que, por versión de Fabricio Correa, el oficial en servicio pasivo le propuso entregar fondos de las FARC para la campaña electoral de
Rafael Correa en 2006, y que dicha propuesta se rechazó.
Según Wéllington Sandoval, ex ministro de Defensa, se hace referencia a que Gustavo Larrea, ex minstro de Gobierno y de Seguridad, mostró demasiado interés por ingresar al campamento de Angostura al siguiente día de conocido el bombardeo, pese a que la zona no era segura
También relatan que, por investigaciones de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (Uies), Larrea habría viajado a Angostura el 7 de febrero de 2008.
Y se reseña lo que consta en los diarios de Reyes entregados por el Ministerio de Gobierno a la
Fiscalía.
Reacción del Gobierno. En caso de encontrarse indicios de que existen nexos entre funcionarios del Gobierno con las FARC, estos deberán judicializarse. Incluso si estas responsabilidades recayeran sobre el presidente Correa. Así sostuvo ayer el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, antes de que la Comisión de Angostura haga público el documento.
El funcionario reiteró que si hay personas de los aparatos de seguridad del Estado que hayan conocido sobre la instalación del campamento de Reyes, deberán afrontar los procesos judiciales.
Sobre el pedido de inmunidad para los comisionados, que se encuentra en la
Asamblea Nacional, dijo que "el Estado debe brindar todas las condiciones desde la entrega del informe, para que la verdad sea conocida". (MP-ET)
'Manta apoyó el ataque'
El bombardeo de
Colombia contra un campamento de las
FARC en Ecuador, en el cual murió el número dos de esa guerrilla (Raúl Reyes) en marzo de 2008, fue apoyado desde la base de Manta, que en esa época era operada por los
Estados Unidos, afirmó este jueves la comisión que investigó el caso y entregó su informe este jueves.
"La inteligencia estratégica procesada desde la base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes, como blanco prioritario para el gobierno de Colombia", señaló el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad creada por Quito a fines de marzo pasado.
Según el documento, el convenio entre Ecuador y Estados Unidos sobre la base "para el control del narcotráfico rebasó sus fines y propósitos".
El ataque provocó el rompimiento de relaciones entre Quito y Bogotá. (AFP)
Especial:
El Caso Chauvin
Gráfico:
Los nexos de las FARC